- El Plan B de Claudia Sheinbaum Pardo podría implicar la reasignación de recursos desde los estados y municipios hacia la Federación, lo que debilitaría la capacidad operativa de los gobiernos locales y pondría en riesgo a las organizaciones de la sociedad civil que representan a los grupos vulnerados.
Tlaxcala, Tlax.- Luego de que la Cámara de Diputados rechazara la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum -la cual contemplaba una reconfiguración del Congreso de la Unión, la reducción del financiamiento público a los partidos políticos y la disminución del número de diputaciones federales y senadurías- se presentó un “Plan B” que, de acuerdo con Antonio Escobar, integrante del Colectivo LGBTTTI+ Tlaxcala, constituye una omisión frente a las demandas de la sociedad civil organizada en materia de acciones afirmativas.
Antonio Escobar señaló que el “Plan B” no garantiza la incorporación de acciones afirmativas, al dejar fuera a diversos grupos en situación de vulnerabilidad. Indicó que esta omisión representa un retroceso frente a las demandas de la sociedad civil organizada, al no establecer mecanismos claros de inclusión y representación efectiva.
Por ejemplo, en el Apartado D, fracción IV, de la reforma se plantea que, en la selección y postulación de candidaturas a cargos de elección popular, los partidos políticos y las autoridades electorales deberán garantizar acciones afirmativas a favor de personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como de grupos históricamente subrepresentados. No obstante, el texto no especifica cuáles son esos grupos, lo que deja un margen de ambigüedad en su aplicación.
La presidenta Sheinbaum hoy enviará al Senado el ‘Plan B’ de la Reforma Electoral.
Contempla:
– Reducción presupuestal a sindicaturas, regidurías, congresos estatales, presidencias municipales, INE y OPLES;
– Más participación ciudadana, y se podrá solicitar revocación de… pic.twitter.com/UbM0fvweQ1
— José Luis Morales (@JLMNoticias) March 17, 2026
Escobar, explicó que la iniciativa previa únicamente contemplaba de forma explícita a personas indígenas y afromexicanas, mientras que excluía a la población LGBT+, a las personas con discapacidad y a las personas migrantes, al agruparlas de manera genérica bajo la categoría de “grupos subrepresentados”, diluye sus demandas específicas y limita el alcance real de las acciones afirmativas.
«Lo que no se dice con todas sus letras queda ambiguo y, al final del día, no hay una representación real» – Antonio Escobar
Además, señaló que al retirarse el presupuesto que los diputados destinan a apoyos, estos recursos se centralizarán en la federación, la cual los integrarán a programas del Bienestar.
Asimismo, advirtió que tanto activistas como organizaciones de la sociedad civil que actualmente no pueden acceder a dichos programas, pero que reciben apoyo de diputados o del Congreso local, quedarían sin posibilidad de obtener recursos, pues no son contemplados por programas del Bienestar. Añadió que, incluso en ese caso, no existe garantía de que el presupuesto transferido a la federación regrese en beneficio de la población tlaxcalteca.
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«Esto para mí rompe la división de poderes, desarticula la capacidad del Congreso Local de poder apoyar a los tlaxcaltecas» – Antonio Escobar
De acuerdo con el Periódico Oficial del Estado, el Congreso local tiene un presupuesto de $408,425,123.00 para 2026, por lo que, si aplicamos el tope de 0.70% con el presupuesto de 2026 del Estado ($30,086,079,028.00), el Congreso tendría un ingreso de $210,602,553.2
Para contrarrestar esto, la sociedad civil propone que el Plan B incluya:
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Presupuesto etiquetado: Garantizar el 3% del recurso de partidos fuera de elecciones y el 5% durante campañas para candidaturas de grupos vulnerables.
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Blindaje de recursos: Evitar que los partidos utilicen este dinero para pagar sus propias rentas u oficinas, simulando apoyo a los candidatos.
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Formación de cuadros: Obligar a los partidos a formar liderazgos con tiempo y no buscarlos solo por cumplir un requisito legal de último momento.
Ante lo que califica como un «retroceso», Antonio informó que diversas organizaciones a nivel nacional están retomando el diálogo con el Gobierno Federal. Agregó que la postura de las organizaciones no es la eliminación del recurso, sino la creación de mecanismos de auditoría.
Indicó que, durante la presentación de la reforma electoral, no se escuchó a los grupos en situación de vulnerabilidad, quienes señalaron que la reforma únicamente los menciona como grupos subrepresentados, sin precisar con claridad qué implica o cómo se define dicho concepto.
Señaló que una situación similar ocurre con las acciones afirmativas, en donde los partidos políticos deberían estar obligados a formar a sus candidatos con anticipación, evitando incorporarlos de último momento únicamente para cumplir con los requisitos de integración partidaria.
«Los partidos deberían estar obligados a formar cuadros de las cinco diferentes poblaciones y grupos vulnerables» – Escobar
Finalmente, Escobar agregó que colabora con “Justicia Afirmativa”, asociación integrada por 45 organizaciones de todo el país para impulsar el tema electoral en materia LGBT y garantizar los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad con la integración de las acciones afirmativas en la reforma electoral.
