El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), por unanimidad, determinó sancionar a los partidos políticos que contendieron en el Proceso Electoral Federal 2011-2012 con un monto global que asciende a 36.9 millones de pesos, por el contrato de tarjetas para el pago de representantes de casilla.

Dicha conducta, constituye una aportación de ente prohibido, a través de la dispersión de recursos en tarjetas BBVA Bancomer, cuya contratación fue realizada por la empresa Logística Estratégica Asismex en beneficio a representantes generales y de casilla de  los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, integrantes de la coalición “Compromiso por México”; así como a los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano que conformaban la coalición total denominada “Movimiento Progresista”; el PAN y Nueva Alianza.

El Consejero Electoral Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, afirmó que este es un ejemplo de financiamiento paralelo, irregular y opaco para pagar la operación electoral el día de la votación del 1° de julio de 2012.

“Una empresa con las características típicas de una empresa fachada o fantasma, que se fondea de recursos de empresas igual de irregulares, hace un contrato con una Institución Bancaria para dispersar recursos a miles de personas, y realiza pagos a cuatro días de la Jornada Electoral, y documentamos 7 mil 311 representantes partidistas como beneficiarios de esos pagos; esa es la infracción, financiamiento ilegal a la política y la sanción que proponemos es del 200 por ciento de los recursos ilícitos recibidos”, explicó.

Y destacó que “el INE sanciona la violación a la Ley con independencia del color del infractor”, en favor de la legalidad y la democracia.

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, refirió que este asunto es un ejemplo de lo que se quiere lograr con la fiscalización, la cual debe trascender la dimensión contable, ya suficientemente probada y consolidada, hacia un trabajo de inteligencia financiera que nos permita desenmascarar las redes de financiamiento paralelo, con el objetivo de revindicar la actividad política.

Señaló que el propósito de la fiscalización no es hundir a nadie ni sancionar a los partidos políticos como si éste fuera un fin en sí mismo, “sino recuperar la dignidad de la política democrática, entendida ésta como el juego limpio, como el juego transparente por el poder político”.

Lorenzo Córdova mencionó que el juego democrático debe ser entendido como intercambio franco y abierto, intenso y hasta ríspido de las ideas y los proyectos. “Un juego que no deba estar determinado por los flujos de dinero opaco por debajo de la mesa, sino un juego que permite a los ciudadanos votar en libertad por quienes ellos quieran”.

Por su parte, la Consejera Adriana Favela afirmó que “no se tolerarán ese tipo de acciones, porque de ser cometidas nuevamente, serán sancionadas de manera severa, ya que la fiscalización realizada por el INE es cada vez más rigurosa y eficaz”.

Añadió que el proyecto aprobado da vista a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al Servicio de Administración Tributaria, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda; para que actúen en el ámbito de sus atribuciones  y determinen lo que en derecho corresponda, respecto de las conductas irregulares advertidas en la secuela procedimental que no son competencia del INE.b