Tlaxcala, Tlax. La Ley de Educación Superior podría ser una realidad para Tlaxcala, ¿de qué trata esta legislación? Conoce los detalles respecto a la iniciativa propuesta por la diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz.
La cobertura de la educación superior en Tlaxcala hasta 2022 es del 29.5 %. Mientras que el promedio nacional se ubica en el 34.5% según la SEP.
Motivos y justificaciones
En la iniciativa de la diputada y las diferentes instituciones universitarias, retoman lo estipulado en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
«Toda persona tiene derecho a la educación. El estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior».
Sin embargo, la Constitución también dice que la educación superior se garantizará en términos de la fracción X.
Por lo que la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado, autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad.
Se proporcionarán los medios de acceso para quienes cumplan los requisitos dispuestos por las instituciones públicas.
Justificaciones bajo las que se expide la Ley General de Educación Superior
- Doctrina constitucional de derechos sociales.
- Doctrina constitucional sobre el derecho a la educación superior y la defensa constitucional de la educación superior pública en México.
- Estándar de protección del derecho a la educación superior como parte de lo indecible.
- El derecho humano a la educación superior de las personas en situación de desventaja social o especial vulnerabilidad.
Antecedentes legislativos
Entre los antecedentes, el gobierno de Manuel Ávila Camacho consideró regular este tipo de educación en 1942, a través de reformas de los artículo 3°, 31, 73 y 123 constitucionales.
Así como iniciar una ley para enseñanza universitaria con bases para unificarla en el país, estableciendo reglas de coordinación a nivel federal y estatal; y determinar condiciones para reconocer la validez de estudios universitarios, pero el mandato no se cumplió.
En 1978, se expidió la Ley para la Coordinación de la Educación Superior que fijó la bases para la distribución del subsidio federal a universidades públicas y definió el modelo de desarrollo basado en instrumentos de planeación.
Dicha ley se mantuvo vigente hasta la entrada en vigor de la Ley General. En 1980 se realizaron reformas para brindar garantías constitucionales a las universidades y otras instituciones autónomas por ley.
Es especial, la fracción VII del artículo 30 (actual) protege los preceptos de autogobierno, libertad de cátedra e investigación, independencia académica, capacidad de administración patrimonial.
Así mismo, fijó los términos de ingreso, promoción y permanencia del personal académico. Lo que limita la posibilidad de un sindicato nacional universitario para pactar términos del trabajo académico.
ANUIES
La Secretaria de Educación Pública y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), pactó en los noventa, políticas públicas basadas en instrumentos de planeación estratégica para el desarrollo institucional.
Plantearon fórmulas de evaluación aplicables en políticas, programas, instituciones y
académicos, desplegando un nuevo modelo de coordinación.
En 2013, rectores y directivos universitarios consideraron prioridad elaborar una iniciativa de ley propuesta al Congreso, con la dirección de Enrique Fernández Fassnacht, Secretario General Ejecutivo de ANUIES.
Especialistas formularon el «Proyecto de Ley para la Coordinación, Evaluación y Financiamiento de la Educación Superior». Pero de nuevo, el proyecto quedó en suspenso debido a la salida del titular.
En 2016, en el Foro sobre Legislación de la Educación Superior se concluyó que era necesaria la construcción de un marco jurídico. La ANUIES convocó a un segundo grupo de especialistas para la creación de la Ley General de Educación Superior.
A partir del 15 de mayo de 2019, la educación superior adquirió el carácter de gratuidad y obligatoriedad. Con la obligación de generar disposiciones que protejan la enseñanza superior.
La educación superior en Tlaxcala
Por ende, para homologar lo establecido en la Ley General, distintas instituciones educativas universitarias unieron esfuerzos para expedir la Ley de Educación Superior para el estado de Tlaxcala.
De acuerdo con la iniciativa de la legisladora, se escuchó a estudiantes, docentes, académicos, investigadores, especialistas, directivos y personal de apoyo. Se realizó el Foro de Análisis para la integración de la ley en la que participaron:
- Universidad Autónoma de Tlaxcala.
- Universidad Politécnica de Tlaxcala.
- Universidad Tecnológica de Tlaxcala.
- Universidad Politécnica de Tlaxcala, Región Poniente.
- El Colegio de Tlaxcala.
- Instituto Tecnológico de Apizaco.
- La Universidad Pedagógica Nacional.
- El Instituto Tecnológico del Altiplano.
- La Dirección de Educación Tecnológica.
- Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco.
- Instituciones Particulares de Educación Superior de Tlaxcala.
Así mismo, si deseas conocer los detalles de la misma Ley, podrás leerla a continuación.
Dentro del Foro se realizaron 6 mesas de trabajo con los temas:
- Derecho a la educación superior.
- El rol de la educación superior en el sistema educativo estatal.
- Competencias y responsabilidades del estado y los municipios en la impartición.
- Coordinación, evaluación y planeación.
- Financiamiento.
- Educación Superior que imparten los particulares.
Objetivos
Los principales objetivos de la legislación son:
a) Cumplir con la disposición legal que obliga a las entidades federativas a armonizar su marco jurídico en relación con la Ley General.
b) Asumir el compromiso institucional del gobierno estatal, municipal y de las instituciones universitarias para que en Tlaxcala se cumplan las disposiciones constitucionales en materia.
c) Establecer una norma que garantice el derecho a la educación superior a las y los tlaxcaltecas.
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