Tlaxcala, Tlax. El Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de Educación, de Salud y de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para establecer como obligatoria la educación sexual científica en la educación básica, a fin de reducir los índices de embarazo adolescente y enfermedades de transmisión sexual.
Además, las enmiendas introducen el derecho a la interrupción legal del embarazo de niñas y adolescentes por violación y de acuerdo a la Norma 046, así como el derecho de niños, niñas y adolescentes de acceder gratuitamente a métodos anticonceptivos de emergencia y medicamentos retrovirales.
En sesión ordinaria de este martes, el pleno validó en lo general y particular el dictamen presentado por las comisiones de Educación, la de Puntos Constitucionales, la de Salud y la de Derechos Humanos, quienes analizaron la iniciativa de la diputada Sandra Corona Padilla presentada en sesiones pasadas.
De acuerdo con el dictamen, se reformó el artículo 8 y 79 de la Ley de Educación para establecer como obligación de la SEPE la de “promover que en la educación básica se imparta educación sexual integral y continua, con contenido adecuado a la edad de los educandos” y se “contemple en los contenidos de los planes y programas de estudio inherentes”.
La adición del artículo 107 BIS de la Ley de Salud refiere que el personal de las instituciones de salud y educación de nivel básico, “deberán ser capacitado para poder impartir una educación sexual oportuna, eficaz, completa y basada en evidencia científica”; mientras que las reformas a los artículos 50 y 61 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes se refieren a la ILE en casos de violación.
En la iniciativa presentada por Sandra Corona Padilla se menciona que la educación sexual tiene el objeto de dar a los niños, niñas y adolescentes la información objetiva necesaria para un ejercicio responsable de la sexualidad.
Las comisiones decidieron no incluir la propuesta sobre la posibilidad de que la educación sexual en educación básica la impartan organizaciones de la sociedad civil, universidades y especialistas en la materia, de acuerdo a las disposiciones federales así como la facultad exclusiva de la federación de diseñar los planes de estudios.
La propuesta fue aprobada en lo general y particular por 17 votos.
