«El recorrido nos pareció importante por el peso que tienen los albergues para migrantes, nos parecen fundamentales. Los albergues están haciendo una labor de salvar vidas y, además de salvar vidas, de contener lo que el Estado ha dejado de contener, eso ya nos pone una nota roja en términos de que tenemos que recuperar el Estado, tenemos que proteger a las personas que están migrando», dijo en entrevista Carlos Cruz al finalizar el foro.
Hasta ahora el equipo de transición ha realizado 10 foros enfocados en temas de atención a migrantes y personas privadas de la libertad; faltan alrededor de 11 encuentros nacionales. Así mismo, se han realizado siete con víctimas y se han sumado dos foros con especialistas en drogas y el sistema policial.
Carlos Cruz comenta que el objetivo es sistematizar las propuestas recabadas para enmarcarlas en los tratados internacionales, con el objetivo de fortalecer la política pública en migración con perspectiva de derechos humanos, en un contexto de violencia y crimen organizado.
«El dialogo tiene que entrar en una convencionalidad, la convencionalidad tiene que estar en términos de derechos humanos y la Convención de Palermo sobre la lucha contra el crimen organizado; por ultimo, que pueda incluir políticas públicas que se puedan sumar en el Plan Nacional de Desarrollo. Esto nos llevará a una arista de construir el andamiaje para un proceso de justicia transicional», agregó Cruz.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos detectaron además que México no cuenta con un sistema de migración capacitado para salvaguardar los derechos.
Sobre este último punto, el coordinador puntualizó: «Encontramos que muchos de los que están siendo deportados están perdiendo todo, y que las instituciones del estado Mexicano no están preparadas para empezar a recibirlos y que necesitamos entonces generar una articulación para la recepción y que tiene que ver con derechos fundamentales, como el derecho a la educación, la vivienda o al trabajo por el tema de los documentos oficiales».
En los ocho años del albergue La Sagrada Familia se han registrado 30 ataques con arma de fuego a migrantes; los que llegan de Chiapas y Veracruz han dejado testimonio sobre la violencia institucional, del acoso de las policías estatales y municipales, de la desaparición forzada y los delitos cometidos por el crimen organizado.
«Nos vamos profundamente impresionados en términos del nivel de daño patrimonial, el nivel de daño físico y daño emocional que presentan muchos de los migrantes por el impacto que ha generado la violencia en contra de ellos en territorio nacional, es un daño que tiene que reparar el estado mexicano», dijo Carlos Cruz.
Por último, los defensores de derechos humanos y el equipo que coordina los diálogos analizaron el tipo de articulación posterior con el gobierno federales para fortalecer los procesos de paz «no solamente es el proceso de diálogo sino es el proceso de seguimiento y verificación de los acuerdos», concluyeron.
