- Verónica Razo fue absuelta tras 12 años, su caso, se asemeja al caso de Keren Selsy Ordóñez Hernández, quien enfrenta irregularidades por el sistema judicial.
Tlaxcala, Tlax. La absolución fue otorgada por el Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de México, debido a la falta de pruebas suficientes presentadas por el Ministerio Público, lo que llevó a su inmediata liberación.
Este logro fue posible gracias a la intervención del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) y otros organismos de derechos humanos, quienes contribuyeron significativamente a su liberación.
Absuelta tras 12 años de lucha: El proceso de Verónica Razo para recuperar su libertad
El caso de Verónica estuvo marcado por irregularidades desde su detención en junio de 2011. La coerción, la falta de identificación de los agentes que la arrestaron y la ausencia de pruebas sólidas han sido puntos clave en su defensa.
Junto a su hermano Erik, fueron acusados de pertenecer a una banda de secuestradores, sin embargo, ambos siempre mantuvieron su inocencia, afirmando haber sido torturados y forzados a firmar confesiones de culpabilidad.
Durante su tiempo en prisión, Verónica denunció haber sido víctima de tortura sexual, un hecho que ha sido un punto importante en su defensa. Informes médicos indicaron lesiones en su cuerpo, corroborando sus denuncias.
A pesar de las recomendaciones de liberación por parte de organismos de derechos humanos y la ONU, Verónica continuó en prisión, luchando incansablemente por demostrar su inocencia.
El camino hacia la justicia fue largo y arduo. A pesar de una primera absolución que se vislumbró el 27 de mayo de 2022, un juez, sorpresivamente, la encontró culpable por otro delito de secuestro, condenándola a 25 años de prisión y una multa. Este giro inesperado no detuvo la lucha de Verónica y su familia por probar su inocencia.
Finalmente, tras una serie de procesos judiciales y tras presentar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Verónica, recibió el respaldo de un tribunal que consideró su detención ilegal y las denuncias de tortura, dictaminando su absolución el 3 de enero de 2024.
Ahora, mientras busca la reparación del daño, la Defensoría Pública Federal está evaluando las vías precisas para compensar a Verónica por las graves violaciones sufridas durante su largo período de encarcelamiento.
El caso Keren: ¿Falta de justicia en Tlaxcala?
El proceso de Verónica Razo, absuelta tras 12 años de lucha por demostrar su inocencia, es similar a la situación de Keren Selsy Ordóñez Hernández en un sistema judicial marcado por irregularidades y falta de garantías en Tlaxcala. Keren, detenida de manera violenta junto a su bebé por presuntos agentes estatales y federales, se convierte en un símbolo más de las deficiencias judiciales.
El caso de Keren se remonta a diciembre de 2015, apenas un mes después de dar a luz, cuando fue interceptada junto a su expareja por hombres armados, y presuntos agentes en un operativo relacionado con un reporte de secuestro.
Desde el momento de su detención, su defensa legal expuso que Keren habría sido sometida a tortura física y psicológica por parte de policías federales y elementos de la policía ministerial de Tlaxcala. Incluso, denunció amenazas de desaparición de su bebé por no contar con el acta de nacimiento del infante.
Por lo que, bajo coerción, Keren firmó una declaración falsa incriminándose en el secuestro, evidenciando deficiencias e impunidad en el sistema judicial de Tlaxcala. Este caso ha puesto de manifiesto las prácticas ilegales, la falta de garantías en los procedimientos y el uso de la coerción para obtener declaraciones autoincriminatorias.
El caso de Verónica Razo, quien tras 12 años logró demostrar su inocencia, sirve de ejemplo sobre la situación de Keren. El caso de Verónica estuvo marcado por irregularidades desde su detención, la coerción para obtener confesiones, la falta de pruebas sólidas y las denuncias de tortura. Su lucha incansable y el respaldo de organismos de derechos humanos finalmente le otorgaron la absolución.
A pesar de las similitudes en sus casos, Keren aún espera por justicia. Mientras Verónica busca la reparación del daño y organismos como la Defensoría Pública Federal evalúan vías para compensarla por las violaciones sufridas.
Las asociaciones civiles «Centro Fray Julián Garcés» y el «Centro Prodh» esperan que el caso de Verónica Razo sea un parte aguas para que Keren finalmente obtenga justicia por las múltiples violaciones a sus derechos.
¿Prisión preventiva justificada o abuso del sistema legal?
La prisión preventiva, una medida cautelar empleada en el sistema judicial mexicano, ha generado debates en torno a su aplicación y duración, especialmente en casos como el de Verónica Razo.
Según el Centro de Investigación en Política Pública (IMCO), esta medida se aplica para asegurar la integridad de víctimas o testigos, así como para facilitar el desarrollo de investigaciones o la conclusión de procesos penales.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece limitantes para esta medida cautelar, incluyendo la prisión preventiva oficiosa. ¿Cuál es su límite temporal? Esta medida no puede exceder los dos años y solo puede prolongarse si el imputado ejerce su derecho a la defensa.
Pasados esos dos años sin una sentencia, el imputado será liberado, el proceso continuará y se impondrán nuevas medidas cautelares. ¿Qué delitos ameritan la prisión preventiva oficiosa? El artículo 19 de la constitución y el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen algunos de estos delitos:
- Homicidio doloso.
- Genocidio.
- Violación.
- Traición a la patria.
- Espionaje.
- Terrorismo.
- Corrupción de personas menores de 18 años o de quienes no tienen capacidad para comprender el significado del hecho.
- Contra la salud.
- Secuestro.
El Ministerio Público tiene la facultad de solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares resulten insuficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, testigos o la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado.
En ciertos casos, el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, como en situaciones de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción en delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.
El caso de Verónica Razo ha avivado el diálogo sobre la pertinencia de estas medidas, destacando la importancia de encontrar un equilibrio entre la justicia, la protección de derechos individuales y el cumplimiento de la ley en el sistema judicial mexicano.
Indemnización por error judicial en México
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en México es posible demandar al Estado por error judicial, respaldado en el artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta decisión implica que aquellos condenados en sentencia firme debido a un error judicial tienen derecho a recibir una indemnización por parte del Estado.
Sin embargo, esta posibilidad no es sencilla. El principal requisito es que el individuo haya sido condenado en sentencia firme, lo que implica haber agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios disponibles en el proceso legal. Esta condición hace prácticamente improbable que se declare un error judicial, a menos que surja información novedosa después de concluido el juicio.
Esto genera un dilema, ya que situaciones como ser declarado inocente después de varios años de proceso no se consideran error judicial según esta definición. Aunque el sistema de justicia penal en México no sea rápido, aquellos absueltos después de años tras haber sido condenados no pueden recibir indemnización a pesar de la pérdida de libertad sufrida.
Por lo que, el tiempo prolongado del proceso, la deficiencia en el trabajo de jueces y magistrados, la mala valoración de pruebas, y la violación de principios legales no se consideran automáticamente como errores judiciales. Esto deja a quienes han sufrido años de prisión injusta sin compensación, ni siquiera por el daño psicológico, las malas condiciones carcelarias o la separación familiar.
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