Tlaxcala, Tlax.- Elia Almanza, Daniel Rosas y Victor Hugo Figueroa, periodistas e integrantes del medio independiente Luciérnaga Docs, realizaron el documental El caso Tlaxcala: la fabricación de los “Kempes”, una investigación que reconstruye los hechos ocurridos hace 24 años, cuando seis personas fueron detenidas arbitrariamente y acusadas de integrar una banda de secuestradores conocida como “Los Kempes”.

Este día, el equipo editorial de Escenario Tlaxcala entrevistó a los periodistas, quienes explicaron que la investigación documental se centra en la fabricación de culpables, la tortura y el encarcelamiento arbitrario durante el periodo en que Genaro García Luna estuvo al frente de la Agencia Federal de Investigación (AFI), entre 2001 y 2005.

La producción documenta las violaciones a los derechos humanos cometidas durante este proceso y cuestiona las prácticas institucionales que, de acuerdo con los periodistas, recurrieron a la fabricación de “chivos expiatorios” para presentar resultados en el combate al secuestro.

Los periodistas sostienen que, mediante un periodismo independiente y con enfoque en derechos humanos, buscan sustituir el «morbo» por recursos sonoros y narrativos éticos, así como preservar la memoria histórica y exigir que se investigue a los funcionarios involucrados, con el propósito de contribuir a la reparación de las violaciones cometidas.

La fabricación sistemática de los “chivos expiatorios”

“Se trataba de un patrón y de un tema sistemático que era la fabricación de culpables a través de la fabricación de delitos (…) para mostrar resultados en el combate contra el secuestro se tomaban chivos expiatorios”. Elia Almanza, periodista e integrante de Luciérnaga Docs.

En entrevista para Escenario Tlaxcala, Elia Almanza y Daniel, periodistas mexicanos, compartieron que el caso de “Los Kempes” no fue un hecho aislado ni un error institucional, sino parte de una práctica sistemática. Los hechos ocurrieron en agosto de 2002, durante el periodo en que Genaro García Luna encabezaba la Agencia Federal de Investigación (AFI), mientras que Luis Cárdenas Palomino se desempeñaba como director general de Investigación Policial de dicha institución.

El documental El caso Tlaxcala: la fabricación de los “Kempes” reconstruye la historia de seis personas detenidas en el municipio de Ecatepec, Estado de México, por autoridades ministeriales de Tlaxcala. Posteriormente, fueron trasladadas a territorio tlaxcalteca y presentadas como integrantes de una banda de secuestradores. El caso derivó en un proceso judicial marcado por irregularidades que se prolongó durante 24 años.

De las seis personas detenidas, una falleció durante su estancia en prisión, mientras que otras dos recuperaron su libertad después de ocho meses y 15 años, respectivamente. Las tres restantes permanecieron privadas de su libertad hasta que, mediante una resolución judicial, fueron absueltas y liberadas días antes de la presentación del documental.

Por su parte, Daniel Rosas señaló que la detención estuvo plagada de inconsistencias. Entre ellas, relató el caso de un menor de 10 años a quien las autoridades señalaban como presunto secuestrador. Sin embargo, al percatarse de su edad, los policías detuvieron a su hermano mayor en su lugar. Al respecto, el periodista cuestionó las condiciones del sistema penitenciario y sus consecuencias para las familias:

“Las cárceles siguen siendo ese escenario de delitos, en lugar de tener una labor de reinserción social (…) las familias además se desmoronan por este tipo de injusticia”.

Los periodistas también señalaron que, pese a contar con dictámenes elaborados con base en el Protocolo de Estambul que certificaban actos de tortura y ante la ausencia de declaraciones autoincriminatorias firmadas, el Poder Judicial en turno se rehusó a desestimar las pruebas. A estas irregularidades se sumó que el caso fue remitido reiteradamente entre las instancias del fuero federal y local.

Elia Almanza calificó estos hechos como “una violación muy grave al sistema judicial” y señaló que el caso evidencia actos de negligencia y omisiones por parte de los jueces que intervinieron en el proceso, lo que prolongó durante más de dos décadas la estancia de las personas detenidas en un centro de reinserción social.

Los realizadores enfatizaron que la violencia institucional no solo privó de la libertad a los seis implicados, sino que también tuvo consecuencias irreversibles, como la muerte de uno de ellos. Se trata de “Don Pepe”, quien, de acuerdo con los testimonios de los periodistas, falleció en prisión a causa de las golpizas recibidas.

Daniel Sosa explicó que, en un primer momento, el documental buscaba visibilizar las extorsiones y los hechos de violencia sistemática que ocurrían dentro y fuera de los centros penitenciarios, así como ejercer presión social para exigir la liberación de los tres hombres que permanecían encarcelados después de 24 años de reclusión.

El papel del cine documental en la preservación de la memoria

Elia Almanza sostiene que el periodismo debe ser útil para las causas sociales y constituir una herramienta para construir memoria colectiva frente a violaciones graves a los derechos humanos, como la tortura y las desapariciones forzadas.

“El periodismo tiene que ser útil para la sociedad […] yo siempre tengo en mente […] y trato de siempre mantener esa idea y compartirla, que el periodismo tiene que ser útil para las causas sociales. Si no, no tiene sentido ni razón de ser”, enfatizó.

Ambos periodistas reflexionaron sobre la evolución del ejercicio periodístico y cuestionaron las prácticas de lo que denominaron la “vieja guardia”, en la que algunos medios reproducían información oficial sin cuestionar las acusaciones de culpabilidad formuladas por las autoridades. Frente a ello, señalaron que el trabajo de Luciérnaga Docs apuesta por un enfoque ético y con perspectiva de derechos humanos, que busca contribuir a la exigencia de justicia y preservar la memoria histórica, sin recurrir al morbo ni al amarillismo.

Por su parte, Almanza advirtió que negar la existencia de la tortura y las violaciones a los derechos humanos, bajo el argumento de que son prácticas que “ya no existen” o que “han desaparecido”, constituye una narrativa que invisibiliza hechos y responsabilidades que aún requieren esclarecimiento. Por ello, consideró necesario recuperar casos de décadas anteriores y vincularlos con luchas históricas, como las de la llamada Guerra Sucia y las impulsadas por Alicia de los Ríos y Tita Radilla, para acercar estos antecedentes a las nuevas generaciones.

“Vale la pena hacer memoria […] para las nuevas generaciones, no nada más para las nuevas generaciones de periodistas, sino en las nuevas generaciones y juventudes para mostrar en qué estamos y cuáles son esos pendientes. Y creo que esa es la chamba del periodismo: contribuir precisamente a la memoria, el periodismo con sentido social, el periodismo que está del lado de las causas”.

Almanza también sostuvo que la liberación de los tres hombres no pone fin a las injusticias ni salda la deuda del Estado por más de 24 años de afectaciones a sus vidas. Señaló que aún existen órdenes de aprehensión pendientes contra policías que permanecen prófugos, por lo que consideró indispensable investigar a los funcionarios públicos involucrados y garantizar una reparación integral del daño.

Finalmente, enfatizó que, ante el panorama de impunidad que, de acuerdo con sus declaraciones, alcanza el 90% en el país, es necesario mantener la exigencia de justicia y evitar que estos hechos queden únicamente como parte del pasado.

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