Tlaxcala, Tlax. Desde 2014, la reforma electoral obligó a una paridad electoral para que tanto hombres como mujeres pudieran tener las mismas condiciones de ser votados en un proceso, sin embargo esto no fue garantía de evitar que la violencia política contra las mujeres ocurriera.

Fue este el punto de análisis que se llevó a cabo en el foro “Violencia política por razones de género y su tratamiento ante órganos jurisdiccionales”, en compañia de Gabriela Nieto Castillo, magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Querétaro y de María Luisa Oviedo Quezada magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Hidalgo así como de la activista social Jeny Charrez Carlos.

Ahi las expertas convinieron en que es necesario formular y establecer protocolos de actuación en dependencias estatales, ayuntamientos y partidos políticos para que las mujeres que sean víctimas de violencia política sepan cómo actuar y cómo acceder a una justicia con perspectiva de género.

En Tlaxcala, señaló Charrez Carlos, la violencia política ha sido mayormente identificada entre las síndicos municipales a quienes les impiden el desempeño de sus labores por medio de la negación de información, limitación a sus participaciones en las sesiones de cabildo o incluso en la retención de salarios.

Sin embargo, admitió que también existen casos en los cuales no se justifica la existencia de una violencia política y donde incluso se han falsificado testimonios para que las supuestas víctimas se vean beneficiadas.

“Que violencia no sea confundida con lo económico político y por acuerdos” precisó la activista.

La magistrada de Nieto Castillo señaló que desde los órganos jurisdiccionales se tiene que analizar las conductas para señalar que efectivamente hay casos de violencia política, así como es necesario visibilizar este tipo de violencia en las administraciones municipales y estatales.

Subrayaron que la violencia política ha sido normalizada pues en la política “así se juega” frase utilizada para justificar amenazas que han recibido personas inmersas en la política en México.

Reconocer los patrones culturales y las condiciones de una entidad federativa y un profundo análisis en las instituciones sobre lo que se ha hecho y lo que falta para prevenir la violencia política por motivo de género así como los ejercicios de Impartición de justicia con perspectiva de género son acciones que la experta propuso.

“Al abrirse espacio de participación de las mujeres en la arena política encontramos mayores resistencias por parte de hombres mujeres y partidos políticos”, subrayó.

Medidas de reparación del daño y las homologación de leyes y reformas fueron otros de los argumentos que, mencionaron, son necesarias para garantizar la justicia a mujeres y hombres víctimas de violencia política por motivo de género.