Tlaxcala, Tlax. El pasado 24 de julio, durante el Diálogo Circular, autoridades estatales presentaron un balance de la estrategia implementada para combatir la trata de personas en Tlaxcala, en el que destacaron la obtención de 37 sentencias condenatorias durante la presente administración, la realización de 750 operativos del programa Municipio Seguro, 57 inspecciones en hoteles, bares y otros establecimientos, así como acciones de prevención y sensibilización que, aseguraron, buscan fortalecer la detección de este delito y la cultura de la denuncia.
En el ejercicio participaron el coordinador de Comunicación del Gobierno del Estado, Antonio Martínez Velázquez; el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Alberto Martín Perea Marrufo; y el fiscal especializado para la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Trata de Personas de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Óscar Braulio Angulo Terova.
Durante el diálogo, el equipo editorial de Escenario Tlaxcala cuestionó el presupuesto destinado a la prevención y erradicación de la trata, el cumplimiento del Programa Estatal, la elaboración de materiales de sensibilización y la capacidad institucional para identificar y atender a las víctimas.
En respuesta, los funcionarios defendieron los operativos, las estrategias preventivas y sostuvieron que uno de los principales obstáculos para combatir este delito continúa siendo la baja cultura de la denuncia. Sin embargo, para el Centro Fray Julián Garcés la respuesta institucional resulta insuficiente, pues atribuir la falta de resultados a la ausencia de denuncias desconoce la obligación legal de las autoridades de investigar de oficio los casos de trata de personas y elude responder por el rezago en el cumplimiento de la política estatal para prevenir, atender y erradicar este delito.
Disparidad en el presupuesto y los resultados, SSC
Uno de los cuestionamientos planteados por Escenario Tlaxcala estuvo relacionado con la correspondencia entre los recursos destinados a la política estatal de combate a la trata de personas y los resultados obtenidos. De acuerdo con el Centro Fray Julián Garcés A.C., entre 2023 y 2025 se asignaron 2 mil 163 millones 400 mil 783 pesos a acciones vinculadas con la prevención, sanción y erradicación de este delito.
No obstante, el pasado 17 de junio, el Gobierno del Estado informó, a partir del reportaje «Dentro de un pueblo mexicano donde las niñas son «vendidas desde el momento en que nacen» publicado por la periodista Louise Callaghan en The Sunday Times, que el Programa Estatal contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual en Niñas y Mujeres 2022-2027 registra un avance formal de apenas 11%.
En respuesta, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Alberto Martín Perea Marrufo, sostuvo que la brecha entre los recursos destinados a esta política y los resultados obtenidos obedece principalmente a la falta de denuncias. Señaló que el principal obstáculo para avanzar en el cumplimiento del Programa Estatal contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual en Niñas y Mujeres 2022-2027 continúa siendo la baja cultura de la denuncia, aunque aseguró que la dependencia mantiene labores de inteligencia y operativos preventivos para identificar posibles casos.
Asimismo, aseguró que la prevención no corresponde exclusivamente al Gobierno del Estado, sino que los ayuntamientos, particularmente los de la zona sur de Tlaxcala, tienen la obligación de implementar acciones preventivas y atender fenómenos como la prostitución y la posible operación de redes de proxenetismo y que, de no actuar, estas acciones corresponderían a «una falta administrativa».
«Responsabilizar a las víctimas de trata es desconocer la ley»; CFJG
En entrevista, Marisol Flores García, directora del Centro Fray Julián Garcés, afirmó que la postura expresada por las autoridades durante el Diálogo Circular respecto a que la falta de denuncias limita el combate a la trata de personas refleja un desconocimiento de las obligaciones que establece la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas. Explicó que dicha ley faculta a las autoridades para investigar de oficio este delito, por lo que las investigaciones no deben depender exclusivamente de que las víctimas presenten una denuncia.
Para Flores García, atribuir la principal limitante del combate a la trata de personas a la «cultura de la denuncia» termina por trasladar la responsabilidad a las víctimas, sus familias e incluso a la ciudadanía, en lugar de asumir las obligaciones que corresponden al Estado para prevenir, investigar y sancionar este delito.
Asimismo, la directora del Centro Fray Julián Garcés cuestionó la implementación de la estrategia estatal para prevenir, atender y erradicar la trata de personas, aprobada en 2022. Señaló que, durante el Diálogo Circular, las autoridades privilegiaron la presentación de operativos, campañas y acciones desarrolladas por cada dependencia, sin explicar la brecha entre los recursos ejercidos, las metas establecidas en el Programa Estatal y el bajo nivel de cumplimiento reportado.
En ese sentido, agregó que esta situación se agrava al considerar que, durante 2023 y 2024, parte de los recursos vinculados a la estrategia estatal fueron destinados al financiamiento de actividades relacionadas con la denominada «fiesta brava», pese a que, afirmó, esos recursos debían orientarse a acciones de prevención y combate a la trata de personas.
Centro Fray Julián Garcés cuestiona suspensión de cuaderno sobre trata por argumento de la Nueva Escuela Mexicana
Respecto a los cuestionamientos sobre la publicación del cuaderno especializado para la prevención de la trata de personas titulado «Apuntes para prevenir y erradicar la trata de personas con fines de explotación sexual en niñas y mujeres», el coordinador de Comunicación del Gobierno del Estado, Antonio Martínez Velázquez, explicó que el Consejo Estatal contra la Trata acordó suspender su edición al considerar que parte de sus contenidos ya habían sido incorporados a los materiales de la Nueva Escuela Mexicana (NEM). Por ello, señaló que se determinó revisar y actualizar el documento antes de su publicación.
El funcionario reconoció que el proyecto permanece pendiente y que, al tratarse de un recurso federal, actualmente se replantea una nueva propuesta con base en las observaciones emitidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Al preguntarle si es una prioridad para el gobierno actual la publicación de dicho libro, el vocero respondió que «sí lo es«, sin embargo, hasta el momento no precisó si el Consejo Estatal contra la Trata retomará su edición ni estableció un plazo para su publicación, pese a que esta acción forma parte del Programa Estatal contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual en Niñas y Mujeres 2022-2027 como una estrategia para fortalecer la prevención desde el ámbito educativo.
Por su parte, el Centro Fray Julián Garcés rechazó esta explicación. Emilio Muñoz Berruecos sostuvo que el argumento de que los contenidos ya fueron incorporados a la Nueva Escuela Mexicana «no tiene sentido», pues los estudios realizados por la organización con docentes muestran que, aunque existe un mayor reconocimiento de la problemática, la mayoría carece de herramientas metodológicas para abordarla en el aula. Añadió que el modelo de la NEM promueve el trabajo a partir de problemáticas comunitarias, pero requiere procesos de capacitación específicos que, aseguró, no se han implementado en materia de trata de personas.
Finalmente, recordó que en abril pasado organizaciones civiles y académicas presentaron una propuesta de programa educativo orientada a fortalecer la prevención de la trata de personas en las escuelas, como parte de los esfuerzos para dotar al magisterio de herramientas pedagógicas especializadas.
Las denunciantes no vienen a nosotros, nosotros vamos a ellas; FGJE
Otro de los cuestionamientos planteados por Escenario Tlaxcala estuvo relacionado con la metodología que emplea la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) para identificar posibles víctimas de trata de personas durante los operativos, considerando que diversas investigaciones documentan que muchas de ellas no se reconocen como víctimas debido a los mecanismos de control y violencia ejercidos por las redes de explotación.
En respuesta, el fiscal Angulo Terova, explicó que la Fiscalía modificó su estrategia al dejar de esperar denuncias y acercarse directamente a posibles víctimas durante los operativos. Agregó que la FGJE mantiene un proceso permanente de capacitación de su personal para fortalecer la identificación de víctimas y la integración de carpetas de investigación por este delito.
Como parte de estas acciones, informó que en el reciente operativo se estableció contacto con 28 mujeres (ninguna de ellas menores de edad), quienes actualmente se encuentran bajo el resguardo de la Fiscalía mientras se determina su situación jurídica.
«Muchas de las veces los tipos de violencia que ellas tienen son capaces de minimizar hasta cierto punto el delito o no decir que, como tal, son víctimas del mismo».
Finalmente, indicó que la atención brindada durante estos operativos es respaldada por un equipo interinstitucional integrado por personal del INCIFO, Trabajo Social, Psicología y Victimología de la Fiscalía, lo que, desde su perspectiva, permite ofrecer acompañamiento y respetar los tiempos de recuperación de las víctimas antes de una entrevista formal.
Operativos en moteles de Tlaxcala responden a una lógica administrativa, ni al combate para prevenir la trata
Una de las acciones destacadas por las autoridades durante el Diálogo Circular fue la realización de operativos e inspecciones en hoteles, bares y moteles. Como resultado, la Fiscalía informó que nueve moteles fueron suspendidos por incumplimientos a la normatividad sanitaria y administrativa; sin embargo, el Centro Fray Julián Garcés cuestionó que este tipo de intervenciones respondan principalmente a una lógica administrativa y no a una estrategia especializada para desarticular redes de trata de personas
Emilio Muñoz Berruecos del Centro Fray Julián Garcés sostuvo que los operativos recientes responden más a una lógica administrativa que a una estrategia especializada para combatir la trata de personas. Explicó que, al ser encabezados por la COEPRIST, las acciones se limitan a verificar el cumplimiento de normas sanitarias y administrativas, lo que deriva en clausuras temporales de establecimientos, sin desarticular redes de trata, judicializar a los responsables o garantizar protección integral a las víctimas.
«no es una acción promovida directamente para identificar a posibles víctimas o a victimarios. Sino que más bien es una acción de salubridad y ellos mismos reconocen que estos operativos son en base a la norma sanitaria y administrativa vigente».
Muñoz Berruecos sostiene que estas intervenciones terminan con la clausura temporal de establecimientos por irregularidades administrativas, mientras que las personas tratantes, los consumidores y las estructuras que sostienen la explotación «permanecen sin ser desarticuladas».
Asimismo, señaló que tampoco existen evidencias de que los operativos recientes hayan derivado en el traslado de víctimas a espacios de protección o en la aplicación de mecanismos como la extinción de dominio sobre los inmuebles utilizados para la comisión de estos delitos.
«son más acciones reactivas para mediatizar que se hace algo, pero que realmente no tienen resultados» añadió.
Flores García consideró que la Fiscalía General de Justicia del Estado mantiene un desempeño desvinculado de los objetivos establecidos en el Programa Estatal contra la Trata de Personas. A su juicio, durante el Diálogo Circular la institución se limitó a presentar las actividades que realiza en el ejercicio de sus atribuciones, sin explicar de qué manera éstas contribuyen al cumplimiento de las metas e indicadores previstos en la política pública.
Asimismo, cuestionó que la Fiscalía no informara sobre investigaciones patrimoniales o de inteligencia financiera orientadas a desarticular las redes de trata de personas. En el mismo sentido, Emilio Muñoz Berruecos señaló que tampoco se presentaron resultados relacionados con la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio para asegurar hoteles, vehículos, cuentas bancarias u otros bienes presuntamente utilizados para la comisión de este delito.
Finalmente, Flores García y Muñoz Berruecos coincidieron en que uno de los principales errores del enfoque institucional consiste en esperar que las víctimas se reconozcan como tales y denuncien durante los operativos, cuando especialistas en atención a sobrevivientes han documentado que este proceso puede tomar meses o incluso años. Desde el CFJG, insistir en una denuncia inmediata desconoce los mecanismos de control ejercidos por las redes de trata, revictimiza a las personas afectadas y favorece la impunidad.
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