Tlaxcala, Tlax. A pesar de que los derechos sexuales y reproductivos son considerados fundamentales en el ámbito de los derechos humanos, las personas con discapacidad en Tlaxcala siguen enfrentando obstáculos y estigmas significativos que afectan su acceso a éstos.
De acuerdo con información del último Censo de Población y Vivienda realizado en 2020 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en Tlaxcala viven 203 mil 625 personas con discapacidad, con limitación en la actividad cotidiana o con algún problema o condición mental, lo que representa el 15.2% de la población.
En diciembre de 2022 el Gobierno de Tlaxcala, dio a conocer que para finales de ese año, 17 mil 900 personas con discapacidad en Tlaxcala eran acreedoras a la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, la cual otorga dos mil 800 pesos bimestrales a sus derechohabientes de 0 a 64 años.
Además, Lorena Cuéllar, ha dado a conocer que en lo que va de su gobierno se ha realizado una inversión de 671 millones de pesos en programas de atención a las personas con discapacidad en Tlaxcala.
Al hacer una revisión sobre dichos programas, identificamos que se han enfocado en la donación de aparatos auditivos, sillas de ruedas, lentes y bastones; así como en la realización de talleres en diversos oficios para que las personas con algún tipo de discapacidad, puedan emplearse.
En temas de salud, se han dotado a hospitales de infraestructura necesaria para servicios de rehabilitación, sin embargo, no se ha puesto sobre la agenda, la garantía de sus derechos sexuales y reproductivos.
Personas con discapacidad en México y la ausencia a una salud sexual y reproductiva
En 2018 el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) divulgó la Cartilla de Derechos Sexuales y Reproductivos de las Personas con Discapacidad, en donde señala que los prejuicios y paradigmas en el que son etiquetados, ha impedido que este sector pueda acceder a un desarrollo en igualdad respecto a los derechos sexuales y reproductivos.
Esto debido a que a las personas con discapacidad, no se les permiten tomar decisiones sobre su cuerpo y la forma de experimentar su sexualidad, lo que conlleva a generar situaciones de violencia física, psicológica y sexual.
Ante este contexto, la cartilla realizada por INMUJERES, señala trece derechos que deben garantizarse para que las personas con discapacidad puedan acceder a una salud sexual y reproductiva:
- Derecho a una vida libre de discriminación.
- Derecho a la igualdad entre mujeres y hombres.
- Derecho a la autonomía, a la integridad y a una vida libre de violencia.
- Derecho a la libertad, autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad.
- Derecho a manifestar la identidad sexual, la expresión e identidad de género, la orientación y preferencia sexual de forma libre y autónoma.
- Derecho a la educación integral de la sexualidad en lenguas, lenguajes y con recursos acordes a las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias.
- Derecho a la información científica sobre sexualidad, en lenguas, sistemas, formato y tecnologías acordes a los requerimientos de las personas con discapacidad.
- Derecho al respeto de la intimidad y la privacidad sexual.
- Derecho al ejercicio libre, placentero e informado de la sexualidad.
- Derecho a la atención de la salud sexual y salud reproductiva acorde a los requerimientos específicos de las personas con discapacidad.
- Derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el ejercicio de la maternidad, la paternidad, la adopción y reproducción asistida.
- Derecho a establecer relaciones afectivas y sexuales, al noviazgo y a elegir su estado civil, así como la expresión pública y privada de los afectos.
- Derecho a la participación, consulta e incidencia en las políticas públicas sobre salud, sexualidad, reproducción y bienestar.
A pesar de que la cartilla realizada por INMUJERES muestre una mirada integral y con perspectiva de género sobre el camino que debe trazarse, para garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder a sus derechos sexuales y reproductivos, ésta no es del todo relacionada con la realidad que viven miles de personas con discapacidad en Tlaxcala.
Así lo señaló María José Rosales, activista por los derechos de las personas con discapacidad y colaboradora para REDefine México, quien mencionó que a pesar de que el trabajo realizado por INMUJERES en 2018 sea un gran paso para visibilizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas con alguna discapacidad, esta no llega a aterrizar sobre las vivencias de este sector. Al respecto mencionó:
«Siempre que se aborda algún tipo de política pública en torno a discapacidad casi nunca están implicadas las personas con discapacidad. Emplean un lenguaje demasiado técnico, que es difícil de comprender y sobre todo, están alejadas de la realidad que nos atraviesa a las personas que tenemos algún tipo de discapacidad».
No obstante, Rosales mencionó que hablar sobre los derechos sexuales y reproductivos es un tema complejo, debido al desconocimiento que existe sobre este tema. Por lo que señaló:
«Hablar sobre los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, es bastante complejo, sobre todo, porque no hay mucha información al respecto. No solamente dentro de nuestra comunidad como personas con discapacidad, sino porque las instituciones educativas y de salud, tampoco hablan sobre este derecho. Cuando yo empecé a hacer activismo sobre derechos sexuales y reproductivos, yo no tenía ni idea de que había una Cartilla de Derechos Sexuales específicamente para la comunidad con discapacidad».
En esa línea, mencionó que en los planes de estudios de las universidades en México que tienen la licenciatura en Educación Especial, no abordan los derechos sexuales y reproductivos.
«En los planes educativos se abordan cómo tratar a una persona con discapacidad, pero desde el estigma de que quienes tenemos una discapacidad somos niños eternos, sin concientizar sobre nuestra salud sexual y reproductiva. Si no se habla desde las instituciones educativas, ¿Cómo vamos a tener información sobre nuestros derechos?»
Asimismo, señaló que en México no existen datos oficiales que permitan dimensionar las diversas violencias sexuales que viven las personas con discapacidad. Esto pese a que el INEGI emita información sobre la percepción de la violencia en el país y los desglose por entidad.
«El INEGI brinda información sobre el número de personas con discapacidad, sin embargo, no especifica las violencias que vive específicamente este sector. Un ejemplo claro es el conteo que realiza sobre el número de embarazos, éste dato lo especifica por edad, pero no aclara si las mujeres que se embarazan tienen algún tipo de discapacidad. Aunque hay muchísimos casos así en el país. Cuando una mujer con algún tipo de discapacidad intelectual se embaraza, hablamos de que vivió una situación de abuso sexual. Y esta violencia no se nombra.»
De igual modo, María José compartió que a las mujeres con discapacidad se les administran métodos anticonceptivos, en su mayoría sin su consentimiento. Esto porque las decisiones de la mayoría de mujeres con discapacidad las toman sus padres o el sector médico, sin cuestionarles si desean o no ser madres.
«Dan por hecho que las mujeres con algún tipo de discapacidad no tienen derecho a decidir sobre su maternidad, o incluso, hay a quienes les obligan a llegar al término de un embarazo sin darles la oportunidad de decidir interrumpirlo».
La falta de empatía por parte de las instituciones y los tabúes alrededor de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, llevó a María José a realizar su propia cartilla, la cuál fue presentada el año pasado en Quintana Roo. «La Cartilla de Derechos Sexuales y Reproductivos para las Personas con Discapacidad«, además de señalar los derechos sexuales y reproductivos, señala las vivencias que ha atravesado ella como una mujer con una discapacidad motriz desde una mirada empática, para que quienes lean la cartilla, puedan entender cómo se viven estos derechos.
Personas con discapacidad en Tlaxcala también una deuda pendiente
Teresa es originaria de Ocotlán, tiene treinta años y nació con una discapacidad motriz. A lo largo de su vida ha recibido atención médica, sin embargo, nunca conoció su salud reproductiva hasta los veinticinco años.
«Mi discapacidad se llama luxación congénita de cadera izquierda, mi discapacidad está principalmente en la cadera. Entonces yo biológicamente si puedo tener hijos, pero físicamente no, pero está esta parte de la reproducción. A mí nadie me la explico hasta a penas hace 5 años. Y fue porque yo empecé a pagar a una ginecóloga para que me diera esta información».
Para Teresa, el personal de salud también es omiso sobre los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, en esa línea, señaló que alrededor de los médicos existen «tabús o limitaciones», para que las mujeres con algún tipo de discapacidad puedan disfrutar de una sexualidad plena.
Asimismo señaló que durante el gobierno de Marco Mena, ella tenía acceso a métodos anticonceptivos a través del Hospital de la Mujer, no obstante, con el cambio de gobierno, dejó de ser beneficiaria, por lo que actualmente tiene que acudir a un médico privado para que le proporcione su método.
Durante la atención médica que recibió por parte del Instituto Estatal de la Mujer, Teresa, pudo ser testigo de que los médicos no brindan una orientación integral sobre la salud sexual y reproductiva para personas con discapacidad.
«Algo de lo que me di cuenta, es que cuando te realizan el historial clínico, y mencionas que eres una persona con discapacidad, los mismo médicos no tienen interés en orientar a las personas con discapacidad sobre qué métodos utilizar de acuerdo a tus condiciones físicas, o tampoco existe un método de planificación para quienes sí desean tener hijos».
Finalmente, Teresa externó que para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad en Tlaxcala, se necesita una integración real por parte de los entes gubernamentales:
«Para garantizar los derechos de las personas con discapacidad en Tlaxcala es necesario una integración real, desde el uso del lenguaje correcto para referirse a nosotros, hasta dejar de pensar que con sillas de ruedas o bastones, las instituciones ya cumplieron con su deber. Aún queda mucho qué hacer en temas de movilidad, educación, salud y empleo, si eso se minimiza, evidentemente, los derechos sexuales y reproductivos también».
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