Tlaxcala, Tlax.- En los últimos 30 años, San Pablo del Monte ha experimentado una serie de transformaciones urbanas que han modificado la dinámica cotidiana de sus habitantes y, particularmente, la actividad comercial. La llegada de supermercados y grandes cadenas comerciales, como Bodega Aurrera y Coppel, incorporó nuevos modelos de consumo y competencia que, con el paso del tiempo, también han incidido en la dinámica de los mercados y establecimientos locales.
Este proceso se suma a las transformaciones recientes derivadas de la nueva categoría de la cabecera municipal como Ciudad de San Pablo del Monte, que plantea nuevas dinámicas para el comercio y abre interrogantes sobre el papel que tendrán espacios tradicionales como el Mercado Bicentenario frente al crecimiento de establecimientos particulares y corporativos.
Sin embargo, entre las autoridades municipales y los comerciantes persiste un vacío de información sobre las reglas, alcances y responsabilidades que implica esta nueva configuración urbana. La falta de claridad ha alimentado diferencias entre quienes tienen un local establecido y quienes desarrollan su actividad dentro del mercado, además de generar tensiones con el Ayuntamiento, actualmente presidido por Ana Lucía Arce Luna.
Más que un conflicto exclusivamente comercial, el caso evidencia las dificultades que enfrenta un municipio en transformación para ordenar su crecimiento urbano sin dejar fuera a quienes durante años han sostenido buena parte de su actividad económica.
¿Qué implica el nuevo nombramiento como «Ciudad de San Pablo del Monte»?
El Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU) de San Pablo del Monte, publicado el 5 de mayo de 2026 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, reconoce formalmente a la cabecera municipal como Ciudad de San Pablo del Monte y plantea ordenar un territorio que durante las últimas décadas ha crecido entre la expansión urbana, la metropolización con Puebla y una demanda creciente de infraestructura y servicios.
Pero el cambio de categoría no se limita al nombre. El propio programa reconoce que la ciudad enfrenta una expansión urbana desordenada, baja densidad poblacional y déficits de equipamiento, mientras plantea nuevas reglas para organizar el suelo, los servicios, la actividad económica y los espacios públicos.
En ese nuevo modelo, el comercio ocupa un lugar central, ya que es la principal actividad económica y fuente de empleo local. Además, el documento plantea que la Avenida 20 de Noviembre y la calle Puebla funcionan como algunos de los principales corredores comerciales del municipio. Sin embargo, el diagnóstico municipal también identifica un déficit de equipamiento para el abasto y proyecta la necesidad de incorporar 10 nuevos mercados hacia 2050.
Es en este punto donde aparece una de las primeras contradicciones de la transformación urbana, pues el municipio plantea ordenar y fortalecer su estructura comercial al mismo tiempo que mantiene un conflicto abierto con los comerciantes del Mercado Bicentenario por cobros, concesiones, servicios y reglas de operación cuya aplicación cuestionan los locatarios.
Este proceso también responde al crecimiento de comercios departamentales y grandes cadenas comerciales, cuya presencia ha modificado las condiciones de competencia para los establecimientos locales.
Por su parte, Ana Lucía Arce señaló que, ante este escenario, algunos comerciantes han mostrado resistencia hacia nuevas formas de formalización y adaptación de sus actividades. La funcionaria reconoce que no existe oposición a la llegada de empresas como Bodega Aurrera, Coppel o 3B al municipio, al considerar que su presencia representa un cambio en la dinámica comercial y beneficios para la ciudad.
“Si tú me preguntas quién me deja más recursos, pues me dejan más recursos los comercios que están establecidos”, agregó.
Sin embargo, desde la perspectiva de los comerciantes, la expansión de estas cadenas también ha generado una competencia difícil de enfrentar. Algunos locatarios sostienen que la llegada de establecimientos con mayor capacidad para ofrecer precios y absorber costos ha colocado en desventaja a los pequeños negocios y, en algunos casos, habría contribuido al cierre de establecimientos. Una comerciante incluso relató que tuvo que “cerrar su negocio” y que parte de su mercancía terminó por “echarse a perder” al no lograr venderla.
Este nuevo modelo urbano no solo ha generado un cambio administrativo o territorial, sino que también puede transformar la manera en que se organiza y desarrolla el comercio local. Mientras la expansión urbana favorece la llegada de nuevos corporativos y cadenas comerciales, persiste una preocupación sobre el incremento de locales cerrados y comercios con bajas ventas.
Entre el desarrollo municipal y la regulación de los mercados
El PMOTDU plantea que la modernización de los corredores comerciales requiere regularizar unidades económicas, establecer esquemas de colaboración entre comerciantes y gobierno, y promover incluso asociaciones público-privadas para su mantenimiento. También propone que la Dirección de Desarrollo Económico funcione como instancia de mediación ante conflictos entre comerciantes, empresarios y habitantes.
El Reglamento de Mercados y Comercio Ambulante para el Municipio de San Pablo del Monte, publicado en el Periódico Oficial durante enero de 2008, establece que los mercados municipales funcionan mediante concesiones, sujetas a pagos, obligaciones y reglas específicas. También prohíbe expresamente arrendar, vender o traspasar los derechos de ocupación de los locales y establece procedimientos de audiencia antes de revocar una concesión.
La discusión actual, por tanto, no se limita a cuánto debe pagar un comerciante, también plantea qué significa ordenar un mercado dentro de una ciudad que busca formalizar su actividad económica, quién debe asumir la responsabilidad de mantener sus servicios y hasta dónde puede intervenir la autoridad municipal para hacer cumplir esas reglas.
Esa transformación también ha comenzado a generar tensiones en espacios donde históricamente se ha concentrado el comercio local. Recientemente, los comerciantes del Mercado Bicentenario han cuestionado que el proceso de ordenamiento se traduzca en nuevos cobros que, aseguran, no han sido explicados con claridad por el Ayuntamiento.
Los comerciantes organizados sostienen que su inconformidad no está relacionada con la obligación de pagar, sino con el monto de las licencias y otros conceptos que, aseguran, les pretende cobrar el Ayuntamiento. Señalan que han buscado dialogar con la presidenta municipal para alcanzar un acuerdo que les permita cumplir con sus obligaciones a partir de costos que consideran justos y acordes con la actividad comercial que desarrollan.
La permuta que dio origen al mercado
El origen del Mercado Bicentenario también forma parte de la disputa entre comerciantes y Ayuntamiento. Los locatarios sostienen que el actual inmueble no se les fue entregado de manera gratuita, sino que es resultado de una permuta.
Este intercambio surgió tras la entrega al municipio de un predio ubicado en la calle Río Bravo, mismo que fue adquirido con las aportaciones de los padres y abuelos de algunos comerciantes. Ellos afirman que existe un convenio e instrumento público formalizado ante notario desde 2008 que reconoce los derechos y obligaciones de ambas partes.
Por su parte, la presidenta municipal reconoce el antecedente histórico y documental de la permuta, pero sostiene que este no permite a los comerciantes asumirse como propietarios de un espacio público. Por ello, su administración plantea regularizar la situación mediante concesiones y el pago de los derechos correspondientes.
No obstante, los comerciantes aseguran que no se niegan a pagar, sino que exigen que los cobros correspondan a lo establecido en la Ley de Ingresos y que el Ayuntamiento explique cómo se calcula cada concepto. También piden que se respete el espacio y las condiciones establecidas en el instrumento notarial que, aseguran, dio origen a la relación entre la organización y el municipio.
Entre el ordenamiento y la búsqueda de transparencia
Posteriormente, tras asumir el cargo en 2024 y recibir una notificación de la COEPRIST relacionada con las condiciones del mercado, la presidenta sostuvo que el Ayuntamiento no contaba con recursos para cubrir esos gastos, por lo que correspondía a los locatarios asumirlos, al ser quienes obtienen sus ingresos del inmueble. En ese sentido, señaló que ellos “son los que viven del mercado; ustedes [los comerciantes] son los que tienen que pagar” conceptos como la fumigación y los servicios de los locales.
Desde su perspectiva, los cobros a los locatarios corresponden a distintos conceptos, entre ellos Desarrollo Urbano, Protección Civil, Desarrollo Económico y el uso de los espacios municipales (renta). La presidenta señaló que, al integrar estos conceptos, los pagos anuales pueden alcanzar 12 mil y hasta 16 mil pesos, dependiendo de cada establecimiento.
Los comerciantes, sin embargo, cuestionan la forma en que el Ayuntamiento determina estas cantidades. Afirman que la autoridad les ha presentado cobros sin explicar con claridad qué conceptos los integran, cómo se calculan y cuál es el fundamento legal de cada uno.
«Nosotros no nos negamos a pagar lo que es justo, pero ella (la autoridad municipal) está sacando de debajo de la manga sus cuentas, no es clara», señalaron los comerciantes durante la entrevista, en la que mostraron documentos relacionados con los cobros que, aseguran, les ha requerido el Ayuntamiento.
Sin embargo, los documentos mostrados por los comerciantes durante la entrevista incluyen otros conceptos y cantidades superiores a las previstas específicamente para la concesión de los espacios en el mercado.
Lo que establece la Ley de Ingresos
Ante este escenario, los cobros señalados por ambas partes pueden contrastarse con la normativa municipal vigente. La Ley de Ingresos del Municipio de San Pablo del Monte para el ejercicio fiscal 2026, publicada en noviembre de 2025, establece cuotas específicas para los mercados y las distingue de otros establecimientos comerciales.
Para el caso de los mercados, el artículo 59 determina las cuotas por la concesión de espacios o áreas de piso de acuerdo con el giro comercial. Las cantidades están expresadas en Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor diario para 2026 es de 117.31 pesos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La misma disposición establece que los comerciantes de productos perecederos o de canasta básica deben cubrir 1.17 UMA; aquellos dedicados a la preparación y venta de alimentos, como fondas, juguerías, pollerías, carnicerías, pescaderías y antojitos, 2.57 UMA; mientras que los establecimientos de productos no perecederos, entre ellos ropa, calzado, ferretería y juguetes, deben cubrir 2.92 UMA.
Con el valor diario de la UMA vigente para 2026, estas cuotas representan aproximadamente 137.35, 301.29 y 342.55 pesos, respectivamente. Sin embargo, estos montos corresponden específicamente a la concesión del espacio o área de piso dentro del mercado, por lo que no pueden considerarse, por sí solos, como el total de las obligaciones económicas de un comerciante frente al Ayuntamiento.
Esta distinción resulta relevante frente a los cobros que los locatarios del Mercado Bicentenario aseguran haber recibido, que van de 12 mil a más de 16 mil pesos, según los conceptos incluidos en los documentos que les fueron entregados.
La pregunta, entonces, no es únicamente cuánto establece la Ley de Ingresos para ocupar un espacio dentro de un mercado, sino qué otros conceptos está integrando el Ayuntamiento para determinar el monto final y cuál es el fundamento legal de cada uno.
Arce Luna sostiene que el proceso responde a una estrategia de regularización y que los cobros contemplan conceptos relacionados con Desarrollo Urbano, Protección Civil, Desarrollo Económico y las rentas, además de otros servicios.
Cadenas comerciales y regularización
En este contexto, la presencia de grandes cadenas comerciales como Coppel, Bodega Aurrera y 3B también forma parte de la transformación comercial del municipio. Arce Luna sostuvo que no puede impedir el establecimiento de este tipo de negocios y cuestionó que algunos comerciantes locales se resistan a regularizar sus actividades. Señaló que, a diferencia de algunos locatarios del mercado, las cadenas comerciales cumplen con sus obligaciones y representan una fuente de ingresos para el Ayuntamiento.
“Entonces, yo tampoco puedo impedir una Aurrerá, un Coppel, un 3B. Muchos de estos comercios se establecieron desde antes de mi llegada. Y si tú me preguntas quién me deja más recursos, pues me dejan más recursos los comercios que están establecidos”, afirmó.
Como ejemplo, mencionó que Coppel recientemente remodeló su fachada y realizó el trámite correspondiente ante el municipio para obtener el permiso de obra. En contraste, aseguró que a los comerciantes del mercado se les han ofrecido descuentos y facilidades para regularizarse, incluso sin exigirles el pago de refrendos atrasados, pese a que la legislación municipal faculta al Ayuntamiento para cobrarlos.
Entre reuniones y cobros, la regularización del mercado sigue pendiente
La presidenta explicó que desde 2025 se establecieron mesas de diálogo con los comerciantes con el objetivo de preparar el proceso de regularización. Señaló que, al inicio de su administración, recibió una notificación de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala (COEPRIST) relacionada con las condiciones del mercado y que, a partir de las acciones requeridas, los propios comerciantes asumieron algunos gastos, entre ellos la fumigación, mientras que el Ayuntamiento apoyó con mano de obra.
La presidenta también aseguró que el Ayuntamiento ha mantenido un proceso constante de diálogo con los locatarios y afirmó que existen más de ocho reuniones registradas con comerciantes del Mercado Bicentenario. Sin embargo, al solicitar evidencia de estos encuentros, el Ayuntamiento únicamente compartió fotografías de algunas reuniones, sin proporcionar las fechas exactas ni documentación que permitiera verificar e identificar cada uno de los encuentros señalados.
La funcionaria explicó además que las reuniones se han realizado por grupos, debido a que el mercado está integrado por distintos sectores y horarios. Precisó que se han entregado ocho concesiones, todas ya pagadas; mientras que de los 40 locales, 15 se encuentran pagados y para el caso de las 35 planchas, únicamente una ha sido liquidada.
Por su parte, los comerciantes organizados aseguran que han buscado mantener el diálogo con el Ayuntamiento para alcanzar un acuerdo que les permita cumplir con el pago de sus obligaciones a partir de costos que consideran justos. Señalan que su postura no es dejar de pagar, sino contar con claridad sobre los montos, los conceptos que los integran y el destino de los recursos que aportan.
De acuerdo con los comerciantes, esta exigencia de información tampoco sería reciente. Señalan que hace aproximadamente un año entregaron al Ayuntamiento y al Gobierno del Estado un pliego petitorio con 11 puntos, entre ellos solicitudes relacionadas con el destino de los impuestos y la creación de mecanismos para consultar información sobre el uso de los recursos públicos.
Arce Luna señala intereses políticos detrás de la disputa por el mercado
La presidenta municipal sostuvo que dentro del mercado existen personas que subarriendan espacios y que algunas de ellas estarían vinculadas con liderazgos políticos que, según su versión, han influido en el conflicto. Afirmó que parte de los recursos generados por estos espacios no llegan al Ayuntamiento y que su propuesta busca regularizar y dar certeza jurídica a la actividad comercial.
“Muchos líderes políticos aprovechan eso y ese dinero nunca llega al Ayuntamiento. Lo que yo les estoy ofreciendo es legitimar el mercado”, sostuvo.
Sobre el papel de estos liderazgos, agregó que:
“el gobierno tiene que evolucionar y San Pablo tiene que evolucionar. San Pablo no puede estar liderada siempre por políticos que amenacen, que amedrenten”.
Por su parte, los comerciantes rechazan esta versión y aseguran que su movilización no responde a intereses partidistas, sino a la defensa de sus derechos frente a lo que consideran un abuso de poder y cobros excesivos por parte del Ayuntamiento. También acusan a la presidenta de haberlos señalado públicamente como “pseudocomerciantes” y de atribuirles la apropiación o subarrendamiento de locales sin sustento, con el propósito de desacreditarlos.
En respuesta, algunos comerciantes han cuestionado la actuación de la alcaldesa y la han señalado como una «pseudopresidenta» o «pseudoautoridad», al considerar que sus acciones no respetan la ley ni la ética profesional y que incluso se ha recurrido a la fuerza pública para intimidar a personas mayores y trabajadores que participan en la movilización.
La licencia tipo B y el régimen de los mercados
La discusión adquiere otra perspectiva al revisar el Reglamento para Establecimientos Comerciales, Licencias de Funcionamiento Tipo “B” y Manejo de Giros Comerciales para el Municipio de San Pablo del Monte, que establece disposiciones para el funcionamiento de distintos establecimientos comerciales y los requisitos que deben cumplir ante el Ayuntamiento.
Entre estos se encuentran la licencia de funcionamiento, así como diversos trámites y dictámenes relacionados con Desarrollo Urbano, Protección Civil y la Tesorería Municipal, dependiendo del giro y las características del establecimiento.
No obstante, el propio marco municipal contempla un régimen específico para los mercados municipales, donde la actividad comercial se encuentra vinculada a una concesión otorgada por el Ayuntamiento y al pago de los derechos correspondientes por la ocupación de un local o área de piso, de acuerdo con el giro comercial.
Esta diferencia resulta relevante para el caso del Mercado Bicentenario debido a que los comerciantes cuestionan que los montos que actualmente les requiere el Ayuntamiento incluyan conceptos adicionales a los establecidos específicamente para la concesión de espacios dentro del mercado.
De acuerdo con los documentos revisados por Escenario Tlaxcala, los comerciantes han recibido requerimientos en los que aparecen conceptos vinculados con distintas áreas municipales. Sin embargo, hasta el cierre de esta investigación, el Ayuntamiento no había proporcionado el desglose documental que permitiera identificar cuánto corresponde a cada concepto, qué servicio lo origina y cuál es el fundamento jurídico utilizado para determinar el monto final.
La presidenta municipal, Ana Lucía Arce Luna, ha señalado que los cobros incluyen conceptos relacionados con Desarrollo Urbano, Protección Civil, Desarrollo Económico y rentas, y que el monto puede alcanzar entre 12 mil y 16 mil pesos, dependiendo de cada establecimiento.
El punto que permanece sin aclarar es, precisamente, cómo se pasa de las cuotas previstas para los mercados en la Ley de Ingresos a los montos finales que el Ayuntamiento está requiriendo a los comerciantes.
En este contexto, la presidenta señaló a este medio que durante los últimos cinco meses el Ayuntamiento ha abastecido de agua al mercado mediante pipas; sin embargo, aseguró que desde el 31 de julio los comerciantes dejaron de contar con este servicio en los baños.
Los nuevos señalamientos de los comerciantes amplían esta preocupación a las condiciones generales del municipio. Aseguran que enfrentan problemas de seguridad pública, alumbrado, calles y pavimentación, además de señalar la ausencia de un carro de bomberos que anteriormente, según su testimonio, funcionaba como servicio de primeros auxilios.
También refieren haber registrado asaltos a negocios con armas de fuego y señalan que, en algunos casos, la respuesta de la policía municipal puede tardar hasta una hora. Asimismo, aseguran haber recibido amenazas y extorsiones. Estos señalamientos corresponden al testimonio de los comerciantes y requieren corroboración mediante denuncias, reportes oficiales o registros de seguridad antes de presentarlos como hechos comprobados.
En este contexto, uno de los locatarios cuestionó cómo pueden exigir el cumplimiento de sus obligaciones si, al mismo tiempo, consideran que no existen condiciones suficientes de seguridad y mantenimiento en el mercado.
El conflicto también alcanza la forma en que la autoridad hace cumplir las disposiciones. Los comerciantes aseguran haberse sentido intimidados por elementos policiales ante su negativa a cubrir los montos exigidos por el Ayuntamiento.
También señalaron que se han realizado clausuras de negocios durante la noche, después de las 22:00 horas. Este señalamiento deberá contrastarse con las actas de inspección, órdenes de clausura y demás documentos correspondientes para determinar bajo qué procedimiento fueron realizadas.
El propio reglamento establece que, antes de revocar una concesión o cancelar un permiso, la autoridad debe citar y escuchar al interesado, permitirle presentar pruebas y emitir una resolución fundada y motivada.
Una nueva ruta turística
Desde su perspectiva, la alcaldesa de San Pablo del Monte afirmó que el municipio cuenta con elementos para convertirse en un destino turístico por su riqueza artesanal y cultural, particularmente por la Talavera, el popotillo y los bordados. Añadió que actualmente forma parte del Consejo Estatal de Turismo y que la carretera hacia San Isidro está contemplada dentro del Plan Talavera 2026 como parte de una ruta turística.
Bajo este proyecto, el Mercado Bicentenario tendría que ser intervenido y preparado para recibir visitantes. La edil aseguró que la intención de su administración es regularizar el inmueble y destinar los locales ubicados en el frente a la venta de Talavera.
Sin embargo, sostuvo que el conflicto con los comerciantes, la falta de pago de derechos y el subarrendamiento de algunos espacios han frenado esta propuesta. De acuerdo con la presidenta municipal, esto también ha retrasado recursos y proyectos de promoción comunitaria y turística que estaban previstos por la SEDATU. Como alternativa, plantea instalar estanquillos de Talavera en el parque municipal, bajo un esquema similar al de Huamantla y Tlaxcala.
La transformación del mercado, además, se inserta en una estrategia más amplia de embellecimiento urbano que el municipio busca incorporar mediante las “Rutas Mágicas de Color”, iniciativa impulsada por la Secretaría de Turismo federal. El proyecto contempla intervenir fachadas y crear murales para reforzar la identidad local en al menos 140 viviendas ubicadas en corredores estratégicos.
Así, el conflicto del Mercado Bicentenario rebasa la discusión sobre cuánto deben pagar los comerciantes. El Ayuntamiento plantea una regularización vinculada con el mantenimiento, la reorganización del inmueble y una futura estrategia turística, mientras los locatarios demandan claridad sobre los conceptos que integran los cobros, atención a las condiciones del mercado y certeza sobre sus derechos.
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