Tlaxcala, Tlax.- La crisis de basura en Tlaxcala se hizo visible este sábado 16 de octubre, cuando decenas de camiones recolectores formaron largas filas a las afueras del relleno sanitario de Atlangatepec, que permaneció cerrado durante varios días y provocó afectaciones al servicio de recolección. Ante esta situación, diversos municipios difundieron comunicados en redes sociales para pedir a la población que evitara arrojar residuos en barrancas y espacios públicos.

La acumulación de desechos y las dificultades para recolectarlos reavivaron una preocupación, ¿qué ocurre cuando la basura termina en las barrancas? Como se documentó en una nota previa, estos espacios también enfrentan el riesgo de convertirse en tiraderos improvisados. Sin embargo, arrojar residuos en ellos no resuelve el problema, sino que traslada sus consecuencias al suelo, al agua y a las comunidades cercanas.

En entrevista con Escenario Tlaxcala, Lucía Castillo, directora de Yaocalli Centro de Estudios y Acción Social, advirtió sobre los impactos ambientales que puede generar esta práctica y la necesidad de cuestionar el manejo de los residuos más allá de su recolección. A estos riesgos se suma el marco legal estatal, que contempla sanciones por abandonar basura en barrancas y otros sitios no autorizados. La problemática también plantea una pregunta de fondo, ¿hacia dónde va nuestra basura después de desecharla?

Barrancas contaminadas: lixiviados, riesgos para la salud y zonas de sacrificio

La basura que termina en las barrancas no desaparece ni queda aislada del entorno. Con la lluvia y la descomposición de los residuos pueden generarse lixiviados, líquidos que transportan contaminantes y que, dependiendo de las condiciones del suelo, pueden filtrarse hacia el subsuelo y afectar la calidad del agua de pozos y manantiales.

Lucía Castillo, directora de Yaocalli A.C., explicó que los residuos también pueden incorporar metales, sustancias químicas e incluso microplásticos al suelo y al agua. Esto representa un riesgo para las zonas agrícolas cercanas, pues los contaminantes pueden entrar en contacto con los cultivos y, eventualmente, incorporarse a la cadena alimentaria.

La especialista advirtió que los efectos de la contaminación pueden acumularse con el tiempo. En el caso de los metales pesados, la exposición depende del tipo de sustancia, su concentración y la duración del contacto; por ello, conocer los impactos reales en la salud de las comunidades requiere estudios sobre la calidad del agua, el suelo y las condiciones sanitarias de las poblaciones expuestas.

A estos riesgos se suma la posibilidad de que los residuos obstruyan el cauce natural de las barrancas y dificulten el flujo del agua, lo que puede favorecer inundaciones en determinados puntos. Castillo también alertó sobre la quema de basura, una práctica que libera partículas y emisiones contaminantes capaces de afectar la calidad del aire más allá del sitio donde ocurre.

Para la directora de Yaocalli, el problema también debe analizarse desde la justicia socioambiental: mientras algunas personas resienten la acumulación de basura durante unos días en sus calles, otras comunidades pueden convivir durante años con los residuos que se depositan cerca de sus viviendas. Esta distribución desigual de los impactos puede convertir determinados territorios en lo que se conoce como «zonas de sacrificio», donde la población soporta una carga ambiental prolongada.

Deficiencias institucionales y responsabilidades municipales ante la crisis de basura en Tlaxcala

La crisis de recolección también evidencia los retos que enfrentan los municipios para gestionar los residuos y prevenir tiraderos clandestinos. De los 60 municipios de Tlaxcala, únicamente la capital cuenta con un proyecto de Centro de Transferencia en proceso de construcción y trámites, de acuerdo con la información recabada para esta nota.

Al respecto, Lucía Castillo, directora de Yaocalli, señaló que las limitaciones técnicas e institucionales dificultan la atención de problemas ambientales complejos. Ante ello, planteó la necesidad de fortalecer la participación ciudadana y la coordinación entre autoridades y otros sectores para mejorar la gestión de los residuos.

Entre las alternativas, propuso reducir y separar los desechos desde los hogares, aprovechar los materiales reutilizables e incorporar formalmente a las personas recolectoras. Para Castillo, la solución no debe limitarse a retirar la basura de las calles, sino también a garantizar una disposición adecuada y evitar que otras comunidades carguen durante años con sus impactos ambientales.

¿Qué dice la Ley de Residuos de Tlaxcala?

Arrojar basura en barrancas, cañadas y otros sitios no autorizados constituye una infracción sancionada por la Ley de Residuos del Estado de Tlaxcala. El artículo 82, fracción I, establece multas de 5 a 100 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) por abandonar residuos sólidos en estos espacios. Si los desechos contaminan cuerpos de agua, sistemas de drenaje, alcantarillado o fuentes públicas, la sanción aumenta de 20 a 2 mil UMA; mientras que abrir, operar o autorizar tiraderos a cielo abierto puede castigarse con multas de mil a 5 mil UMA.

Las sanciones pueden aumentar en caso de reincidencia. De acuerdo con el artículo 84, las multas podrán duplicarse y, ante una tercera infracción, la autoridad podrá ordenar la clausura temporal o definitiva de establecimientos, cancelar autorizaciones o aplicar arresto administrativo. Además, el artículo 87 establece que quienes deterioren el ambiente por estas conductas están obligados a reparar los daños ocasionados a los recursos naturales, los ecosistemas y la salud o calidad de vida de la población, independientemente de la multa administrativa.

La legislación también contempla responsabilidades para la recuperación de los sitios contaminados. Conforme al artículo 73, cuando el abandono de residuos contamine el suelo, los responsables deben restaurarlo y recuperar sus condiciones originales o, si esto no es posible, indemnizar por los daños.

En cuanto a la vigilancia, los artículos 13, 14 y 78 facultan a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala (PROPAET) y a las autoridades municipales para realizar inspecciones, investigar denuncias y aplicar sanciones. Asimismo, el artículo 70, fracción IV, obliga a los municipios a reportar periódicamente los sitios de abandono clandestino de residuos para integrar el inventario estatal correspondiente.

Por su parte, la investigadora propuso implementar un programa de Basura Cero, enfocado en el tratamiento de residuos desde los hogares. Como ejemplo práctico, planteó el compostaje casero mediante el uso de botes de pintura, en los que se pueden alternar capas de tierra, hojas secas y residuos orgánicos vegetales.

Además, consideró que separar los materiales orgánicos permite reducir la generación de lixiviados y evita que estos se mezclen con plásticos o unicel, lo que aumenta el peso de los desechos y complica su manejo al llegar a los tiraderos.

Al mismo tiempo, destacó la importancia de dignificar al sector recolector. Lucía Castillo afirmó que el sistema actual suele excluir a las personas dedicadas a la recolección de plásticos y metales, manteniéndolas en condiciones de informalidad, invisibilización y precariedad. Ante ello, planteó integrar formalmente a las y los recolectores en la gestión municipal y reconocer su papel clave en la cadena de disposición de residuos.

Por último, señaló la importancia de impulsar una política cultural que involucre activamente a la ciudadanía en la separación de los desechos. Aseguró que esto puede generar hábitos sobre el manejo de la basura y fomentar la responsabilidad y la conciencia social acerca de lo que consumimos. Sobre todo, invitó a preguntarnos, «¿Hacia dónde va nuestra basura?». 

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