Tlaxcala, Tlax. A través de una denuncia ciudadana enviada a Escenario Tlax, empleados del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala (OFS) acusaron a altos funcionarios de la institución de realizar acuerdos para aprobar la cuenta pública de municipios con irregularidades, esto para recibir beneficios personales.
El OFS es la institución encargada de revisar que los municipios ejecuten y comprueben de una manera correcta y trasparente su presupuesto designado, según lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en su artículo 54, obligaciones que han sido violadas y alteradas según lo descrito en el documento presentado.
En la información emitida por trabajadores de la institución aseguran que altos funcionarios del Órgano de Fiscalización realizan acuerdos ilegales con los representantes de diferentes municipios, mismos que presentan irregularidades en sus cuentas públicas, por lo que modifican los reportes en donde se establecen los fallos de las cuentas públicas, por lo que trasgrede el trabajo de quien sí realiza de manera correcta su función en la institución.
Anualmente el OFS tiene por obligación entregar un informe de resultados en los primeros días mayo ante Congreso del Estado, informes que a la fecha han salido sin irregularidades, esto a pesar de que en más de 8 municipios los ciudadanos se hayan manifestado y exigido la destitución de sus presidentes municipales, acusándolos de mal uso del recurso público y demás delitos del mismo índole.
A pesar de que en la mayoría de los casos en donde se denunciaron este tipo de delitos se presentaran pruebas contundentes ante el congreso y el órgano de fiscalización, en ningún caso se llegó a por lo menos una sanción, reforzando lo que se acusa en la denuncia presentada a este medio de comunicación.
En el documento se hace referencia a que “los acuerdos que realizan entre funcionarios es por intereses económicos y personales” además de asegurar que el fin último de que esta información se convierta en pública es “para evitar estas prácticas que fomentan la corrupción, la opacidad y el manejo discrecional de los recursos públicos”.
En caso de comprobarse dicha información a funcionario del Órgano de Fiscalización como a los presidentes municipales y todo servidor público que se le comprueben las acusaciones, estarían violando delitos federales de corrupción, transparencia y rendición de cuentas, mismos que en la actualidad son castigados de 2 a 14 años de prisión.
