Federico Luis Pöhls Fuentevilla[1]
El 27 de septiembre de 2018, México firmó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como el Acuerdo de Escazú que, de acuerdo a lo publicado por el gobierno federal, “es un tratado internacional del cual México es parte y que impulsa el multilateralismo de la región latinoamericana y caribeña en el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible, el derecho a la salud y a un medio ambiente sano; protege los derechos de todas las personas al acceso a la información, a la participación y a la justicia en temas ambientales (los llamados ‘derechos de acceso’); establece medidas para facilitar su ejercicio, así como los mecanismos para garantizarlos.”
El 5 de noviembre de 2020 el Senado de la República ratificó el Acuerdo, elevando el compromiso de su cumplimiento al nivel de la Constitución nacional y comprometiendo así al Estado mexicano, en todos sus ámbitos y poderes, y en todos los territorios (estados, municipios y comunidades), a regirse en los temas ambientales “bajo los principios de igualdad y no discriminación, transparencia y rendición de cuentas, no regresión y progresividad, buena fe, preventivo, precautorio, equidad intergeneracional, máxima publicidad, soberanía permanente de los Estados y el principio pro persona (aplicación de la norma o criterio que más favorezca a la persona).”
Así, en el estado de Tlaxcala tanto el poder Ejecutivo como el Legislativo están obligados a garantizar de manera efectiva el cumplimiento de lo firmado y ratificado en el Acuerdo de Escazú en todos los proyectos que pretendan llevar a cabo y que tengan que ver con asuntos socioambientales, que incluyen necesariamente los asuntos sobre el desarrollo y la salud, velando porque se cumplan de manera cabal nuestros derechos a la información, a la participación ciudadana y a la justicia.
Ambos poderes deberían entonces garantizar, por todas las vías la máxima transparencia y la participación de la ciudadanía en todas las etapas de los procesos de diagnóstico, elaboración, aprobación, ejecución y evaluación de los proyectos que quieran o crean que deben emprender.
Por ejemplo, conforme al artículo 5, que trata sobre el acceso a la información ambiental, el gobierno de Tlaxcala debe garantizar nuestro derecho “de acceder a la información ambiental que está en su poder, bajo su control o custodia, de acuerdo con el principio de máxima publicidad.”
Y esto no se refiere sólo a lo que tenga en sus archivos, si los tuviera, sino a toda la información que va generando o tomando en cuenta para deliberar y tomar las decisiones, y para llevar adelante los proyectos en sus diversas etapas.
Pero la garantía de informarnos con máxima transparencia no se queda sólo ahí. Es decir, no se trata solamente de poner en nuestras manos la información, sino que, conforme el compromiso adquirido en Escazú y según el artículo 7 en varios de sus párrafos, el gobierno estatal y el legislativo deberían establecer también todos los mecanismos necesarios para garantizar que todas y todos podamos entender esa información y que podamos utilizarla en los espacios que ambos poderes deberán establecer para participar conforme nuestra cultura y nuestra manera de organizarnos en todas las deliberaciones y discusiones de cada etapa.
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Como ya se ha dicho varias veces en torno a la propuesta de ley de aguas, por demás equivocada, que está en revisión en varias comisiones del Congreso estatal, Tlaxcala, con un ejecutivo y un legislativo que dicen querer ser diferentes a los anteriores, podría distinguirse como un estado en el que por fin las cosas se hacen bien.
Y esto no por graciosa concesión, sino porque se hubieran decidido al menos a cumplir cabalmente con los compromisos establecidos en la Constitución y en los acuerdos internacionales.
Pero no, igual que en los periodos de gobiernos anteriores, todo indica que se empeñan en seguir actuando en contra de los intereses de la población, y sí a favor de las grandes empresas y sus capitales para que sigan instalándose en nuestro territorio con los pretextos tan gastados ya, y nunca del todo ciertos, de la creación de empleos y la mejora de las condiciones de vida de la población.
Pero en este periodo, además, se van distinguiendo por hacer más explícitos sus esfuerzos para trabajar al margen de las necesidades, la opinión y la participación de la ciudadanía.
Así, tenemos ahora la propuesta de ley de aguas, el parque lineal sobre la ribera del Zahuapan, y últimamente hasta la invención de problemas de movilidad donde no los hay con tal de favorecer una inversión privada para un trenecito que costará hasta 16 millones de dólares para el que, al igual que en otras inversiones, se garantiza primero el negocio y ya luego se irá viendo el asunto de los permisos correspondientes tanto ambientales como de uso de suelo.
Ante esto, ya muy buena parte de la ciudadanía tlaxcalteca nos estamos organizando para exigir que se cumplan nuestros derechos individuales y colectivos a la información y la participación, al menos desde los acuerdos que obligadamente deben cumplir los poderes del estado.
[1] Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C.
