Tlaxcala, Tlax. La reciente designación de Maximino Hernández Pulido, Anel Bañuelos Meneses y Marco Tulio Munive Temoltzin como notarios públicos en Tlaxcala ha puesto de manifiesto una práctica de larga tradición en la política mexicana: el uso de las notarías como herramienta de poder y control. Lejos de ser un simple nombramiento administrativo, la concesión de estas patentes revela la profunda interconexión entre la política, la economía y el ejercicio del poder público.
El Círculo del Poder y las Notarías
En México, las Leyes del Notariado otorgan al ejecutivo estatal la facultad discrecional de nombrar a los fedatarios, un poder que ha sido utilizado históricamente para consolidar alianzas.
Maximino Hernández Pulido, cuya carrera política se ha mantenido vigente por ser de los ejemplos más relevantes de la traición política en el ha estado ligada a la seguridad pública y el control del C5i, y Marco Tulio Munive Temoltzin, un panista nombrado por la actual gobernadora de Morena, son perfiles que encajan en esta lógica. Su designación podría interpretarse como una recompensa por su servicio y lealtad, garantizando así un puesto de privilegio que les permite mantener su influencia fuera del gabinete.
Mientras que Anel Bañuelos Meneses, expresidenta del Poder Judicial, al parecer no tiene indignación alguna por la forma en que Lorena Cuéllar impuso un Poder Judicial con sus acordeones.
Más Allá de la Fe Pública: Un Control Silencioso
Las notarías tienen un papel crucial en la vida pública y económica de un estado, lo que las convierte en un foco de interés para los grupos en el poder.
Organizaciones no gubernamentales enfocadas en la transparencia y la rendición de cuentas, como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), han publicado investigaciones detalladas sobre la red de complicidades entre notarios y la clase política, evidenciando cómo se utilizan estas oficinas para encubrir actos de corrupción o evadir la justicia. De igual manera, análisis de politólogos e investigadores sociales examinan la notaría como un espacio de poder y privilegios dentro del sistema político mexicano.
El control es de distinto tipo. Por un lado, es financiero y económico pues las notarías son intermediarias clave en operaciones de alto valor como la compraventa de inmuebles, la constitución de empresas, fusiones o adquisiciones. Un gobernador puede usar una notaría de confianza para facilitar transacciones de sus aliados, obtener comisiones, o incluso monitorear los movimientos financieros de sus opositores. También es una herramienta para legitimar el origen de recursos, lo que podría facilitar actos de corrupción o lavado de dinero al darles una apariencia de legalidad.
Los notarios son fedatarios en actos jurídicos de gran relevancia política, como la creación de asociaciones civiles, la protocolización de actas de asambleas, o incluso la conformación de nuevos partidos políticos. Esto podría constituir poder político y legal ya que Lorena Cuéllar puede asegurar, a través de esas una notaría leal, que estos procesos se realicen de manera fluida para sus aliados, mientras que para los oponentes pueden surgir obstáculos legales o demoras que impiden su actuación.
Respecto al control sobre el patrimonio y bienes públicos, recordemos que las notarías certifican la adquisición de terrenos para obras públicas, la compraventa de activos o la transferencia de bienes. Un gobernador podría utilizar una notaría para acelerar o manipular los procesos de expropiación, de venta de terrenos estatales o de adquisición de bienes inmuebles, asegurándose de que beneficien a su círculo cercano o a los intereses del grupo en el poder.
Y finalmente, algo igual de grave, el control de la información. Las notarías manejan datos sensibles y privados de particulares, desde sus datos personales hasta sus activos y deudas. Al tener una persona de confianza en esa posición, él o la titular de un poder ejecutivo puede potencialmente obtener información privilegiada para usarla con fines de espionaje político, extorsión o para neutralizar a sus adversarios.
Un Manto de Legalidad sobre la Controversia
La designación de estos perfiles ha generado debate, dada su historia de controversias. Maximino Hernández Pulido, por ejemplo, fue objeto de una controversia electoral en su momento al abandonar el proyecto político adversario al de Lorena Cuéllar, y entregar información clave para restarle puntos a Anabell Ávalos Zempoalteca.
Por su parte, Marco Tulio Munive Temoltzin ha sido acusado por transportistas de corrupción; mientras que la designación de Anel Bañuelos Meneses, quien asumió la presidencia del Poder Judicial en un momento de polémica y lidió con un subejercicio presupuestal heredado, es otro punto de análisis. Su nombramiento como notaria, tras su paso por el TSJE, puede verse como un «premio» que asegura su futuro político y económico, reforzando la idea de que una notaría es refugio para políticos salientes.
La concesión de notarias a estos perfiles, si bien es legal, plantea interrogantes sobre la transparencia y la rendición de cuentas. Las investigaciones de organizaciones como MCCI sugieren que la red de complicidades entre notarios y funcionarios es una de las principales herramientas para encubrir actos de corrupción, lo que hace crucial que la sociedad vigile de cerca la labor de estos nuevos fedatarios públicos.
