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Politica

Tlaxcala, Tlax. Durante 2017 al menos 10 municipios solicitaron al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que realice los procesos de delimitación territorial que ha derivado en conflictos políticos y administrativos.

En los últimos años se han registrado 30 peticiones de delimitación territorial en el Estado, dos de ellas con conflictos entre pobladores en los municipios de Tetla y Acuamanala durante 2017, que ahora se dirimen en tribunales.

Durante la sesión de trabajo de la comisión de Asuntos Municipales del Congreso local que preside el diputado Martín Rivera Barrios (PRI), especialistas del INEGI presentaron la propuesta del Procedimiento para la Atención de los Límites Político Administrativos, con el fin de que sea integrada a la iniciativa de legislativa que propondrá la comisión sobre los procesos de delimitación territorial en el Estado.

“El objetivo es proponer un proceso general operativo para la atención de los temas relacionados con los límites municipales, para que los responsables de la delimitación del territorio, a través de un proceso conciliatorio, realicen los trabajos de definición de los límites político-administrativos de forma ordenada y bajo un marco normativo homogéneo”, refirieron los expertos del INEGI.

El proyecto consiste en un proceso de ocho etapas en la que interviene el INEGI, el Congreso local y el Tribunal Superior de Justicia del Estado para la integración del expediente, el trabajo técnico operativo de la ubicación geográfica de los límites, la elaboración del convenio amistoso y la validación de la cartografía geo estadística.

Aunque es un proceso basado en la conciliación de las partes, no se descarta la parte de controversia que deberá seguir el TSJE; sin embargo, se ha privilegiado que mediante la coordinación de dos poderes locales y la capacidad técnica del INEGI se puedan llevar a cabo los procesos de límite territorial de la mejor manera, refirieron los diputados locales.

Los integrantes de la comisión de Asuntos Municipales, Martín Rivera Barrios, César Fredy Cuatecontzi y J. Carmen Corona Pérez, prometieron que retomarán la propuesta del INEGI para integrarla como la parte operativa de la iniciativa que en breve subirán al Pleno Legislativo.

 

Tlaxcala, Tlax. El diputado local perredista, Nahum Atonal Ortiz, presentó esta tarde al Pleno Legislativo la propuesta para reformar y adicionar párrafos de diversos artículos de la Constitución Política del Estado, a fin de incluir al andamiaje jurídico la figura de la revocación del mandato de cualquier funcionario público electo mediante voto ciudadano.

Atonal Ortiz señaló que una de las herramientas ciudadanas para fortalecer la democracia en el estado es dotarla de medios para decidir si los gobiernos electos son o no funcionales para el bien común.

Señaló que al menos 17 países de América Latina ya cuentan con la figura de revocación del mandato que históricamente ha demandado sancionar la impunidad y el ejercicio de los poderes fuera del marco de la ley.

La propuesta consiste en reformar el artículo 22 para establecer como derecho político de los ciudadanos la participación en el proceso de revocación del mandato; se adicionaría una fracción al mismo artículo para que la revocación sea mediante proceso del voto libre y secreto.

Las adiciones a los artículos 29 y 108 proponen que el gobernador, los diputados y presidentes municipales sean susceptibles de la aplicación de esta figura.

Los ciudadanos inconformes deberán presentar la solicitud ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) y reunir al menos el 10% de firmas de la lista nominal; y deberá fundamentar y razonar la petición, propuso Atonal Ortiz.

La propuesta fue turnada a su expediente parlamentario para continuar con el proceso legislativo.

 

Tlaxcala, Tlax. A partir de este momento los municipios del Estado de Tlaxcala podrán adquirir deuda pública proporcional al 25% de los recursos anuales que reciben del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social (FAIS), así lo determinó el Congreso local al aprobar por unanimidad la iniciativa enviada por el Ejecutivo del Estado para que los municipios “estén en posibilidad de adquirir créditos” con instituciones del Sistema Financiero Mexicano.

Por 23 votos a favor, las bancadas en el congreso validaron la propuesta que presentaron esta mañana en sesión ordinaria las comisiones unidas de Finanzas y Fiscalización y la de Asuntos Municipales.

Las comisiones dictaminadoras, presididas por Martín Rivera Barrios (PRI) y Alberto Amaro Corona (PRD), expusieron que los recursos deberán aplicarse estrictamente a infraestructura social y dirigida a comunidades vulnerables y en rezago social como está establecido en el FAIS.

El crédito no podrá ser mayor al 15% del presupuesto de egresos aprobado para cada municipio para cada ejercicio fiscal, mientras que la deuda pública solo deberá ser proporcional al 25% de los recursos anuales destinados a través del Fondo, es decir, a San Jerónimo Zacualpan le correspondería un tope de deuda pública por 1 millón 779 mil 19 pesos, mientras que para San Pablo del Monte y Tlaxco de 44 millones de pesos.

En total la deuda pública que adquirirán los 60 municipios del estado será de 161 millones 101 mil 540 de pesos.

Para que los municipios accedan a los créditos fiscales solo deberán aprobarlo por mayoría en sus órganos internos; asimismo los diputados locales establecieron que queda prohibido desviar el recurso para gasto corriente u otras acciones que no sea para infraestructura social dirigida a la población marginada.

 

Tepeyanco, Tlax.- En cumplimiento a su responsabilidad como representante de Tlaxcala en la Cámara de Diputados, Juan Corral Mier, ratificó su compromiso de legislar, gestionar y fiscalizar los recursos económicos en beneficio de las familias tlaxcaltecas sin distinción de colores partidistas.

Durante una reunión de trabajo con el alcalde de Tepeyanco, Bladimir Zainos Flores y de los presidentes de las colonias “Vacaciones”, Marbella Muñoz Meneses; “Guerrero”, Yoselín Viveros Guerrero y las “Águilas” Juan Manuel Muñoz Lara; el diputado federal ratificó su compromiso de mejorar las condiciones de vida de las familias tlaxcaltecas, en la medida de las posibilidades económicas y de gestión.  

Agregó que si bien no hay dinero que alcance para atender todas y cada una las demandas sociales, ejerce un trabajo responsable, sin engaños.

“No soy un diputado federal de escritorio, buscamos el acercamiento con los vecinos y con las autoridades a través de visitas a las localidades; el propósito es conocer personalmente las carencias de la sociedad, las cuales atendemos en la medida de nuestras posibilidades”.

Anunció que a pesar de la difícil situación económica que se vive en el país, utiliza los medios necesarios para apoyar a un mayor número de municipios del estado.

Reconoció que la perseverancia e interés de los alcaldes, entre ellos, el de Tepeyanco, Bladimir Zainos Flores, por presentar proyectos y estudios técnicos para ejecutar obras de bien común, es muestra de fortalecer el desarrollo general de los municipios.

Corral Mier, pidió a los vecinos estar pendientes de los avances de las obras que se construyen en sus comunidades, toda vez que es obligación de las autoridades de los tres niveles de gobierno rendir cuentas claras del dinero que reciben y ejecutan.

El edil de Tepeyanco, presidentes de comunidad y familias de las colonias “Vacaciones”, “Guerrero” y las “Águilas”, resaltaron el trabajo del legislador Juan Corral Mier, quien en cumplimiento a su palabra, regresa a las comunidades para escuchar lo que más preocupa a la gente. 

    

 

 

Cdmx, Cdmx. La senadora Adriana Dávila Fernández pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que instruya al Embajador de México en Canadá a brindar la asesoría adecuada a la ciudadana mexicana María Cristina Guzmán Islas para localizar a su hija Sofii Ela Doyle, separadas por su padre, el canadiense Jeffrey Steven Doyle, y revisar la actuación de sus servidores públicos en los procesos de restitución internacional de menores, para que velen por de los intereses de la parte mexicana.

En conferencia de prensa, Dávila Fernández lamentó que, durante el procedimiento legal por la custodia de la niña Sofii Ela, quien cuenta con ambas nacionalidades, el personal de la Cancillería litigó en contra de señora Guzmán Islas y, en lugar ayudarla y asesorarla profesionalmente, operó a favor del ciudadano canadiense, “como si la consigna de los servidores públicos de la Cancillería fuera esa”.

Dávila Fernández solicitó también que se le apoye a la señora Gúzman Islas para iniciar los procedimientos de restitución de su hija y que, mediante las vías ordinarias de Canadá, se busquen las medidas necesarias para que puedan tener contacto entre sí, como lo establece la Convención sobre los Derechos de la Niñez y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La senadora panista dio a conocer que mediante un punto de acuerdo presentado ante el pleno del Senado, propuso también que el Senado de la República exhorte a la SRE para que en subsecuentes procedimientos de restitución de menores, instruya a los servidores públicos para que hagan su labor con profesionalismo y con apego a las normas nacionales y con base en los derechos de la niñez.

La Presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas hizo un relato de la situación familiar y precariedad económica que la señora Guzmán Islas padecía en su relación con el ciudadano canadiense Jeffrey Steven Doyle, lo cual la obligó a regresar a nuestro país, en busca de mejores condiciones de vida para su hija, Sofii Ela Doyle.

Sin embargo, en 2013 el padre de la niña Sofii Ela Doyle comenzó, bajo circunstancias irregulares, el procedimiento de restitución, a pesar de que la salida de la menor hacia México acompañada de su madre había sido de forma legal y con su consentimiento.

De forma inexplicable, abundó, se inició el procedimiento de restitución a favor del padre, a pesar de que no se cumplían los requisitos establecidos en la Convención Sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores o en la Convención Interamericana sobre Restitución de Menores.

En septiembre de 2014, prosiguió, se emitió una sentencia por parte del Juzgado 4to de lo Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, para restituir a la menor con su padre, el señor Steven, sin que se cumplieran los aspectos que establece el marco jurídico internacional.

La senadora panista dijo que, actualmente, María Cristina desconoce el paradero de su hija, ya que lo último supo es que habría abandonado el país con rumbo a Canadá.

El anterior, señaló, no es un caso aislado, ya que se tiene conocimiento de que en muchos asuntos similares, “la Cancillería parece que litiga en contra de los ciudadanos mexicanos, en vez de buscar el mejor acuerdo o solución para la parte mexicana”.

Dávila Fernández recordó que en abril de 2015 presentó ante la Cámara alta una iniciativa para crear la Ley General que Establece los Procedimientos de Restitución Internacional de Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin de regular los procedimientos de restitución internacional de menores a 16 años, que han sustraídos o retenidos ilícitamente y, en su caso, garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos humanos.

Sin embargo, lamentó, “para María Cristina el daño está hecho, ya que la ausencia de un marco jurídico actualizado y la actuación de servidores públicos movidos por intereses ajenos a los de los ciudadanos mexicanos la mantienen alejada de su hija y sin saber siquiera de su paradero, ni poder convivir con ella”.

Por lo anterior, apuntó, su propuesta busca que las autoridades de México en Canadá localicen a la hija de María Cristina y establezcan contacto con las autoridades canadienses, para iniciar el procedimiento de visitas y la posible restitución, por las vías comunes, a favor de las ciudadanas mexicanas.

 

Tlaxcala, Tlax. Con una escala nacional del 76.0 por ciento en la percepción social sobre la inseguridad en México (7.6 de cada 10 mexicanos), Tlaxcala registró una percepción de 56.8%, lo que significa un aumento de 3.2% en la percepción social sobre la inseguridad de junio a septiembre de 2017, pero una disminución de 7.0% respecto al mismo mes de 2016.

Los espacios públicos son los lugares en los que la mayor parte de la población se siente insegura; el porcentaje sobre la percepción de inseguridad en el transporte público y en las calles aumentó en septiembre, mientras que la escuela y la casa siguen siendo los espacios que la gente considera más seguros.

Sin embargo, la percepción sobre la inseguridad pública por género revela que las mujeres se sienten cada vez más inseguras, pues el 80.3 por ciento de ellas ha manifestado que no son seguros tanto los espacios públicos como el hogar; este porcentaje superó la media nacional que fue de 76.0% en septiembre.

Datos de la Encuesta de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) refieren que de las 48 ciudades encuestadas, Tlaxcala se ubicó en la media nacional sobre la percepción de la inseguridad.

Asimismo, solo 1.6 de cada 10 tlaxcaltecas considera que su gobierno ha sido efectivo para resolver los principales problemas de su ciudad.

A nivel nacional la percepción por temor al delito se disparó entre 2015 y 2017 al pasar de 67.9 a 76.0%. Del mismo modo disminuyó la expectativa de que mejoren las condiciones de seguridad pública a nivel nacional con el 72.9 por ciento de la población que considera que las cosas seguirán igual o empeorarán.

Robos o asaltos, venta de drogas y disparos frecuentes con armas de fuego fueron las conductas que los mexicanos más atestiguaron en el último trimestre de 2017; mientras que la percepción sobre el desempeño de las autoridades de seguridad pública revela que la mitad de la población no confía en la policía municipal ni en la policía estatal.

CDMX, CDMX. La senadora Adriana Dávila Fernández solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investigar si el Estado mexicano ha sido omiso en su obligación de combatir la trata de personas, como lo establece el artículo 6to de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Mediante un punto de acuerdo presentado ante el pleno del Senado, la presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas del Senado señaló que el Informe 2015 de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos “es deficiente, en particular, respecto a la evaluación de los resultados de la política pública”.

“Los datos presentados por la Comisión Intersecretarial constituyen una simulación, dada la diversidad de datos sobre un mismo tema, falta de pulcritud en su elaboración y evaluación; además, refleja falta de coordinación entre la Comisión y las instituciones integrantes de la misma”, señaló Dávila Fernández.

Estas omisiones, expuso, se traducen en el incumplimiento a las normas legales y obligaciones establecidas en la Ley General en materia de Trata de Personas, así como de los compromisos internaciones suscritos por nuestro país, lo que se deriva en violaciones a los deberes de protección a derechos humanos, previstos en normas constitucionales.

Las deficiencias del informe, añadió, dificultan el acceso a información clara y la rendición de cuentas, que permitan un combate eficiente al delito de trata de personas.

Dávila Fernández indicó que, de acuerdo con el artículo 1º de la Constitución Política, el Estado mexicano está comprometido a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos previstos en ella, así como en los tratados internacionales de los que sea parte, y prevenir las posibles violaciones a estos.

Por lo anterior, agregó, en caso de la vulneración de alguno de esos derechos, el Estado tiene la obligación de investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

Recordó que el artículo 6to de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, así como la trata de personas, pues estas estarán prohibidas en todas sus formas.

La legisladora por Tlaxcala refirió que el pasado 28 de junio de 2017 se hizo la “Presentación del análisis y evaluación del informe 2015 de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos”.

La presentación tuvo como objetivo “constatar la exacta observancia de la ley y la eficacia del desarrollo de la política pública en materia de trata de personas, para en su caso, exhortar a las autoridades responsables su cumplimiento o reorientación de las políticas, acciones y programas implementados”.

 

 

Tlaxcala, Tlax. La Secretaria de Gobierno, Anabel Alvarado Varela, encabezó una serie de reuniones para fortalecer los trabajos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género, y promover la igualdad entre hombres y mujeres en Tlaxcala.

Alvarado Varela indicó que el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Seimh) establece acciones para coadyuvar a la modificación de estereotipos que discriminan y fomentan la violencia de género, así como impulsar el desarrollo de programas y servicios que fomenten la equidad de género.

Como parte de estas reuniones, la titular de la Secretaría de Gobierno (Segob) tomó protesta a las directoras de los institutos municipales de la Mujer de Apizaco, Tenancingo y San Pablo del Monte; además, se firmaron las actas para instalar unidades de igualdad de género en dependencias estatales.

“Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno del Estado para  generar un estatus de igualdad y seguridad en beneficio de mujeres y hombres de la entidad”, enfatizó.

La Secretaria de Gobierno subrayó que el impulso de una política de tolerancia cero a la violencia permite erradicar prácticas de este tipo al interior de las instituciones estatales, y brinda la oportunidad de reforzar la especialización de funcionarios.

En las reuniones se llevó a cabo la presentación de los Grupos de Reeducación para las Mujeres y Hombres, a cargo de María de los Ángeles Osorio Santos, Coordinadora Estatal de Equidad de Género de la Secretaría de Salud (Sesa), en donde destacó que la dependencia desarrolla estrategias de atención a este fenómeno. 

La Coordinadora Estatal de Equidad de Género de la Sesa detalló que la finalidad es generar una sana convivencia de pareja, además de brindar capacitación para atender casos de violencia.

Participaron en las reuniones Alberto Jonguitud Falcón, Secretario de Salud; María Maricela Escobar Sánchez, Contralora del Ejecutivo; Maday Capilla Piedras, Directora del DIF Estatal; Néstor Flores Hernández, titular del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ), además de funcionarios municipales y estatales.