Lucia Texis Castillo

Yaocalli Centro de Estudios y Acción Social a.c

Lo que vivió el pueblo de Ecatepec es la expresión de un estado en crisis que se agudiza por propuestas que niegan la dimensión sociocultural de los problemas sociales y se generan en un contexto de aislamiento institucional y autoritarismo. La estrategia de la implementación de Polos de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI) evidencia, nuevamente, la carencia de capacidades sociales y territoriales del estado lo cual suma al escenario de crisis de legitimidad democrática fortaleciendo el conflicto social y la crisis ambiental que se vive en Tlaxcala.

La basura es política, actividad productiva y económica

Genero basura, la acumulo en un bote y luego la tiro en el camión ¿Adiós basura?. Muchos años hicimos esto, fue el mismo tiempo que ignoramos la dimensión política de la basura.

Si el problema es que “hay demasiada basura”, la solución parece limitarse a encontrar mecanismos para recolectar, trasladar y hacer algo con ella. Pero si el problema es cómo producimos, consumimos y gestionamos nuestros residuos, el enfoque cambia por completo. Ya no hablamos de toneladas, infraestructura, inversiones o disposición final; hablamos de hábitos de consumo, responsabilidades compartidas, participación social, distribución de recursos o beneficios económicos y justicia ambiental. Hablamos, en definitiva, de quiénes toman las decisiones, quiénes participan en ellas y qué tipo de territorio queremos habitar dentro de veinte años.

Lo menciona Marco Rodríguez en su artículo de opinión “El problema de la basura en Tlaxcala: una disputa por su definición”, publicado en este mismo medio de comunicación. Que claro, te recomiendo leer. Desde dónde se menciona el problema es desde dónde se piensa la solución.

Desarticular el problema en: generar, circular, aprovechar y desechar los residuos nos ayuda a preguntarnos ¿quiénes intervienen en cada momento?, ¿quiénes toman las decisiones?, ¿quiénes realizan el trabajo y bajo qué condiciones?, ¿quiénes se benefician de su aprovechamiento y quiénes asumen sus costos e impactos?

Estas preguntas amplían la discusión más allá de la infraestructura y la capacidad operativa de los gobiernos. Nos permiten reconocer que alrededor de los residuos existe una cadena de trabajo y relaciones económicas en la que participan industrias, empresas, gobiernos, hogares, comerciantes, recolectores, pepenadores, recicladores y organizaciones comunitarias.

Una parte importante de estos actores, particularmente quienes realizan actividades de recuperación, separación y comercialización de materiales desde la informalidad, suele permanecer al margen de los modelos institucionales de gestión. Sin embargo, su trabajo es fundamental para el aprovechamiento de los residuos y el funcionamiento de esta cadena económica.

Pero, ¿Por qué no reconocer sus conocimientos, dignificar sus condiciones laborales e incorporarlos en la construcción de alternativas? Fácil, la basura genera mucho dinero.

“El ciclo de la basura, o como se le conoce técnicamente, de los residuos sólidos urbanos, no termina cuando se entierra. Es una industria que genera alrededor de 3 mil millones de dólares anuales (más de 51 mil millones de pesos) en nuestro país, estima Ricardo Medina Calvario, presidente del Colegio de Biólogos de México. De acuerdo con los últimos censos económicos del Inegi, el sector dedicado al manejo de residuos y servicios de remediación cuenta con mil 339 unidades económicas y emplea a más de 27 mil personas.” (Gutiérrez, 2026).

Desde un enfoque de gobernanza ambiental, la gestión de los residuos tendría que considerar mecanismos de participación y articulación entre estos actores, así como reconocer las capacidades organizativas de las comunidades para intervenir en la reducción, separación, aprovechamiento y vigilancia de los residuos que se generan en sus territorios.

La pregunta, entonces, no es únicamente dónde colocar los residuos que producimos, sino cómo construir un sistema de gestión que distribuya de manera justa las responsabilidades, los beneficios y los impactos; que reconozca el trabajo existente y que permita a las comunidades participar en las decisiones sobre el territorio que habitan. Además para agregarle sazón al artículo, te invito hacerte la siguiente pregunta: ¿Quién se beneficiaría con la implementación del PODECIBI y cierre de rellenos sanitarios?

El juego entre crisis, autoritarismo y privatización

La basura es igual a dinero, los residuos igual a responsabilidad y más trabajo de coordinación interinstitucional y multiactor. Conviene entonces hacer negocio y concesionar responsabilidades a terceros más allá de empezar a organizar un sistema de disposición de residuos que integre la participación social en todos los niveles del problema: producir, consumir y gestionar nuestros residuos.

A finales de 2024 y principios de 2025, llegó a los ayuntamientos un acuerdo firmado por el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Tlaxcala que los 60 municipios tendrían que avalar mediante sesión de Cabildo. Dicho acuerdo declaraba que no tenían las condiciones para hacerse responsable de la basura. Y la pregunta detrás de este proceso es: ¿estarían preparando la viabilidad del proyecto del PODECIBI demostrando la supuesta incapacidad de los ayuntamientos para solucionar el problema y por ende justificar la necesidad de una inversión mayor?

Fue en el Diario Oficial de la Federación con No. de publicación 150/2026, publicado el lunes 8 de junio de 2026, donde se ratificó que el área destinada al Polo es de 200,001.407 m² y que el Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicohténcatl (FIDECIX) es propietario del inmueble derivado de la formalización de la donación por parte de la Administración Pública.

Luego, llega el 15 de octubre del presente año la declaratoria de Emergencia Ambiental por el colapso de los rellenos sanitarios. En ese lapso sabemos que desde finales de 2024, ya era un asunto en la agenda gubernamental el tema de la basura, ¿Por qué esperar el colapso de los rellenos hasta 2026? Se cerraron el de huamantla, panotla, nanacamilpa y hasta el 31 de octubre el de Atlangatepec.

El 22 de Octubre vuelven a incluir a los ayuntamientos en la gestión de residuos obligándolos nuevamente a enviar un documento llamado “Carta de compromiso institucional” dirigido al Lic. Iván García Juárez Procurador De Protección al Ambiente Del Estado de Tlaxcala en donde se referencia la responsabilidad inamovible de los municipios de gestionar la basura pero también se acepta la legalidad de recurrir a terceros para garantizar la prestación de los servicios de gestión de residuos, sin que ello implique transferir su responsabilidad pública.

¿Los municipios contratarán empresas para trasladar sus residuos a otros sitios de disposición? ¿Cuánta libertad tendrán para establecer nuevos contratos con iniciativas privadas? ¿Qué empresas cuentan con infraestructura autorizada para recibir los residuos? ¿Qué mecanismos de transparencia y vigilancia tendrán esos contratos?

Salvador Santos Cedillo, presidente municipal de Huamantla pagará hasta 1.3 millones de pesos mensuales por disposición de basura. Mientras la presidenta municipal Gudelia Palma Corona de Zitlaltepec al parecer le pagará a la industria por tonelada 523 pesos, aproximadamente 100 mil pesos mensuales. Otro ejemplo de esto es el desglose realizado en una publicación de El diario sur el 1 de noviembre de 2026 donde afirma que Tlaxcala tira más o menos 1,200 toneladas de basura al día y un relleno sanitario nuevo llamado Xotla (donde denuncian que este es un negocio privado) está cobrando 293 pesos por tonelada, al día se tendrían que pagar 51,600 pesos, en un mes más de 10 millones y medio. Mientras la bióloga y activista ambiental Alma Ivonne Baez Horiguela denuncia en un comentario de redes sociales que “en el municipio de Tlaxcala de Xicohténcatl 2024-2027 el cobro por el saneamiento, recolección final de desechos o residuos no peligrosos pasó de $89 en enero de 2024 a $192 en enero de 2026, sin mejoras suficientes en la separación y el manejo de residuos”.

Provocar o al menos no atender una crisis para privatizar servicios públicos suena a un gran negocio. Quien controla la gestión de los residuos también controla un flujo constante de recursos públicos. Por ley, los ayuntamientos tienen la responsabilidad de prestar el servicio de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. Al gestionar estos servicios, los recursos públicos pueden destinarse a fortalecer las capacidades municipales y generar ahorros que permitan invertir en otras necesidades de la población.

Sin embargo, cuando los municipios dependen de terceros para resolver esta responsabilidad, adquieren un gasto recurrente que compromete sus presupuestos. Lo que podría representar una inversión en infraestructura, equipamiento y fortalecimiento de los servicios públicos municipales se convierte en un pago mensual a operadores externos.

El problema no es únicamente cuánto dinero tendrán que pagar, sino qué dejarán de hacer los municipios para cubrir esos nuevos gastos. Un presupuesto comprometido con contratos de disposición de residuos puede reducir los recursos disponibles para programas sociales, subsidios, obras públicas, mantenimiento de infraestructura y otros servicios que benefician directamente a la población.

En otras palabras, se corre el riesgo de debilitar la capacidad financiera y operativa de los ayuntamientos: menos recursos para atender las necesidades locales, menor margen para planear e invertir y una dependencia creciente de proveedores externos para cumplir con sus obligaciones. ¿En dónde quedó la defensa de la soberanía del gobierno morenista de Tlaxcala? Ojalá se viera reflejado en la sobrería del gobierno municipal para procurar intereses locales y comunitarios.

Así, la crisis de los residuos no sólo representa un problema ambiental y de salud pública; también puede convertirse en un mecanismo de transferencia de recursos públicos hacia terceros, mientras los municipios y sus habitantes asumen los costos económicos de resolver una crisis que se pudo evitar.

Urge impulsar nuevas formas de atención a crisis socioambientales y sanitarias

Rubén Zarco Novelo, ex encargado de despacho del Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE) de Nuevo León, acudió como asesor técnico del PODECIBI a la asamblea comunitaria del 17 de mayo de 2026, en San Pedro Ecatepec, municipio de Atlangatepec.

Durante la reunión, preguntó a los habitantes si alguna vez se habían cuestionado qué pasa con su basura después de que el camión recolector se la lleva.

La pregunta se dirigió a una comunidad que lleva más de 30 años recibiendo los residuos de 54 de los 60 municipios de Tlaxcala. Paradójicamente, fue hasta que colapsaron los rellenos sanitarios y se interrumpió el servicio de recolección cuando el destino de la basura comenzó a ocupar las conversaciones en prácticamente todos los hogares del estado. Mientras la recolección funcionaba, para muchas personas el problema parecía terminar cuando el camión se llevaba sus residuos. Pero en San Pedro Ecatepec, durante esas tres décadas, la basura nunca desapareció: se acumuló en un cerro de su propio territorio. Tal como se muestra en la siguiente imagen:

Frente al comentario de dicho asesor del PODECIBI, el secretario Aquino de la Secretaría de Medio Ambiente mencionó que él sólo es el asesor pero dejaron en evidencia una profunda desarticulación y falta de cuidados a los procesos territoriales, así que no hay excusa, se ha revictimizado al pueblo de Ecatepec en más de una vez en todo este proceso. Ojo aquí Comisión de Derechos Humanos. Primero la invisibilización durante 30 años del problema con el que viven: la acumulación de basura y las implicaciones de sanidad que ello implica, luego la imposición del proyecto de PODECIBI y el uso de fuerza pública para amedrentarlos, el cierre del relleno sanitario de su comunidad que les generaba empleos y ahora que el foco ya no es “PODECIBI en Ecatepec” lentamente se va difuminando esta injusticia. Después de 30 años, ¿Vamos a dejar esa basura ahí? ¿La comunidad tendrá que vivir por 100 años o más con esa montaña de basura en su comunidad? ¿Cuál es el plan para resarcir el daño?

Nunca debimos llegar a la crisis de basura que vivimos. La situación de las comunidades que han convivido durante décadas con los rellenos sanitarios debió atenderse mucho antes, con medidas de prevención, saneamiento, vigilancia y reparación de los impactos acumulados. También era y es necesario transformar nuestros hábitos de consumo y generación de residuos, pero esa responsabilidad no puede recaer únicamente en la ciudadanía: los municipios debieron fortalecer sus capacidades para gestionar los residuos, construir alternativas propias y explorar las oportunidades de la economía circular, creación de proyectos de educación ambiental con compostas, huertos, reciclaje y otras alternativas como una vía para recuperar valor de los materiales, fortalecer los ingresos públicos y mejorar los servicios. La crisis actual no apareció de un día para otro; es también consecuencia de años de decisiones postergadas (por incapacidad institucional o búsqueda de beneficios privados) y de una gestión que no logró responder a las necesidades de sus comunidades. En resumen: se pudo prevenir, aprovechar el problema como proceso pedagógico y laboratorio de transformación en la forma de atender problemas ambientales (Quizá sea un proceso que desde la coyuntura aún se pueda implementar integrando acciones con actores de los diferentes niveles de la esfera pública) Aunque cabe mencionar que bajo un esquema de prevención, la oportunidad estaba en la respuesta colectiva e institucional, no en el daño o crisis.

A menor capacidad de respuesta de las necesidades locales, será menor la confianza ciudadana. La crisis de gobernabilidad que enfrenta Tlaxcala es grave y cada vez se hace más grande la brecha para transitar de un gobierno representativo (en donde nuestra participación como ciudadanos se limita sólo votar) a una gobernanza colaborativa que busque tomar decisiones a través de mecanismos y herramientas de participación ciudadana. Los problemas socioambientales que vivimos se hacen cada vez más graves, complejos y costosos. La vulneración del derecho a un medio ambiente sano pone en riesgo otros derechos fundamentales, como el derecho a la salud, la vivienda, el agua y al saneamiento, la alimentación, el trabajo, la vida y la integridad personal. También compromete el derecho a la información, la participación pública y la igualdad, especialmente cuando las comunidades quedan excluidas de las decisiones sobre sus territorios y expuestas a cargas ambientales desproporcionadas (como vivir cerca de un basurero por 30 años).

De nuevo vemos la implementación de modelos externos para solucionar problemas desde la visión de actores políticos que buscan enriquecerse hasta en momentos de crisis. No se ve a sus ciudadanos como actores clave para resolver problemas complejos desde un enfoque de políticas culturales y participación ciudadana. Entonces, obvio hay una falta de legitimidad gubernamental frente a decisiones públicas porque no hay un proceso de respeto a nuestros derechos a la participación, porque las estrategias de implementación no responde a necesidades que la gente tiene y porque no hay una gestión administrativa basada en evaluación de riesgos. No es un caso aislado, es una constante en la administración pública.

Entonces, ¿cómo impulsar nuevas formas de atención a las crisis
ambientales?

Con prevención, justicia territorial, reparación del daño, fortalecimiento de lo público y participación ciudadana con verdadero poder de decisión.

Necesitamos transitar de una administración pública que se limita a gestionar emergencias hacia una que sea capaz de anticipar riesgos, prevenir daños, reconocer responsabilidades y articular respuestas integrales desde los territorios. Sin embargo, esta transformación requiere mucho más que voluntad institucional: implica reconstruir la confianza democrática y atender la deuda histórica del Estado con las comunidades, particularmente con aquellas que han enfrentado las consecuencias de decisiones públicas y modelos de desarrollo que han comprometido sus territorios y condiciones de vida.

También necesitamos recuperar el sentido de las consultas y utilizarlas para lo que realmente son: mecanismos de diálogo, deliberación y participación que permitan incorporar la experiencia, los conocimientos y las necesidades de las comunidades en la construcción de propuestas, políticas públicas y programas de intervención territorial. Consultar no es solamente informar sobre una decisión, recoger opiniones o preguntar si se está de acuerdo con un proyecto previamente diseñado. Es abrir un proceso de escucha e intercambio en el que la ciudadanía tenga condiciones reales para incidir, cuestionar, proponer, construir alternativas y participar en las decisiones que afectan su territorio. Esto supone garantizar información accesible y suficiente, condiciones equitativas para participar, reconocimiento de las distintas voces y, sobre todo, mecanismos claros para que los resultados de la consulta se traduzcan en decisiones y compromisos institucionales.

Se trata de reconocer el poder cívico y político de la participación: las comunidades no son únicamente receptoras de programas ni poblaciones que deben ser consultadas cuando surge un conflicto; son sujetas de derechos, productoras de conocimiento y protagonistas de la gestión de sus territorios.

Finalmente, debemos entender que una crisis ambiental no se resuelve únicamente con infraestructura, ya sean plantas de tratamiento, PODECIBIS u otras soluciones técnicas. Estas resultan insuficientes si no se transforman las relaciones entre las instituciones, la economía y los territorios. Atender una crisis ambiental exige revisar las causas que la originaron, redistribuir responsabilidades, garantizar justicia y construir nuevas formas de gobernanza en las que las comunidades tengan voz, capacidad de decisión y participación efectiva en el cuidado y futuro de sus territorios. Porque como decimos en Yaocalli Centro de Estudios y Acción Social: “Todo pueblo tiene derecho a decidir su futuro”.

• Bibliografía

Gutiérrez, J. (2026, 15 de agosto). Basura, negocio de más de 50 mil millones de pesos al año en México. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/08/15/economia/basura-negocio-de-mas-de-50-mil-millones-de-pesos-al-ano-en-mexico

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