Las personas que deben abandonar sus hogares debido a la crisis ambiental se enfrentan a situaciones de violencia, inseguridad, persecución política así como a violaciones graves a sus derechos humanos.
En la Tercera Consulta del Proceso de Cartagena +40, realizada en Bogotá, organizaciones destacaron la necesidad del fortalecimiento de los marcos jurídicos sobre el desplazamiento climático, así como la carencia de mecanismos de protección y asistencia humanitaria.
Por Farah Medina / @_dtfarahm_
La deforestación en bosques y selvas, las emisiones de gases de efecto invernadero y los problemas para el acceso de agua, han llevado a una crisis climática que afecta a regiones y países como el Caribe, México, Colombia y Centroamérica.
Esta emergencia ha llevado a que las personas se vean obligadas a desplazarse hacia lugares en donde las condiciones ambientales y sociales les permitan vivir dignamente, así como, donde “los Estados garanticen condiciones que permitan su permanencia”.
El desplazamiento forzado por desastres se ha convertido en un fenómeno transnacional, por ello, durante la Tercera Consulta de Cartagena +40, diversas organizaciones de centro y latinoamérica decidieron retomar esta discusión, con el propósito de “fortalecer el sistema internacional de protección de las personas refugiadas, desplazadas por la fuerza, y apátridas”.
“Ante la necesidad de emprender acciones más contundentes”, crear estrategias y propuestas el Grupo Articulador Regional del Plan de Acción Brasil (GAR PAB) propuso ocho acciones para la protección de personas desplazadas dentro de los países de acogida, además del reconocimiento jurídico del desplazamiento climático.
Entre las primeras necesidades identificadas se encuentra el acceso a datos y estadísticas sobre el impacto de la emergencia climática, su acceso ayudaría a evidenciar esta problemática, y es que, sin esta información no es posible identificar las barreras y lagunas en los marcos jurídicos en cuanto a la protección de las personas desplazadas.
Otra de estas acciones es la promoción financiera para iniciativas de acción climática, de esta manera se busca que el contexto de emergencia climática sea tomado en cuenta para el reconocimiento de una persona refugiada cuando el conflicto por los recursos naturales se identifique como “causa de temor por persecución o una afectación en el orden público”.
Estás acciones también pretenden proveer de protección ante los operativos de deportación, rechazo en fronteras o la expulsión colectiva; promover los corredores de libre movimiento; la protección a grupos vulnerables con documentación que permita su residencia, así como la protección de las personas ante los Estados frente a desalojos forzosos.
La inclusión de una perspectiva interseccional en la asistencia humanitaria es crucial, considerando que las poblaciones rurales, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, mujeres, infancias y adolescencias son especialmente vulnerables a las consecuencias de la emergencia climática.
Estas propuestas buscan asegurar la protección ante la violencia sexual, el reclutamiento forzado y la pérdida de medios de subsistencia.
Más de 30 organizaciones del GAR PAB hacen un llamado para que las voces de las organizaciones de la sociedad civil y de las personas refugiadas sean escuchadas en las cumbres sobre las crisis humanitarias, la acción climática y la protección de los derechos humanos, destacando la importancia de “reflejar la diversidad de quienes están en la primera línea de atención y experimentan el desplazamiento”.
Esta nota es posible gracias a la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Lee la nota original aquí.
