Tlaxcala, Tlax.- Durante la sesión del Congreso del Estado del 4 de diciembre, las diputadas Laura Yamili, Gabriela Hernández Islas, Blanca Águila y Sandra Águilar presentaron diversas iniciativas relacionadas con derechos laborales, sexualidad, género y derechos de las infancias.
Una de las propuestas centrales fue la presentada por la diputada Gabriela Hernández Islas, quien expuso la iniciativa de reforma integral para impulsar la inclusión laboral de personas transgénero y no binarias en los sectores público y privado de Tlaxcala.
La propuesta plantea que todas las dependencias estatales, ayuntamientos, organismos autónomos, la Fiscalía y los institutos electorales garanticen que al menos el 3% de su plantilla laboral esté integrada por personas de estas poblaciones históricamente vulneradas.
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📅 04 de diciembre de 2025 pic.twitter.com/ejM0DUyfme— Congreso del Estado de Tlaxcala (@CongresoTlx) December 4, 2025
Incluye también un incentivo fiscal del 100% en el pago del impuesto sobre nómina para empleadores privados que contraten a personas trans, con el objetivo de abrir oportunidades reales de inserción laboral.
La exposición de motivos presenta cifras que describen una situación urgente:
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48.8% de las personas de la diversidad sexual y de género vivió discriminación en los últimos 12 meses.
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41.8% sufrió discriminación por su forma de vestir o expresión de género.
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46.4% de la población percibe poco o nulo respeto hacia las personas trans.
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33.4% no rentaría una vivienda a una persona trans.
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50.3% de las personas trans ha visto vulnerado al menos un derecho fundamental.
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28.1% de la población diversa reporta trato laboral desigual, burlas o comentarios ofensivos.
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59% de mujeres trans y 55.4% de hombres trans han presenciado actos de discriminación hacia compañeros por identidad o expresión de género.
Hernández Islas señaló que estas cifras evidencian la violencia estructural, precariedad económica y barreras de acceso al empleo formal.
Por su parte, la diputada Laura Yamili Hernández llamó al Congreso a cumplir con su responsabilidad constitucional y armonizar la legislación local luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que penalizar el aborto es inconstitucional y que las mujeres deben poder interrumpir un embarazo sin obstáculos legales.
En su posicionamiento, afirmó que la resolución de la Corte “corrige una omisión histórica”, al evidenciar que Tlaxcala llegó tarde por falta de voluntad política.
“No basta con celebrar la decisión de la Corte: Tlaxcala llega tarde, y llegamos tarde por omisión”, declaró.
Señaló que durante años se evitó legislar por miedo, prejuicios o conveniencia política. Recordó que la sentencia del máximo tribunal respalda una demanda de años de colectivas feministas y organizaciones sociales: derogar artículos del Código Penal que criminalizan a las mujeres y eliminar disposiciones de la Ley de Salud que exigían autorización del Ministerio Público para acceder a la interrupción del embarazo.
“No estamos aquí para imponer visiones morales. Estamos aquí para garantizar justicia, libertad y dignidad”.
En otro punto, la diputada Sandra Aguilar Vega advirtió que dos grupos poblacionales adultos mayores y personas en etapa laboral activa enfrentan problemas emocionales que no están siendo atendidos por el sistema de salud.
Explicó que, mientras aumenta el número de personas mayores de 60 años, también crecen los casos de ansiedad, depresión y padecimientos que deterioran la calidad de vida cuando no son tratados.
Recordó que más del 16% de los suicidios a nivel mundial ocurre en personas mayores de 70 años, lo que evidencia la dimensión del problema. Señaló que el aislamiento social, la pérdida de independencia, enfermedades crónicas y la estigmatización del envejecimiento contribuyen a que muchos adultos mayores vivan estas crisis en silencio.
Finalmente, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad un exhorto propuesto por la diputada Blanca Águila Lima para que los 60 ayuntamientos de Tlaxcala cumplan con la Ley de Salud Mental y del Comportamiento Adictivo.
La medida busca que los municipios instalen sus Consejos Municipales de Salud Mental y Comportamiento Adictivo y emitan los reglamentos necesarios para su operatividad.
La diputada señaló que estos órganos son fundamentales para fortalecer la atención, prevención y seguimiento de factores de riesgo relacionados con salud mental y adicciones, especialmente ante el incremento de ansiedad, depresión y consumo de alcohol en la entidad. También advirtió que estas problemáticas suelen aumentar durante las fiestas de fin de año, incluso entre menores de edad.
Las comisiones legislativas consideraron relevante la propuesta y respaldaron el exhorto, con el objetivo de mejorar la coordinación municipal en estrategias, políticas y programas en la materia.
