Tlaxcala, Tlax. ¿Qué es un juicio político y para qué funciona? El pasado 28 de marzo el Congreso del Estado presentó los expedientes de 5 casos solicitando juicio político de los cuales ninguno procedió. Luis Girón explica por qué sucede esto en Tlaxcala.
El juicio político en Tlaxcala en palabras del politólogo tlaxcalteca es un instrumento de dilatación. Y aunque los ciudadanos lo consideran una herramienta para la obtención de justicia y sanción para servidores públicos, la realidad es otra.
Proceso de un juicio político
La denuncia llega al Congreso y este lo turna a una comisión que al final desecha el caso. No se hace nada para un trámite que resulte benéfico para quien denuncia que en su mayoría son los ciudadanos o la sociedad civil.
«Hay un dicho que dice: en el Congreso ‘si quieres que no tenga solución, crea una comisión'», enuncia Girón.
El ciudadano que solicita el juicio debe aportar pruebas y la comisión legislativa encargada debe buscarlas, pero no suele proceder en Tlaxcala.
Pues a lo largo de su ejercicio profesional, Luis Girón no tiene conocimiento de ningún funcionario público llámese diputada(o), presidente municipal o gobernadora (or) sancionado por medio de un juicio político.
Por otro lado, la gobernadora Lorena Cuéllar en lo que va de su cargo lleva al menos dos solicitudes de juicio político. Destaca, el de una organización presidida por Lucrecia Ortega, vinculada al priismo local.
Logros del juicio político para armonización legislativa
Hace aproximadamente 5 años, un grupo de mujeres tlaxcaltecas exigió al Congreso del Estado la armonización legislativa con la ley federal para expedir la Ley de Acceso a la Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Es decir, luego de ser aprobada a nivel federal se solicitó armonizar la ley en todas las entidades pero en Tlaxcala el proceso se retrasó. Y sólo a través del juicio político se logró la legislación en el estado.
Y no es la primera vez que el Congreso es sancionado por omisiones o aletargar los procesos legislativos desde la federación para bajarlos a lo local. Como en el caso de la Ley de Educación en materia de educación inclusiva, sancionados por no realizar una consulta integral a personas con discapacidad para conocer sus necesidades.
Así mismo, a lo largo de la historia presidentes municipales han sido culpables de faltas administrativas y ninguno ha estado en la cárcel o sancionado. Es el caso de Antonio Mendoza Romero de Chiautempan, Filemón Acoltzi Nava, entre otros.
Sin embargo, este no proceder pasa mayormente en Tlaxcala, pues Luis Girón tiene conocimiento de que en Puebla en 2022 hubo entre 8 y 10 presidentes municipales presos. Así que el juicio político en otras entidades sí es efectivo.
Los funcionarios públicos asumen las responsabilidades por cometer faltas administrativas u otro tipo de delitos, pero en Tlaxcala no pasa de la etapa de pruebas y se convierte únicamente en un proceso burocrático.
Elisur Arteaga Nava en Algunos aspectos procesales del juicio político, de la biblioteca jurífica virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, refiere que en el ámbito federal el marco normativo secundario relacionado con el juicio político es confuso, deficiente y contradictorio.
La denuncia debe ir acompañada de elementos de prueba que permitan presumir la existencia del ilícito y la responsabilidad del acusado. Pero sólo se admiten las pruebas establecidas del Código Federal de Procedimientos Penales, supletoria de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
No muy lejos de las legislaciones locales en la misma área. Si no se cumple este requisito la denuncia suele ser desechada o desestimada por la subcomisión.
¿Cuántos juicios políticos desechados en Tlaxcala?
El 28 de marzo el congreso presentó los expedientes de 5 juicios políticos en el estado en contra de diferentes funcionarios públicos, entre ellos la gobernadora Lorena Cuéllar. Todos fueron desechados al no encontrar culpables a los acusados.
- El 10 de septiembre de 2021 y presentado el 13 del mismo mes y año, Porfirio Cortés Saucedo, Agustín Mena Manzano, Gloria Leovigila Moreno Carmona solicitaron un juicio político en contra de Leandra Xicohténcatl Muñoz, Sergio Mena García y Antonio Rodríguez, Presidenta, Secretario y Tesoreso del Ayuntamiento de Mazatecochco. El 14 de marzo de 2022 se determinó improcedente iniciar un juició y se desechó la denuncia.
- Fechado y presentado el 3 de noviembre de 2021 por Marlene Alonso Meneses, en contra de Didier Fabián López Sánchez, Maribel Rodríguez Piedras y Fernando Hernández, los 3 comisionados del Consejo General del Instituto De Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. El 24 de enero de 2022 se declaró improcedente y fue desechada la denuncia.
- El 5 de enero de 2022, José Domingo Meneses Rodríguez presentó una solicitud de juicio contra María Isabel Delfina Maldonado Textle, auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado. El 14 de marzo de 2022 se determinó improcedente y se desechó la denuncia.
- Fechada y presentada el 21 de enero de 2022 por Lucrecia Ortega e Isidro Sánchez Piedra, en representación de la Asociación Regional Liberación en Pro de los Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Políticos A. C., en contra de Lorena Cuéllar Cisneros y Sergió González Hernández, gobernadora y secretario de gobierno estatales. El 27 de abril de 2022 se determinó improcedente.
- Fechada el 2 de junio de 2022 Maria Féliz Isabel Macías Cortés junto con otras 36 personas presentaron una solicitud en contra de Juan Salvador Santos Cedillo, presidente municipal de Huamantla, así como el tesorero y secretario municipales. El 30 de noviembre de 2022 se determinó improcedente.
Todas las solicitudes fueron desechadas por la misma razón: debido a que las conductas cuestionadas no encuadrarían en algunos de los supuestos -acusados- para iniciar un juicio político. Todas fueron improcedentes y desechadas.
Es importante señalar que cualquier ciudadano puede formular una denuncia contra un servidor público ante el Congreso del Estado. Pero sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor desempeñe su empleo, cargo o comisión y dentro de un año después de concluir sus funciones.
Las sanciones se aplicarán en un plazo no mayor a un año a partir del inicio del procedimiento. El juicio político en caso de determinar responsabilidad concluye en destitución o inhabilitación.
O bien imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público desde uno hasta veinte años.
