- 21 iniciativas en materia de género se han presentado en el Congreso de Tlaxcala desde el agosto del 2024 al corte del 24 de marzo de 2026.
Tlaxcala, Tlax.- Cinco meses después de que la diputada Miriam Martínez Sánchez presentara ante el Pleno del Congreso una iniciativa para sancionar penalmente a quienes, mediante el uso de inteligencia artificial u otros medios análogos, alteren o generen imágenes, audios o videos de contenido íntimo o erótico-sexual, finalmente fue aprobada este 24 de marzo. En contraste, las iniciativas destinadas a su armonización a nivel federal, así como las impulsadas por el Poder Ejecutivo, suelen aprobarse en una semana.
El trabajo legislativo del Congreso continúa rezagado, 19 iniciativas en materia de género permanecen en espera de aprobación. A ello se suma la deuda pendiente del Estado con las mujeres y colectivas, derivada de los compromisos asumidos durante la campaña electoral 2021–2027, en donde la actual gobernadora, Lorena Cuéllar, se comprometió a hacer.
En entrevista para Escenario Tlaxcala, la directora de Mujer y Utopía, Edith Méndez, señaló que al inicio de las candidaturas a la gubernatura de Tlaxcala en 2021, la actual gobernadora, Lorena Cuéllar aceptó una agenda feminista propuesta por el colectivo.
La agenda está organizada en distintas secciones, entre ellas el derecho a vivir libres de violencia; los derechos sexuales y reproductivos; el derecho a un medio ambiente sano; el acceso a información no sexista y libre de violencia; el acceso a la justicia y a la reparación integral del daño; y el derecho al desarrollo pleno.
Señaló que también existen exigencias dirigidas al Congreso del estado, que tampoco han sido cumplidas.
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Ejemplificó que recientemente se realizó una reforma para clasificar y acreditar un caso como feminicidio, la cual corresponde a la iniciativa presentada por la diputada Soraya Noemí Bocardo Phillips el pasado 22 de enero. Indicó que también se han modificado delitos sexuales, que en muchos casos las y los legisladores se limitan a “copiar y pegar”, al señalar que aplican la misma legislación para los distintos leyes en materias de violencia.
Este panorama refleja la falta de mesas de trabajo, foros ciudadanos, labores de investigación y recolección de información que permitan generar iniciativas de reforma o la creación de nuevas leyes, por parte del Congreso.
En cuanto al Congreso del Estado, señaló que las iniciativas parecieran responder a intereses de ciertos sectores. Como ejemplo, mencionó la propuesta del diputado local Héctor Ortiz, que pretendía impulsar la maternidad subrogada en el estado y que, desde su postura, abriría paso a otra forma de explotación mediante el alquiler de vientres.
Lo cual contrasta con otras iniciativas pendientes de aprobación en el Congreso, como la postura de las y los diputados locales ante la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que eliminó barreras legales que impedían el acceso al aborto a niñas y adolescentes víctimas de violencia familiar o sexual en Tlaxcala.
Iniciativas en materia de género
De lo que va de la LXV Legislatura, es decir, de agosto 2024 al corte de este 24 de marzo del 2026, se han subido al pleno 197 iniciativas en total, de esas, 28 están relacionadas en materia de género; mismas que solo 7, han sido aprobadas, y de esas:
- 4 fueron presentadas por el poder ejecutivo,
- 1 responde a una armonización a nivel federal,
- 1 fue presentada por el Congreso de la Unión,
- la última corresponde a una iniciativa local de la diputada Miriam Martínez Sánchez lo cual fue aprobada este 24 de marzo de 2026; y presentada el pasado 14 de octubre de 2025.
Las diputadas que han presentado iniciativas en materia de género son: Miriam Martínez Sánchez, Anel Martínez Pérez, Maribel León Cruz, María Ana Bertha Mastranzo, Laura Yamili Flores, Lorena Ruiz García, Soraya Noemí Bocardo Phillips, Sandra Guadalupe Aguilar Vega, María Aurora Villeda Temoltzin y Blanca Águila Lima. (Si quieres saber más sobre qué presentaron, cuándo fueron subidas al pleno y cuándo fueron aprobadas, da click aquí pidiendo «La base de datos iniciativas de género».)
Las diputadas que no han presentado iniciativas en materia de género son: Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, Gabriela Hernández Islas, Madai Pérez Carrillo, María Ana Bertha Mastranzo Corona, Maribel Cervantes Hernández, Miriam Esmeralda Martínez Sánchez y Reyna Flor Báez Lozano.
Méndez agregó que este panorama también está permeado por los medios de comunicación, los cuales influyen en la generación de información que no es veraz, además de ser sexista, promover la misoginia o propiciar la revictimización, la violencia simbólica y la violencia mediática. En este sentido, señaló que no existen especificaciones claras para el trabajo de los medios, ni se ha reflejado en políticas públicas.
Otro de los temas que han quedado en el aire, es la transparencia y la rendición de cuentas para las mujeres, particularmente en el acceso a programas, recursos, presupuestos y políticas públicas dirigidas a la protección de sus derechos, señalando que existe un importante desvío de recursos.
Ejemplificó que actualmente, en la plataforma de Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim) no es posible acceder a la información pública sin crear una cuenta, a diferencia de lo que ocurría anteriormente, cuando el acceso era abierto.
Por lo que Edith, se cuestiona sobre la transparencia y el acceso a la información al no mostrar el número y registro de las denuncias ciudadanas. En ese sentido, al corte del 29 de diciembre del 2019, la plataforma registró 50 mil órdenes de protección emitidas para las mujeres víctimas de violencia.
«Pues es que las víctimas no continúan con su denuncia»: La violencia comienza desde las instituciones
En días anteriores, la Secretaría de Educación Pública dio a conocer que, entre 2022 y 2023, se registraron 24 bajas de docentes que incurrieron en acoso y violencia sexual al interior de las escuelas. Sin embargo, la Unidad de Género había reportado, en el mismo periodo, 205 casos de violencia sexual y acoso.
Ante esta discrepancia, durante el Diálogo Circular del pasado 13 de marzo, este medio de comunicación cuestionó al titular de la Secretaría de Educación Pública, Homero Meneses, sobre las acciones de la dependencia para generar confianza en las víctimas y fomentar la denuncia. Al respecto, el funcionario señaló que “la posibilidad de no llegar a un castigo efectivo depende de que las víctimas no continúen con el proceso”.
Además, indicó que deben crearse nuevas instancias para atender este tipo de casos, así como destinar recursos y garantizar la presencia de mujeres en estos espacios. Por su parte, Edith señaló que, cuando se habla de violencia escolar, no se trata de un solo tipo de violencia, sino de un ámbito en el que pueden presentarse múltiples formas de violencia.
Refirió que, a nivel federal existen protocolos en áreas como la jurídica, de género y educativa; sin embargo, a nivel local estos no se armonizan ni se adecuan al contexto del estado. En este sentido, planteó la necesidad de armonizar la Ley General de Acceso con la Ley de Educación, la cual dijo carecer de una perspectiva de género.
“La Ley de Educación debe contar con especificaciones respecto de las violencias contra las mujeres, porque tampoco podemos decir que en la educación solamente las mujeres viven violencia; también la enfrentan niños, adolescentes, jóvenes y hombres. Pero sí debe haber una especificación en cómo se relaciona la Ley de Acceso con la Ley de Educación, sobre todo porque la primera sí contempla la violencia en el ámbito educativo”, explicó.
Añadió que esta armonización permitiría que los protocolos, modelos de acompañamiento y programas del sistema educativo respondan no solo a la Ley de Educación, sino también a otros marcos que protegen los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Asimismo, subrayó la necesidad de revisar la Ley de Educación para que sea congruente con otros instrumentos jurídicos, como la Ley de Trata de Personas, dado que el ámbito escolar puede representar un contexto de vulnerabilidad frente a este delito. Esto, consideró, también fortalecería las capacidades de la Secretaría de Educación Pública para asumir sus responsabilidades institucionales, en coordinación con otras instancias como el DIF, en la protección y garantía de los derechos humanos.
Finalmente, señaló que, en caso de concretarse esta armonización, deberían contemplarse sanciones, tomando como referencia otras normativas como la Ley de Seguridad Ciudadana que ya establecen medidas administrativas en este tipo de casos.
Trata de personas en Tlaxcala
Edith Méndez señaló que otro de los temas pendientes dentro de la alerta de género, es la falta de definición de la desaparición forzada. Cuestionó particularmente cómo lograr que la desaparición de mujeres sea reconocida como tal y se elimine la idea de que ocurre por decisión propia, percepción que señaló aún persiste en algunos casos.
A partir de lo que menciona, consideró necesario cuestionar que el gobierno no está atendiendo de manera adecuada la violencia familiar, situación que, puede obligar a las mujeres a huir.
Al respecto, datos del BANAVIM 2019, señalaron que el 93% de las agresiones se dan en el ámbito familiar sin importar el nivel de escolaridad.
Intenta agregar el delito de transfeminicidio al artículo 229
Edith señaló que a nivel federal se busca incorporar el delito de transfeminicidio dentro del artículo 229 del Código Penal, dicha propuesta plantea incluir en esta figura a la población de mujeres trans.
“Cuando se observa la propuesta, se agregan muchas razones de género. Lo que desde el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio hemos nombrado como una razón de género, ahora se amplía considerablemente la lista”, explicó.
Señaló que al integrar este tipo penal dentro del mismo artículo, en algunos puntos se diluye la figura de mujer, lo que podría representar un retroceso en temas legislativos de género.
Indicó que, hasta ahora se han realizado 6 reformas al tipo penal de feminicidio; no obstante, señalo que esto refleja que ni los congresos locales ni el Poder Judicial comprenden plenamente qué es el feminicidio ni la importancia de contar con un tipo penal adecuado. Añadió que esta falta de claridad contribuye a la impunidad, ya que los casos terminan reclasificándose como otros delitos.
Desde el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, planteó que el transfeminicidio se establezca en un artículo distinto, como un delito independiente del feminicidio, con justificaciones, condiciones concretas y especificaciones propias, y no, como una acción de copiar y pegar las características que se consideran para clasificar un delito como feminicidio.
