El fenómeno de las desapariciones, violencia sexual, explotación sexual y feminicidios en la entidad se encuentra directamente ligado a las conductas deliberadas de las autoridades responsables por negarse a iniciar investigaciones en carpetas de investigación, por negarse a incorporar la perspectiva de género y de infancia en las indagatorias, por minimizar los hechos y calificarlos como “no delictivos”, “casos aislados”, por ocultar información a las familias, y los más grave de todo esto, por la constante “pérdida” de evidencia y la clara actuación omisa de sus obligaciones de promover, respetar, y proteger los Derechos Humanos de las niñas y mujeres.
En 2014, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en Tlaxcala habría reportado alrededor de 22 mujeres y niñas de entre 14 y 19 años, que permanecen en calidad de desaparecidas, todas ellas originarias de municipios del sur de la entidad, principalmente de Zacatelco, Tenancingo, San Pablo del Monte, además de Contla, San Pablo Apetatitlán, y Apizaco. En contraste con los datos anteriores, a partir de la documentación y acompañamiento de casos por parte de la Red Retoño, y la investigación hemerográfica del Observatorio de Violencia contra las Mujeres en el Estado de Tlaxcala, de enero de 2016 a agosto de 2017, momento en el que el Colectivo Mujer y Utopía A.C., junto con Justicia Pro Persona A.C. presentó la Solicitud por Violencia de Género por Desaparición en Tlaxcala, se pudieron registrar al menos 35 casos, quienes en su mayoría son adolescentes entre 14 y 16 años.
Mediante punto de acuerdo por el que el senado de la república solicita respetuosamente a la Procuraduría General de la República y a la Secretaria de Gobernación su intervención en el caso de la desaparición de la niña Karla Romero Tezmol, en el estado de Tlaxcala, expresa que “La impunidad es un patrón crónico y presente en los casos de desaparición y desaparición forzadas y no se están realizando los esfuerzos suficientes para determinar la suerte o el paradero de las personas desaparecidas, sancionar a los responsables y garantizar el derecho a la verdad y la reparación. Muestra de la desesperación y la violación grave a los derechos humanos, que viven los familiares de las personas víctimas de desaparición es el caso de la niña Karla Romero Tezmol, quien desapareció el 13 de enero de 2016, en San Pablo del Monte Tlaxcala, uno de los municipios conocidos como el corredor de la trata. Desde el momento de su desaparición, el caso está lleno de omisiones de búsqueda e investigación.
Este caso emblemático visibiliza la violencia estructural y sistemática que vivimos las mujeres permanentemente y los obstáculos ante los que se enfrentan las familias de las niñas y mujeres víctimas de estos delitos. Administración tras administración se han observado graves omisiones para el acceso a la justicia de las mujeres, negación de una violencia feminicida que año con año va en aumento, debido a la falta de impartición de justicia y la voluntad política para modificar las condiciones que vulneran al género femenino, la falta de capacitación en muchos de los casos y el desconocimiento que revictimizan a las mujeres hacen evidente la urgencia de contar con mecanismos que vigilen el actuar de las autoridades para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.
En 2013, la Asamblea General sostuvo una reunión para evaluar el Plan de Acción Mundial contra la Trata de Personas. Los Estados miembros adoptaron la resolución A/RES/68/192 y designaron el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata. En la resolución, se señala que el día es necesario para «concienciar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano y para promocionar y proteger sus derechos». Y en septiembre de 2015, los países aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y aceptaron cumplir los objetivos y las metas relacionados con la lucha contra la trata. Estos objetivos piden que se ponga fin a la trata y la violencia contra la infancia, que se tomen medidas contra la trata en general, y que se acabe con todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas y de su explotación.
De manera porcentual, Tlaxcala se ocupa el segundo lugar, pues de cada 100 mil mujeres, el 1.62 % ha sido víctima de ese delito. En contraste, el «Diagnóstico Nacional sobre la situación de la Trata de personas en México” del año 2014, elaborado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC) señaló que “llama la atención que la proporción de denuncias que prosperan y generan una averiguación previa a nivel nacional es de 49% para el delito de trata de personas y en el caso de Tlaxcala es solo de 18%.
Por lo que es preciso y urgente actuar de manera coordinada desde lo local, lo regional y a nivel federal mínimamente, pues pareciera que las autoridades siguen sin comprender la relación que las desapariciones de niñas y mujeres tienen con otros delitos por razones de género como la violencia sexual y los feminicidios; y que además en ninguno de los casos se llevan a cabo las investigaciones de manera adecuada.
Estas son algunas de las principales razones por las cuales Tlaxcala requiere del mecanismo de la AVG, que permita evitar que más casos como los de Karla Romero Tezmol continúen repitiéndose y quedando en la impunidad, así como la permisividad institucional para y social que expone a las mujeres a un mayor riesgo de ser víctimas de alguno de estos delitos.
