Tlaxcala, Tlax. Desde el 28 de noviembre de 2022 que se dio a conocer el Proyecto Integral del Corredor Urbano sobre el Primer Tramo del Río Zahuapan, vecinos de la ribereña han manifestado su disgusto. Sin embargo, la obra continúo su construcción en marzo 2023.
El pasado 3 de julio, de nueva cuenta los vecinos denunciaron que el gobierno estatal a través de la Secretaría de Infraestructura, incumplió la promesa de que durante las obras del Corredor Urbano no se derribarían árboles.
La expectativa del proyecto es construir una terraza, instalar estructuras voladas sobre el río y colocar un espacio de paisajismo que incluirá una zona de recreación. Todo con una inversión de alrededor de 146 millones 245 mil 318 pesos.
Al realizar una solicitud de transparencia sobre un análisis de factibilidad financiera del proyecto, la Secretaría de Finanzas de Tlaxcala refirió no ser competente para contar con el mismo. Mientras que Infraestructura y Movilidad y Transporte no han respondido.
¿Quién construye el Corredor Urbano?
La empresa encargada de la edificación del Corredor Urbano sobre el Zahuapan es ASCH S. A. de C. V., presente en México desde 2006. En su sitio web puede apreciarse un certificado que acredita sus funciones, aunque con nombre Assignia Infraestructuras de México.
Dicho certificado, caducó en 2021. Te lo compartimos a continuación.
La empresa encargada de su registro, fue NEMT Register. El certificado de ASCH se otorgó el 26 de abril de 2018 y caducó el 25 de abril de 2021. No se encuentra ningún otro certificado actualizado.
Dependencias estatales responden sobre la construcción del Corredor Urbano
Por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, se solicitó a distintas dependencias estatales los parámetros, estudios y análisis necesarios para aprobar la construcción del Corredor Urbano sobre el Zahuapan.
Las instituciones fueron la Secretaría de Finanzas, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Movilidad y Transporte. Y a dependencias federales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).
Hasta el momento, sólo han respondido la Secretaría de Medio Ambiente, y Finanzas. La primera respondió a la pregunta: «¿Cuántos árboles han sido derribados para la construcción del Corredor Urbano […]?».
Donde señala que de acuerdo al artículo 4, se autorizará el derribo o poda de árboles y/o arbustos mediante solicitud dirigida a la Comisión de cada municipio cuando se presenten las siguientes situaciones:
- Se afecte la infraestructura urbana de guarniciones y banquetas; casas habitación; conductos de agua o drenaje; líneas eléctricas o telefónicas y/o cuando amenacen la integridad de las personas.
- Cuando impidan u obstruyan el desarrollo urbano, como la construcción de edificaciones, calles y drenajes, esto con unaprevia evaluación de impacto ambiental.
- Exista daño fitosanitario severo. Árboles muertos o con intensos daños fitosanitarios causados por parásitos como el muérdago, hongos, descortezador, etc.
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Con respecto al punto 2, la misma Secretaría de Medio Ambiente debería contar con el dictamen -evaluación o análisis- de impacto ambiental. No obstante, las respuestas a tales solicitudes aún no se concretan.
Secretaría de Finanzas
Por otro lado, la Secretaría de Finanzas respondió que hasta el 13 de julio no recibió ningún documento que pueda considerarse bajo los conceptos que manifestaban las solicitudes sobre:
- El análisis de bienestar social.
- Propuestas de alternativas técnicas de solución -distintas al Corredor Urbano-.
- Modelo jurídico.
- Análisis costo-beneficio.
- Estudio y/o análisis de factibilidad financiera.
Siendo estos dos últimos temas que le competen a la institución. Sin embargo, su argumento fue que debido a que la Secretaría no contempla en sus facultades realizar obra pública y/o de desarrollo urbano, no está en la obligación de contar con los informes que se le solicitaron.
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