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Miguel Ángel Osorio Chong presentó hoy su renuncia al frente de la Secretaría de Gobernación para postularse como candidato del PRI al Senado de la República; en su lugar entrará Alonso Navarrete Prida, actual secretario del Trabajo en el gabinete de Enrique Peña Nieto.

Alfonso Navarrete Prida ha ocupado diversos cargos en los sexenios de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, desde las secretarías de salud, del trabajo y de gobierno en el sexenio de Salinas y Zedillo, hasta procurador de la república o del Estado de México en el sexenio de Arturo Montiel y Enrique Peña Nieto.

La salida de Miguel Ángel Osorio Chong provocó ajustes en otras dependencias federales. A la par, Luis Miranda Nava dejó la Secretaría de Desarrollo Social y en su lugar el cargo lo ocupará Eviel Pérez Magaña, mientras que Roberto Campa Cifrián ocupará la secretaría del Trabajo que Navarrete Prida dejará para cubrir la vacante de Osorio Chong.

Luis Miranda Nava también empezó su carrera política y en la administración pública apadrinado por Arturo Montiel, donde ocupó los cargos de director jurídico y secretario de finanzas en el Estado de México y, en el periodo de Enrique Peña Nieto también en el Estado de México, ocupó la secretaria de gobierno.

Eviel Pérez Magaña ha sido diputado federal y del Estado de Oaxaca, además senador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Fue presidente del PRI en Oaxaca y secretario de Obras Públicas en 2010.

Por su parte, Roberto Campa Cifrián fue candidato a la presidencia de la república en 2006 por el Partido Nueva Alianza (PANAL) que aún encabezaba Elba Ester Gordillo. Tras la victoria de Felipe Calderón, el candidato Campa Cifrián fue nombrado como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el sexenio panista. Tiene orígenes priistas solo que se hizo candidato independiente después de escándalos de corrupción en el PRI.

Hoy el PRI se reacomoda para la elección de 2018; hasta el momento estos han sido sus movimientos estratégicos:

  1. Luis Videgary Caso dejó la Secretaría de Hacienda para ocupar la Secretaría de Relaciones Exteriores en el momento de la campaña y elección de la presidencia de los Estados Unidos; en su lugar entró José Antonio Meade.
  1. José Antonio Meade sale de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para postularse a la precandidatura a la presidencia de la república por el PRI. Lo sustituye José Antonio González Anaya quien dejó la dirección de Petróleos Mexicanos, en su lugar entró Carlos Alberto Treviño.
  2. Aurelio Nuño: sale de la Secretaría de Educación Pública para coordinar la campaña de José Antonio Meade. En su lugar entra Otto Granados Roldán.
  1. Miguel Ángel Osorio Chong sale de la Secretaría de Gobernación para posturlarse por el PRI al Senado. Lo sustituye Alfonso Navarrete Prida quien deja la Secretaría del Trabajo, misma que cubrirá Alfonso Campa Cifrián.
  1. Luis Miranda Nava deja la Secretaría de Desarrollo Social; en su lugar ingresa Eviel Pérez Magaña.

 

El Proceso Electoral Federal 2017-2018 y los 30 procesos electorales locales concurrentes serán los más fiscalizados de la historia, con el objetivo de contribuir a la equidad de la competencia electoral y evitar que los poderes públicos sean ocupados por quienes no respeten los topes de gastos o las reglas establecidas en la legislación federal.

En un video grabado y difundido este día, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, explicó que conforme lo establece el Reglamento de Fiscalización, todas las y los aspirantes a una candidatura independiente, así como las precandidatas y precandidatos, deben reportar sus ingresos y gastos en el Sistema Integral de Fiscalización durante los tres días posteriores a que se hayan realizado.

Con ello, añadió, “se busca evitar que los partidos y coaliciones construyan una doble contabilidad e intenten esconderle sus ingresos y gastos a la autoridad electoral”.

A la fecha, señaló Lorenzo Córdova, las escasas operaciones reportadas en el Sistema por aspirantes y precandidatos, contrastan con la intensidad de actos propagandísticos y de difusión con la que han iniciado las precampañas.

“Aunque todos conocimos las actividades de proselitismo de los tres precandidatos a la Presidencia de la República realizados el 14 de diciembre, fecha en que arrancaron las precampañas, seis días después de que ocurrieron esos eventos, ninguno de los tres había reportado un solo peso”, ejemplificó.

 

El Consejero Presidente del INE informó que con corte al 26 de diciembre a las 2:00 am, los tres precandidatos presidenciales han reportado las siguientes operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF):

Reporte de precandidatos en el Sistema Integral de Fiscalización

Precandidato

Eventos

Ingresos

Gastos

Ricardo Anaya

19

$ 6,900.00

$ 553,000.00

José Antonio Meade

3

$ 0.00

$ 54,000.00

André Manuel López Obrador

19

$ 654,000.00

$ 654,000.00

 

Lorenzo Córdova reiteró que quien no reporte sus ingresos y gastos a tiempo en el Sistema será acreedor a sanciones, en su momento. “No reportar sus operaciones financieras es una forma de obstaculizar la fiscalización”.

Por ello, el Consejero Presidente reiteró su llamado a aspirantes y precandidatos a cumplir en tiempo y forma con su obligación con la rendición de cuentas.

El INE, ha habilitado un módulo de consulta sobre los ingresos y gastos de los precandidatos y aspirantes el cual puede ser consultado en el portal: http://fiscalizacion.ine.mx.

Ciudad de México.- Luego de votar a favor de leyes que protegen los derechos políticos de las mujeres, el diputado federal por Tlaxcala, Juan Corral Mier, concluyó los trabajos del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

La Cámara de Diputados aprobó este viernes, con cambios, una minuta del Senado que reforma cinco ordenamientos legales para establecer mecanismos de prevención, atención y sanción de la violencia política en razón de género, y para proteger los derechos político-electorales de las mujeres.

El documento que avaló el legislador tlaxcalteca Juan Corral Mier modifica diversas disposiciones de las leyes General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos, General en Materia de Delitos Electorales y General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Y es que el pasado 9 de marzo, la Cámara alta aprobó la minuta y la turnó al Palacio Legislativo de San Lázaro para su revisión.

La Cámara de Diputados reformó los artículos 20 Bis, 20 Ter, 47, 48 y 48 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y los preceptos 3 Bis, 159 y 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Asimismo, los artículos 2, 3, 22, 25 y 51 de la Ley General de Partidos Políticos; y los preceptos 7, 9 y 17 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.      

Corral Mier, explico que la minuta enviada por la Cámara de Senadores redefine la violencia política en razón de género como la acción u omisión que, en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales, o bien, en el ejercicio de un cargo público, tenga por objeto o resultado limitar o anular el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de las mujeres, o el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público.

“Estos resultados son un avance en favor de los derechos de todas las mujeres que inciden en la vida política de nuestro país”, remató.

 

 

Ciudad de México.- Luego de que el Pleno del Senado de la República eligió con 97 votos a favor a los senadores que integrarán la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, durante el Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, que estará en funciones de diciembre de 2017 a enero de 2018, la senadora por Tlaxcala, Adriana Dávila Fernández, fue electa como vicepresidenta de la misma.

La Comisión Permanente quedó formalmente instalada a las 14:22 horas de este viernes en la Cámara Baja de San Lázaro. Inmediatamente después se levantó la sesión y se citó para el próximo miércoles, 20 de diciembre, a las 11:00 horas.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín presidirá la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, mientras que los vicepresidentes son: senadora Adriana Dávila Fernández (PAN) y el diputado Rafael Hernández Soriano (PRD).

Como secretarios quedaron los diputados María Gloria Hernández Madrid (PRI), Nelly del Carmen Márquez Zapata (PAN) y Emilio Salazar Farías (PVEM), así como el senador Isidro Pedraza Chávez (PRD).

Este receso concluye el próximo 31 de enero de 2018, para dar paso al segundo y último periodo ordinario de sesiones de esta LXIII Legislatura, que concluye el 31 de agosto.

 

Ciudad de México.- Contundente, la Senadora por Tlaxcala, Adriana Dávila Fernández, votó en contra de la Ley de Seguridad Interior, al considerar que es anticonstitucional, además de que expone a las fuerzas armadas de México y solapa al gobierno federal, estados y municipios para que no realicen la función que les corresponde, garantizar el orden y la paz social.

Al emitir su postura sobre esta ley aprobada por el PRI y sus aliados, Dávila Fernández, aclaró que con su voto en contra no es comparsa de una legislación  plagada de inconsistencias desde su origen en sus conceptos, objetivos y fines.  

Refirió que este tema debe discutirse con seriedad, en virtud de que la seguridad de los mexicanos no puede estar por encima de intereses políticos o electorales.

La legisladora tlaxcalteca agregó que los militares deben cumplir con las funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estable, y no exponerlos para ser demeritados y debilitados.

“No queremos más chantajes; que los gobiernos federal, estatal y municipal cumplan con su obligación y no expongan más a las fuerzas armadas”, puntualizó.

Acotó que tanto le importa al gobierno federal la seguridad pública que mantuvo acéfalas las áreas de derechos humanos en la Procuraduría General de la República (PGR) y en la Secretaria de Gobernación (SEGOB), disminuyó el presupuesto en la materia y lo peor es que permita que ex gobernadores priístas, hayan delinquido con absoluta impunidad.

Dávila Fernández, advirtió que insistirá para que en el Congreso de la Unión se continúe con la discusión de la iniciativa del Mando Mixto, propuesta de los legisladores del PAN.

https://www.youtube.com/watch?v=ySDDEtE3Ptg

 

 

Por iniciativa del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) en la Cámara de Diputados, el legislador federal por Tlaxcala, Juan Corral Mier, respaldó entre otras cosas, la aprobación de diversas reformas a la Ley General de Cambio Climático, con el fin de que México contribuya en el cumplimiento del Acuerdo de París.

Agregó que en este caso, el objetivo es promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono.

También votó a favor de diversas modificaciones a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Código Nacional de Procedimientos Penales, para brindar seguridad jurídica a las víctimas de delitos relacionados con la Libertad de Expresión y el ejercicio periodístico.

Con la contribución de Corral Mier se perfeccionarán estos ordenamientos jurídicos que a corto plazo beneficiarán a millones de mexicanos.

Confirmó que su labor legislativa es y seguirá siendo por el bien común.

 

En Sesión Ordinaria el Pleno de la Cámara de Diputados de la Sexagésima Tercera Legislatura aprobó, la Reforma Integral de la Ley General de Protección Civil, con lo que se refrenda el compromiso de proteger la vida y el patrimonio de las y los mexicanos.

Impulsada por la presidenta de la Comisión de Protección Civil, la diputada federal María Elena Orantes López, las y los Legisladores que integran dicha comisión, la Reforma Integral de la Ley General de Protección Civil consolida la Gestión Integral de Riesgos de Desastres, como una política pública.

Con las modificaciones que hoy se aprueban, las y los mexicanos cuentan con una Ley adecuada, vanguardista, pero sobre todo ciudadana, apegada a la realidad que vive nuestro país; construida con la participación de ciudadanos y alineada al Marco de Sendai para la Reducción de Riesgos de Desastres.

La presidenta de la Comisión de Protección Civil, la diputada María Elena Orantes López señaló que, las reformas a la Ley, unificará los protocolos y procedimientos después de la ocurrencia de algún fenómeno perturbador, eficientará la asistencia humanitaria y la evolución de daños de desastres, permitirá la creación de ciudades resilientes como una alternativa para hacer frente al cambio climático y permitirá fomentar la participación de la ciudadanía y gobierno.

Destaca también una mayor consideración de los atlas de riesgos para la planeación y el crecimiento urbano, así como la adecuación conceptual para consolidar la gestión de riesgos de desastres como base de las políticas públicas de los gobiernos en torno a la prevención, la resiliencia y la reducción de riesgos, así como el uso de instrumentos financieros para la prevención y seguros para la atención de las afectaciones provocadas por desastres.

La Legisladora federal, finalizó que se espera, que en el Senado de la República, vuelva a observarse por todas las fracciones parlamentarias la responsabilidad y compromiso con la protección de todas las y los mexicanos.

La senadora Adriana Dávila Fernández presentó una iniciativa para cambiar la denominación de la “Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos” por “Ley General en Materia de Trata de Personas”, y dotarla de un nuevo enfoque en el combate de ese delito y perspectiva de protección a los derechos humanos.

Dávila Fernández, presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas, agregó que, además, se plantean cambios en los paradigmas de combate a la trata “a partir de la necesidad de modificar los vigentes, que tienen una visión de Estado como mero sujeto pasivo del cumplimiento de los derechos humanos, pero no como agente activo de protección de tales derechos”.

Además, subrayó, se propone reformar la Ley General en Materia de Trata de Personas para armonizarla con los estándares internacionales en la materia.

Asimismo, enfatizó, busca cumplir con los dispositivos constitucionales en materia de protección a derechos humanos y brindar un nuevo enfoque a la función del Estado de proteger, promover y garantizarlos y, en caso contrario, se investigue, sancione y reparen las violaciones a aquellos.

Una de las propuestas que la senadora estimó necesarias para aportar mayor claridad al texto legal es la relativa a su denominación, pues al momento de su expedición se detectaron errores en cuanto a la denominación respecto de otras leyes.

Por lo anterior, de aprobarse la iniciativa en sus términos, pasaría de ser “Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos” a “Ley General en Materia de Trata de Personas”.

Un nombre bastante largo no es garantía de una comprensión sobre el contenido de una norma; por el contrario, es posible cierta confusión en cuanto al contenido y sus alcances, explicó Dávila Fernández.

Por otro lado, se clarifican los objetivos de la ley al modificarse el artículo 2º, para establecer que serán los siguientes:

  1. Establecer competencias y formas de coordinación para la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de trata de personas entre los Gobiernos Federal, Estatales, del Distrito Federal y Municipales;
  2. Establecer los tipos penales en materia de trata de personas y sus sanciones;
  3. Determinar los procedimientos penales aplicables a estos delitos;
  4. La distribución de competencias y formas de coordinación en materia de protección y asistencia a las víctimas de los delitos objeto de esta Ley;
  5. Establecer mecanismos efectivos para tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, así como el libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes, cuando sean amenazados o lesionados por la comisión de los delitos objeto de esta Ley, y
  6. Reparar el daño a las víctimas de trata de personas de manera integral, adecuada, eficaz y efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida.

 Además, la iniciativa de la senadora panista tiene por objeto armonizar la Ley General en Materia de Trata de Personas con los tratados internacionales, en especial el Protocolo de Palermo para establecer en el artículo 10 lo siguiente:

“Se le impondrán de 10 a 25 años de prisión y de cinco mil a cincuenta mil días multa a quien para sí o para un tercero, consiga, capte, enganche, transporte, traslade, aloje, reciba, retenga, entregue, oculte, reclute o transfiera a una persona mediante la amenaza; el uso de la fuerza u otra forma de coacción; el engaño; la seducción; el abuso de poder; el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad; el ofrecimiento, la concesión o recepción, de un pago o beneficio a un tercero que ejerza dirección, influencia o autoridad, sobre otra, o el consentimiento de una persona que ejerza dirección, influencia o autoridad, sobre otra con el fin de explotarla”.

La iniciativa se turnó a las comisiones unidas Justicia y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen.

 

 

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