• Del río Atoyac a la Laguna de Acuitlapilco, de los bosques de la Malintzin a la defensa de los espacios públicos y los territorios comunitarios, colectivos y organizaciones han sostenido durante años luchas para proteger el agua, la biodiversidad y la vida. Hoy, el reto también es sumar a más ciudadanía a sus causas. Conoce cómo defender el medio ambiente en Tlaxcala.

Tlaxcala, Tlax. En Tlaxcala, la defensa del medio ambiente tiene una historia construida por comunidades que se han organizado para proteger aquello que consideran indispensable para la vida: el agua limpia, los bosques, las lagunas, los espacios públicos y el derecho a decidir sobre sus territorios.

Estas luchas no surgieron de la nada. Se han desarrollado en un estado transformado por la industrialización, el crecimiento urbano y distintos proyectos de infraestructura y aprovechamiento del territorio. Mientras se promueven nuevas inversiones y modelos de desarrollo, habitantes de diversas regiones han denunciado contaminación, deterioro ambiental y decisiones que, desde su perspectiva, ponen en riesgo sus comunidades y ecosistemas.

Durante años, muchas de estas resistencias han tenido que abrirse paso para que sus demandas sean escuchadas. Han organizado movilizaciones, documentado afectaciones, impulsado acciones legales, convocado a jornadas comunitarias y exigido que las autoridades respondan a los problemas que enfrentan.

Pero sus historias también muestran que la defensa ambiental no depende únicamente de detener un proyecto o denunciar un daño, implica también sostener procesos organizativos, recuperar espacios deteriorados, generar información, exigir políticas públicas y construir alternativas para cuidar el territorio.

De la industrialización a la defensa del territorio: cómo crecieron las luchas ambientales en Tlaxcala

Desde la segunda mitad del siglo XX, Tlaxcala apostó por la modernización económica y la industrialización. Durante el gobierno de Emilio Sánchez Piedras (1975-1981), la creación del Instituto para el Desarrollo Industrial y Turístico de Tlaxcala, en 1977, impulsó la instalación de empresas y parques industriales en distintos municipios. En las décadas siguientes, la apertura económica y la llegada de capital extranjero profundizaron la transformación del territorio. Mientras los gobiernos promovían la inversión y el empleo, la contaminación del agua y el deterioro ambiental comenzaron a ocupar un lugar cada vez más importante en las denuncias comunitarias.

Durante los gobiernos de Alfonso Sánchez Anaya (1999-2005) y Héctor Ortiz Ortiz (2005-2011), el tratamiento de aguas residuales formó parte de las respuestas institucionales a los problemas de contaminación. Sin embargo, la construcción de infraestructura no garantizaba por sí misma el saneamiento de los ríos: también se requerían mantenimiento, operación continua y vigilancia de las descargas industriales y municipales.

Una de las primeras luchas ambientales organizadas que alcanzó relevancia pública se articuló alrededor del río Atoyac. En noviembre de 2001 surgió el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, que acompañó a comunidades preocupadas por la contaminación y sus posibles efectos en la salud. Entre 2003 y 2004, habitantes de distintas localidades consolidaron la Coordinadora por un Atoyac con Vida, para denunciar las descargas contaminantes y exigir que las autoridades atendieran el problema como una cuestión de salud y derechos humanos.

La lucha continuó durante el gobierno de Mariano González Zarur (2011-2016). En julio de 2011 se presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y en marzo de 2017, ya durante el gobierno de Marco Antonio Mena, la Comisión emitió la Recomendación 10/2017 por violaciones relacionadas con el derecho a un medio ambiente sano, el saneamiento del agua y el acceso a la información. El reconocimiento institucional no significó que el río quedara saneado, pero dio mayor alcance a una exigencia sostenida durante años por las comunidades.

La defensa del Atoyac no fue el único proceso organizativo. Con el tiempo, las preocupaciones ambientales se extendieron a otros cuerpos de agua, bosques y territorios, en ocasiones frente a proyectos específicos de inversión e infraestructura.

En 2018, durante el gobierno de Marco Antonio Mena (2017-2021), comenzó una de las luchas por la defensa del agua en Tlaxcala. El 1 de febrero de ese año, Patos Verdes al Rescate inició formalmente sus actividades para proteger la Laguna de Acuitlapilco y denunciar su deterioro. Su organización se convirtió en un antecedente de las articulaciones posteriores para exigir la conservación y el saneamiento de este cuerpo de agua.

En 2019 comenzó a trabajar el Movimiento Solidario Tlaxcalteca (MST), con iniciativas vinculadas con la economía solidaria, la educación, la organización comunitaria y el ambiente. Su trayectoria se suma a los esfuerzos que buscan fortalecer la participación social y construir alternativas frente a los problemas que afectan a las comunidades originarias.

La defensa de los bosques también dio lugar a procesos organizativos propios. En ese mismo año, en San Pedro Tlalcuapan, el Colectivo de Saneamiento y Restauración de la Malintzin sumaron esfuerzos para la conservación de los bosques de la Malinche, ante la aparición del escarabajo descortezador. Ese mismo año, pobladores de la comunidad San Pedro Muñoztla se sumaron a través de la Brigada San Pedrito se sumó a las iniciativas comunitarias vinculadas con el cuidado de la montaña.

Un año después, durante el mismo sexenio, las disputas por el territorio también se hicieron visibles frente a proyectos energéticos. En Calpulalpan, el proyecto fotovoltaico Nueva Xcala, asociado con la empresa transnacional ENGIE, generó cuestionamientos sobre el uso de la tierra y los posibles impactos en el entorno de Monte Malpaís. En 2020, el Colectivo 16 de Octubre hizo pública su defensa de esa zona y sus recursos naturales.

Por su parte, alrededor de 2020 surgió el Colectivo 4 de Octubre, en San Francisco Tetlanohcan, ante la preocupación por la tala de árboles, la extracción de materiales pétreos y el deterioro de la Malintzin.

En 2020 también se articuló de manera más formal Pueblos Unidos por la Montaña Malinche, movimiento que reúne a habitantes de comunidades de Tlaxcala y Puebla preocupados por la conservación del bosque, la tala y el manejo del parque nacional. Su organización se sumó a una historia de defensa comunitaria de la montaña que antecede a su articulación formal.

En 2021, el Grupo Cíhuatl participó en denuncias relacionadas con la contaminación y las aguas residuales en la región de Panzacola y Papalotla. A estas luchas se suma Mujeres Colibrí Colectiva LesBica Indígena en Tetlanohcan, que ha participado en espacios de articulación y pronunciamientos en defensa del territorio.

Durante el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros (2021-2027), las organizaciones ambientales ampliaron sus articulaciones y surgieron nuevas disputas por el uso de la tierra y los espacios públicos. En 2022, en San Pablo del Monte, un grupo de mujeres se organizó para defender el bosque y el territorio, dando origen al colectivo Hijas de la Matlalcueyetl. Desde entonces, el movimiento ha destacado por su labor en la protección de los bienes naturales del sur de Tlaxcala. Actualmente, sus integrantes se mantienen en resistencia frente al proyecto del Ecoparque Tlalli Malinche, impulsado por el gobierno de Puebla, ante las posibles afectaciones al entorno natural y al territorio que defienden.

En ese mismo año, en el municipio de la Magdalena Tlaltelulco, las controversias por los límites municipales y el uso de la tierra se relacionaron con procesos de defensa territorial. En ese contexto nació el Colectivo en Defensa del Territorio de Tlaltelulco (COLDETT) con la exigencia de que las decisiones sobre el territorio consideren la participación de sus habitantes.

En año después, en 2023, el Movimiento No al Libramiento Calpulalpan se opuso al proyecto de infraestructura por las posibles afectaciones a tierras agrícolas, biodiversidad y zonas de recarga de agua. Esta lucha debe distinguirse de la impulsada por el Colectivo 16 de Octubre frente al proyecto fotovoltaico Nueva Xcala, pues se trata de proyectos y conflictos diferentes.

En enero y febrero de 2023, Patos Verdes al Rescate impulsó la unión con otras organizaciones en defensa de la Laguna de Acuitlapilco, de la que surgió la Unión de Pueblos, Comunidades y Organizaciones por la Laguna y la Vida (UPCO-LAV), respaldada por colectivos feministas y organizaciones vinculadas con la defensa de la montaña. En 2025, sus integrantes anunciaron el cierre de un ciclo organizativo. Aunque la articulación logró interlocución con autoridades para la atención de la laguna, el proceso se fragmentó y dio paso a otras formas de organización.

En 2023 se articuló la Asamblea Socioambiental Comunitaria de Tlaxcala, un espacio de organización ciudadana que surgió en medio de las preocupaciones por iniciativas que, desde la perspectiva de sus integrantes, amenazaban el acceso al agua y el territorio. Entre los temas que impulsaron su organización estuvieron la propuesta de una nueva Ley de Agua para la entidad, que cuestionaban por el riesgo de privatización del recurso, y el proyecto de construcción de un autotrén en la zona centro de Tlaxcala. Su conformación refleja cómo las luchas por el agua, los bosques y el territorio comenzaron a encontrar nuevos espacios de articulación y acción colectiva.

En 2025, el anuncio de la transformación del Parque de la Juventud en la llamada Ciudad de la Juventud generó inconformidad entre personas usuarias del espacio y sectores que cuestionaron las intervenciones proyectadas. Esa situación dio vida al Movimiento «Salvemos al Parque de la Juventud» el cuál ha dado a conocer las posibles afectaciones a las áreas verdes y al arbolado de la zona urbana de la entidad.

A la par se conformó la Alianza Lagunera por un Ambiente Sano (A.L.A.S.), que reúne a agrupaciones como Yaocalli Centro de Estudios y Acción Social, Xilonen Grupo Ambiental y Libélula Viajera. Sus actividades incluyen estudios sobre la calidad del agua, reuniones comunitarias y exigencias de saneamiento a la Laguna de Acuitlapilco.

En marzo de 2026, los Comités en Defensa de los Campos Deportivos de Guadalupe Ixcotla y Santa Cruz Guadalupe exigieron preservar terrenos de uso comunitario ante planes de infraestructura. Sus demandas se relacionan con la protección de espacios destinados al deporte, la convivencia y la vida colectiva.

Ese mismo año, en San Pedro Ecatepec, la Brigada Ambiental en Defensa de San Pedro Ecatepec y el Frente Ciudadano San Pedro Ecatepec y Comunidades expresaron su rechazo al Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI), ante preocupaciones por la falta de información y los posibles impactos ambientales. La organización comunitaria puso en el centro la exigencia de participar en las decisiones sobre el territorio.

En agosto de 2026, a través de la Asamblea Socioambiental Comunitaria de Tlaxcala, diversos colectivos y organizaciones articularon sus demandas en un pronunciamiento regional. El documento reunió distintas luchas por la defensa del territorio: desde las exigencias de saneamiento del río Atoyac y la conservación de la Laguna de Acuitlapilco y la Malintzin, hasta la protección del Parque de la Juventud y los campos deportivos, así como el rechazo a proyectos que consideran perjudiciales para sus comunidades. Esta articulación evidenció los puntos de encuentro entre las distintas luchas socioambientales de Tlaxcala.

La trayectoria de estos colectivos dan muestra de cómo la defensa ambiental en Tlaxcala se ha ampliado: de las primeras denuncias por contaminación del agua a una diversidad de luchas por los bosques, la tierra, los espacios públicos y el derecho de las comunidades a participar en las decisiones sobre su territorio.

No todas las organizaciones nacieron en el mismo sexenio ni responden a las mismas causas, sin embargo, su convergencia evidencia que los conflictos ambientales forman parte de una discusión más amplia sobre el modelo de desarrollo, sus impactos y las responsabilidades de las autoridades.

¿Por qué sumarse a estas luchas?

La defensa de un río, una laguna, un bosque o un espacio público no depende solamente de quienes viven cerca. También necesita una sociedad informada, dispuesta a escuchar y capaz de colaborar.

Las personas pueden sumarse a través de jornadas de restauración, actividades educativas, difusión de información, investigación, documentación de problemas ambientales o apoyo a las iniciativas que cada organización considere prioritarias.

No todos los colectivos necesitan lo mismo. Por eso, acercarse a ellos, conocer sus demandas y preguntar cómo colaborar es una manera de reconocer su trabajo sin sustituir la voz de las comunidades.

El mapa interactivo de Escenario Tlaxcala busca facilitar ese acercamiento. Reúne las luchas, los territorios que defienden y sus principales causas para que estudiantes, investigadores y ciudadanía puedan conocerlas y encontrar vías de contacto autorizadas.

Estas resistencias forman parte de la historia viva de Tlaxcala. Conocerlas permite entender qué se ha defendido durante años; acercarse a ellas puede ayudar a que esa defensa no recaiga siempre en las mismas personas.