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PRD va contra otra omisión legislativa; presenta Laura Flores iniciativa para hacer aplicable el SNA

Tlaxcala. Tlax. El día de ayer, la Diputada local por el Partido Revolucionario Demócrata (PRD), Laura Yamili Flores Lozano, presentó la iniciativa de proyecto de decreto mediante el cual se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala, teniendo base en el Sistema Nacional nticorrupción y en el Sistema Nacional de Fiscalización.

El inicio de los movimientos anticorrupción se dio el 27 de mayo de 2015 con la publicación del decreto de reformas a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se modificaron artículos como: Artículo 73 – fracción XXIV, Artículo 74 – fracciones II y VI, al igual que los artículos 79, 108, 109 y 113 en su fracción V.

En el decreto antes mencionado desde el cuarto artículo transitorio que establece de manera obligatoria para el Congreso de la Unión y las legislaturas de estado un plazo de 180 días posteriores a la entrada en vigor de la Ley anticorrupción para modificar y adaptar las leyes a la situación de fiscalización del estado.

En la Ley general del Sistema Nacional Anticorrupción se reforma en algunos ordenamientos legales, mientras que en el estado el 18 de Julio de 2017 el Congreso del Estado aprueba las reformas constitucionales en materia de combate ante la corrupción en respuesta a las exigencias sociales de rendición de cuentas y fiscalización superior.

Y a pesar de las reformas aprobadas en combate ante la corrupción, en Tlaxcala la ley de fiscalización superior del estado y sus municipios, operante desde el 2008, tiene legalmente detenido el proceder del órgano de fiscalización superior, inhabilitada para aplicar las atribuciones en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción.

Tales motivos son los que impulsan al proyecto de iniciativa de decreto presentado por la Diputada del PRD, que colocan al Congreso del Estado en omisión legislativa de carácter obligatorio ya que en ningún momento se emitió una nueva Ley de fiscalización dentro del plazo de 180 días establecido por el cuarto artículo transitorio del decreto de reformas en materia de combate a la corrupción.

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