Tlaxcala. El pasado 8 de diciembre el Congreso del Estado aprobó la reforma a la Ley de Pensiones Civiles del Estado, la cual busca garantizar los derechos de las personas trabajadoras del Estado y extender protección social.
Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y la de Trabajo, Competitividad, Seguridad Social y Previsión Social, presididas por Ever Alejandro Campech Avelar y Gabriela Esperanza Brito Jiménez, presentaron el dictamen que avala las diversas disposiciones de esta norma jurídica.
¿Qué proponen?
Lo que buscan los legisladores locales es ampliar las facultades de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, y que reviste la naturaleza de un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonios propios.
Por lo que podrá celebrar contratos, incluyendo sociedades y convenios con instituciones públicas o privadas para otorgar las prestaciones y servicios, superiores a los previstos en la fracción VII del artículo 3 de la presente Ley.
Reforma y todo pero aquí tenemos algunos antecedentes
Pensiones Civiles del Estado tiene varios antecedentes de al menos hasta abril del presente año donde al menos 30 personas no habían obtenido pensión por una supuesta falta de recurso.
Derivado de una entrevista que Escenario Tlaxcala hizo a uno de las afectadas, pudimos conocer la situación que laceraba a personas mayores cuyo único ingreso ahora serían sus pensiones. Situación que perduró más de un año.
Nuestra fuente, acudió a PCET para los trámites de jubilación, pero debido a la pandemia no daban citas de forma presencial. Del mes de mayo hasta agosto estuvo tratando de agendar una cita.
Con el cambio de gobierno en septiembre pasado se abrieron de nuevo las oficinas. Sin embargo, al ser un proceso burocrático le solicitaron actualizar y certificar algunos de sus documentos, los cuales por la misma situación ya habían vencido. Hasta septiembre, luego de una larga espera le recibieron sus documentos.
Debido a todos los procesos burocráticos que implica la entrega-recepción, y sobre todo de partido a partido, además del cambio de directores, el proceso de hacer algún trámite resulta una odisea para cualquier ciudadano.
«Pues es que mire, yo estoy tramitando mi pensión. Ya tengo todos los documentos, pero pues no me resuelven nada. Dice ‘es que no tenemos recurso, y ahorita no se está dando trámite a las jubilaciones. Yo creo que será hasta el otro año, en enero’. Yo nuevamente voy en enero» comentó en abril la afectada.
A pesar de tener 65 años y más de 30 aportando a pensiones civiles, le pidieron que tuviera paciencia. Paciencia tras un año de intentar lograr la pensión. Los cambios burocráticos implican volver a empezar procesos administrativos una y otra vez, vueltas y vueltas para lograr un derecho por su trabajo.
Desde que comenzó a trabajar, se le descontaba la cuota respectiva de pensiones, para así poder recibir retroactivos correspondientes a la ley al momento de jubilarse.
La cantidad de la pensión depende del salario que recibía el trabajador. Y de acuerdo a los años de servicio, era porcentaje. En su caso, le deben pagar el 100 % de lo que ella ganaba. La cuota (aunque no recuerda del todo) supone era alrededor del 10%. No sólo les descontaban la cuota de pensiones sino también el impuesto sobre la renta.
Que la reforma sea a bien de todas las y los adultos mayores que han sido vulnerados por la supuesta falta de recursos, los cambios administrativos y la falta de empatía de la burocracia es algo que simplemente no queda claro.
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