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Política

Propone Covarrubias más facultades a seguridad pública para evitar robo de auto partes

Tlaxcala, Tlax. Con la finalidad de engrosar la prevención e investigación del robo de autopartes en la entidad Tlaxcalateca, el diputado Miguel Ángel Cobarrubias Cervantes en sesión ordinaria de este martes propuso reformar y adicionar diversas disposiciones de La Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Tlaxcala y a la Ley de Seguridad Pública del Estado y sus municipios para facultar en la medida de lo necesario a las Instituciones de Seguridad Pública para que realicen operativos que hagan un combate  real frente a la delincuencia en cuanto al robo autopartes en el Estado.

Señala el Congresista que el robo de autopartes, debido a la simpleza con la que se comete principalmente en la vía pública se ha convertido en uno de los problemas con mayor indice en la entidad, según datos del Sistema Nacional de Segurida Pública (SNSP) que el año pasado registró al menos 1829 vehículos robados en los diferentes municipios de Tlaxcala. De acuerdo a este indicador, los municipios con mayor indice de este delito son: Apizaco, Chiautempan, Calpulalpan, Huamantla y San Pablo del Monte.

A su vez el robo de autos es uno de los delitos con mayor denuncia aumentando en los últimos 3 años, siendo el 2017 el más alarmante con 2341 denuncias por robo de automovil, es decir, 6 o 7  por día donde Apizaco registra un 26 % de este total.

Agregó que el robo de autopartes refleja cifras inciertas debido a que las víctimas optan por no denunciar al considerarlo una pérdida de tiempo o por la desconfianza que se tiene en las Instituciones de Seguridad Pública. Esto para comentar que para evitar el robo de autopartes «se requiere el compromiso de todos, porque mientras existan clientes potenciales, la delincuencia organizada continuará comercializando y burlando la autoridad, generando por sí misma en la población desconfianza en las instituciones», externó.

De aprobarse dicha reforma, se plantea mediante las facultades necesarias que las instituciones de seguridad pública puedan investigar y realizar operativos que hagan frente al combate a  la delinciencia y puedan requerir documentos probatorios a los vendedores de autopartes en establecimientos mercantiles, deshuesaderos y comercios similares, quienes quedarán obligados a acreditar la legítima procedencia de su mercancia.

Por tanto se sancionará de 10 a 20 años y se aplicará multa de 500 a 2 mil días de salario mínimo a quien cometa este delito incluso aún sin haber intervenido directamente en el robo de 1 o más vehículos.

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