Se acerca el 8 de marzo de 2025, una fecha que marcará la cuarta marcha feminista durante el sexenio de una mujer en Tlaxcala.
Una marcha que tiene el potencial de cambiar el rumbo de las manifestaciones anteriores, donde la violencia y la represión fueron los actores principales.
Desde una perspectiva personal, creo firmemente en el poder del ejercicio de la memoria, especialmente en aquellos espacios donde esta se convierte en colectiva. La memoria nos permite reconfigurar nuestras historias y darles nuevos significados. Y aunque reconozco que hay cosas que preferiría olvidar, en el caso del 8M en Tlaxcala, elijo posicionarme desde la dignidad que nos brinda el recordar.
En este contexto, este ejercicio no nos permitirá olvidar que, desde 2022, la respuesta del Gobierno de Lorena Cuéllar ante las marchas del 8M, ha sido la represión. Vulnerando los derechos de aquellas mujeres que solo exigen una cosa: justicia. Para este caso, la memoria también se vuelve un acto de resistencia.
Este año, la pregunta es inevitable: ¿hemos aprendido algo? ¿El gobierno de Lorena Cuéllar decidirá no repetir los errores del pasado, o serán las mujeres manifestantes, una vez más, quienes tendrán que alzar la voz para no permitirlo? La respuesta no solo define el rumbo de esta marcha, sino también la credibilidad de un gobierno que, pese a estar encabezado por una mujer, ha fallado en escuchar y atender las demandas de las mujeres, sí, ese es el sentir de muchas mujeres en Tlaxcala. Por eso creo firmemente que este 8M no puede ser otro capítulo de violencia institucional; podría ser un punto de inflexión.
Y es que para profundizar más en ese actuar, acepté la invitación que me hizo Artículo 19 y asistí a la presentación del “Protocolo tipo para la atención y gestión de la Protesta”, una iniciativa que se ha trabajado desde el año pasado en estados como Nuevo León, Ciudad de México, Zacatecas y, por supuesto, Tlaxcala. Este protocolo, convocado por la Secretaría de Gobierno Federal y Estatal, junto con Artículo 19, busca «garantizar el derecho a la libre manifestación y mejorar la relación entre policías, prensa y manifestantes.»
Durante la presentación de este protocolo, representantes de la Secretaría de Gobierno Federal, como Marisela Valor Ayllón, Directora General de Política Pública de Derechos Humanos, y Tobyanne Ledesma Rivera, Directora General para la Protección de Personas, insistieron en la importancia de respetar y garantizar el derecho a la protesta. Sin embargo, en mi mente resonaba una pregunta: ¿cómo se traducirán estas palabras en acciones concretas, especialmente en un Estado como Tlaxcala, donde en la marcha del 8M ha tenido como respuesta la represión?
De acuerdo al protocolo, se busca erradicar los actos de violencia durante las marchas. Así lo dice textualmente en el apartado del actuar de los entes de seguridad: «el personal encargado de la seguridad deberá tratar de reducir la tensión de las situaciones que podrán dar lugar a violencia y tienen la obligación de agotar los medios no violentos y advertir previamente si es absolutamente necesario utilizar la fuerza.»
Suena tan bonito, hasta que recuerdo aquellas palabras tan sabias del Cochiloco diciéndole al Beny «Es bueno creer, pero es mejor no creer.» Porque finalmente el Estado, definido por Max Weber, como esa institución que tiene el monopolio legítimo de la violencia, puede hacer y deshacer a su antojo un protocolo. Pero para no sonar tan desesperanzadora y no dejar que mi incredulidad hacia las instituciones me gane, prefiero desmenuzar un poco lo que este protocolo tipo propone, esto con la idea de que este 8M deje de ser ese espacio de represión que lo ha caracterizado.
Sobre el uso de la fuerza, el protocolo menciona que sucederá ante un conflicto de riesgo ¿y qué es un conflicto de riesgo? Según el protocolo, un conflicto de riesgo ocurre cuando manifestantes y personal de seguridad, o incluso personas externas, entran en confrontaciones verbales o físicas que pueden escalar y poner en peligro la seguridad, el bienestar o el derecho a la protesta.
Para evitarlo, el protocolo propone que servidoras públicas participen activamente como acompañantes de estas marchas y que sean las mediadoras entre las manifestantes y los elementos de seguridad. Sin embargo, esta propuesta incrementa mis interrogantes sobre si el 8M de este año marcará un cambio real, ya que en ediciones anteriores nunca se priorizó el diálogo como estrategia. Más bien se criminalizó, como aquel video que en 2022 la gobernadora grabó para pedir expresamente que las manifestantes no cayeran en «actos de violencia», porque desde esos entes ya se concibe a las mujeres como violentas. Por lo que ya deberíamos, para esta marcha del 8M, borrar de los discursos políticos esas narrativas.
Y es que el diálogo y las pocas posibilidades de alcanzarlo se dudan más a pesar de contar con la presencia recurrente «como observadores» de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en años pasados, organismo que, pese a documentar el uso excesivo de gas lacrimógeno —herramienta favorita de la represión en estas movilizaciones— no ha sido clara con las quejas que interponen las manifestantes. Por cierto, este organismo brilló por su ausencia en la presentación del protocolo. Resulta llamativo que, mientras representantes de Zacatecas y Nuevo León se desplazaron expresamente para el evento, la institución encargada de garantizar derechos en el ámbito local no consideró prioritario asistir.
Y hablando de los ausentes, aquí me gustaría puntualizar, que a la presentación del protocolo, también fue convocada la prensa, no obstante solo acudimos cinco medios de comunicación. Lo cual me parece lamentable; considero que la participación activa de este gremio también resulta fundamental, ya que la represión también ha golpeado el trabajo de las reporteras y reporteros que cubrimos la marcha del 8M. Para evitar esto, el protocolo también propone una forma responsable de comunicar, y cuando digo responsable, aquí se invita a que quienes cubramos la Marcha del 8M seamos mujeres y que se respeten los acuerdos que compañeras manifestantes solicitan, que para no excluir a ningún medio, se puede contratar mujeres solo para ese día.
Y bueno, si es que los compañeros periodistas tienen tanta insistencia en cubrir la marcha, el mismo protocolo hace mención que los gobiernos, a través del área de Comunicación Social, se debe trabajar para dar coberturas responsables, considerando un espacio destinado exclusivo para prensa, esto para evitar que los compañeros se sientan agredidos por parte de las manifestantes y elementos de la policía (porque sí, aquí los señores con trayectoria periodística se sienten agredidos y resultan ser los que más quieren protagonizar la marcha). Tal vez ese espacio que sugiere el protocolo para prensa evite que los egos se vean lastimados.
Finalmente, el protocolo menciona que la seguridad de los periodistas, especialmente de las mujeres, debe ser una prioridad, así como garantizar el derecho a la información con enfoques de respeto, veracidad y proyección de actores críticos; porque sí, la represión no solo ocurre durante la manifestación, también al interior de las redacciones; donde desde ese ego, se vuelve a criminalizar la lucha feminista. De ahí la importancia de la participación activa de las y los colegas en este tipo de eventos; ya sé que no pagan y que son muchas horas de escucha, pero es necesaria nuestra presencia si tanto nos hemos quejado.
Rumbo al 8M 2025, el reto no solo es implementar este protocolo, sino asegurar que sea un punto de partida para un diálogo más profundo y transformador durante las marchas. Aunque claro, que las autoridades tlaxcaltecas hayan estado ahí tampoco garantiza que se haya aprendido algo durante las diversas mesas de diálogo. Y es que desanimada tengo que decirlo, porque durante la presentación fue claro: El Protocolo tipo es una herramienta, lo que quiere decir que tampoco los gobiernos están obligados a usarlo, es un protocolo que se hace para que cada estado pueda retomármelo. Ojalá el Gobierno de Tlaxcala decida implementarlo realmente.
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¿El protocolo es perfectible? Sí. Y debemos ahora buscar que tenga una incidencia real, que sea obligatorio y que los gobiernos tengan la responsabilidad de echarlo a andar. Sino, voy a sentir que perdí mi tiempo.
El Protocolo de Protesta es un paso, y Tlaxcala ya participó, pero solo será efectivo si hay voluntad política y un compromiso real con la justicia y la igualdad. ¿Señora Gobernadora estamos listas para dar este paso?
Ayer el Gobierno del Estado emitió en su boletín informativo que sí implementará este protocolo, y aunque reconozco que será complejo puede ser posible siempre y cuando haya empatía por la lucha feminista. Ahora, mientras colocan las vallas antimotines, me digo a mí misma «habrá que ver».
A pesar de que la Marcha del 8M sea simbólica, el ejercicio de recordar nos lleva a saber los pasos que aún faltan y el porqué. Y este año se sigue marchando porque se vote a favor de la interrupción legal del embarazo, porque haya trato digno, empatía y profesionalización por parte de las instituciones que atienden a mujeres en situación de violencia, porque se deje de negar la trata y el crimen organizado en Tlaxcala, porque en 2024 sucedieron al menos 16 feminicidios, porque las mujeres merecemos vivir con dignidad.
