La trata de mujeres y niñas con fines sexuales es una realidad reconocida por funcionarios públicos nacionales, personas de la academia, personas de las comunidades, organizaciones de la sociedad civil, colectivos y periodistas, quienes han afirmado la existencia de esta problemática en eventos independientes, y hay funcionarios que en eventos que organiza el gobierno del estado de Tlaxcala han hecho este tipo de declaraciones, por ejemplo, en diciembre de 2022, en la inauguración del segundo Centro de Justicia para Mujeres (CJM) en Tlaxcala, Alejandro Encinas Rodríguez, entonces Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, declaró que la “…trata de personas sigue siendo uno de los principales problemas…”.

Pese a lo anterior, la gobernadora ha tomado lastimosamente una actitud de intentar justificar que su gobierno ha hecho lo suficiente para que el problema disminuya o que no hay casos porque no hay denuncias, lo cual se contradice con la realidad que observamos e incluso, con los datos emitidos por funcionarios y funcionarias de instituciones a su cargo, como es el caso de la Procuraduría General de Justicia del estado de Tlaxcala.

La Procuraduría del estado mostró a través del oficio PGJE/UT/1110/2023 que de enero a junio de 2023 había atendido a 4 víctimas de trata con fines sexuales, de las cuales, 2 son de Tlaxcala, una del estado de Puebla y una de Tabasco y solo una fue canalizada a refugio. Estos datos nos muestran que el gobierno de Tlaxcala en este año sí ha recibido casos de trata de mujeres, pero, estos datos no están reflejados en el documento “Información sobre violencia contra las mujeres”, que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad  Pública, el cual, solo muestra los datos que la Procuraduría  y Fiscalía General del estado de Tlaxcala le proporciona en relación con los presuntos hechos delictivos registrados en carpetas de investigación iniciadas.

En el marco del 70 aniversario del reconocimiento del derecho de las mujeres a votar y ser votadas, la gobernadora comentó “…me siento muy contenta de que hoy en Tlaxcala, después de dos años de mi gobierno, no hemos tenido ningún caso de trata denunciado”, cuánto quisiéramos que en Tlaxcala no existieran casos de trata de mujeres y niñas, es algo que anhelamos y por lo que hemos trabajado desde hace más de 20 años, pero, ni por anhelo o el tener aprobada la Ley en materia de trata de personas o el Programa Estatal contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual en Niñas y Mujeres 2022- 2027, esta violencia extrema dejará de existir, menos aún, si el gobierno afirma que no hay casos, mostrando información distinta a la ciudadanía y a las instituciones federales. 

Por otra parte, desde el 18 de agosto de 2021 se declaró la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para los 60 municipios del estado de Tlaxcala, y el gobierno ha presumido su voluntad para que se decretara la Alerta de Violencia de Género.

Sin embargo, en la Décima tercera sesión ordinaria del grupo interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) encargado del seguimiento y evaluación de las acciones emprendidas por los gobiernos estatal y municipales para atender la implementación de las medidas establecidas en la Declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres en el Estado de Tlaxcala, que se llevó a cabo el 5 de julio del año 2023, el GIM, después de analizar las acciones realizadas por el gobierno del estado, dictaminó que en materia de trata de personas, algunas de las acciones no cumplidas son:

• Establecer una estrategia de coordinación entre los gobiernos estatales de Tlaxcala y Puebla para la erradicación de los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual en contra de las mujeres y niñas, de manera prioritaria en el territorio que comprende los municipios de Acuamanala de Miguel Hidalgo; Apizaco; Chiautempan; Contla de Juan Cuamatzi; Papalotla de Xicohténcatl; San Lorenzo Axocomanitla; San Luis Teolocholco; San Pablo del Monte; Ayometla; Tenancingo, y Zacatelco. 
• Fortalecer las acciones de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala a través de la creación de fiscalías especializadas para la investigación de los delitos en materia de trata de personas, feminicidio y desaparición. 

Es claro que el gobierno del estado tiene una deuda hacia las víctimas de trata y sus familias, las cuales, buscan que sus hijas sean liberadas de las redes de trata y tengan acceso a la justicia, así también, tiene una deuda con la población tlaxcalteca que anhela un cambio profundo sobre esta realidad. 

Marisol Flores Garcia

Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A. C.