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Nacional

Ciudad de México.- Luego de votar a favor de leyes que protegen los derechos políticos de las mujeres, el diputado federal por Tlaxcala, Juan Corral Mier, concluyó los trabajos del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

La Cámara de Diputados aprobó este viernes, con cambios, una minuta del Senado que reforma cinco ordenamientos legales para establecer mecanismos de prevención, atención y sanción de la violencia política en razón de género, y para proteger los derechos político-electorales de las mujeres.

El documento que avaló el legislador tlaxcalteca Juan Corral Mier modifica diversas disposiciones de las leyes General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos, General en Materia de Delitos Electorales y General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Y es que el pasado 9 de marzo, la Cámara alta aprobó la minuta y la turnó al Palacio Legislativo de San Lázaro para su revisión.

La Cámara de Diputados reformó los artículos 20 Bis, 20 Ter, 47, 48 y 48 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y los preceptos 3 Bis, 159 y 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Asimismo, los artículos 2, 3, 22, 25 y 51 de la Ley General de Partidos Políticos; y los preceptos 7, 9 y 17 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.      

Corral Mier, explico que la minuta enviada por la Cámara de Senadores redefine la violencia política en razón de género como la acción u omisión que, en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales, o bien, en el ejercicio de un cargo público, tenga por objeto o resultado limitar o anular el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de las mujeres, o el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público.

“Estos resultados son un avance en favor de los derechos de todas las mujeres que inciden en la vida política de nuestro país”, remató.

 

 

Ciudad de México.- Luego de que el Pleno del Senado de la República eligió con 97 votos a favor a los senadores que integrarán la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, durante el Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, que estará en funciones de diciembre de 2017 a enero de 2018, la senadora por Tlaxcala, Adriana Dávila Fernández, fue electa como vicepresidenta de la misma.

La Comisión Permanente quedó formalmente instalada a las 14:22 horas de este viernes en la Cámara Baja de San Lázaro. Inmediatamente después se levantó la sesión y se citó para el próximo miércoles, 20 de diciembre, a las 11:00 horas.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín presidirá la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, mientras que los vicepresidentes son: senadora Adriana Dávila Fernández (PAN) y el diputado Rafael Hernández Soriano (PRD).

Como secretarios quedaron los diputados María Gloria Hernández Madrid (PRI), Nelly del Carmen Márquez Zapata (PAN) y Emilio Salazar Farías (PVEM), así como el senador Isidro Pedraza Chávez (PRD).

Este receso concluye el próximo 31 de enero de 2018, para dar paso al segundo y último periodo ordinario de sesiones de esta LXIII Legislatura, que concluye el 31 de agosto.

 

Ciudad de México.- Contundente, la Senadora por Tlaxcala, Adriana Dávila Fernández, votó en contra de la Ley de Seguridad Interior, al considerar que es anticonstitucional, además de que expone a las fuerzas armadas de México y solapa al gobierno federal, estados y municipios para que no realicen la función que les corresponde, garantizar el orden y la paz social.

Al emitir su postura sobre esta ley aprobada por el PRI y sus aliados, Dávila Fernández, aclaró que con su voto en contra no es comparsa de una legislación  plagada de inconsistencias desde su origen en sus conceptos, objetivos y fines.  

Refirió que este tema debe discutirse con seriedad, en virtud de que la seguridad de los mexicanos no puede estar por encima de intereses políticos o electorales.

La legisladora tlaxcalteca agregó que los militares deben cumplir con las funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estable, y no exponerlos para ser demeritados y debilitados.

“No queremos más chantajes; que los gobiernos federal, estatal y municipal cumplan con su obligación y no expongan más a las fuerzas armadas”, puntualizó.

Acotó que tanto le importa al gobierno federal la seguridad pública que mantuvo acéfalas las áreas de derechos humanos en la Procuraduría General de la República (PGR) y en la Secretaria de Gobernación (SEGOB), disminuyó el presupuesto en la materia y lo peor es que permita que ex gobernadores priístas, hayan delinquido con absoluta impunidad.

Dávila Fernández, advirtió que insistirá para que en el Congreso de la Unión se continúe con la discusión de la iniciativa del Mando Mixto, propuesta de los legisladores del PAN.

https://www.youtube.com/watch?v=ySDDEtE3Ptg

 

 

Por iniciativa del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) en la Cámara de Diputados, el legislador federal por Tlaxcala, Juan Corral Mier, respaldó entre otras cosas, la aprobación de diversas reformas a la Ley General de Cambio Climático, con el fin de que México contribuya en el cumplimiento del Acuerdo de París.

Agregó que en este caso, el objetivo es promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono.

También votó a favor de diversas modificaciones a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Código Nacional de Procedimientos Penales, para brindar seguridad jurídica a las víctimas de delitos relacionados con la Libertad de Expresión y el ejercicio periodístico.

Con la contribución de Corral Mier se perfeccionarán estos ordenamientos jurídicos que a corto plazo beneficiarán a millones de mexicanos.

Confirmó que su labor legislativa es y seguirá siendo por el bien común.

 

En Sesión Ordinaria el Pleno de la Cámara de Diputados de la Sexagésima Tercera Legislatura aprobó, la Reforma Integral de la Ley General de Protección Civil, con lo que se refrenda el compromiso de proteger la vida y el patrimonio de las y los mexicanos.

Impulsada por la presidenta de la Comisión de Protección Civil, la diputada federal María Elena Orantes López, las y los Legisladores que integran dicha comisión, la Reforma Integral de la Ley General de Protección Civil consolida la Gestión Integral de Riesgos de Desastres, como una política pública.

Con las modificaciones que hoy se aprueban, las y los mexicanos cuentan con una Ley adecuada, vanguardista, pero sobre todo ciudadana, apegada a la realidad que vive nuestro país; construida con la participación de ciudadanos y alineada al Marco de Sendai para la Reducción de Riesgos de Desastres.

La presidenta de la Comisión de Protección Civil, la diputada María Elena Orantes López señaló que, las reformas a la Ley, unificará los protocolos y procedimientos después de la ocurrencia de algún fenómeno perturbador, eficientará la asistencia humanitaria y la evolución de daños de desastres, permitirá la creación de ciudades resilientes como una alternativa para hacer frente al cambio climático y permitirá fomentar la participación de la ciudadanía y gobierno.

Destaca también una mayor consideración de los atlas de riesgos para la planeación y el crecimiento urbano, así como la adecuación conceptual para consolidar la gestión de riesgos de desastres como base de las políticas públicas de los gobiernos en torno a la prevención, la resiliencia y la reducción de riesgos, así como el uso de instrumentos financieros para la prevención y seguros para la atención de las afectaciones provocadas por desastres.

La Legisladora federal, finalizó que se espera, que en el Senado de la República, vuelva a observarse por todas las fracciones parlamentarias la responsabilidad y compromiso con la protección de todas las y los mexicanos.

La senadora Adriana Dávila Fernández presentó una iniciativa para cambiar la denominación de la “Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos” por “Ley General en Materia de Trata de Personas”, y dotarla de un nuevo enfoque en el combate de ese delito y perspectiva de protección a los derechos humanos.

Dávila Fernández, presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas, agregó que, además, se plantean cambios en los paradigmas de combate a la trata “a partir de la necesidad de modificar los vigentes, que tienen una visión de Estado como mero sujeto pasivo del cumplimiento de los derechos humanos, pero no como agente activo de protección de tales derechos”.

Además, subrayó, se propone reformar la Ley General en Materia de Trata de Personas para armonizarla con los estándares internacionales en la materia.

Asimismo, enfatizó, busca cumplir con los dispositivos constitucionales en materia de protección a derechos humanos y brindar un nuevo enfoque a la función del Estado de proteger, promover y garantizarlos y, en caso contrario, se investigue, sancione y reparen las violaciones a aquellos.

Una de las propuestas que la senadora estimó necesarias para aportar mayor claridad al texto legal es la relativa a su denominación, pues al momento de su expedición se detectaron errores en cuanto a la denominación respecto de otras leyes.

Por lo anterior, de aprobarse la iniciativa en sus términos, pasaría de ser “Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos” a “Ley General en Materia de Trata de Personas”.

Un nombre bastante largo no es garantía de una comprensión sobre el contenido de una norma; por el contrario, es posible cierta confusión en cuanto al contenido y sus alcances, explicó Dávila Fernández.

Por otro lado, se clarifican los objetivos de la ley al modificarse el artículo 2º, para establecer que serán los siguientes:

  1. Establecer competencias y formas de coordinación para la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de trata de personas entre los Gobiernos Federal, Estatales, del Distrito Federal y Municipales;
  2. Establecer los tipos penales en materia de trata de personas y sus sanciones;
  3. Determinar los procedimientos penales aplicables a estos delitos;
  4. La distribución de competencias y formas de coordinación en materia de protección y asistencia a las víctimas de los delitos objeto de esta Ley;
  5. Establecer mecanismos efectivos para tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, así como el libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes, cuando sean amenazados o lesionados por la comisión de los delitos objeto de esta Ley, y
  6. Reparar el daño a las víctimas de trata de personas de manera integral, adecuada, eficaz y efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida.

 Además, la iniciativa de la senadora panista tiene por objeto armonizar la Ley General en Materia de Trata de Personas con los tratados internacionales, en especial el Protocolo de Palermo para establecer en el artículo 10 lo siguiente:

“Se le impondrán de 10 a 25 años de prisión y de cinco mil a cincuenta mil días multa a quien para sí o para un tercero, consiga, capte, enganche, transporte, traslade, aloje, reciba, retenga, entregue, oculte, reclute o transfiera a una persona mediante la amenaza; el uso de la fuerza u otra forma de coacción; el engaño; la seducción; el abuso de poder; el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad; el ofrecimiento, la concesión o recepción, de un pago o beneficio a un tercero que ejerza dirección, influencia o autoridad, sobre otra, o el consentimiento de una persona que ejerza dirección, influencia o autoridad, sobre otra con el fin de explotarla”.

La iniciativa se turnó a las comisiones unidas Justicia y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen.

 

 

¿A qué nos enfrentamos con la #LeydeSeguridad Interior?                                                      

Sería un poco reiterativo al abrir estas líneas con datos de inseguridad en el país durante los últimos años, la violencia sino nos alcanzó ya a nosotros de facto, seguro a algún familiar o amigo cercano. Nos rodea, es un hecho.

Últimamente se ha visto al Ejecutivo Federal muy cerca de las Fuerzas Armadas, sin incomodidad, cuádrandose con el Comandante Supremo.

Es innegable que en el ejército hay entusiasmo por participar más en los intereses del ejecutivo federal, hoy tan alejado de su gente. Ahí apuntan a servir las Fuerzas Armadas.

Con la apertura comercial de los combustibles en México y una posible renegociación del TLC, los Gobiernos y las grandes trasnacionales que los representan, exigen seguridad para sus intereses personales y, las fuerzas federales, parecen no darse abasto para contener los diversos fenómenos delictivos del país. Grandes capitales exigen grandes condiciones.

Casos en que el ejército ha atentado contra su gente hemos tenido varios en nuestra historia reciente y podemos comenzar en los albores del siglo pasado, donde un primero de junio de 1906, inició la huelga de los trabajadores mineros de la “Cananea Consolidated Copper Company”, quienes pedían entre otras cosas, jornadas de 8 horas de trabajo, un salario mínimo de 5 pesos diarios y “poner hombres al cuidado de las jaulas que tengan nobles sentimientos para evitar toda clase de irritación”, ¿el resultado? Comandos traídos por las mineras extranjeras y el propio gobernador del estado para apaciguar el movimiento consiguieron un furgón de ferrocarril lleno de armas que venían desde Estados Unidos.

Al principio solo buscaban calmar a los obreros, pero en cuanto alguien intervenía como orador, era inmediatamente arrestado.​

El 5 de junio detuvieron a los organizadores del movimiento y fueron sentenciados a 15 años de prisión y trabajos forzados, hasta el año de 1911 que fueron excarcelados por el Presidente Madero.

La matanza dejó un saldo de 23 obreros muertos y 25 heridos, según la versión oficial.

Años más tarde, en 1960 en el Estado de Guerrero, más de 20 estudiantes, pertenecientes al “Movimiento estudiantil-popular de 1960 en Chilpancingo” que intentaban el derrocar al general Raúl Caballero Aburto (y que era respaldado por numerosos sectores sociales de la ciudad y el estado), finalmente un 30 de diciembre, la masacre de 20 personas a manos del ejército culminaría con el movimiento estudiantil. Finalmente el Gobernador cayó 5 días después.

Dos de octubre de 1968, no se olvida.

El “Halconazo”, tampoco.

Y la lista sigue, en 1995 con la a Masacre de Aguas Blancas, un crimen de Estado cometido por la policía Estatal de Guerrero, orquestada por el Gobernador en turno, Rubén Figueroa Alcocer. Agentes del agrupamiento motorizado de la policía guerrerense dispararon en contra de un grupo de miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) que se dirigían a un mitin político que demandaba la liberación de Gilberto Romero Vázquez, desaparecido un mes anterior, lo que resultó en 17 campesinos muertos y 21 heridos.

En 2014, un 30 de junio, ocho militares mataron a sangre fría a 22 civiles, entre ellos dos adolescentes, que se habían rendido después de un enfrentamiento armado en el que habían muerto otras siete personas.

Más lo que pueda estar pasando ahora mismo, ya que solo que andemos desvelados no nos daríamos cuenta de que el ejército lleva operando de esta forma desde hace ya 10 años, sin legislación alguna al respecto.

Más lo que nunca sabremos, más lo que pueda pasar de aprobarse dicho dictamen de #LeydeSeguridadInterior.

Algunos de los temas de los que cuenta esta Ley y que ha desatado toda esa polémica, el el de secrecía de la información, que al calce dice:

“La información que se genere con motivo de la aplicación de la presente ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de la ley de la materia, y clasificada de conformidad con ésta y las disposiciones aplicables”.

Es decir que los civiles seremos impedidos de saber el por qué el ejército interviene en la seguridad interior del país y si nos enteramos, no estaremos autorizados a conocer los informes finales.

Es decir, los ciudadanos no podremos conocer los motivos que justifiquen la intervención del Ejército en actividades de seguridad interior, así como los detalles de sus resultados.

Y sin duda, lo que más ha desconcertado a diversos sectores sociales es que la actividad del ejército en asuntos de seguridad interior puede ser permanente y no ocasional como parece funcionar hoy además con periodos de duración que los mandos crean convenientes, lo que afecta de ya los derecho de los civiles.

Dice así: “corresponde a las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, identificar, prevenir, atender, reducir y contener las Amenazas a la Seguridad Interior”. Ejecutándose “previa emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior”, la cual podrá ser dictaminada por presidente de la República, si a su criterio ve alguna condición de violencia, seguridad o riesgo para el país que “comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes”.

Podremos mencionar también el espionaje del que podríamos ser objeto al dar facultades a la autoridad que “podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información”.

La ley define a la seguridad interior como “la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones”.

Esta condición, según se lee en el artículo 2 de la norma, mantiene el orden constitucional, la gobernabilidad democrática y el Estado de derecho. Como esta ley no menciona ningún otro detalle al respecto, podría interpretarse que estos conceptos estarán a cargo de las Fuerzas Armadas si estas consideran que hay riesgos en materia de seguridad interior.

Todos los ciudadanos podemos consultar dicha ley y mucho debate habrá al respecto.

Porque también es cierto El artículo 7 de la nueva Ley de Seguridad Interior señala expresamente que todos los actos que realicen las autoridades en materia de seguridad interior deben respetar los derechos humanos sin excepción. Veremos.

La pelota está en la cancha de los senadores con un pase lanzado de la Cámara de Diputados.

El pueblo es el comandante supremo. hemos visto al ejército y marina trabajar con el pueblo y para el pueblo, pero lamentablemente solo en tiempos de desgracia.

El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, sabe que el ejército se debe al pueblo y viceversa por eso queremos ver su nombre en el gran muro de la historia

“Por eso, el gran muro de honor de la historia no distingue otra virtud, no separa inteligentes de lerdos, ni valientes de medrosos, ni siquiera los buenos de los perversos, tan solo distingue a los leales de los traidores”. (Usted lo dijo General).

Ya lo dijo el gran Simón Bolívar que “Ejército que vuelve las armas contra su pueblo, es un Ejército traidor”.

General Cienfuegos desde aquí recordamos y abrazamos aquella frase que dijo durante la ceremonia por el CII aniversario de la creación del Ejército, un 22 de febrero de 2015.

Anhelamos mejores condiciones de vida, de progreso, de seguridad y desarrollo. Hay quienes quieren distanciarnos del puebo ¡Imposible! Somos uno y lo mismo, basta ver el rostro la piel y el pensamiento y el corazón de cada soldado para ver que somos pueblo, somos México, igual que el resto de la Patria”.

Así sea.

Estaremos pendientes

 

CDMX, CDMX. La Comisión de Presupuesto presentó el ajuste al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) para el ejercicio fiscal 2018, derivado de la reducción de 800 millones de pesos ordenada por la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año.

El consejero electoral Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Presupuesto del INE, explicó que el Instituto aplicará la reducción de 800 millones de pesos de forma responsable a efecto de dar cabal cumplimiento a las tareas encomendadas al Instituto.

“Se realizó una revisión minuciosa de los proyectos específicos para aplicar la reducción buscando afectar lo menos posible la organización de las elecciones de 2018 y otras atribuciones que por ley tiene el Instituto”, precisó.

De la reducción de 800 millones de pesos, el Instituto aplicará 200 millones en el presupuesto base y 600 en la cartera de proyectos institucionales.

Del presupuesto base se reducirán 100 millones que opera el Instituto a través de los órganos desconcentrados, sobre los que recaerá un ajuste de 30 millones de pesos, y de oficinas centrales, con una aportación de 70 millones de pesos. La reducción al presupuesto base no afectará contratos plurianuales, servicios generales ni servicios personales. Las partidas objeto de reducción fueron principalmente las relacionadas con gastos para operativos y trabajos de campo, difusión de mensajes sobre programas y actividades institucionales; impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las unidades responsables, materiales y útiles de oficina, viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales, combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, así como mobiliario.

Por otra parte el proyecto de ajuste presupuestal contempla 55.8 millones de pesos en la contratación de secretarias y asesores de consejeros del Poder Legislativo; así como 44.2 millones de pesos en apoyo financiero a la Comisión Nacional de Vigilancia.

El consejero Murayama informó que, entre los proyectos que se verán afectados con recortes considerables, se encuentran: 230 millones de pesos a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, la cual eliminará la adquisición de 471 mil bases porta urna, 160 mil cajas contenedoras de material electoral, reducirá el número de marcadores de boletas electorales de 10 a 7 y el número de casillas especiales que se instalarán pasará de 2 mil 115 a mil 500.

Asimismo, se reducirán 192 millones de pesos a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, lo cual afectará el tiempo de contratación de Capacitadores y Supervisores Electorales y la difusión de mensajes para el impulso a la participación ciudadana.

También se redimensionará el programa del voto en el extranjero, ya no se enviarán sobres de papel seguridad y tampoco se imprimirán en papel seguridad los cuadernillos con las listas nominales de electores.

Adicionalmente se reducirán 40 millones a la Unidad Técnica de Fiscalización, lo que se verá reflejado en la renta de vehículos durante el periodo de intercampaña para recorridos de fiscalización en dicho periodo, entre otros.

Durante la sesión de la Comisión declaró concluidos sus trabajos con la aprobación del Informe Final que será presentado al Consejo General en su próxima sesión a celebrarse el 8 de diciembre.

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