Por atentar contra derechos fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a la información, la buena administración pública, el derecho al trabajo, la seguridad jurídica y el acceso a la justicia, el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública (POPLab), junto con el Proyecto Justicia Común A.C. (Projuc), promovieron una demanda de amparo indirecto contra las reformas a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El pasado 15 de mayo, el Juzgado Séptimo de Distrito en Guanajuato admitió a trámite la demanda en contra del Senado de la República, la Cámara de Diputados y la presidenta constitucional Claudia Sheinbaum Pardo.
El derecho a la información, en riesgo
Para POPLab, el derecho a la información es un derecho humano fundamental que garantiza el acceso ciudadano a datos y documentos en poder de autoridades y sujetos obligados. La reciente desaparición de los órganos garantes y las reformas legales amenazan este derecho, al dejar la decisión de entregar información en manos del mismo sujeto obligado, eliminando mecanismos imparciales de revisión.
Esto no solo dificultará la transparencia, sino que incrementará la judicialización del acceso a la información, favoreciendo únicamente a quienes pueden costear litigios. La ciudadanía común queda en desventaja frente al poder político, debilitando los pilares democráticos de participación y rendición de cuentas.
De la transparencia a la discrecionalidad
Con estas modificaciones, el acceso a la información deja de ser un derecho garantizado para convertirse en una facultad discrecional del Estado. En lugar de fortalecer la apertura gubernamental, se consolida un modelo donde las autoridades deciden unilateralmente qué datos se hacen públicos y cuáles permanecen ocultos.
Lejos de fomentar una cultura de transparencia, estas medidas consolidan un entorno opaco y restrictivo que limita la capacidad ciudadana de incidir en la vida pública.
Nuevas disposiciones violatorias e inconstitucionales
Para POPLab y Projuc, las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2025 son claramente inconstitucionales y violatorias de derechos humanos. Entre sus puntos más alarmantes se encuentran:
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Causales de reserva ambiguas y automáticas, como “comprometer la paz social” o “suponer un riesgo para su realización”, que permiten negar información sin evaluación individualizada ni prueba de daño.
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Condicionar la publicación de hechos de corrupción a su acreditación previa, lo que obstaculiza la prevención y detección temprana de estos actos.
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Confidencialidad sobre procedimientos en trámite, lo que favorece la impunidad y va contra el principio de buena administración.
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Suspensión injustificada de procedimientos por 90 días durante la transición de la Plataforma Nacional de Transparencia a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Derechos vulnerados por la nueva ley
En la demanda de amparo, POPLab y Projuc identifican múltiples violaciones a derechos humanos:
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Libertad de expresión: La ampliación de causales para clasificar
Por: POPLab/POPLab
