Tlaxcala, Tlax. Integrantes de la LXII Legislatura local iniciarán con el proceso de armonización legislativa de las leyes locales con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes expedida en junio de 2017, informó el pleno al Congreso de la Unión.
De acuerdo al artículo tercero transitorio de la Ley General, los congresos locales tienen 180 días siguiente a la fecha en que el presente decreto entre en vigor, es decir, a partir del 26 de junio de 2017, para iniciar los trabajos de armonización, plazo que vence el mes de diciembre del año en curso.
En sesión ordinaria de esta tarde, las comisiones de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes y la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, presentaron la iniciativa que contesta el exhorto emitido por el Congreso de la Unión, a fin de que las legislaturas locales cumplan con el proceso de armonización.
La diputada Eréndira Cova Brindis (PRI), integrante de la comisión de Derechos Humanos, señaló que la Ley local para prevenir la tortura expedida en 2003, deberá ser modificada para renovar los tipos penales, establecer las nuevas sanciones, el régimen de distribución de competencias y los lineamientos para la coordinación de los órdenes de gobierno para investigar y prevenir la tortura.
De acuerdo a la Ley General, las leyes locales deberán establecer la investigación de oficio en los casos de tortura, además de que el delito será imprescriptible y su investigación deberá basarse en la dignidad humana, la no re victimización y perspectiva de género. El proyecto de acuerdo se aprobó esta tarde por 17 votos a favor.
En 2017 el número de quejas por tortura pasó de 50 a 216 investigaciones abiertas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que, a la fecha lleva acumuladas 200 investigaciones más.
Según datos de la CNDH la violencia sexual y el maltrato con el fin de obtener una confesión son las causas más relevantes de los casos de tortura cometidos por funcionarios públicos en México.
