Tlaxcala, Tlax. Los acontecimientos violentos de la madrugada del pasado 12 de enero fracturaron la paz en la calle Iturbide Poniente, ubicada en la cabecera municipal de Chiautempan. Para los residentes de la zona, la calma se quebró tras las ráfagas de disparos que se escucharon alrededor de la 1:30 de aquel día.
A la fecha, los habitantes consideran que este suceso no es un hecho anómalo ni aislado. Por el contrario, lo vinculan directamente con la operación de centros de esparcimiento nocturno que, de manera constante, alteran la convivencia y el orden en la vía pública.
Pese a la proximidad estratégica de las cámaras de seguridad y las instalaciones de un C5 sobre la calle Iturbide Poniente, las y los residentes perciben estas herramientas como inoperantes. La falta de reacción inmediata no solo representa una falla técnica, sino una omisión institucional frente a los eventos de violencia que aquejan a la zona.
El encierro como único refugio
Los testimonios recolectados por Escenario Tlx describen una transformación de las dinámicas sociales y del entorno familiar sobre esta avenida, afectando principalmente a los sectores vulnerables.
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Las consecuencias de acontecimientos como la balacera del día 12 de enero han repercutido de manera directa sobre la salud emocional de los vecinos, quienes manifiestan un estado de hipervigilancia y angustia permanente.
El impacto es alarmante entre los grupos más vulnerables —infancias y adultos mayores—, cuya sensación de inseguridad se agudiza al caer la noche.
Ante la presencia de estos establecimientos, las dinámicas habituales de las familias en la zona se ven drásticamente alteradas a partir de las 18:00 y 19:00 horas de los fines de semana. Los residentes manifiestan que esta vía de comunicación se ha transformado en un entorno que los obliga a modificar sus rutinas cotidianas.
A la par, se ha generado una privación de la libertad como medida de protección autogestiva: los vecinos y padres de familia han optado por «tener guardadas» a las infancias, estableciendo horarios rigurosos y limitando el juego e interacción en los patios de sus hogares tras la percepción de riesgo por disparos al aire.
Este fenómeno ha infundido temor entre los residentes, quienes ya no se sienten seguros al llegar a sus propios domicilios o experimentan un sentimiento persistente de ser vigilados desde los espacios de esparcimiento nocturno.
La presión psicológica de sentirse observados por personas ajenas se suma al impacto emocional de la violencia, forzando una transformación profunda en las rutinas personales.
La comunidad señala que durante este último año el entorno de la calle se ha vuelto más hostil, con reportes constantes de disturbios, riñas y disparos de arma de fuego.
Autoridad ausente: vecinos exigen clausuras y aplicación de la Ley de Salud
Los vecinos señalan que, a pesar de contar con una cámara del C5 sobre la calle Iturbide Poniente y la cercanía de establecimientos de esparcimiento nocturno, el sistema de vigilancia ha resultado ineficaz durante eventos críticos.
Un ejemplo claro fue el tiroteo del pasado 12 de enero, donde las autoridades no se hicieron presentes pese al monitoreo de la vialidad. Ante esta situación, los ciudadanos hacen un llamado urgente a la alcaldesa para revisar el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como para ajustar los bandos policíacos de acuerdo con el Reglamento de Policía del Municipio de Chiautempan y la Ley de Salud vigente.
Los vecinos consideran que la crisis se agrava ante la percepción de una autoridad ausente o coludida, lo que ha transformado los hogares en focos de angustia permanente. Los habitantes denuncian que los establecimientos operan en un flagrante incumplimiento normativo, permitiendo el consumo de alcohol en la vía pública hasta la madrugada y la entrada a menores, ignorando incluso la proximidad de zonas escolares como el COBAT 04 o el Instituto Morelos.
Por una seguridad efectiva y permanente
Los vecinos exigen que la alcaldesa cumpla con los decretos de operación vigentes y que la infraestructura del C5 deje de ser inoperante, garantizando finalmente la estabilidad y el orden que la ley les otorga.
Los residentes señalan que medidas de vigilancia, como los rondines o patrullajes continuos, solo se han presentado posterior a las denuncias ciudadanas; sin embargo, temen que estas acciones cesen una vez que disminuya la presión de las juntas vecinales.
Esta situación deja en evidencia la inoperancia de las fuerzas municipales —entendida como la falta de eficiencia, utilidad o capacidad de actuar— para contener el incremento de los delitos en la zona.
Para los habitantes, la respuesta de las autoridades ante las denuncias presentadas demuestra que su actuar es ineficiente para los fines de seguridad pública planteados originalmente. Asimismo, existe una profunda desconfianza hacia el uso de las cámaras de vigilancia, reafirmando la existencia de actos de omisión de las autoridades hacia los afectados.
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