Tlaxcala, Tlax.- A partir del análisis de registros fiscales, contratos públicos, actas corporativas y documentos financieros, la investigación Rentabilidad del miedo documentó que el Gobierno de Tlaxcala destinó al menos 81 millones de pesos en videovigilancia a Seguritech, empresa encargada de operar sistemas de seguridad en la entidad.
El trabajo, realizado por PopLab y CONNECTAS, expone cómo distintos gobiernos estatales en México han canalizado recursos multimillonarios a compañías de seguridad mediante adjudicaciones directas y esquemas con limitada transparencia. Tlaxcala no fue la excepción, pues los registros analizados muestran pagos relacionados con la implementación y operación de tecnologías de vigilancia, incluido un sistema de reconocimiento facial.
Aunque la administración encabezada por Lorena Cuéllar Cisneros clasificó como reservada la información relacionada con estos sistemas, los montos identificados por ambos medios fueron reconstruidos mediante la revisión de registros financieros internos y documentación corporativa.
La investigación también señala que Seguritech, considerada una de las principales proveedoras de tecnología de seguridad para gobiernos en México, ha recibido al menos 52 mil millones de pesos en contratos celebrados con 37 administraciones estatales y municipales desde 2012.
Los hallazgos cobran relevancia debido al alcance de las herramientas contratadas, identificando un sistema de reconocimiento facial que, de acuerdo con la investigación, fue utilizado por autoridades estatales en noviembre de 2025 para identificar a activistas que participaron en actos de iconoclasia en el mausoleo a los 500 años de la fundación de Tlaxcala, lo que derivó en indagatorias por parte de la Fiscalía local.
La opacidad de los 81 millones de pesos en videovigilancia
Durante la administración encabezada por Lorena Cuéllar Cisneros se ha documentado el uso de tecnologías de videovigilancia para el monitoreo e identificación de participantes en movimientos sociales, en un contexto marcado por cuestionamientos sobre la transparencia de los recursos destinados a los sistemas de seguridad estatal.
La investigación Rentabilidad del miedo detalla que el gobierno de Tlaxcala realizó pagos por más de 81 millones de pesos a Seguritech, equivalentes a aproximadamente 4.5 millones de dólares. De acuerdo con los hallazgos, parte de estos recursos se destinaron a la implementación de un sistema de vigilancia con reconocimiento facial.
Y es que uno de los casos documentados ocurrió en noviembre de 2025, cuando autoridades estatales utilizaron esta tecnología para identificar a activistas que participaron en actos de iconoclasia contra la cápsula del tiempo instalada sobre el bulevar Guillermo Valle, en el marco de la conmemoración por los 500 años de la fundación de la ciudad de Tlaxcala en octubre del mismo año.
La crónica periodística realizada por nuestro equipo editorial refieren que el 9 de noviembre un grupo de activistas intervino el monumento, lo que derivó en la activación de mecanismos de identificación operados por el C5i (Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia).
La actuación de las autoridades se destacó por la rapidez con la que fueron identificadas las personas involucradas, pues apenas un día después de los hechos, el Gabinete de Seguridad y el C5i difundieron información sobre los presuntos responsables, evidenciando la capacidad operativa de los sistemas tecnológicos empleados por el gobierno estatal.
Sin embargo, los detalles financieros relacionados con estos sistemas permanecieron fuera del escrutinio público. De acuerdo con la investigación, la información no fue obtenida mediante mecanismos de transparencia gubernamental, sino a través del análisis de registros financieros internos y comprobantes fiscales recabados por PopLab y CONNECTAS.
Y es que el caso de Tlaxcala se suma a los ejemplos documentados sobre el uso de herramientas de vigilancia en contextos caracterizados por bajos niveles de transparencia y escasos mecanismos de control democrático. Según la investigación, estas tecnologías pueden terminar siendo utilizadas para fines distintos a los que justificaron su adquisición, como ocurrió con la identificación de activistas feministas tras los actos de iconoclasia registrados en la entidad.
Sobre este panorama, Bernardo León Olea, consultor en seguridad y exfuncionario en áreas de inteligencia, advirtió que este tipo de sistemas implica diversos riesgos, entre ellos, señaló los altos costos asociados a su implementación, la posibilidad de que el sector de la seguridad se convierta en un espacio propicio para negocios poco transparentes y la adquisición de tecnologías bajo argumentos de seguridad sin una adecuada rendición de cuentas.
Asimismo, alertó sobre la capacidad de estas herramientas para recopilar y procesar información de amplios sectores de la población, incluso para usos distintos a los originalmente planteados.
La apuesta por el C5i
La construcción del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) fue presentada por el gobierno estatal como una de las principales inversiones en materia de seguridad pública durante la administración de Lorena Cuéllar Cisneros.
Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado en 2023, el entonces titular de la Secretaría de Infraestructura, Alfonso Sánchez García —actual alcalde con licencia del municipio de Tlaxcala—, aseguró que el proyecto representaría una inversión cercana a los 300 millones de pesos y contribuiría al fortalecimiento de la seguridad y la estabilidad de la entidad.
Posteriormente, el gobierno estatal inauguró y dio a conocer una inversión reportada de 293 millones de pesos, además de otros 100 millones destinados a la adquisición de cámaras de videovigilancia. En el acto participaron la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.
De acuerdo con las autoridades, el C5i fue concebido como el eje rector de la estrategia estatal de seguridad. Entre sus principales funciones se encuentra la atención de llamadas de emergencia a través de las líneas 089 y 911, así como la coordinación de herramientas tecnológicas orientadas a mejorar la capacidad de respuesta ante hechos delictivos.
La red empresarial detrás de Seguritech
Seguritech fue fundada en 1995 por Simón Picker Gottlieb, padre de Ariel Picker Schatz, quien actualmente dirige la compañía. De acuerdo con la investigación, la empresa inició operaciones en el sector inmobiliario, pero posteriormente orientó sus actividades hacia el negocio de la seguridad y las alarmas vecinales.
A lo largo de tres décadas, la familia Picker Schatz y sus colaboradores más cercanos han conformado una extensa red corporativa. La investigación documentó la creación de al menos 63 empresas vinculadas a este grupo, de las cuales 29 mantienen relación con el corporativo Seguritech Integral Security.
En la actualidad, la compañía se ha consolidado como una de las principales proveedoras de tecnología de seguridad para gobiernos estatales y municipales. Entre sus servicios se encuentran la instalación, operación y mantenimiento de sistemas de videovigilancia, centros de control C5, plataformas de análisis de datos, drones y herramientas de reconocimiento facial.
Un modelo de negocio basado en contratos públicos
La investigación realizada por POP Lab y CONNECTAS también identificó una serie de prácticas que han permitido a Seguritech consolidarse como una de las principales proveedoras de tecnología de seguridad y mantener presencia en distintos gobiernos estatales y municipales desde 2012.
Entre los hallazgos destaca que el 97 por ciento del monto total de los contratos obtenidos por la empresa fue asignado mediante adjudicación directa, un mecanismo que evita la competencia abierta bajo argumentos relacionados con la seguridad pública.
Asimismo, el corporativo ha operado mediante una red de empresas vinculadas que participan en distintas etapas de los proyectos contratados. De acuerdo con la investigación, algunas de estas compañías reciben pagos por gestión o «éxito de proyecto» que oscilan entre el 4 y el 50 por ciento del valor de los contratos, porcentajes superiores a los estándares habituales del mercado.
Otro de los elementos identificados son las cláusulas de confidencialidad incluidas en diversos convenios, las cuales pueden extenderse hasta por diez años. Además, algunos contratos establecen que la empresa no será responsable por fallas técnicas en equipos considerados innovadores, trasladando parte de los riesgos operativos a las instituciones públicas contratantes.
La dependencia de recursos gubernamentales es otro rasgo central del modelo de negocio. Según los hallazgos, el 95 por ciento de los ingresos de Seguritech Privada proviene de contratos financiados con recursos públicos.
En este contexto, los más de 81 millones de pesos identificados en Tlaxcala forman parte de una estructura empresarial que, durante más de una década, ha construido su crecimiento a partir de recursos públicos, contratos de seguridad y mecanismos que, según la investigación, han operado bajo amplios márgenes de discrecionalidad y limitada transparencia.
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