Durante el evento en la comunidad de la Magdalena Tlaltelulco participaron personas de 13 estados del país.
Tlaxcala, Tlax. El pasado 23 y 24 de marzo de 2024, se reunieron 575 personas de 154 colectivos, organizaciones, redes y comunidades en la comunidad de la Magdalena Tlaltelulco para articularse y defender sus territorios frente a la depredación de los recursos naturales.
Durante el evento participaron personas de 13 estados del país. Escenario Tlaxcala comparte con su audiencia dos testimonios recogidos durante el reporteo en la comunidad, donde la pluralidad incluyó a personas provenientes de otros países como España, Austria o Grecia.
Mujeres otomís y su lucha política
Bonifacia Margarito es originaria de Santiago Mexquititlán, Querétaro. Pertenece a la comunidad otomí que tomó las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), renombrada como Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, ubicada sobre la Avenida México- Coyoacán, muy cerca de la Torre Mitikah y del pueblo de Xoco, en la Ciudad de México.
La Casa de los Pueblos fue ocupada el día 12 de octubre del 2020. La comunidad otomí vive en ella desde entonces.
Bonifacio Margarito dice en entrevista para Escenario Tlaxcala que la comunidad otomí de la Ciudad de México estaba dispersa. “Cada quien vivía en sus predios, por su lado. Al llegar a la Casa fue muy diferente, tanto hombres y mujeres nos involucramos en la lucha política. Nos organizamos por comisiones, donde las mujeres y los hombres le entran”.
La lucha política estaba vedada a las mujeres, por cuestiones relacionadas con el machismo, cuenta Margarito. Al llegar a la Casa, las otomís comenzaron a involucrarse más en la lucha política. Durante la Asamblea su presencia en las mesas fue constante, ya sea en la participación o en la moderación.
Su transformación política y personal ha sido notable. “Nuestros padres, los abuelos, decían que nosotras no teníamos derecho en hablar. Al llegar a la Casa, nuestros compañeros se hicieron a un lado. Ahora a ustedes les toca estar enfrente, deciden lo que tienen que hacer”.
Bonifacio menciona la lucha política es necesaria. “Sí podemos vencer, podemos ayudar a los compañeros (presos) para que salgan libres”.
Presos políticos de Cancuc, Chiapas
Mariela Vázquez es originaria de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Forma parte de las Jornadas contra la Criminalización y por la Libertad. Su participación en la Cuarta Asamblea Nacional por el Agua y la Vida se centró en la liberación de sus compañeros presos, mayas y tzeltales, detenidos en 2022.
En un principio fueron acusados de portación de estupefacientes. Al no poder sostener las acusaciones, se les montó el delito de homicidio calificado, de acuerdo con Vázquez.
“Fueron sentenciados, en primero momento, a 25 años de cárcel. Sabemos que la Fiscalía ha llevado testigos falsos. Las pruebas son inconsistentes. El procedimiento estuvo plagado de irregularidades, los jueces no acudían, se suspendían las audiencias. Mientras, los compañeros presos. Llevan casi dos años en prisión”, sentencia.
La acusación de homicidio adolece de pruebas científicas. Por ejemplo, no existe necropsia del cadáver por el cual están en prisión. Después de la sentencia de 25 años, se debió reponer el caso porque no hubo una traducción. Los presos hablan tzeltal y no tuvieron derecho a traducción.
Ahora, reiniciado el proceso, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas los acompaña. Con todo, el caso continúa impune.
Otro caso similar es el de José Díaz, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), originario del municipio oficial de Salto de Agua, Caracol Roberto Barrios. Él fue detenido de manera arbitraria, le hicieron firmar papeles en blanco y sufrió desaparición.
Se le han negado las medidas cautelares para que pueda llevar su proceso en libertad. Además, también le han cambiado en varias ocasiones la defensoría pública, con el fin de entorpecer su proceso.
Mariela participó de cerca en la mesa de militarización. Ella considera que “la situación de la represión está muy de cerca en los pueblos originarios. La situación de Saúl Rosales es un ejemplo. La fabricación de culpables, defensores de su territorio, es una constante en el país. Por ello es necesario venir a encontrar con las otras personas que defienden el territorio”.
“Es una responsabilidad de todos los que estamos en la lucha el liberar a los presos que defendían los bienes comunes, los bienes de todos. A veces creemos que la situación es local, pero debemos entender que las cuestiones ambientales tienen una repercusión más allá del territorio que habitamos”.
A un mes de concluida la Cuarta Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, pueden leerse ya las declaraciones y acuerdos aquí. Además, invitamos a la audiencia de Escenario Tlaxcala a leer nuestra cobertura en la comunidad de La Magdalena Tlaltelulco.
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