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Polo de Desarrollo en Huamantla no resuelve precarización laboral en Tlaxcala

Tlaxcala, Tlax.- El pasado domingo, 12 de abril fue inaugurado el primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI) en el municipio de Huamantla. Este espacio, está pensado para concentrar inversiones publicas y privadas, es el primer centro en funciones de otros 14, los cuales se encuentran en distintos puntos de la república mexicana.

Durante su inauguración, el secretario de Desarrollo Económico del estado de Tlaxcala (SEDECO), Javier Marroquín Calderón, aseguró la venta total de 53 hectáreas. Durante su intervención, explicó que este espacio se ampliará hasta alcanzar las 96 hectáreas destinadas a esta área industrial y entre las principales actividades se concentrarán la automotriz, electrónica, metalmecánica, textil, agroindustrial y de manufactura tecnológica.

En este contexto, Huamantla se presentó como un espacio capaz de brindar servicios y facilidades a las empresas. De acuerdo con información de Data México, el municipio, ubicado al oriente de Tlaxcala, registró hasta noviembre de 2025 un total de 9.53 millones de dólares en compras internacionales y 3.5 millones de dólares en ventas internacionales.

Mientras tanto, los últimos informes del INEGI señalaron que la entidad tlaxcalteca presenta una alta tasa de informalidad, alcanzando el 70.3% al cierre de 2025. Asimismo, más de la mitad de la población ocupada corresponde a trabajadores subordinados y remunerados. En cuanto a la jornada laboral, esta supera en promedio las 43 horas semanales, con un grupo considerable que labora entre 35 y 48 horas a la semana.

Pese al dinamismo económico que se le atribuye, las zonas industriales también pueden presentar realidades críticas para los trabajadores, particularmente en sectores como la manufactura y la maquila, donde persisten experiencias de precariedad laboral. Esto suele traducirse en beneficios concentrados en las empresas, sin que estos se reflejen de manera proporcional en los salarios ni en la calidad de vida de los trabajadores.

Asimismo, el crecimiento industrial se contrapone ante la perdida de espacios de cultivo y la transformación de las tierras agrícolas cercanas.

La realidad laboral ante el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Tlaxcala

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la entidad tlaxcalteca registró una tasa de desocupación del 2.8% de la población económicamente activa, lo que representó aproximadamente a 20 mil personas al cierre de 2025. Al mismo tiempo, la brecha por sexo reflejó una tasa de desocupación del 3.2% para las mujeres y del 2.5% para los hombres.

Adicionalmente, el INEGI reportó una tasa de subocupación del 11.8%, la cual se refiere a personas que tienen la necesidad de trabajar más horas de las que su empleo actual les permite. Este indicador sugiere condiciones de insuficiencia laboral y posibles tensiones en la calidad del empleo, particularmente en términos de ingresos y uso del tiempo personal.

De acuerdo con las estadísticas y bases de información del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), al mes de diciembre de 2025 se reportó un total de 125,572 empleos formales. Para enero de 2026, la cifra descendió a 116,183 empleos, lo que representó una disminución de 9,389 puestos de trabajo en el primer mes del año.

En comparación, a inicios de enero de 2025 la entidad registraba 116,141 empleos formales, que para enero de 2026 se registraron 116,183 por lo que, en términos anuales, se observó un crecimiento nominal marginal de apenas 42 puestos de trabajo, equivalente a un incremento de 0.036%. No obstante, en comparación con diciembre de 2025, se registró una disminución del 7.47%, esta caída resulta significativa, ya que equivale a la pérdida de aproximadamente 7.5 empleos por cada 100 que se tenían al cierre de 2025.

A pesar del impacto industrial y de desarrollo económico que promete el PODECOBI, el estado sigue enfrentando retos estructurales que refieren a una tasa de informalidad del 70.3%, una tasa de desempleo del 2.8% y una pobreza laboral que afecta a aproximadamente 39.4% de la población tlaxcalteca. 

El escenario de Huamantla

A la par, la narrativa que se instauró desde el discurso oficial del gobierno —encabezado por Lorena Cuéllar Cisneros— sostiene que el municipio de Huamantla se encuentra listo para integrarse a «una dinámica que proyecta esperanza y un futuro con más oportunidades, mayor actividad económica y una base productiva fortalecida».

Al mismo tiempo, información de Data México indicó que el desarrollo económico en esta región del oriente del estado radica en la industria manufacturera -contando con la Ciudad Industrial Xicohténcatl II (CIX II)- el comercio, la agricultura, la ganadería y el turismo, propio de ser un pueblo mágico.

Este espacio representa para el municipio un enclave estratégico que ha favorecido la instalación de empresas vinculadas principalmente a la manufactura, la industria automotriz y de autopartes, así como a procesos logísticos y de transformación industrial.

Al comparar la CIX II con fotos satelitales actuales se puede observar un crecimiento de las plantas industriales en estos predios y zonas aledañas a esta, se puede observar un mínimo crecimiento de zonas residenciales y viviendas que no existían en 2012 y que, posterior a 12 años, logran ser visibles.

En este sentido, el impacto del PODECOBI —mismo que pretende una transformación social y de movilidad en el territorio— contempla a futuro el desarrollo de infraestructura habitacional adecuada, misma que se proyecta a futuro en conjunto con escuelas e incluso centros de salud gratuitos para las y los trabajadores, sin profundizar en las condiciones reales de habitabilidad en torno a estas zonas industriales.

A la par, estudios como el de Israel Sandre Osorio en 2005, que documentó la transformación urbana de Cuautitlán tras la llegada de la industria durante 1950 y 2005; o el de Alicia Torres Rodríguez en 2018, la cual identificó los cambios ambientales y sociales en la Zona Metropolitana de Guadalajara durante los años de 1970 a 2010, coinciden en que el crecimiento industrial en México ha estado acompañado de expansión urbana acelerada, aumento poblacional y procesos de marginación, con efectos negativos en la calidad de vida y el bienestar —objetivo que forma parte del discurso oficial—.

Si bien este tipo de proyectos se presentan como motores de desarrollo, en la práctica pueden derivar en dinámicas de crecimiento desigual, segmentación laboral y esquemas salariales limitados. Así, pese a la llegada del polo de desarrollo, la entidad enfrenta un crecimiento laboral marginal y un escenario en el que el salario mínimo tiende a convertirse en el límite predominante dentro del mercado laboral.

¿Qué tipo de empresas van a venir al PODECOBI?

En entrevista para el medio de comunicación GenTlx, el titular del Fideicomiso de la Ciudad Industrial Xicohtencatl (FIDECIX) Alejandro Espinoza de los Monteros aseguró que existen al menos 7 empresas comprometidas en las 53 hectáreas en el PODECOBI-Huamantla.

A la par, este proyecto corresponde a una inversión cercana a los 540 millones de dólares por parte de las empresas y aseguró que existen al menos cuatro nacionales empresas nacionales confirmadas (una de ella es tlaxcalteca) y tres extranjeras más (una de ellas con capital chino-alemán, otra más con capital estadounidense y la tercera con capital argentino) y aseguró que cada una de estas empresas contará con su propia planta para el tratamiento de residuos.

Durante la entrevista, el titular del FIDECIX aseguró que los espacios destinados a cada empresa se encuentran totalmente vendidos. Asimismo, señaló que el Fideicomiso para la Ciudad Industrial Xicohténcatl estará a cargo de la vialidad, la planta de tratamiento general y los espacios comunes.

En este sentido, detalló que los siete lotes disponibles se encuentran completamente nivelados y listos para la construcción. De estos, dos empresas ya cuentan con el papeleo necesario a nivel municipal y estatal para iniciar la primera de tres etapas de desarrollo. Entre otros puntos relevantes, se encuentran:

  • Un pórtico de acceso con seguridad para el control de entradas y salidas de personal, proveedores, trabajadores y administrativos.
  • Un edificio administrativo que incluye un auditorio, oficinas, un espacio de coworking, un gimnasio y un comedor.
  • Un auditorio multidisciplinario con capacidad para 120 personas.
  • Una escultura principal que es el centro del polo.

Este programa forma parte del denominado «Plan México», el cual busca instalar al menos 15 polos de desarrollo en 14 entidades de la República Mexicana. Estos proyectos están orientados a atender sectores como la industria, los servicios, el turismo y la economía circular, y se ubican en los estados de Campeche, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.


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Más allá del discurso: la responsabilidad masculina frente a la violencia contra las mujeres y niñas

El pasado 8 de marzo, como cada año, miles de mujeres en México salieron a las calles a exigir, denunciar, recordar a las víctimas y a resistir ante los diferentes tipos de violencias que viven todos los días. Se ha vuelto frecuente que en estas marchas aparezcan hombres que se nombran aliados de estas luchas, pero ¿qué tan real son estos hechos que se quieren mostrar como momentos para demandar igualdad?.

En realidad, lo que sucede con estos hombres que se aparecen en las marchas y que se quieren mostrar como aliados, es desviar la atención de las demandas que las mujeres tienen ante las situaciones de violencia que viven.

Bastaría con que los hombres trabajen en sus propias violencias para dejar de ejercerlas en lugar de salir a las calles semidesnudos, con leyendas en el cuerpo que digan “me callo para que ellas hablen”; tener sensibilidad ante la lucha que han dado las mujeres por décadas sería empezar por reconocer que la violencia se gesta en prácticas cotidianas que muchas veces pasan desapercibidas: bromas sexistas, control disfrazado de cuidado, silencios cómplices frente a actitudes abusivas de otros hombres. Cada una de estas acciones alimenta un entorno donde la desigualdad se normaliza. 

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En ese sentido, uno de los mayores retos es romper con la idea de que cuestionar estas conductas es una amenaza a la identidad masculina. Durante mucho tiempo, se ha enseñado que ser hombre implica dominar, no mostrar vulnerabilidad ni sensibilidad y mantener el control ante todo. Este modelo de hombre no solo afecta a las mujeres; también limita a los propios hombres, que aprenden a reprimir emociones y a validar su identidad a través del poder sobre otros.

Asumir la responsabilidad no significa cargar con culpas individuales por actos que uno no ha cometido. Significa, más bien, hacerse cargo del lugar que se ocupa dentro de una estructura desigual. Es preguntarse: ¿me río de comentarios que degradan a las mujeres? ¿Intervengo cuando un amigo provoca alguna violencia? ¿Reproduzco roles que colocan a las mujeres en posiciones subordinadas? Estas preguntas, aunque incómodas, son necesarias.

También implica pasar de la pasividad a la acción. No basta con no ser violento. Es necesario ser activo ante la violencia que daña a las mujeres, cuestionar, señalar, educar y, sobre todo, transformar prácticas cotidianas. Esto puede verse en decisiones concretas: repartir de manera equitativa las tareas del hogar, respetar la autonomía de las parejas, escuchar sin invalidar, y reconocer privilegios que históricamente han beneficiado a los hombres.

Otro punto clave es entender que el cambio no ocurre en aislamiento. Los hombres deben y necesitan hablar entre sí. Muchas veces, los espacios masculinos funcionan como lugares donde se refuerzan actitudes de control y para conservar los privilegios de poder. Transformarlos en espacios de reflexión y responsabilidad puede ser una herramienta poderosa para comenzar a desestructurar la violencia que viven las mujeres. Callar ante comportamientos violentos no es neutralidad; es complicidad.

Es importante reconocer que el cambio cultural es un proceso largo y complejo. No se trata de alcanzar una perfección inmediata, sino de sostener un compromiso constante. Habrá errores, resistencias y contradicciones, pero eso no puede ser excusa para la inacción. Ir más allá del discurso implica incomodarse, cuestionarse y actuar. La erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas no será posible sin una participación activa de los hombres. No como aliados simbólicos, sino como agentes de cambio que están dispuestos a revisar críticamente su lugar en el mundo y a transformarlo.

 

Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.

Ciudadanía consigue que Programa de Manejo del Parque Nacional Xicohténcatl se aborde por gobierno

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Tlaxcala, Tlax.- Tras más de seis meses de exigencia por parte del movimiento Salvemos al Parque de la Juventud en defensa de este espacio, se solicitó al gobierno del estado, a la Secretaría de Infraestructura, Medio Ambiente y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) que el proyecto “Ciudad de la Juventud” se realice en apego a las disposiciones establecidas en el programa de manejo del Parque Nacional Xicohténcatl, considerado un área natural protegida. Ante la ausencia de dicho instrumento, la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) y la CONANP deberán elaborarlo, subsanando la omisión que persiste desde hace más de 80 años.

Desde el inicio de la lucha por el Parque de la Juventud en octubre de 2025, la ciudadanía se ha visto obligada a organizarse colectivamente para hacer frente a la falta de información por parte de diversas secretarías tanto estatales como federales. Ante este vacío, las y los ciudadanos han dado seguimiento al caso desde múltiples ámbitos, incluyendo el jurídico, ambiental, social, biológico y político.

En entrevista para Escenario Tlaxcala, Kenia Cruz, integrante del movimiento Salvemos al Parque de la Juventud, señaló que durante estos meses la defensa del parque ha implicado, principalmente un proceso de autoformación colectiva. Explicó que, si bien dentro del movimiento hay personas especialistas en áreas como medio ambiente, derecho y temas sociales, su participación ha sido fundamental para interpretar la información que las distintas secretarías difunden en línea, en sus páginas oficiales o en ruedas de prensa.

Asimismo, destacó que dicha información suele presentarse con tecnicismos y sin un lenguaje accesible, lo que dificulta que la ciudadanía comprenda plenamente los alcances de las decisiones y acciones relacionadas con el parque.

«Al inicio fue difícil entablar las formas en las que íbamos a trabajar porque desconocíamos muchas cosas, pero creo que sobre todo se trata de un espacio donde se comparte… los que no somos especialistas contabilizamos los árboles sin saber un poco de qué se trataba, pero se hizo a partir de que otra persona compartió su conocimiento». – Kenia Cruz

Señaló que la organización del movimiento se estructura en distintas áreas, de acuerdo con la formación profesional o intereses de sus integrantes, además de que cada una aporta información y estrategias que se comparten con el resto del colectivo. Destacó que este trabajo permitió identificar que el Parque de la Juventud se encuentra dentro de un Área Natural Protegida (ANP), información que de no haberse informado entre ellos como parte del ejercicio de auto informarse, no se habría aprovechado para fortalecer su defensa.

Entérate de la problemática del parque de la Juventud aquí

«Yo también me sorprendía incluso que viviéramos en un espacio que es un área natural protegida. Creo que al vivir en ese desconocimiento en general como ciudadanos no dimensionamos la importancia que tiene el parque y la zona en donde vivimos».

En ese sentido, a partir de que se dio a conocer que algunas zonas de Tlaxcala capital y Totolac pertenecen a esta ANP, el movimiento ha exigido que sean considerados en las mesas de diálogo y trabajo con la CONANP para realizar el programa de manejo del Parque Nacional Xicohténcatl, con el cual no cuenta desde 1937.

Además, mencionó que a partir de la movilización por parte de los ciudadanos en el parque, la obra en este espacio no se hubiese dimensionado lo que implica una construcción.

«Pienso mucho que de momento  pues estos proyectos por parte del gobierno de repente llegan y nos apantallan un poco con lo que nos dicen, y al sólo darnos información superficial, nos desinforman sobre lo que realmente debería decirse».

El movimiento también ha tenido que organizarse para defender el parque desde distintos frentes. Desde octubre, enfrenta la amenaza constante de la desinformación tanto de  medios de comunicación como de espacios públicos, como el Diálogo Circular, así como de ruedas de prensa y boletines emitidos desde instancias de gobierno. A ello se suma la falta de información clara y de transparencia, lo que ha contribuido a confundir y distorsionar los procesos mediante los cuales las secretarías han dado seguimiento al proyecto denominado “Ciudad de la Juventud”.

«Creo que una de las amenazas más grandes es que hay mucha gente que piensa que después de que hubo esta parte de la demanda como que ya todo se calmó un poco, pero no saben el contexto completo».

Otro de los principales retos que ha enfrentado el movimiento es la simulación del diálogo ciudadano por parte de diversas secretarías, cuyas acciones han respondido más a un ejercicio formal que a un proceso genuino de escucha y construcción conjunta. En ese sentido, señaló que, a título personal, si no se da continuidad a los acuerdos establecidos en la mesa de diálogo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), consideraría que se trató de un nuevo acto de simulación, además de un ejercicio de propaganda política por parte de la CONANP, la Secretaría de Medio Ambiente y el edil capitalino, Alfonso Sánchez García.

«El término ciudad nos ha llevado a pensar que las pocas áreas verdes que aún existen no son importantes; sin embargo, es fundamental dimensionar que precisamente esas pocas áreas tienen un gran valor y están protegidas. Generar conciencia en la población para que se sume y participe en la construcción de un buen manual sigue siendo un reto.»

En cuanto a los acuerdo a los que se llegaron durante dicha mesa de diálogo fueron los siguientes:

  • La CONANP iniciará la operación y administración del Parque Nacional Xicohténcatl, con el objetivo de establecer un sistema que permita alcanzar las metas de conservación de los ecosistemas y su biodiversidad.
  • CONANP será responsable de elaborar los trípticos informativos sobre el ANP, mientras que la SMA se encargará de difundir esta información en el estado, con el objetivo de que la ciudadanía esté informada y pueda participar activamente en el programa de manejo del Parque Nacional Xicohténcatl.
  • Además, se propuso llevar a cabo una próxima reunión para continuar con las mesas de diálogo durante la tercera o cuarta semana de abril, aunque sin precisar una fecha ni sede exactas. 

Además de la ruta del proceso de formulación y publicación del programa de manejo en los siguientes 8 pasos:

1. Elaborar el Programa de Manejo
2. Realizar la consulta ciudadana:
– Reuniones informativas
– Responder opiniones

3. Revisar expediente de Consulta Pública (CP)
– Evidencia de CP
– Respuesta a comentarios
– PM ajustado con base en CP

4. Análisis de Impacto Regulatorio (AIR)
– Cumplimiento con la LCMI
– Elaboración de resumen y acuerdo

5. Consulta interna
– AIR requisito para C2
– Atención de comentarios
– Se ejecuta PM

6. Dictamen de procedencia jurídica
– Se ejecuta PM
– Revisión PM

7. Dictamen Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER)
– Comisión envía a CONANP el AIR del instrumento del PM
– Se adjunta el AIR
– Cumple con Mayoría

8. Publicación en el DOF
– Firma del titular de la SEMARNAT
– Constancia de transparencia
– Comisión solicite al DOF la publicación del PM

Además de un taller participativo para proponer, usos y actividades; problemática,
subzonificación y reglas administrativas. Finalmente, se acordó celebrar una nueva reunión a finales de mes con el objetivo de dar continuidad a las mesas de trabajo y a los talleres relacionados con el plan de manejo.

Gobierno local sí tiene margen para apoyar al campo en Tlaxcala: CEAT sobre las demandas de campesinos

  • La crisis de campo en Tlaxcala puede atenderse desde el gobierno local, faltan políticas públicas para fortalecer al agricultor y voluntad para hacerlo posible, CEAT.

Tlaxcala, Tlax.- Tras las protestas y el desalojo de agricultores en Nanacamilpa —derivados de bloqueos carreteros en medio de movilizaciones por la crisis del campo—, el gobierno estatal, a través del vocero Antonio Martínez Velázquez, ha sostenido que varias de las demandas del sector corresponden al ámbito nacional. Esta postura ha colocado en el centro del debate los alcances de la responsabilidad local frente a un problema que ya se expresa en las calles y que forma parte de una inconformidad más amplia que recorre el campo mexicano.

En Tlaxcala, esta crisis se manifiesta en la falta de rentabilidad en la producción, el encarecimiento de insumos y una política pública que no ha logrado responder a las necesidades reales de quienes trabajan la tierra. Aunque desde el ámbito oficial se insiste en que las soluciones dependen en gran medida de la federación, voces del sector agropecuario advierten que sí existen márgenes de acción a nivel local que no se están aprovechando.

Así lo plantea Luis López, presidente del Consejo Empresarial Agropecuario del Estado de Tlaxcala (CEAT), quien señala que el problema no es únicamente presupuestal, sino también de diseño, enfoque y ejecución de las políticas públicas. Desde su perspectiva, el campo tlaxcalteca enfrenta fallas en la implementación de apoyos y en la articulación del sector productivo, lo que deriva en un escenario donde los agricultores perciben que las soluciones propuestas no responden a su realidad cotidiana.

Precio del maíz afectado por T-MEC

En octubre de 2025, durante la conferencia de prensa “Diálogo Circular”, el entonces titular de la Secretaría de Impulso Agropecuario, el ingeniero Rafael de la Peña Bernal, reconoció que la siembra de maíz ha dejado de ser rentable en Tlaxcala. El funcionario atribuyó esta situación tanto a las condiciones climatológicas, cada vez menos favorables para este cultivo, como a un entorno económico adverso que limita las ganancias de los productores en la entidad.

De acuerdo con su planteamiento, el bajo precio de comercialización —alrededor de seis pesos por kilo—, junto con la dificultad para competir en el mercado, limita las ganancias del sector. Ante este panorama, propuso a los agricultores diversificar su producción hacia cultivos como amaranto, hortalizas o berries, al considerar que ofrecen mayores oportunidades de rentabilidad frente al maíz.

Luis López, presidente del Consejo Empresarial Agropecuario del Estado de Tlaxcala (CEAT), coincide en que el maíz atraviesa una crisis económica; sin embargo, advierte que el problema es más profundo. Señala que el punto de quiebre del campo mexicano está directamente vinculado a la caída en el precio de este grano, uno de los cultivos más importantes del país y base de la alimentación nacional.

De acuerdo con López, esta situación no es reciente ni aislada, sino resultado de decisiones de política comercial adoptadas en el marco del T-MEC, que modificaron las condiciones del mercado interno y alteraron el equilibrio entre la producción nacional y la importación de granos.

La eliminación de cupos de importación permitió la entrada masiva de maíz proveniente de otros países a precios más bajos, generando una sobreoferta que impactó directamente en los productores mexicanos. Este cambio alteró el equilibrio que anteriormente priorizaba el consumo interno, desplazando gradualmente la producción nacional frente a granos importados que compiten en condiciones más favorables.

“Estos cupos permitían que primero se consumiera la producción interna de maíz; es decir, el grano que producían los mexicanos se destinaba al consumo nacional. Sin embargo, al eliminarlos, esa lógica cambió, comenzó a entrar maíz de otros países a precios mucho más bajos y, al abrir el mercado, se generó una sobreoferta que terminó por desplomar el precio.”

Actualmente, el maíz se comercializa en un rango de entre 3.50 y 4.20 pesos por kilo, e incluso por debajo de ese nivel en algunos casos. Para los productores, estas cifras no solo son insuficientes para generar ganancias, sino que ni siquiera permiten recuperar la inversión realizada en el ciclo agrícola. Esto ha llevado a que la actividad se vuelva económicamente inviable para un número creciente de agricultores.

A esta problemática se suma el incremento en los costos de producción. De acuerdo con López, insumos fundamentales como fertilizantes han registrado aumentos significativos en los últimos meses, pasando de alrededor de 11 mil pesos a casi 20 mil pesos por tonelada. Este encarecimiento impacta directamente en la rentabilidad, ya que eleva el punto de equilibrio y reduce aún más el margen de operación de los productores.

“Imagínate si tú necesitas alrededor de media tonelada de fertilizante para una hectárea y, al mismo tiempo, te estás encontrando con precios de 4 o 4.20 pesos por kilo de maíz; simplemente los números no dan, no es rentable producir en esas condiciones.”

El resultado de esta combinación —precios bajos y costos altos— es un escenario en el que los agricultores operan con pérdidas constantes. En lugar de generar ingresos, la producción de maíz se ha convertido, para muchos, en una actividad de subsistencia que depende de factores externos y que no garantiza estabilidad económica.

“Con esos costos de producción y esos precios de venta, el productor no solo deja de ganar, está destinado a perder. Ya no es un tema de utilidad, es un tema de sobrevivencia.”

A este escenario se suma una desventaja estructural: mientras productores internacionales de maíz cuentan con respaldo directo de sus gobiernos, en México ese apoyo es limitado o mal enfocado. López explicó que en países como Estados Unidos, Brasil o Argentina existen subsidios e incentivos que reducen significativamente los costos de producción y elevan la productividad. Estos apoyos incluyen combustibles, semillas, financiamiento e innovación tecnológica, lo que les permite competir en condiciones mucho más favorables y posicionarse con ventaja en el mercado global.

“Estás compitiendo contra alguien al que le subsidian el diésel, la semilla, el crédito… y a ti no te dan nada. Es como poner a pelear a un niño contra un adulto”

En contraste, señaló que en México las políticas públicas han tendido a centrarse en esquemas asistencialistas más que en impulsar la productividad. Advirtió que, si bien estos apoyos pueden ser necesarios para ciertos sectores, no sustituyen una estrategia integral que fortalezca al productor. Sin incentivos reales para producir y competir, dijo, el campo queda en desventaja frente a mercados internacionales que sí priorizan la seguridad alimentaria desde la inversión directa en sus agricultores

Desde esta perspectiva, la apertura comercial sin un fortalecimiento previo del productor nacional ha generado un desequilibrio estructural que hoy se traduce en inconformidad, movilizaciones y una creciente crisis en el campo.

Subsidios sí son posibles pese a que vocero Martínez Velázquez diga lo contrario

En el «Dialogo Circular» del pasado 6 de abril, el vocero del gobierno estatal, Antonio Martínez Velázquez, señaló que medidas como la reducción en el costo del diésel corresponden principalmente al ámbito federal, no al local. Asimismo, refirió que se ha dado acompañamiento a productores tlaxcaltecas que han sostenido reuniones con funcionarios federales, con el objetivo de dialogar y exponer sus demandas ante instancias nacionales.

Sin embargo, frente al argumento de que no existen condiciones locales para atender las exigencias del sector, Luis López, sostuvo que sí es posible implementar apoyos efectivos, pero bajo un enfoque distinto al actual. El problema, señaló, no radica exclusivamente en la falta de recursos, sino en la manera en que estos se asignan, operan y supervisan, lo que ha limitado el impacto real de las políticas públicas en el campo.

Explicó que, en distintos momentos, han existido programas y fondos tanto federales como estatales destinados a apoyar al campo. Sin embargo, estos no siempre han tenido el impacto esperado debido a fallas en su implementación. En muchos casos, los recursos no llegan a los productores que realmente los necesitan, lo que limita su efectividad y genera desconfianza en el sector.

Uno de los principales problemas identificados es la intermediación, en esa línea López compartió que existen actores que, sin dedicarse directamente a la producción, logran acceder a los apoyos mediante la gestión de trámites y documentos. Esto les permite captar recursos que originalmente estaban destinados a fortalecer la actividad agrícola, generando distorsiones dentro del sector.

Esta situación no solo afecta la distribución de los apoyos, sino que también altera las dinámicas del mercado.

«Algunos intermediarios compran maíz a bajo precio a los productores y posteriormente lo comercializan dentro de esquemas gubernamentales, obteniendo ganancias sin participar en el proceso productivo. Esto debilita la competitividad del campo y perpetúa las desigualdades»

Para el presidente del CEAT, la solución no pasa únicamente por incrementar el presupuesto, sino por mejorar la capacidad operativa de las instituciones encargadas de ejecutar los programas. Esto implica fortalecer los mecanismos de supervisión, transparentar los procesos y garantizar que los recursos lleguen directamente a quienes trabajan la tierra.

Además, subrayó la importancia de diseñar políticas públicas integrales que incluyan a todos los actores de la cadena productiva. Desde los productores hasta los comercializadores.

«cada eslabón debe ser considerado en la construcción de estrategias que permitan fortalecer el sector de manera sostenible»

También destacó que el apoyo al campo no debe limitarse a la entrega de recursos, sino que debe incluir capacitación, acceso a tecnología, financiamiento y acompañamiento técnico. Solo así, dijo, se podrá generar un entorno que favorezca la productividad y la competitividad del campo mexicano.

Los integrantes de los movimientos: El problema del movimiento en Tlaxcala

En cuanto a las movilizaciones que han surgido en el sector agrícola en Tlaxcala, López consideró que el descontento de los productores es legítimo y responde a condiciones económicas adversas que no han sido atendidas de fondo. Las protestas, señaló, son una expresión de la falta de soluciones estructurales y de la creciente presión que enfrentan quienes dependen del campo para subsistir.

No obstante, también advirtió que dentro de estos movimientos existen dinámicas complejas que deben analizarse con cuidado. En algunos casos, explicó, los liderazgos que encabezan las movilizaciones no representan necesariamente a la totalidad de los productores, lo que puede generar tensiones internas y desconfianza dentro del propio sector.

“La realidad es que en estos movimientos sí hay productores, pero también hay quienes encabezan y que no necesariamente representan a todos.”

Señaló que algunos actores han encontrado en estos movimientos una oportunidad para obtener beneficios económicos o políticos, lo que puede traducirse en prácticas como el control de espacios de comercialización o la gestión de recursos a cambio de comisiones. Estas dinámicas, aunque no generalizadas, afectan la percepción del movimiento y pueden debilitar su legitimidad.

«En muchos casos, los que están al frente son los que ya conocen cómo moverse, cómo gestionar apoyos, y terminan tomando decisiones por otros»

A pesar de ello, López insistió en que estas situaciones no deben utilizarse para desestimar las demandas del sector. Por el contrario, consideró que es necesario reconocer la complejidad del problema y atender tanto las causas estructurales como las dinámicas internas que se generan en torno a las movilizaciones.

En este sentido, subrayó que el conflicto no puede reducirse a una confrontación entre autoridades y manifestantes, ni a una discusión sobre competencias institucionales. Se trata de una crisis que involucra factores económicos, políticos y sociales, y que requiere una respuesta integral que vaya más allá de medidas coyunturales.

“Este no es un tema de partidos ni de ver quién tiene la razón entre gobierno y manifestantes; es un problema real del campo que viene de fondo y que no se va a resolver con medidas momentáneas, se tiene que atender de manera integral.”

Finalmente, advirtió que mientras no se atiendan las condiciones de fondo —la falta de rentabilidad, la desigualdad en la competencia internacional y las fallas en la política pública—, el descontento en el campo seguirá creciendo. Lo ocurrido en Nanacamilpa, dijo, es solo un reflejo de una problemática más amplia que, de no resolverse, continuará escalando en los próximos meses.

*** NOTA: Para ampliar la información sobre los diálogos que ha sostenido el Gobierno de Tlaxcala con agricultores, así como conocer las limitaciones señaladas y contar con una postura oficial, se solicitó entrevista con el vocero Antonio Martínez Velázquez; sin embargo, no se obtuvo respuesta.


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Congreso va por trámite gratuito para el reconocimiento de infancias diversas; de aprobarse, quedarían retos pendientes

Tlaxcala, Tlax.- El 9 de abril, la diputada Sandra Guadalupe Aguilar Vega presentó ante el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala una iniciativa que busca permitir que niñas, niños y adolescentes (NNA) puedan rectificar su acta de nacimiento para el reconocimiento de su identidad de género autopercibida mediante un procedimiento administrativo en Tlaxcala.

La propuesta se sustenta en el reconocimiento de la identidad de género como un derecho humano, estrechamente vinculado al libre desarrollo de la personalidad y al principio de no discriminación. Asimismo, plantea que la Procuraduría de Protección de NNA actúe como representante en los casos en que la falta de firma de los padres o tutores no deba constituir un impedimento para ejercer este derecho.

Por su parte, Heizel Sánchez, presidenta del Comité de Diversidad Tlaxcala, afirmó que esta iniciativa podría marcar un parteaguas para futuras legislaturas que aborden el tema. Señaló que tanto la LXIV como la LXV Legislatura han priorizado otros asuntos sociales, y añadió que, aunque colectivos han presentado propuestas ante el Congreso, estas con frecuencia no han avanzado.

Sin embargo, la construcción de entornos seguros para las infancias debe entenderse desde una perspectiva interseccional. Heizel señaló que, ante la presentación de iniciativas como la del pasado 9 de abril, suelen difundirse discursos desinformados que afirman erróneamente que estas propuestas promueven terapias de hormonización o cirugías impuestas en menores de edad.

Agregó que la iniciativa tiene como objetivo garantizar los derechos de las infancias trans, promoviendo que crezcan en ambientes libres de discriminación, estigma y violencia, y favoreciendo una convivencia sana. En este sentido, también advirtió que muchos de los discursos de odio se originan y reproducen desde el entorno familiar, lo que refuerza la necesidad de generar espacios seguros desde la infancia.

«(…) Vienen de esos ambientes en donde se ridiculiza, se toma de a broma, señalar que es «amanerado», que «está jugando», pero el niño no está jugando ni es amaneradito, la infancia se está descubriendo»

¿Qué ocurre cuando una niña, niño o adolescente no encaja en el binarismo de género con el que tradicionalmente se nos ha educado? Heizel señaló que la falta de espacios que garanticen el libre desarrollo de las infancias obliga a muchas de ellas a ajustarse a dinámicas y actividades heteronormadas para poder integrarse en sus entornos.

No obstante, subrayó que la construcción de espacios seguros en las escuelas debe comenzar con quienes imparten educación en todos los niveles. Esto implica procesos de sensibilización y capacitación en temas de diversidad sexual y de género, identidades, derechos y salud, acordes con las realidades que atraviesan actualmente niñas, niños y adolescentes.

«No es que se le esté metiendo la ideología, y no solamente de que de que sea una infancia trans o que se esté descubriendo, que se respeten entre compañeras y compañeros para que evitemos de esa manera situaciones que puedan salir de las manos de instituciones educativas».

«Es mi derecho pero debo pagar por él»

La iniciativa señala que el trámite ante el Registro Civil deberá ser ágil, gratuito, sencillo y con perspectiva interseccional. Actualmente, la legislación local suele exigir la mayoría de edad (18 años) para realizar estos cambios. Por lo que la iniciativa reconoce que la minoría de edad no debe ser una barrera para ejercer el derecho a la identidad, basándose en la capacidad del menor para expresar su voluntad informada.

De acuerdo con la presidenta del Comité de Diversidad Tlaxcala, en el Estado aún no hay registro o antecedente de una infancia que haya tenido la necesidad de poder ser reconocida de acuerdo a cómo se auto percibe y cómo quiere vivir. Por lo que señala que la iniciativa aborde la gratuidad ante este trámite es fundamental.

La iniciativa establece que el trámite ante el Registro Civil deberá ser ágil, gratuito, sencillo y con perspectiva interseccional. Actualmente, la legislación local suele exigir la mayoría de edad (18 años) para realizar este tipo de modificaciones; sin embargo, la propuesta reconoce que la minoría de edad no debe constituir una barrera para ejercer el derecho a la identidad, al considerar la capacidad de niñas, niños y adolescentes para expresar una voluntad informada.

En ese sentido, Heizel señala que en el estado aún no existe un registro o antecedente documentado de infancias que hayan solicitado ser reconocidas conforme a su identidad autopercibida y a la forma en que desean vivir. Por lo que subrayó que garantizar la gratuidad del trámite resulta fundamental para eliminar barreras de acceso y hacer efectivo este derecho.

«La gran barrera son los costos que genera el tema administrativo, te ofrecen este «derecho» pero tiene un costo y eso sigue vulnerando y violentando a nuestras identidades trans».

Ejemplificó que este trámite para personas mayores tiene un costo entre los 2500 a los 3000 pesos; además de que involucra un gasto de tiempo y gatos extras en transporte  para realizarlo. Por su parte, el primer registro de nacimiento y la primera copia certificada para el género binario es gratuito.

«Es es un costo que no se puede cubrir, entonces sí eh es muy bueno el hecho de que ahorita esta iniciativa de infancias trans, esté ya previsto el tema de la gratuidad, porque para nosotras, nosotros, nosotras como personas trans y no binarias o infancias trans y no binarias, es como volver a nacer, entonces no tendría por qué tener un costo, es como el  nacimiento de cualquier persona».

No obstante, señaló que la iniciativa representa apenas un primer paso para colocar el tema en la agenda legislativa a nivel local. El proyecto contempla la participación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin de brindar acompañamiento y asesoría durante estos procedimientos, garantizando en todo momento el interés superior de la niñez y el respeto a la autonomía progresiva de las personas menores de edad.

En este contexto, Heizel advirtió que actualmente es reducido el número de infancias que no viven con sus progenitores, ya que la mayoría reside con algún familiar u otra persona adulta responsable. Por ello, cuestionó las atribuciones específicas de dicha Procuraduría, al considerar que su intervención podría derivar en posibles riesgos de vulneración a la integridad de niñas, niños y adolescentes si no se establecen mecanismos claros y adecuados de actuación.

Asimismo, señaló que, pese a la presentación de la iniciativa, no existió comunicación previa con la diputada para consultar a personas de la sociedad civil organizada, colectivos y asociaciones en la revisión de la propuesta. Subrayó la importancia de construir estos proyectos a partir del diálogo, mediante mesas de trabajo, foros y consultas con los sectores involucrados, a fin de que las iniciativas respondan realmente a sus necesidades y no sean planteadas desde enfoques heteronormativos.

Finalmente, de 2025 al corte de abril de 2026, el actual Congreso del Estado de Tlaxcala únicamente ha presentado 5 iniciativas relacionadas con temas LGBT+, sin que hasta el momento alguna haya sido aprobada.

Expansión urbana provoca crisis de áreas verdes en Tlaxcala; la capital por debajo del estándar internacional

Tlaxcala, Tlax.- Las áreas verdes en Tlaxcala, particularmente en la zona urbana Tlaxcala-Apizaco —que concentra 19 municipios, incluida la capital del estado—, colocan a la región como una de las metrópolis con peor evaluación a nivel nacional en el Índice de Arbolado Urbano 2024, al registrar resultados poco favorables en al menos tres de sus indicadores.

Según datos consultados en el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático (ANVCC), la capital cuenta con una sola área natural protegida, el Parque Nacional Xicohténcatl —el cual abarca el Centro Histórico de Tlaxcala y zonas ubicadas en los municipios de Tlaxcala (con un total de 7.06 %) y Totolac (20.77 %)— incluyendo el Parque de la Juventud y la comunidad de Los Reyes Quiahuixtlán.

En contraste, para 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) establecieron un estándar mínimo de 9 m² por habitante en zonas urbanas. Sin embargo, espacios como la Ciudad de México han registrado un déficit de 5.3 m² para ese mismo año, situación que se ha agravado en nuestro propio contexto, donde apenas alcanzan 0.67 m² por habitante para 2020.

Esta situación ha representado un deterioro en la calidad y el bienestar de vida de los tlaxcaltecas, especialmente ante la sobreexplotación y escasez de agua, así como la inestabilidad urbana que ha derivado en la saturación de los sistemas de drenaje e inundaciones que se han experimentado en los últimos años. A ello se suman afectaciones en la calidad del aire y el incremento de las temperaturas en el municipio.

Al mismo tiempo, el informe presentado por Reforestamos A.C. señaló que la entidad —a la par de Morelos, Campeche y Tamaulipas— carece de una normatividad sólida en materia de cuidado y protección del arbolado urbano, al contar únicamente con la Ley de Ecología y de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala vigente durante 2021, lo que evidencia una baja eficacia en la protección de las áreas verdes en los espacios urbanos.

Mientras tanto, la ciudad de Tlaxcala continúa en crecimiento, al registrar 99,896 habitantes a nivel municipal. A su vez, tres comunidades concentran gran parte de la población siendo Ocotlán, con 24,342 habitantes; Acuitlapilco, con 17,197; y la capital, con 13,555 habitantes a partir del último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2020 y evidenciando un crecimiento de la mancha urbana en estos espacios bajo un mapeo en Google Earth.

Entre cemento y el olvido: La perdida de áreas verdes en Tlaxcala

Desde la segunda mitad del siglo XX, el INEGI ha identificado un crecimiento sostenido de la población en el municipio de Tlaxcala, que pasó de 21,808 habitantes en 1970 a 73,230 para el año 2000. Esto representa un aumento de 51,422 habitantes durante 30 años,  esto es equivalente a un incremento del 235.79 % respecto a la población inicial.

Durante las siguientes dos décadas, la capital alcanzó un total de 99,896 habitantes. De acuerdo con el Sistema Urbano Nacional 2020 del Consejo Nacional de Población (CONAPO), gran parte de la población se concentró en tres comunidades, Ocotlán, que representó el 24.36 % del total; Acuitlapilco, con el 17.21 %; y Tlaxcala de Xicohténcatl, con el 13.56 % y en conjunto, estas tres poblaciones suman el 55.13 % de la población total del municipio capitalino.

A partir del incremento de la población en estos tres puntos, también se ha registrado un aumento en la construcción y la pérdida de áreas verdes. Al comparar imágenes satelitales de los periodos 2011 y 2024, se identificó una expansión de la mancha urbana, principalmente por la construcción de zonas habitacionales.

Un primer ejemplo se observa en Ocotlán, específicamente en las localidades de Tlacomulco y Loma Bonita, donde es posible identificar un incremento de áreas habitacionales, así como una visible desaparición de árboles sobre las vialidades y en la perdida de áreas de cultivo a lo largo de 13 años.

El segundo caso se observa en la comunidad de Santa María Acuitlapilco, donde se observó una transformación del espacio ambiental y comunitario con el incremento de hogares en barrios como Cazatotla, Xitototla y Grande, a la par de una pérdida de áreas verdes y de cultivo que son base fundamental de las actividades agrícolas de la comunidad, durante el periodo de 2011 a 2024.

El tercer caso se ubica en la capital tlaxcalteca. En zonas como El Mirador (cerca del área natural protegida y detrás de Plaza Vértice) y en avenidas como Diego Muñoz Camargo o 20 de Noviembre, en las cuales es evidente el crecimiento urbano y la pérdida de arbolado en las vialidades. En otras, como la avenida Benito Juárez e Independencia, persisten árboles en condiciones deterioradas, lo que refleja un entorno con menor cobertura arbórea.

Pese a este panorama, el Índice de Arbolado Urbano 2024 señaló una aparente contradicción, mientras que la zona metropolitana Tlaxcala-Apizaco figura entre las ciudades medianas con mayor inversión en áreas verdes a nivel nacional existe poca presencia de arboles sobre esta área.

De acuerdo con el informe, se destina un promedio de 37.44 pesos por metro cuadrado, con una cobertura de mantenimiento y equipamiento que alcanza al 86.45 % de la población. El contraste entre la inversión reportada y las condiciones visibles en el territorio abre cuestionamientos sobre la efectividad y el destino de los recursos destinados al arbolado urbano.

áreas verdes en Tlaxcala
Foto: Presencia de escasos arboles y áreas verdes en Tlaxcala, capital.

¿Cuántos arboles y áreas verdes hay por habitante en el municipio de Tlaxcala?

Mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que se requieren al menos 9 m² de áreas verdes por habitante en zonas urbanas para garantizar el bienestar humano, investigaciones recientes como el Índice de Arbolado Urbano 2024 de Reforestamos A.C. han estimado un promedio de áreas verdes urbanas per cápita cercano a 2.79 m² por habitante (2020).

En ese mismo contexto, el estudio señaló que la metrópoli Tlaxcala-Apizaco obtuvo un promedio de 0.67 m² por habitante, una cifra muy por debajo de la recomendación de la OMS. Al comparar este valor con el estándar ideal, se observó un déficit cercano al 92.56 % —es decir, apenas se cubre el 7.44 % del espacio requerido—, lo que dista considerablemente de las condiciones necesarias para un entorno saludable.

En términos de densidad de áreas verdes y arbolado urbano en vialidades, el informe colocó a la zona urbana Tlaxcala-Apizaco como una de las tres peores a nivel nacional en su categoría, al registrar una densidad de áreas verdes de apenas 0.13 % y un 15.81 % de cobertura de arbolado en vialidades.

Si bien no existe un conteo exacto de árboles por habitante, la capital —integrante de la zona metropolitana estatal— presenta una baja cobertura arbórea, lo que indica que la densidad de arbolado por persona es limitada.

Esta condición representa un riesgo para la salud de la población y ya ha tenido efectos visibles en fechas recientes, como las inundaciones registradas el 4 de abril de 2026, así como las ocurridas el 15 de julio de 2025, que dejaron estragos en al menos 15 municipios, y el 23 de agosto del mismo año, cuando una lluvia provocó afectaciones materiales en diversas vialidades del primer cuadro del Centro Histórico.

En cuanto a materia de normatividad la entidad recibió una calificación de 7.61 sobre 100, colocándola como una de las 3 entidades con una normatividad sobre arbolado urbano más bajas del país. Si bien, cuenta con una legislación aplicable —que es la Ley de Ecología y de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala, misma que fue evaluada durante 2021 y cuya última reforma data de 2023—, esta se encontró carente en la mayoría de los aspectos técnicos, de fomento y de sanción evaluados en el Índice de Arbolado Urbano 2024.

Al mismo tiempo, el último informe del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), correspondiente al Informe Nacional de Calidad del Aire 2021, señaló que, a pesar de que la capital cuenta con una estación de monitoreo atmosférico que opera bajo normas oficiales —aunque con fallas constantes y paros tras la migración de sistemas de datos—, se registró un incumplimiento de la norma al detectar 0.074 ppm de ozono (O₃), cuando el límite permitido es de 0.070 ppm.

Estos contaminantes —asociados principalmente al tráfico urbano— pueden ingresar por las vías respiratorias y causar problemas graves de salud. Asimismo, el informe advierte que no fue posible establecer tendencias sólidas para la entidad debido a la escasez y discontinuidad en la operación y obtención de la información.


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Millonaria inversión, bajo impacto: fallan plantas de tratamiento de aguas residuales en el rescate del Zahuapan

Tlaxcala, Tlax.-Desde 1981 y hasta el primer trimestre de 2026, en Tlaxcala se han construido 130 plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) como parte de la estrategia para sanear el Río Zahuapan. Sin embargo, actualmente solo 30 de estas instalaciones se encuentran en operación. Colectivos y organizaciones como el Centro Fray Julián Garcés (CFJG) han señalado que aun con inversión millonaria, esta infraestructura resulta insuficiente para lograr un saneamiento efectivo del afluente, pues persisten contaminantes de origen industrial que continúan afectando tanto el ecosistema como la salud de la población.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Tlaxcala se posiciona como la cuarta entidad del país con mayor número de plantas de tratamiento de aguas residuales. La Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Tlaxcala (CEAS) dio a conocer a través de una solicitud de información con terminación 26000010, que en la entidad hay 130 plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) sin embargo, únicamente 30 se encuentran en operación, lo que representa apenas el 23% del total. 

Durante la administración de Lorena Cuéllar, se han invertido $59,071,721,94 para la rehabilitación de las PTAR en Tlaxcala. Sin embargo, la calidad del agua del Río Zahuapan continúa presentando indicadores críticos como la Demanda Química de Oxígeno (DQO), Sólidos Suspendidos Totales (SST), Coliformes Fecales y Toxicidad Aguda.

Por su lado, el Centro Fray Julián Garcés, ha externado que este tipo de infraestructura no está diseñada para tratar los desechos tóxicos presentes en el afluente que devienen de las industrias, lo que limita su impacto en la recuperación ambiental del río. 

En esa línea, el CFJG señaló que al corte de mayo de 2025, se identificaron más de 120 contaminantes en el río, de los cuales únicamente 22 están regulados por la normativa mexicana. A ello se suma que la cuenca del Río Atoyac concentra cerca de 10,100 empresas en Tlaxcala, con focos críticos de contaminación en los corredores de Panzacola, Xicoténcatl I, II y III, así como en la zona de Apizaco-Xalostoc.

Ante este panorama, te presentamos tres razones por las que las PTAR no representan una solución efectiva para la atención integral del río Zahuapan.

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1. A pesar de la inversión millonaria, las plantas de tratamiento de aguas residuales sólo funcionan un máximo de 50 años

Asimismo, el CEAS informó mediante una solicitud con terminación 26000007 y 26000006, que el promedio de vida útil de las PTAR en Tlaxcala a partir de su inauguración es de 25 a 30 años aproximadamente. 

Además, su promedio de vida útil a partir de ser rehabilitada es de 10 a 15 años adicionales. Y, con un adecuado mantenimiento en equipos electromecánicos (bombas, sopladores, aireadores y tableros) podría tener 5 años adicionales. Es decir, una PTAR puede tener una vida máxima de 50 años. 

Asimismo, la capacidad que tienen para sanear el litros de agua dependerá de la PTAR. A partir de una solicitud con folio 26000009, el CEAS señaló que el total de litros de agua mensualmente que atienden las PTAR ubicadas en Apetatitlán de Antonio Carvajal, Apizaco, Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tepeyanco, Tlaxcala, Tetla de Solidaridad, Huamantla, Tlaxco, Panotla, Tepetitla de Lardizábal, Nativitas, Tepetitla de Lardizábal y Yauhquemehcan es de un total de 14,112,704,000. 

NOTA** Realizamos una solicitud de información a la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento del Estado de Tlaxcala (CEAS) para conocer la cantidad de litros de agua que trata mensualmente cada una de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en operación. Sin embargo, la dependencia únicamente proporcionó datos de las plantas ubicadas en los municipios previamente mencionados.

Esto significa que el volumen total reportado corresponde únicamente a 15 PTAR. El CEAS no entregó información sobre el caudal tratado por las plantas ubicadas en Tetlatlahuca, Tepeyanco, Tocatlán, Tzompantepec, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, San Juan Huactzinco, Benito Juárez, Calpulalpan, El Carmen Tequexquitla, Emiliano Zapata y Españita.

En cuanto a la inversión para la rehabilitación que han tenido las PTAR existentes de 2022 a 2025 ha sido de $59,071,721.94, y las 30 PTAR que actualmente están en funcionamiento son las siguientes: 

PTAR TOTALES POR MUNICIPIO NÚMERO PTAR ACTUALMENTE
EN FUNCIÓN POR MUNICIPIO
NÚMERO
Apetatitlán de Antonio Carvajal 2 Apetatlitán de Antonio Carvajal 2
Benito Juárez 2 Benito Juárez 2
Calpulalpan 3 Calpulalpan 1
El Carmen Tequexquitla 3 El Carmen Tequexquitla 1
Emiliano Zapata 3 Emiliano Zapata 2
Españita 10 Españita 1
Huamantla 10 Huamantla 1
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros 4 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros 2
Nativitas 2 Nativitas 1
Panotla 2 Panotla 1
San Juan Huactzinco 1 San Juan Huactzinco 1
Sanctórum de Lázaro Cárdenas 3 Sanctórum de Lázaro Cárdenas 2
Tepetitla de Lardizábal 2 Tepetitla de Lardizábal 2
Tepeyanco 1 Tepeyanco 1
Tetla de la Solidaridad 5 Tetla de solidaridad 1
Tetlatlahuca 2 Tetlatlahuca 2
Tlaxcala 4 Tlaxcala 1
Tlaxco 15 Tlaxco 1
Tocatlán 1 Tocatlán 1
Tzompantepec 1 Tzompantepec 1
Yauhquemehcan 2 Yauhquemehcan 2
Apizaco 1 Apizaco 1
Santa Cruz Quilehtla 1
Atlangatepес 12
Ixtenco 1
Terrenate 8
Mazatecochco de José María Morelos 1
Muñoz de Domingo Arenas 1
Nanacamilpa de Mariano Arista 2
Atlzayanca 6
Chiautempan 1
Cuapiaxtla 1
Xaloztoс 2
Xaltocan 5
Xicohtzinco 1
San Pablo del Monte 3
Zitlaltepec de Trinidad Sanchez Santos 1
Hueyotlipan 5

 

En la tabla se observa que solo 10 municipios tienen en funcionamiento todas las PTAR que hay en su territorio. Por su parte, los municipios de Santa Cruz Quilehtla, Atlangatepec, Ixtenco, Terrenate, Mazatecochco de José María Morelos, Muñoz de Domingo Arenas, Nanacamilpa de Mariano Arista, Atlzayanca, Chiautempan, Cuapiaxtla, Xaloztoc, Xaltocan, Xicohtzinco, San Pablo del Monte, Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos y Hueyotlipan no cuentan con un sistema de PTAR que dan un total de 51 PTAR fuera de operación.

plantas de tratamiento de aguas residuales

2. PROPAET se limita a sancionar y regular, no a legislar

Si bien existen multas y clausuras tanto a nivel estatal como federal, la insuficiencia de leyes y normas dirigidas al control de la contaminación industrial (tanto del Ejecutivo como del Legislativo), sumada a la permisividad e indiferencia de las autoridades ambientales, reduce la efectividad de estas medidas.

Por lo que, inversiones en acciones como el saneamiento, la rehabilitación de las PTAR y la reforestación son insuficientes si no se cuentan con leyes a nivel estatal para su cumplimiento. 

Durante la administración de Lorena Cuéllar no se ha impulsado la creación o fortalecimiento de leyes y normas específicas para regular, multar, sancionar o clausurar a las industrias que realizan descargas directas al río Zahuapan. En contraste, la principal acción institucional al inicio de su gestión fue la creación de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala (PROPAET).

Esta instancia cuenta con la facultad de regular y sancionar, a nivel estatal, a las industrias que descargan contaminantes en el río Zahuapan sin un tratamiento adecuado. Sin embargo, sus atribuciones se limitan a la auditoría y a la sanción y no tienen la facultad de presentar leyes que puedan armonizar el comportamiento de las industrias existentes alrededor de la Cuenca del Alto Atoyac.

La secretaría encargada de realizar dichas leyes para la prevención de contaminación en el río, es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Esta, cuenta con dos normas que regulan las descargas de aguas residuales en México, tanto en cuerpos de agua de jurisdicción federal como en sistemas municipales.

Por un lado, la NOM-001-SEMARNAT-2021 establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas hacia cuerpos receptores federales. Esta norma señala que las personas físicas o morales que exploten, usen o aprovechen aguas nacionales en cualquier actividad son responsables de implementar las medidas necesarias para prevenir su contaminación y, en su caso, devolverlas en condiciones adecuadas.

Por otro lado, la NOM-002-SEMARNAT-1996 fija los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. Su objetivo es proteger la infraestructura de drenaje, prevenir la contaminación y salvaguardar la salud regulando las sustancias que pueden ser vertidas por industrias y comercios. 

Sin embargo, ninguna de estas normas prohíbe el vertido de residuos en ríos, sino que establecen criterios y límites para regular su descarga de forma controlada. 

En 2022 la SEMARNAT identificó 1,390 empresas como potencialmente contaminantes en la Cuenca del Alto Atoyac, debido al manejo de sustancias peligrosas, corrosivas, tóxicas o inflamables. Y de ese total, únicamente 290 cumplieron con la presentación de su declaración ante el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC). 

Por su parte, la dependencia estatal con facultades para legislar en la materia es la Secretaría de Medio Ambiente (SMA). A nivel local, existe la Ley de Aguas para el Estado de Tlaxcala la cual regula la gestión, el uso y el saneamiento del agua en el territorio. En este sentido, cuando una industria vierte sustancias tóxicas o lodos que dañan la red municipal o que llegan a los ríos sin pasar por una planta de tratamiento, los ayuntamientos pueden imponer sanciones, suspender el servicio y exigir la instalación de sistemas de tratamiento propios.

No obstante, la última reforma a esta ley data del 10 de mayo de 2021. Y en contraste, únicamente 22 de los 60 municipios del estado cuentan actualmente con una PTAR en operación.

3. Las PTAR no funcionan para los desechos industriales que se vierten en el Zahuapan

De acuerdo con el Centro Fray Julián Garcés, el Río Zahuapan cuenta con sustancias tóxicas descargadas directamente por diversas industrias como el textil, químico, automotriz y metalmecánico. En ese sentido, las PTAR no están diseñadas para procesar este tipo de contaminantes.

Estas instalaciones se enfocan principalmente en el tratamiento de aguas residuales urbanas, domésticas e industriales. Si bien pueden recibir descargas provenientes de actividades industriales, estas deben haber sido previamente tratadas por las propias empresas en sus sistemas internos, antes de ser canalizadas a las PTAR.

En ese sentido, de acuerdo con el Primer informe estratégico: Cuenca del Alto Atoyac (Tlaxcala y Puebla): Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental; problemática socioambiental y recomendaciones para su atención integral, en la cuenca se ha identificado la presencia de diversos grupos de sustancias asociadas a actividades industriales en 2023. Entre ellas, se encuentran compuestos utilizados en disolventes, colorantes, aerosoles, monómeros y resinas, así como subproductos y contaminantes como los hidrocarburos aromáticos.

En la siguiente entrega de este especial, analizaremos la ubicación de las PTAR y su correspondencia con el polígono del Río Zahuapan. Asimismo, señalaremos la inversión destinada tanto a las PTAR en operación como a aquellas que actualmente se encuentran fuera de servicio.

Aunque «Cabina Mujer Segura» se amplió a hombres, no atienden municipios con altos índices de violencia

Tlaxcala, Tlax. El 7 de marzo, distintos medios dieron a conocer la instalación de las cabinas “Mujer Segura” en varios puntos de la capital tlaxcalteca, una estrategia impulsada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), planteada originalmente como una acción para atender y erradicar la violencia contra las mujeres.

A menos de un mes, el proyecto ya suma nueve cabinas colocadas en el centro de Tlaxcala, con una inversión que supera los diez millones de pesos. Sin embargo, en el camino, la iniciativa sufrió una modificación y dejó de enfocarse exclusivamente en mujeres para abrirse a cualquier persona que se perciba en situación de riesgo.

Pese a que el mismo SESESP cuenta con datos de los municipios donde se han suscitado casos de violencia en contra de mujeres y homicidios dolosos, en esta primera etapa ha priorizado el centro de Tlaxcala como prueba piloto para este programa.

De Cabina «Mujer segura» a «Cabina de auxilio 911»

El pasado 16 de marzo, durante el acto inaugural del Centro de Control y Comando (C2) del municipio de Lázaro Cárdenas, el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), Maximino Hernández Pulido, adelantó el diseño de una cabina telefónica “parecida a las que se ven en Reino Unido”.

En ese momento, explicó que el objetivo del programa era instalar estos módulos en el centro de cada municipio para que las mujeres tlaxcaltecas pudieran resguardarse ante una situación de riesgo o violencia. Detalló que las cabinas estarían conectadas al número de emergencia 911 y que la atención se brindaría mediante videoconferencia.

Para entonces, el proyecto aún se encontraba en fase de diseño. Se contemplaba que cada cabina contara con la tecnología necesaria para reaccionar de forma inmediata, de acuerdo a la información que se dio a conocer a medios, las cabinas funcionarían de la siguiente manera: al abrir la puerta, se activaría automáticamente la llamada al 911 y todo el protocolo de atención correspondiente. Posteriormente, se llevaría a cabo una etapa de prueba para perfeccionar el modelo, antes de definir cuántas cabinas serían instaladas y en qué municipios, de acuerdo con el presupuesto disponible.

Incluso, desde finales del año pasado, el propio funcionario había adelantado que este esquema formaría parte de los nuevos programas de seguridad para 2026, junto con alarmas vecinales, planteando una prueba piloto de cabinas dirigidas específicamente a mujeres en espacios públicos, conectadas al C5i.

Sin embargo, el planteamiento cambió. El pasado 1 de abril, a través de información difundida por El Sol de Tlaxcala y confirmada mediante la solicitud de información con folio 291208526000015, se dio a conocer que el programa dejó de enfocarse exclusivamente en mujeres para convertirse en “Cabinas de Auxilio 911”.

Bajo este nuevo esquema, cualquier persona —hombre o mujer, de cualquier edad— que se sienta en peligro puede solicitar ayuda. De acuerdo a la información que emitió la SESESP a través de transparencias, la instalación de las cabinas están ubicadas en paraderos y puntos estratégicos, y funcionan como espacios de resguardo ciudadano ante situaciones de riesgo inminente o violencia en la vía pública.

En ese sentido se volvió a reafirmar que los módulos ofrecen refugio, apoyo y orientación, además de protección y acompañamiento inmediato. Y aunque aún no están funcionando, se informó que las cabinas están equipados para conectarse directamente con el C5i.

Inversión supera los 10 millones de pesos

El pasado 26 de marzo, el periódico El Sol de Tlaxcala informó que las cabinas “Mujer Segura”, posteriormente renombradas como “Cabinas de Auxilio 911”, implicaron una inversión de 10 millones de pesos. Sin embargo, a través de la solicitud de información con folio 291208526000013, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) precisó que el monto total destinado al proyecto asciende a 11 millones 999 mil 944.80 pesos.

En la respuesta oficial, la dependencia señala que el recurso contempla el conjunto de acciones, equipamiento, adecuaciones y servicios necesarios para la operación del sistema en su totalidad, considerándose como un solo proyecto global.

Asimismo, el SESESP dio a conocer las ubicaciones donde actualmente se han instalado estas cabinas, sumando nueve puntos en la capital del estado:

  • Plaza de la Constitución
  • Plaza Xicohténcatl
  • Ex Convento Franciscano
  • Parroquia de San José, sobre Avenida 20 de Noviembre
  • Las Escalinatas, en el bulevar Mariano Sánchez
  • La Central, en la zona de Tepehitec
  • Parada de la Virgen, sobre Avenida Independencia
  • Amatech, lateral de la carretera Puebla–Tlaxcala
  • Plaza Vértice / Estadio Tlahuicole, sobre Avenida Guillermo Valle

No obstante, la propia dependencia indicó que algunas ubicaciones adicionales aún están por confirmarse debido a cuestiones de permisos, sin embargo esta información la envió la dependencia el 4 de abril.

Cabinas de auxilio se plantean en el centro histórico, un lugar que no es reconocido por altos índices de violencia como otros municipios

Tras la transformación a «Cabina de Auxilio 911» Maximino Hernández Pulido, dio a conocer que empezarían pruebas en la capital del estado, al mencionar que son pruebas pilotos en este momento. No obstante, los índices de inseguridad, no se concentran solo en la capital.

De acuerdo con información brindada por el SESESP, para el caso de acoso y hostigamiento sexual,  los municipios con mayor casos se concentran en San Lucas Tecopilco, Calpulalpan y Apizaco.

Asimismo, San Pablo del Monte, Calpulalpan, Apizaco, Tetla y Chiautempan. 

Represión gubernamental de campesinos y transportistas tlaxcaltecas ante la protesta social

Tlaxcala, Tlax.- El 7 de abril de 2026 en Francisco I. Madero, Nanacamilpa, Tlaxcala, campesinos y transportista que se manifestaban de manera pacífica fueron reprimidos por fuerzas policiales enviadas por el gobierno encabezado por Lorena Cuéllar Cisneros. La demanda fundamental de esta protesta es garantizar precios justos y de garantía para la venta y comercialización del maíz y otras semillas, así como seguridad para los transportistas, cada vez más indefensos por la inseguridad que se padece en el país y el aumento del precio del diesel.

Esta represión no es un hecho aislado, sino la expresión violenta del sistema capitalista-neoliberal y de sus representantes en los gobiernos, quienes conciben al campo como un negocio y mercancía, y no como un espacio de vida y autonomía. El campo es cada vez más relegado, a pesar de que es la base de la alimentación de la población.

La represión de la protesta social es una estrategia gubernamental para descalificar movimientos y demandas sociales, mecanismo que se acompaña con narrativas en las que se justifican los operativos de represión bajo la idea de garantizar derechos de terceros como el “Paso libre” o el “restablecimiento del orden”. Esto invisibiliza que la causa primera de la protesta social es la falta de voluntad gubernamental para responder a las demandas.

Para justificar esta violencia también se coloca desde la narrativa oficial la idea de que hubo provocación por parte de los campesinos y transportistas y hubo un bloqueo violento. Además, se busca imponer la idea de que se actuó con el “uso proporcional de la fuerza”, pero en los hechos golpearon a los campesinos y hurtaron su maquinaria, la policía usó la fuerza contra personas desarmadas, esto no es proporcional, es violencia de Estado. También se les amenaza señalando que comenten un delito federal, mecanismo de criminalización de la protesta social que ha sido utilizado sistemáticamente para desestructurar movimientos sociales.

En la estrategia gubernamental de descalificación de la protesta social, se omite decir que golpearon a los manifestantes y que hubo privación ilegal de dos campesinos, quienes horas después fueron liberados. 

El gobierno encabezado por Lorena Cuéllar, ha criminalizado sistemáticamente la protesta legítima y responde con represión donde debería haber diálogo, como sucedió en mayo de 2023, cuando la policía estatal reprimió a mujeres que pedían agua en Calpulalpan, y al inicio de su gobierno en contra de las mujeres que se manifestaron el 8 de marzo, augurio de lo que sería su gobierno. Su comunicado oficial es un intento cínico de lavar su responsabilidad en la agresión contra la ciudadanía.

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Es importante recordar que la protesta social se basa en derechos como la libertad de expresión y de reunión. Además, debe considerarse como una expresión social legitima en tanto se constituyen como un medio para el ejercicio de derechos fundamentales y de vital importancia para la construcción de sociedades democráticas.

Un gobierno democrático debe reconocer que nunca la represión de la protesta social debe ser un camino a seguir, por el contrario, debe mantener las puertas del diálogo abiertas y responder a las demandas legítimas, garantizando siempre la integridad de quienes se manifiestan. Desde este espacio, nos unimos a las exigencias de los campesinos, particularmente de los pequeños agricultores, por precios justos y apoyo a su labor para lograr la soberanía y seguridad alimentaria en nuestras comunidades. También nos sumamos a la demanda de los transportistas de tener mayor seguridad ante el clima de violencia que se vive en las carreteras.

Asamblea Comunitaria Socioambiental de Tlaxcala

Gobierno de Tlaxcala legitima represión a agricultores de Nanacamilpa tras no haber seguido la vía del dialogo

  • Agricultores de Nanacamilpa acusan que fueron detenidos con uso de la fuerza por elementos de la policía estatal, pese a ello, vocero dio a conocer que hubo saldo blanco durante el operativo. 

Tlaxcala, Tlax.- La noche del lunes 6 de abril, el bloqueo carretero en la México–Veracruz, a la altura de Nanacamilpa, terminó en un operativo de desalojo por parte de fuerzas estatales que, de acuerdo con testimonios de los propios manifestantes, se ejecutó con uso de la fuerza, afectando a infancias, mujeres, personas adultas mayores y agricultores. Los reportes refieren que los asistentes fueron rociados con agua y sometidos físicamente para liberar la vialidad, tras más de 24 horas de cierre en el marco de un paro nacional del campo.

Durante la mañana del 7 de abril, Emilio Taboada y su padre, Adrián Taboada, integrantes del movimiento agropecuario de la región, denunciaron haber sido privados de su libertad por elementos de seguridad estatal. De acuerdo con su testimonio, los hechos ocurrieron alrededor de las 4:00 horas, cuando fueron retenidos en el contexto del operativo y trasladados al C2 de Santa Cruz, para posteriormente ser liberados.

Emilio Taboada afirmó que durante el proceso fue agredido físicamente y sostuvo que los elementos policiacos le indicaron que la acción respondía a instrucciones superiores, por lo que responsabilizó directamente a la gobernadora Lorena Cuéllar por estos hechos. 

Pese a la ola de violencia que vivieron, Emilio Taboada advirtió que las movilizaciones continuarán hasta que el gobierno atienda de fondo las demandas del sector.

Exigencias de agricultores de Nanacamilpa

Los productores que participaron en el bloqueo han reiterado que su movilización responde a una serie de exigencias que consideran estructurales y no atendidas. Entre ellas destacan la necesidad de establecer precios justos para los productos del campo, particularmente granos básicos, así como la regulación de prácticas comerciales que consideran desfavorables dentro de esquemas como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

A ello se suma la exigencia de condiciones de seguridad en carreteras, ante hechos de violencia que han afectado a transportistas y productores, incluyendo apoyos para familias de víctimas. De acuerdo con los propios manifestantes, estas demandas no son nuevas y forman parte de un reclamo sostenido que ha escalado ante la falta de acuerdos concretos.

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Gobierno de Tlaxcala legitima represión a agricultores tras no haber seguido la vía del dialogo

En respuesta a los hechos, el vocero de comunicación del gobierno estatal, Antonio Martínez Velázquez, señaló durante el “Diálogo Circular” del 7 de abril que el operativo se realizó tras la negativa de los manifestantes a liberar la vialidad, pese a los llamados reiterados al diálogo, y afirmó que la intervención se llevó a cabo conforme a protocolos institucionales.

«Ya la Federación había dialogado con este grupo, el viernes se reunirían la Secretaria de Gobernación con Rosa Icela Rodríguez y el lunes con la gobernadora del Estado y sin embargo decidieron no seguir en esa vía del dialogo y construcción de acuerdos»

De acuerdo con el posicionamiento emitido por el Gobierno de Tlaxcala, el bloqueo se prolongó por más de 24 horas y generó afectaciones significativas a la movilidad, con filas vehiculares de varios kilómetros, lo que motivó la intervención de las fuerzas de seguridad para restablecer la circulación.

En ese mismo pronunciamiento, la administración estatal subrayó que el uso de la fuerza se realizó bajo criterios de proporcionalidad y en apego a protocolos establecidos, mediante el empleo de recursos disuasivos no letales como agua y gases lacrimógenos para dispersar la concentración y recuperar el control de la vialidad.

En este sentido, el Gobierno de Tlaxcala reiteró que el objetivo del operativo no fue confrontar a los manifestantes, sino garantizar el libre tránsito y evitar mayores afectaciones a terceros, como el acceso a servicios básicos y el traslado de mercancías.

El gobierno estatal, a través del vocero, aseguró que la operación concluyó con “saldo blanco”, sin personas detenidas, aunque sí con individuos presentados a comparecer en el marco de denuncias relacionadas con la obstrucción de vías de comunicación, razón por la que fueron llamados Adrian y Emilio Taboada.

Sin embargo, Martínez Velázquez ha señalado en ocasiones anteriores que las personas que se manifiestan por esta causa son oportunistas, que no pertenecen al sector agrícola y que el movimiento tiene tintes partidistas, situación que volvió a referir, al mencionar lo siguiente:

«Sobre el tema de la afiliación partidista de estas personas, no es algo que sea un secreto, ahí hay fotos y es normal que los opositores también se organicen políticamente, y yo creo que en ese sentido hay total libertad de la manifestación de las ideas, inclusive afectando los derechos de otros como lo que sucedió»

Pese a ello, Martínez Velázquez negó que exista persecución política o social en contra de los manifestantes, al tiempo que subrayó que cualquier consecuencia legal derivaría únicamente de denuncias presentadas ante instancias competentes por posibles delitos del ámbito local o federal. Asimismo, se hizo hincapié en que que las autoridades actuaron tras reportes por la obstrucción de una vía federal, situación que incluso fue notificada a instancias como la Fiscalía General de la República.

El episodio ocurrido en Nanacamilpa se inserta en un contexto más amplio de inconformidad del sector agrícola en Tlaxcala, que desde finales de 2025 ha mostrado signos de tensión que van en incremento.

Hasta el momento se han registrado cinco bloqueos; si bien en meses previos no se habían documentado cierres de gran magnitud en ese municipio, sí existían antecedentes de afectaciones en tramos del Arco Norte y otras vías estratégicas dentro de la entidad, en el marco de movilizaciones nacionales que han tenido eco en distintas regiones del país.

Finalmente, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Alberto Perea Marrufo, aseguró esta mañana que la actuación de la dependencia respondió a una obligación institucional para intervenir y evitar afectaciones a terceros, subrayando que no podía permitirse que el bloqueo derivara en un impacto mayor a la economía, al advertir que este tipo de cierres paraliza el flujo de millones de pesos.

«No podemos permitir que todo esto vaya en decremento de la economía del país, porque se paran millones de pesos»

Añadió que la intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se dio como respuesta a un reclamo ciudadano y en el marco de sus atribuciones, con el objetivo de restablecer la circulación y reducir las afectaciones a la movilidad y a las actividades económicas.


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