Tlaxcala, Tlax.- Ocho de las nueve comunidades que integran Totolac ya forman parte del Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), un reconocimiento que ha fortalecido su organización comunitaria y abierto nuevas herramientas para la defensa de su territorio.

Integrantes del colectivo “Movimiento Solidario Tlaxcalteca”, quienes acompañaron a las comunidades durante este proceso, consideran que el autorreconocimiento indígena puede convertirse en una herramienta para fortalecer la organización comunitaria, defender los recursos naturales y cuestionar proyectos que no benefician a sus habitantes.

Señalaron que la defensa del agua, los bosques y el territorio implica también cuestionar un modelo de desarrollo que, desde su perspectiva, prioriza las ganancias por encima de la vida y el equilibrio ecológico.

Para el colectivo, el reconocimiento ante el INPI contribuye a preservar la historia y la identidad de las comunidades nahuas, pero también permite fortalecer sus capacidades colectivas para participar en las decisiones relacionadas con su propio desarrollo y construir estrategias de defensa territorial. 

El reconocimiento no detiene por sí mismo un megaproyecto, pero puede formar parte de una estrategia más amplia para ejercer derechos colectivos, fortalecer la organización comunitaria y defender el territorio frente a proyectos que puedan afectar a sus habitantes.

Cuatro meses para documentar la identidad comunitaria

Yadira Huerta y Juan Carlos, integrantes del colectivo, compartieron que el proceso de inscripción comenzó a partir del interés por el autorreconocimiento como comunidad originaria. Huerta mencionó que, a diferencia de otros municipios, donde la gestión fue impulsada por los gobiernos locales, en Totolac el trabajo recayó directamente en las comunidades y la sociedad civil.

Durante aproximadamente cuatro meses, los integrantes del colectivo elaboraron los expedientes mediante reuniones vespertinas y sin asesoría externa. El proceso incluyó el llenado de las cédulas del INPI, así como la documentación de la historia local, la delimitación territorial, los usos y costumbres, la gastronomía y la medicina tradicional.

Uno de los principales retos fue sustentar el reconocimiento de comunidades de origen nahua que habían dejado de hablar la lengua, pero conservaban elementos de su identidad, memoria histórica y prácticas culturales. Para ello, el colectivo recurrió a la figura de comunidades equiparables y reunió documentación histórica, entre ella códices, libros digitalizados y referencias bibliográficas.

La integración de los expedientes también requirió la participación de los habitantes mediante asambleas comunitarias, en las que se recabaron firmas y se elaboraron las actas correspondientes. Una vez reunida la documentación, ésta fue entregada al INPI, cuyo personal revisó los componentes históricos, jurídicos y sociales antes de resolver las solicitudes de inscripción.

“Para nosotros era importante que dentro de ese reconocimiento, pues supiéramos que había cultura y a dónde se direcciona esa cultura, porque no es algo que tenemos en un cofre y que está guardado tiempo atrás, sino más bien era replantear y pensar qué íbamos a hacer con eso en un presente […] para construir un futuro”, expresó uno de los integrantes del colectivo.

El proceso enfrentó dificultades en algunas localidades debido a la falta de gestión de sus autoridades, situación que impidió realizar las asambleas dentro del plazo previsto. De acuerdo con el balance compartido por el colectivo, seis de las nueve comunidades lograron completar la gestión durante esa etapa, incluida San Juan Totolac hacia el cierre del periodo. Posteriormente, el número de comunidades incorporadas al catálogo llegó a ocho.

Autodeterminación y organización comunitaria frente a los megaproyectos

Para este movimiento, el reconocimiento como comunidad indígena representa una oportunidad para fortalecer la organización comunitaria y generar alianzas entre pueblos que enfrentan problemáticas similares.

“Más allá de los beneficios y programas que sabemos que se pueden dar, siempre es importante ese diálogo y ese redescubrimiento de por qué sí somos una comunidad indígena […] está ahí presente la memoria histórica, la memoria colectiva”, expresó Juan Carlos, integrante del colectivo.

Por su parte, Huerta señaló que las asambleas realizadas durante el proceso contribuyeron a fortalecer la organización y planteó que el reconocimiento puede facilitar la articulación entre distintas comunidades.

“Primero, saber que no estamos solos […] si bien cada una de las comunidades tiene su autodeterminación, saber que también nos podemos unir, que podemos hacer alianzas para contrarrestar todos estos megaproyectos”, afirmó.

Esta organización cobra relevancia ante proyectos que, desde la perspectiva del colectivo, podrían comprometer los recursos naturales de la región. Entre ellos se encuentra la construcción de un hospital en Tepeticpac, sobre la cual han expresado preocupación por sus posibles efectos en la disponibilidad de agua y la conservación del bosque. Juan Carlos afirmó que el colectivo ha investigado el impacto hídrico del proyecto y estimó que involucraría alrededor de 6 mil millones de litros de agua, además de una posible afectación de dos hectáreas de bosque.

Otras experiencias de defensa territorial se han documentado en comunidades como Tecoltemi, en Ixtacamaxtitlán, Puebla, cuyos habitantes lograron la cancelación definitiva de concesiones mineras; Ayotitlán, en Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, que mantiene una disputa frente al proyecto minero Peña Colorada, operado desde 1975 en la región y actualmente vinculado con las empresas transnacionales Ternium y ArcelorMittal; y Wirikuta, en San Luis Potosí, donde en enero de 2024 ejidatarias solicitaron a las autoridades federales un decreto para proteger su zona sagrada de las empresas mineras.

¿Cómo solicitar el registro ante el INPI?

Para incorporarse al Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, una comunidad debe manifestar su decisión colectiva de registrarse y presentar documentación que acredite la representación de sus autoridades y el consentimiento comunitario.

El expediente contempla:

• Solicitud de registro: escrito libre o formato del INPI.
• Identificación oficial y CURP: de la autoridad o representante.
• Constancia de elección: que acredite su representación y vigencia.
• Acta de asamblea: donde conste el reconocimiento como comunidad indígena o afromexicana, el pueblo al que pertenece y su consentimiento para el registro.
• Cédula Básica de Identificación: instrumento para documentar las características de la comunidad.

El trámite es presencial. Tras revisar la documentación, personal del INPI acompaña a las autoridades o representantes en el llenado de la cédula. También puede aplicarse una Cédula Complementaria, de manera opcional.

¿Qué información debe reunir la comunidad?

La Cédula Básica contiene 49 preguntas sobre siete aspectos: datos generales, territorio, cultura e identidad, organización política, aspectos jurídicos, ámbito social y economía. La Cédula Complementaria suma otras 44 preguntas y es opcional.

La comunidad puede documentar su historia, territorio, autoridades, formas de organización, usos y costumbres, sitios de importancia cultural, recursos naturales y actividades económicas. Para ello puede aportar mapas, croquis y documentos históricos.

La información puede recopilarse mediante entrevistas, grupos focales o asambleas comunitarias, según determine la propia comunidad.

Revisión y registro

Una vez integrada la información, el INPI la revisa y valida antes de capturarla, sistematizarla y publicarla. También incorpora los datos geográficos y asigna un número consecutivo como identificador de la comunidad.

Finalmente, la información se integra al Catálogo Nacional y al Sistema Nacional de Información y Estadística sobre Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

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