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Comunidades de Tlaxcala denunciaron el despojo y saqueo del territorio en la 4ta Asamblea Nacional por el Agua y por la Vida.
ANAVI registró la participación de 575 personas, provenientes de 154 diferentes organizaciones, colectivos, redes, pueblos originarios, comunidades indígenas e individuos, así como 37 medios de comunicación.
Estos participantes representaron a 13 estados de México, incluyendo Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Michoacán, Morelos, Querétaro, Oaxaca, Hidalgo, Guerrero, Guanajuato, San Luis Potosí y Yucatán.
Además, se sumaron personas provenientes de 12 países distintos, como Chile, Estados Unidos, Colombia, Italia, Cuba, España, Euskal Herria, Brasil, Austria, Bolivia, Grecia y Suecia.
La Asamblea contó con seis mesas de trabajo, donde se abordó la militarización, crimen organizado y la violencia que viven las y los defensores del territorio, la participación de las mujeres en la defensa del agua, la autonomía de los pueblos frente a las políticas gubernamentales, la amenaza de bosques y montes, ordenamiento territorial, proyectos de urbanización y turismo como mecanismos de despojo y la construcción de lo común frente a la guerra capitalista.
En dichas mesas se reflexionó alrededor de las diversas problemáticas que viven las comunidades indígenas frente a los megaproyectos que han acaparado el agua; asimismo se hicieron denuncias puntuales y propuestas encaminadas a la organización ante el saqueo y despojo de los territorios.
Demandas de agua en comunidades de Tlaxcala
ANAVI fue un espacio de encuentro y diálogo entre diversos colectivos, entre ellos el Comité de Defensores de la Identidad y Territorio de Tlaxcala (Coditet), conformado por el Colectivo de Saneamiento y Restauración de la Malintzin en Tlalcuapan, el Colectivo 4 de Octubre en San Francisco Tetlanohcan, el Colectivo en Defensa del Territorio de la Magdalena Tlaltelulco, la Colectiva Lésbico Indígena Mujeres Colibrí y la Red de San Pablo por la Defensa del Territorio; quienes dieron a conocer las diversas problemáticas ambientales que ha perpetuado las industrias y el gobierno local.
La Magdalena Tlaltelulco: La entrada a empresas y uso de pozos
En esa línea, el Colectivo en Defensa del Territorio de la Magdalena Tlaltelulco dio a conocer que a partir de la década de los años setenta, con la entrada de los procesos de industrialización, los habitantes de este municipio han enfrentado problemas de despojo, tanto por parte de empresas inmobiliarias como por actos autoritarios y violentos que implican la confiscación de los pozos de agua comunitarios.
Enfatizaron que esta situación pone en peligro no sólo la agricultura, que es su principal medio de subsistencia, sino también la vida comunitaria con sus estructuras organizativas autónomas y dinámicas propias.
Tetlanohcan: Saqueo y comercialización de árboles en el bosque de la Malinche
Por su lado también se dio a conocer que, durante más de veinte años, autoridades locales han perpetuado la tala clandestina en el bosque de la Malinche, generando así un notable cambio climático que ha modificado la dinámica ambiental y social del municipio de Tetlanohcan.
Se denunció que la declaración de la Malinche como Área Natural Protegida en 1938 ha obstaculizado el cuidado y el manejo del bosque por los propietarios y pobladores, por lo que bosque ha estado disputado siempre entre dependencias, taladores y personajes políticos de la comunidad.
Acaparamiento de pozos para la industria en San Pablo del Monte
Asimismo, se denunció que en San Pablo del Monte existe la venta ilegal de agua a través de pipas que se extrae de pozos; una acción que realizan fábricas textiles extranjeras en complicidad de las autoridades locales y estatales.
Externaron que las fábricas instaladas en San Pablo del Monte no cuentan con sistemas adecuados para tratar sus aguas residuales y no hay regulaciones que controlen su actividad, razón por la que siguen contaminando la Cuenca del Alto Atoyac.
De igual manera enunciaron que la ciudad de Puebla, aprovechando los límites territoriales con Tlaxcala, ha explotado los recursos naturales de la región, como la madera, arena, grava y agua de las laderas de la montaña.
Tlalcuapan: Encarcelamiento a presos políticos
Una de las exigencias que convocó a la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida fue la liberación de Saúl Rosales, tiaxca de la comunidad de San Pedro Tlalcuapan en Chiautempan, que fue condenado a veinte años de prisión por el delito de homicidio calificado.
Durante la plenaria se dio conocer que tras un linchamiento que se perpetró en abril de 2022, el Gobierno de Tlaxcala ha criminalizado a Saúl Rosales -quien en ese momento era presidente de comunidad- por su defensa del bosque de la Malinche por la plaga del escarabajo descortezador en 2019.
Finalmente, pusieron al descubierto que no existen pruebas que corroboren la participación de Saúl Rosales en la muerte del joven, por lo que exigen que sea liberado de inmediato.
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