Tlaxcala, Tlax. Este miércoles, el Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local, llevó a cabo su 17 informe de actividades, donde la directora, Alejandra Méndez Serrano, indicó que, pese a las recomendaciones en materia de trata de personas y del saneamiento del rio Zahuapan, el gobierno que preside Marco Antonio Mena Rodríguez, continúa en pasividad.
La activista señaló que en Tlaxcala, la trata de personas es un delito que prevalece en 40 municipios, como lo dictara el diagnóstico elaborado en 2017; así como 41 personas han sido detenidas de 2011 a 2018 según información de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en municipios como Tetlanohcan, Tlaxcala, Tetla, Zacatelco, Chiautempan, Acuamanala, Apetatitlán y San Pablo del Monte, Mazatecochco, Papalotla, Teolocholco y Tepeyanco.
Por parte del Tribunal Superior de Justicia, solo se han concretado 14 sentencias condenatorias.
Así como 156 denuncias de mujeres víctimas de trata en este mismo periodo, provenientes de municipios como: Tenancingo, Tepeyanco, Huactingo, Quilehtla, Papalotla, Apizaco, Mazatecochco, Yauhquemehcan, Chiautempan, Ayometla, Contla, Zacatelco, Acuamanala, Teolocholco, Tetlanohcan y San Pablo del Monte.
De las víctimas, 10 eran menores de edad, 144 mayores de edad y 26 fueron canalizadas al refugio, es decir solo el 17% de las víctimas, mientras que del resto se desconoce la situación en que viven.
Méndez Serrano, opinó que el congreso del estado no ha servido para generar un equilibrio de poderes, ni para avanzar en una lógica diferente ante los problemas que enfrenta el estado: “Han demostrado desconocimiento de las obligaciones que tienen”, subrayó.
Asimismo, indicó que el ambiente político actual es de “confusiones”, ya que, por un lado existe esperanza social de que la política de estado cambie, empero desde el gobierno federal se han confirmado que algunas problemáticas no serán prioridad.
“Nos preocupa la forma en cómo el gobierno del estado aprobó el programa estatal para prevenir, sancionar y erradicar los delitos de trata de personas, pues presenta serias deficiencias en su forma y contenido (…) Nos preocupa la pasividad del gobierno estatal”, declaró Méndez Serrano.
En este sentido solicitó que el gobierno local, por medio de la Secretaría de Educación Pública en el Estado, implemente en escuelas secundarias un programa educativo para la prevención de la violencia hacia las mujeres y la trata con fines sexuales, que lleve a verdaderos cambios en la forma de relacionarnos entre hombres y mujeres.
Acompañados por el obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino, quien llamó a la unidad de ciudadanos así como condenó los casos de violencia, trata de personas y demás situaciones que vulneran los derechos humanos y la vida en sociedad.
Para el tema del rescate de la cuenca del rio Atoyac-Zahuapan el CFJG solicitó al gobierno local asuma su responsabilidad por la catástrofe ambiental y de salud que ha generado la contaminación pues, desde la recomendación recibida por las autoridades hace más de dos años, señalaron que esta no ha sido cumplida.
“Nos preocupa saber que la crisis ambiental y de salud en la cuenca se agravará si el estado no se obliga a cumplir con su deber constitucional del ejercicio pleno de los derechos humanos en el país, si los gobiernos federal y estatal siguen protegiendo a las grandes empresas por medio de la des-regulación ambiental y hasta la omisión en el cumplimiento de sus obligaciones regulatorias y la promoción del desarrollo industrial de manera indiscriminada, las personas seguirán muriendo de enfermedades que se pueden prevenir y evitar”, puntualizó.
