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Acredita CNDH cuatro violaciones en investigación sobre desaparición de Karla Romero

Tlaxcala, Tlax. El 6 de enero, día de Reyes Magos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicó la recomendación 83/2018 que dirigió el 27 de diciembre al gobierno del estado de Tlaxcala sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos de acceso a la justicia, en su modalidad de procuración de justicia, y al interés superior de la niñez en agravio de Karla Romero Tezmol, menor de edad desaparecida el 13 de enero de 2016 en el municipio de San Pablo del Monte. 

La recomendación acredita cuatro graves violaciones por parte de las autoridades responsables centradas en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en ese tiempo dirigida por Alicia Fragoso Sánchez. Se tratan de la dilación e irregularidades cometidas en la activación de la Alerta AMBER; la indebida radicación del Acta Circunstanciada, por las irregularidades en el procedimiento de investigación y, por lo tanto, a la violación al derecho de las víctimas.

Sobre estos cuatro aspectos, la CNDH acreditó que las autoridades responsables “implementaron de forma tardía e irregular el procedimiento señalado en el Protocolo” de Alerta Amber para Tlaxcala, por lo que “no se puede descartar que la nulidad de resultados en la búsqueda de (Karla Romero Tezmol), quien a la fecha no ha aparecido, pueda estar estrechamente vinculado con las horas que se dejaron pasar sin que se activara la mencionada alerta y por ende, sin que se efectuaran todas las diligencias que prevé el Protocolo de Tlaxcala para su localización y pronta recuperación”. 

Del mismo modo, las autoridades no usaron instancias privadas y sociales para la búsqueda de la menor como lo establece la ley, es decir, no acudieron a televisoras locales, prensa escrita, internet, centros comerciales, estaciones radifónicas, centros educativos ni organizaciones no gubernamentales para establecer mecanismos de búsqueda, y tardaron 22 días para coordinarse con Alerta Amber México. 

Sobre la indebida radicación del caso en Acta Circunstanciada, la CNDH advierte que “existen elementos de convicción suficientes para señalar que (personal de la PGJE) violentaron el derecho de acceso a la justicia en la modalidad de procuración en agravio de (Karla Romero Tezmol y sus familiares), ya que a pesar de haber presentado denuncia el 13 de enero de 2016 por hechos probablemente constitutivos de delito, se radicó Acta Circunstanciada en lugar de Averiguación Previa”. 

Al respecto, la PGJE informó que “no contaba con elementos constitutivos que lesionaran bienes jurídicos específicos y que se adecuaran a un tipo penal (desaparición de la menor) determinado que permitiera la radicación de una averiguación previa”. 

En este sentido, la CNDH advierte que las autoridades estatales prejuzgaron la inexistencia de una conducta delictiva específica sin haber agotado previamente su obligación constitucional de investigación, lo que constituyó una violación al derecho humano al acceso a la justicia en su modalidad de procuración.

“Con todo esto, la posibilidad de localizar a V1 (Karla Romero Tezmol) y de conocer la verdad de los hechos ha disminuido con el transcurso del tiempo, en perjuicio de las víctimas”. 

Así, la CNDH responsabilizó a los funcionarios públicos estatales de emitir una pre Alerta Amber tres días después de la desaparición de Karla Romero Tezmol a pesar de que de inmediato debieron activar el Protocolo de Alerta Amber; asimismo, son responsables de reportar la desaparición a Alerta Amber México 22 días después para iniciar la búsqueda, además de vulnerar el derecho de acceso a la justicia por radicar el Acta Circunstanciada en lugar de iniciar una averiguación previa como correspondía, así como omitir elevarla con posterioridad.
Con todo esto la CNDH emitió 11 recomendaciones al gobierno del estado para garantizar la reparación del daño, medidas de rehabilitación y satisfacción para la familia y garantías de no repetición.

Al respecto, el gobierno del estado debe girar instrucción a la Procuraduría de Tlaxcala para que continúe con la debida integración y perfeccionamiento de la Averiguación Previa, “practicar a la brevedad las diligencias tendentes al esclarecimiento de los hechos y continuar  con la búsqueda y localización de Karla Romero Tezmol”, así como determinar la responsabilidad penal que corresponda.

Entre dos y seis meses el gobierno del estado debe simplificar y modificar el Protocolo Estatal y el Programa Alerta Amber Tlaxcala; debe crear y habilitar la página electrónica del Programa Alerta Amber que permita la difusión y consulta pública de las alertas que se encuentren activas y de aquéllas que hayan sido desactivadas, enviando a este Organismo Nacional las constancias que acrediten que la página ya puede ser consultada.

Asimismo, deberá capacitar y sensibilizar al personal de la PGJE en derechos humanos, jurisprudencia y perspectiva de género; además se deberá elaborar el  Protocolo de Investigación Ministerial de los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, así como atorgar a los familiares de Karla Romero Tezmol atención psicológica y acceso a los derechos y beneficios que establece la Ley General de Víctimas.  

Un aspecto importante de la recomendación es que la CNDH ordena a la PGJE que en un plazo no mayor a tres meses se revisen “las actas circunstanciadas que se hayan radicado con motivo de denuncias por desaparición de personas, en específico de niñas, niños y adolescentes, a efecto de realizar su análisis para determinar, en su caso, si deben deberán elevarse al rango de averiguación previa y/o carpeta de investigación con base en los indicios que se tengan, atendiendo a los criterios señalados en la presente Recomendación, realizando a la brevedad las diligencias necesarias para su correcta integración”. 

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