Tlaxcala, Tlax.- Luego de que Enrique Padilla, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), anunciara que impugnará los lineamientos de paridad de género aprobados por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), diversas voces desde los activismos y movimiento en pro de los derechos políticos de las mujeres en Tlaxcala se han posicionado.
La abogada Geovanny Pérez cuestionó las implicaciones de esta decisión para los derechos político-electorales de las mujeres. Mientras tanto, la magistrada Elsa Cordero advirtió sobre sus efectos en candidatas y militantes.
En declaraciones compartidas con Escenario Tlaxcala, Pérez cuestionó las implicaciones de impugnar las medidas afirmativas que establecen la postulación exclusiva de mujeres a las presidencias municipales de 15 demarcaciones de la entidad. ¿De qué democracia hablan los partidos?, expresó al referirse a la postura del dirigente estatal.
La resolución, aprobada por el ITE el pasado 15 de octubre, busca revertir la subrepresentación y exclusión histórica de las mujeres en las presidencias municipales, cargos que han permanecido mayoritariamente encabezados por hombres, pese al aumento de su participación en otros espacios de los ayuntamientos.
Además, la medida establece que los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes e independientes deberán postular exclusivamente a mujeres en los 15 municipios seleccionados para el proceso electoral de 2027. Con ello, el organismo electoral busca avanzar hacia la igualdad sustantiva y garantizar que el derecho de las mujeres a ser postuladas se traduzca en posibilidades reales de acceder al ejercicio del poder público.
Acciones afirmativas enfrentan resistencia de partidos políticos
Geovanny Pérez señaló que la impugnación del PRI contra la postulación exclusiva de mujeres en 15 municipios evidencia la resistencia de los partidos políticos para avanzar hacia una “verdadera igualdad sustantiva”.
Aunque reconoció que impugnar es un derecho, sostuvo que esto no exime a los partidos de su obligación de garantizar la igualdad y la paridad de género. Asimismo, advirtió que la autonomía partidista no debe interpretarse como una «autorización» para mantener prácticas que obstaculicen el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de las mujeres.
En este contexto, Pérez cuestionó qué alternativa concreta ofrecen los partidos para garantizar que las mujeres accedan a las presidencias municipales si consideran inadecuada la reserva de candidaturas. “¿Qué alternativa concreta, eficaz y verificable propone para garantizar que las mujeres puedan acceder a esas presidencias municipales?”, planteó.
La pregunta contrasta con la postura de Enrique Padilla, dirigente estatal del PRI, quien anunció que impugnará la disposición que obliga a los partidos a postular exclusivamente a mujeres en las presidencias municipales de los 15 municipios. Padilla sostuvo que buscan “clarificar la posibilidad de que los hombres puedan ser o no candidatos”, aunque afirmó que su partido cumplirá con el eje de paridad de género mediante la postulación de 30 candidaturas para mujeres y 30 para hombres a nivel estatal.
Por su parte, Elsa Cordero, magistrada tlaxcalteca, consideró que esta postura refleja un “total desconocimiento” par parte de los partidos políticos y advirtió que las medidas afectan a candidatas y militantes. Añadió que los partidos deben contribuir a fortalecer la participación de la población, de la cual, recordó, la mitad son mujeres.
En la misma línea, Pérez enfatizó que las mujeres no deben depender de la voluntad de las dirigencias partidistas para acceder a espacios de representación, pues “la participación política es un derecho, no una concesión de los partidos”. La abogada también llamó a revisar las barreras políticas, sociales, económicas y culturales que han contribuido a la exclusión histórica de las mujeres de las presidencias municipales.
Finalmente, sostuvo que las acciones afirmativas permiten traducir el reconocimiento formal de los derechos humanos en oportunidades reales de participación política. Respaldadas por el marco constitucional mexicano y tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), estas medidas buscan garantizar el acceso efectivo de las mujeres al poder público.
“La paridad no es una concesión, la igualdad sustantiva no es una consigna y los derechos político-electorales de las mujeres no son negociables”, concluyó.
Por unanimidad, ITE establece lineamientos de paridad para 2027
El pasado 15 de octubre, durante una sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) aprobó por unanimidad el acuerdo ITE-CG 67/2026, que establece los lineamientos de paridad de género para el proceso electoral local 2026-2027, incluida la postulación exclusiva de mujeres a las presidencias municipales de 15 demarcaciones.
Los municipios contemplados son Apizaco, Cuaxomulco, Españita, Huamantla, Ixtacuixtla, Nativitas, Papalotla, San Juan Huactzinco, Santa Ana Nopalucan, Santa Apolonia Teacalco, Santa Cruz Quilehtla, Tepeyanco, Tepetitla, Xaltocan y Xicohtzinco. Su selección derivó de un diagnóstico de municipios donde históricamente ninguna mujer había encabezado el ayuntamiento, con ajustes a partir de resultados electorales y la revisión de registros históricos.
Además de esta reserva de candidaturas, el acuerdo establece medidas para favorecer la participación de las mujeres en las presidencias de comunidad, garantizar que las fórmulas encabezadas por mujeres cuenten con suplentes del mismo género y atender posibles escenarios de subrepresentación femenina en las listas de diputaciones de representación proporcional y regidurías. También contempla bloques de competitividad para evitar que los partidos concentren las candidaturas de mujeres en demarcaciones donde obtienen menor votación.
Los lineamientos se sustentan en disposiciones constitucionales, leyes electorales y tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres. El acuerdo plantea estas acciones afirmativas como mecanismos para compensar la discriminación histórica y avanzar hacia la igualdad sustantiva en el acceso a los cargos públicos.
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