Federico Luis Pöhls Fuentevilla[1]
El martes 14 de febrero, en la novena sesión ordinaria del Congreso del estado de Tlaxcala, la diputada Marcela González Castillo presentó brevemente y entregó la propuesta con proyecto de decreto de Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tlaxcala.
Esta propuesta, de acuerdo a como se lee el texto entregado y publicado en las iniciativas, pareciera que no es tan burda en su afán privatizador como la que se estaba trabajando en septiembre del año pasado y que ya referimos entonces en este mismo espacio.
Sin embargo, de la presentación que hizo la diputada Marcela y de la lectura de la exposición de motivos en el texto, hay un asunto que llama la atención y que resulta muy preocupante.
La diputada dijo que esta propuesta “es parte del Plan Estatal de Desarrollo 2021 – 2027, porque —dice— busca impulsar el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente.”
Esto podría significar que se trata de una ley a modo, acordada entre el ejecutivo y su brazo legislativo, de manera que se establezcan las bases para favorecer el modelo que el mismo gobierno está impulsando, y que equivocadamente dice que es una política de “impulsar el desarrollo sostenible y de respeto al medio ambiente”.
Es decir, ya para todas y todos es sabido que el gobierno actual sigue a pie juntillas el mismo modelo económico y las mismas formas de concretarlo que los gobiernos anteriores, a saber, la atracción de más y más industrias, facilitándoles todo de manera que se amarre primero la inversión en el territorio y se vea luego cómo se arregla el asunto de los permisos.
Y ahora con un agravante, que se fomenta y se invita también a grandes empresas inmobiliarias para que vengan a construir fraccionamientos y edificios, sean de interés social o con residencias elegantes y caras, sin que en verdad se vea algún interés en el desarrollo sostenible y mucho menos en el respeto al medio ambiente.
Y esto se combina, tristemente, con el afán gubernamental de priorizar el cambio de imagen del estado ante actores externos en lugar de buscar las soluciones de fondo a los problemas tan graves que vivimos en Tlaxcala.
En ese sentido, y términos de agua y medio ambiente, tenemos presentes dos tipos de inversión que se han anunciado, uno el año pasado y otro este año:
- El primero, el asunto del hermoseamiento del tramo del cauce del río Zahuapan en la ciudad de Tlaxcala con un gasto autorizado de más de cien millones de pesos.
- Y el segundo, la inversión estatal para la restauración y activación de plantas de tratamiento anunciada hace unos días, con un gasto muy pequeño en comparación con el otro, de sólo cuatro millones de pesos, a sabiendas de que la mayoría de las plantas que se han construido en Tlaxcala no son adecuadas para eliminar los contaminantes industriales que se han encontrado en las aguas residuales.
Si damos seguimiento al discurso y a la actuación gubernamental, ambas inversiones son coherentes no con el respeto al medio ambiente y el desarrollo sostenible, sino con la misma tendencia urbanizadora e industrializadora a costa de lo que sea, hasta de la salud de las personas en las comunidades.
Otro asunto que preocupa, y mucho, es la forma en que en la exposición de motivos se hace referencia al derecho humano al agua y al saneamiento, tanto en la referencia a las disposiciones constitucionales como en algunos párrafos posteriores.
En las primeras, se alude al artículo cuarto constitucional cuando afirma que “el Estado garantizará este derecho, y la ley definirá́ las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”
Desde aquí no cabe otra interpretación que la de la extensión de esa obligación al Estado de Tlaxcala de garantizar el derecho humano al agua para toda la población y, al mismo tiempo, la obligación adquirida también de que ese acceso se dé “en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.”
Sin embargo, algunas páginas más adelante, cuando se retoma el asunto del acceso al agua como “un derecho humano indispensable para la vida digna”, el texto dice que, “En el caso de la Iniciativa que se presenta, se trata de regular el derecho humano al agua, haciéndolo compatible con la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento para el Estado.”
De esta manera se tuerce totalmente el sentido de la obligación de garantizar el derecho humano al agua pretendiendo imponerle una reglamentación que lo acote.
Es decir que, en lugar de que la propuesta de ley anuncie que reglamentará la acción del ejecutivo de manera que no se desvíe en su obligación de garantizar el derecho humano al agua, se anuncia lo contrario: que más bien se someterá el ejercicio de nuestro derecho “haciéndolo compatible con los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento para el estado.”
Así, tan solo desde la presentación que hizo la diputada Marcela ayer, y desde la lectura de la exposición de motivos, podemos darnos cuenta de que, muy probablemente, la ley que se propone es, otra vez, un intento de pasar por encima de los derechos humanos individuales y colectivos de la población del estado para someterlos a los intereses de las industrias, como se ha venido haciendo desde hace años, sumando ahora los de las empresas constructoras de fraccionamientos y edificios.
[1] Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local. A.C.
Conoce a la comunidad con membresía Escenario Tlaxcala que nos permite seguir haciendo periodismo independiente dando clic aquí
