Tlaxcala, un ladrido de auxilio; omisión a la ley violenta a los animales

El terrible suceso detonó el debate público y reveló la grave violación a las leyes estatales por parte de autoridades municipales y la falta de una legislación más sólida para sancionar a aquellas personas que atenten contra la vida de los animales.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAP) 7 de cada 10 hogares cuentan con una mascota en el país, es decir el 80 por ciento de los hogares. La Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies (AMMVEPE) menciona que en el país existen más de 23 millones de perros y gatos, de los cuales el 30 por ciento son de hogar y el 70 por ciento restante, lamentablemente, se encuentra en situación de calle.

Por su parte el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dio a conocer que México ocupa el tercer lugar respecto al maltrato y crueldad animal, ya que sólo el 30 por ciento de los 19.5 millones de perros que existen en el país, tienen dueño. El restante 70 por ciento que está en las calles son, o fueron víctimas de abandono y maltrato, cifra que crece un 20 por ciento al año.

Actualmente no existe un estudio que mida los niveles de maltrato a nivel estados, sin embargo, se sabe que en los últimos años en Tlaxcala se han registrado varios casos de crueldad que atentan contra la integridad de los animales de compañía provocados en gran medida por la falta de políticas públicas que concienticen sobre una tenencia responsable.

Un reglamento de tenencia responsable que violenta la ley

El 27 de mayo de 2019, la 63 Legislatura del Congreso local aprobó la creación de la Ley de Protección y Bienestar Animal para el estado de Tlaxcala, la cual cuenta con 169 artículos y cinco transitorios.

Dicha ley fue aplaudida por asociaciones protectoras de animales, quienes la calificaron de innovadora, pues reconoce a todos los animales como seres sintientes, sujetos al cuidado y protección de las personas, con el derecho a vivir y ser respetados, erradicando las capturas y sacrificios injustificados de perros y gatos en situación de calle, esto último quedando establecido en sus artículos del 38 al 54 y del 140 al 143.

Es preciso destacar que, de los cinco artículos transitorios, el tercero obliga a los municipios a crear su reglamento de tenencia responsable de mascotas, respetando cada uno de los artículos de la ley.

A tres años de su publicación, 14 de 60 municipios han aprobado en cabildo su reglamento y solo 11 han sido publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado (Calpulalpan, Contla, Huamantla, Nopalucan, Tlaxcala, Acuamanala, Axocomanitla, Muñoz de Domingo Arenas, San Pablo del Monte, Papalotla y Tetlanohcan), sin embargo, dichas comunas siguen sin garantizar la protección y el bienestar de los animales, así como la educación de la ciudadanía para generar respeto hacía ellos.

Pero ¿cómo es posible que esos ayuntamientos no garanticen el bienestar y protección de los animales si ya cuentan con su reglamento de tenencia responsable exigido por la ley?

En el caso de Calpulalpan, Axocomanitla y Muñoz de Domingo Arenas, su reglamentó fue elaborado sin asesoramiento y violenta lo que se estable en el artículo 45 y 136, permitiendo la captura injustificada de perros y gatos de la calle, y su posterior sacrificio.

En cuanto a los municipios de Contla, Huamantla, Nopalucan, Tlaxcala, Acuamanala, San Pablo del Monte, Papalotla y Tetlanohcan, la situación es más grave, pues de origen su reglamento está viciado al basarse en una propuesta planteada por personal del área de zoonosis del Módulo Canino dependiente de la Secretaría de Salud del estado (Sesa), que pese a ser recomendada por una institución oficial, violenta el artículo 45 y 136 de la ley antes referida.

El artículo 45 de la Ley de Protección y Bienestar Animal establece que “El retiro de perros y gatos de vía pública o de un domicilio procederá cuando se compruebe: la agresión sin provocación, condiciones de hacinamiento, negligencia o falta de cuidado, derivada de una denuncia pública, también procederá el retiro si se encuentran lesionados o enfermos graves, ya sea por un daño externo o interno alterando las funciones vitales de esos animales”, por lo que se deja en claro que las capturas no procederán si no se ha comprobado un riesgo para el animal o las personas.

Asimismo, el artículo 136 menciona que “El sacrificio Humanitario de cualquier animal solo estará justificado si su bienestar está comprometido por el sufrimiento que le cause un accidente, enfermedad, incapacidad física o trastornos seniles, de ser posible previo dictamen de un médico veterinario”, lo que asegura que no habrá sacrificios con el falso argumentó de controlar la sobrepoblación de gatos y perros de la calle, pues la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) comprobó que “la eutanasia no constituye por sí misma una media eficaz de control”, enfatizando que el control de las poblaciones caninas y gatunas debe realizarse sin sufrimientos innecesarios y garantizando el bienestar animal a través de políticas públicas eficaces y amigables.

En entrevista con Quadratín, Ignacio Martínez Castro, activista y enlace de comunicación del colectivo Tlaxcala Pro Bienestar Animal, reveló que, tras la aprobación de la ley, diseñaron una propuesta de reglamento “con total apego a la legalidad” de 94 artículos con la intención de presentarla a las autoridades municipales y a las autoridades de salud.

Dicha propuesta sí fue considerada por el titular de zoonosis del Módulo Canino, Pablo Mauricio Cruz Sánchez, sin embargo, comentó que dicho funcionario se apropió del documento, lo modificó y lo redujo a 61 artículos adaptados para conveniencia de su personal y justificar así el actuar de la dependencia que sigue vulnerando el bienestar animal violentando los que se establece en los artículos 45 y 136.

“Él (titular de zoonosis) no pone que nuestro colectivo hizo el reglamento, porque fuimos los primeros en hacerlo, pone que lo hizo él y protectores independientes. Él modifica cosas de nuestra propuesta, artículos que no les convienen a ellos; de entrada, violentan el artículo 45”, declaró.

¿Cómo es que el formato de Módulo Canino violenta el artículo 45 de la ley? El artículo 45 de la Ley de Protección y Bienestar Animal es violentado en el artículo 27 del reglamento propuesto por el Módulo Canino que aprobaron 8 municipios y que ya lo tienen publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado al establecer que “La captura de animales en la vía pública se realizará previa denuncia ciudadana, de presidencias auxiliares, delegados, escuelas, grupos de colonos y dependencias públicas y privadas ante la dirección de Coordinación de Servicios Municipales; podrá realizarse cuando estos se encuentren bajo las siguientes circunstancias: 1. Los perros que sin propietario, tutor o poseedor transiten libremente en la vía pública sin correa de sujeción…”, es decir, se abre paso a la captura de cualquier perro o gato que, por el simple hecho de estar en la calle, aunque no represente un riesgo para la salud humana o dé señas de ser violento, será trasladado al Modulo Canino.

Y el 136 ¿cómo lo violentan? Al no explicar qué harán con los animales que fueron capturados en la calle al no contar con una correa, tutor o poseedor; pues de acuerdo con el activista Martínez Castro, dicha dependencia no cuenta con la capacidad de albergar por mucho tiempo a los animales, por lo que su trágico destino es el sacrificio.

Martínez Castro, expuso que la razón por la que el Módulo Canino no se apega a lo establecido en la ley es debido a que sus objetivos y visión de trabajo priorizan acciones sanitarias en pro de la salud de seres humanos y no de la protección y bienestar de los animales, pues aseguran que la captura y el sacrificio de estos es la solución a la sobrepoblación y al control de enfermedades zoonóticas, pese a que la OIE ha dejado en claro que dicha acción no es acertada.

En pocas palabras, el reglamento del Módulo Canino atenta contra la Ley de Protección y Bienestar Animal y, en consecuencia, al ser propuesto para que los municipios lo calquen y lo aprueben, se genera la violación múltiple a la legislación en la materia.

Distintas organizaciones civiles dan cuenta que el Módulo Canino prefiere realizar su trabajo “por la libre” y no acatar la regulación legal a la que está sujeta su operatividad.

Pero un reglamento viciado no es la única forma en la que se pueden vulnerar los pocos derechos para vivir en un estado de bienestar que hasta el momento han adquirido los animales de compañía.

Municipios incumplen con lo establecido en la ley

De enero a marzo de este año, Quadratín documentó 6 casos que atentaron contra el bienestar de los animales en los municipios de Coaxomulco, La Magdalena Tlatelulco, Huamantla, Amaxac de Guerrero, Tepetitla de Lardizábal y Chiautempan a consecuencia de la omisión de la autoridad municipal por no cumplir con lo que establece la ley y crear un reglamentó de tenencia responsable que se apegue a lo legislado sin atentar contra la integridad y bienestar de los animales.

En la última semana de enero, el ayuntamiento de Coaxomulco, encabezado por el alcalde panista, Miguel Ángel Neria Carreño, anunció que el 31 de enero se llevaría a cabo, en conjunto con el Módulo Canino, la captura de perros y gatos en situación de calle.

Cabe destacar que la comuna antes referida no cuenta con un reglamento de tenencia responsable, por lo que, con dicha acción, violentó lo exigido por la ley y lo establecido en su artículo 45.

Las consecuencias de no aprobar un reglamento de tenencia responsable de mascotas ya son visibles en dicho municipio y cada día se agravan.

Jesús Rivera Manoatl es un ciudadano de Coaxomulco, quien, tras ser testigo de la crueldad humana, decidió abandonar el libertinaje que representa la juventud y optó por dedicarse de tiempo completo a rescatar animales abandonados, maltratados y en situación vulnerable; su especialidad, brindar atención a perritas embarazadas o con sus cachorros.

Actualmente, Jesús Rivera de 26 años, es el responsable de uno de los albergues más reconocidos a nivel estado, el cual lleva por nombre Fundación Orejitas de Gala.

Dicho albergue con una población de 140 perros rescatados que posterior a su rehabilitación son puestos en adopción, opera sin fines de lucro y sin ningún apoyo gubernamental más que las donaciones voluntarias de alimentos, medicamentos y dinero que realiza la ciudadanía.

En entrevista para Quadratín, Jesús Rivera comentó que su labor de rescatista no ha sido nada fácil, reconociendo que, mientras no se concientice sobre la responsabilidad que significa tener una mascota, a través del reglamento que pide la ley, el maltrato animal se convertirá en una grave crisis.

“Sin el apoyo y la omisión de las autoridades esto se convierte en un tema muy complicado. Yo no sé por qué hacen caso omiso si el maltrato ya es un tema muy grande, es un tema muy complicado por el número de animales que ya hay en la calle…cerca del albergue vienen a abandonar a perritos recién nacidos o con alguna enfermedad, el problema crece a consecuencia de la irresponsabilidad”, declaró.

Reveló que a su teléfono celular llegan alrededor de 600 mensajes a la semana de ciudadanos de su municipio que le piden su ayuda para rescatar animales en situación de calle, incluso mencionó, que ha recibido mensajes de personas de otros municipios con la misma petición, lo que es una clara muestra de la grave situación que se vive en el estado generada por la omisión y violación a la Ley de Bienestar y Protección Animal.

“Yo no puedo hacer tanto por tantos, hago mi trabajo por el bienestar de los animalitos, pero yo solo, es difícil. Necesitamos el apoyo de las autoridades para que emprendan políticas públicas eficientes, pero no lo hacen, hacen caso omiso, si contáramos con el apoyo de los municipios, con campañas de esterilización y concientización sería muy distinto”, expuso.

En Amaxac de Guerrero, otro municipio sin reglamento, la administración de la morenista Nancy Cortés Vázquez, emprendió el 17 de febrero una campaña de captura injustificada de animales.

En dicha campaña, el municipio usó como sustento la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-011-SSA2-2011, para la prevención y control de la rabia en perros y gatos.

Si bien la norma es vigente, el municipio contravino a lo que mandata la ley en el estado, pues la captura no se enfocó específicamente en animales con rabia o sospechosos de ser portadores del virus, sino que fue para todo perro y gato en situación de calle sin importar que estos no representaran un peligro para la salud humana.

Muestra de ello la advertencia que el ayuntamiento colocó en el anuncio de tan reprobable campaña.

“Es importante que las personas mantengan a sus mascotas en lugares adecuados y en las condiciones correctas, ya que se estará realizando con frecuencia esta campaña con la finalidad de que las personas se responsabilicen del cuidado de las mascotas”.

La gran interrogante para el caso de Amaxac es ¿cómo se van a hacer responsables los dueños si la autoridad municipal no hace el esfuerzo de aprobar su reglamento apegado a la ley y emprender con ello, políticas públicas enfocadas a la tenencia responsable de animales de compañía?

En el municipio de Chiautempan (sin reglamento), gobernado por el morenista Gustavo Jiménez Romero, ciudadanos hicieron la solicitud al Modulo Canino para que procediera a “levantar” a los perros en situación de calle que frecuentan el parque Hidalgo, lo que demuestra la irresponsabilidad que se ha generado en la sociedad ante la falta de políticas que concienticen sobre el respeto a los animales tal cual lo establece la ley.

El 5 de marzo, la administración de Tlaxco (sin reglamento), gobernado por el perredista Armando Flores López, llevó a cabo una campaña de adopción de mascotas, sin embargo, los canes que serían presentados fueron capturados de forma violenta por personal del ayuntamiento.

La captura violentó los artículos 45, 49 y 52 de la ley, ya que provocó estrés en los animales y no se apegó al protocolo de adopción.

Los municipios de Tepetitla de Lardizábal y La Magdalena Tlatelulco, encabezados por los alcaldes Alan Alvarado Islas (Morena) y Marco Antonio Pluma Meléndez (PVEM) llegaron al mayor de los descaros, pues pese a violentar la ley al no contar con un reglamento, aprovecharon los vacíos legales y emprendieron campañas de donación de mascotas al Módulo Canino para que estas sean sacrificadas. En La Magdalena Tlatelulco la campaña inició el 9 de febrero y en Tepetitla el 14 de marzo.

El activista Martínez Castro explicó que la acción de ambos municipios fomenta la irresponsabilidad, pues “los dueños, al ya no ver bonito al perro o al gato, lo entregan para ser sacrificado y al poco rato esos dueños irresponsables vuelven a comprar a un cachorrito que posiblemente tenga el mismo destino cuando crezca”.

En Tepetitla de Lardizábal, fueron más cínicos, pues en el anuncio de la campaña reconocieron que la captura de animales estaba prohibida por la ley, por la que aplicaron dicha estrategia como medida alternativa.

El caso de Huamantla es el más representativo por lo que significó para la autoridad municipal, y es que al momento de registrase el envenenamiento masivo de perritos en situación de calle, el reglamento (propuesta del Módulo Canino) aprobado por el ayuntamiento encabezado por Salvador Santos Cedillo (PVEM) en sesión de cabildo con fecha del 15 de enero de 2022, no había sido publicado por el Periódico Oficial del Gobierno del Estado ya que este fue publicado hasta el 23 de febrero.

El cruel acto contra los canes se registró el 31 de enero, por lo que, en esa fecha, aún no existía un marco legal que concientizara a la ciudadanía sobre el respeto hacia los animales.

De acuerdo con diversas organizaciones protectoras en el estado, el envenenamiento de los canes pudo haberse prevenido a través de la concientización si tan solo el ayuntamiento de Huamantla, desde la pasada administración, hubiera cumplido con lo que exige la ley en tiempo y forma.

Desde la publicación de su reglamento, el munícipe Santos Cedillo ha celebrado diversas reuniones con organizaciones protectora de la región, así como también la puesta en marcha de campañas de adopción y de esterilización como medida eficaz para evitar la sobrepoblación.

Pero ¿qué pasará con el caso de los perros envenenados? Días después de lo ocurrido, el 2 de febrero, el alcalde declaró ante los medios de comunicación que su administración no tenía registro de ninguna denuncia por el lamentable hecho, por lo que no podía actuar en consecuencia.

“Le pedimos a la ciudadanía que denuncie, yo les puedo decir que no tengo ninguna denuncia que haya llegado al ayuntamiento, yo tengo conocimiento de lo que se ha dado a conocer en redes sociales…No es algo que mi administración hizo, yo lamento mucho esto, me sumo a la condena del acto, pero si les pido que se acerquen a las instancias pertinentes para levantar la denuncia y nosotros podamos continuar con este caso”, expresó el edil.

Tales declaraciones fueron la advertencia de que el cruel acto quedaría impune por dos razones; la primera, a consecuencia de la irresponsabilidad del municipio al no crear, a los 180 días de haberse publicado la Ley de Protección y Bienestar Animal en el Periódico Oficial del Estado, su reglamento de tenencia responsable de mascotas, y la segunda, porque en Tlaxcala lamentablemente aún no se cuenta con un marco jurídico que sancione penalmente los actos de violencia contra los animales.