Tlaxcala, Tlax.- Tras ser cuestionada por presuntos abusos de poder, entre ellos descuentos en su salario a ex trabajadores de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coeprist) y la imposición de multas que irían de los 10 mil a los 25 mil pesos a microempresarios en Tlaxcala, la titular de Coeprist, Mónica Yazmín Jiménez, negó que estas prácticas se realicen durante su administración, durante el Diálogo Circular de este 12 de enero.
La funcionaria señaló que los descuentos al personal únicamente pueden aplicarse en casos de inasistencia laboral, rechazando los señalamientos de denuncias anónimas que han circulado en distintos medios de comunicación.
En relación con las multas impuestas a establecimientos comerciales, Jiménez indicó que los montos que pueden alcanzar hasta los 25 mil pesos sólo aplican a determinados giros, como bares. Añadió que las sanciones están establecidas en un tabulador oficial autorizado por el Congreso del Estado y contenido en la Ley de Ingresos, documento que —dijo— puede ser consultado por las personas sancionadas para verificar que la multa corresponde a la infracción cometida; afirmando que la Coeprist no cobra recursos fuera de los canales oficiales.
Al ser cuestionada sobre la posibilidad de ser investigada por la Secretaría de la Función Pública ante señalamientos de abuso de poder y corrupción por parte de personal del organismo, la titular de Coeprist señaló que, como funcionaria pública, está legalmente obligada a someterse a cualquier investigación que derive de una denuncia formal, más allá si esté o no de acuerdo.
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Finalmente, ante estos cuestionamientos no mencionó posibles sanciones o acciones en contra de funcionarios de la dependencia que incurran en un uso indebido de sus atribuciones en perjuicio de microempresarios. Pero, sí indicó que los propietarios de los establecimientos afectados deben acudir con las autoridades correspondientes para interponer las denuncias.
En este mismo contexto, el pasado 9 de enero Escenario Tlaxcala publicó una nota relacionada con información difundida en un grupo de WhatsApp, en la que el entonces gerente de la región Huamantla, Javier Serrano Sánchez, habría señalado que personal cercano a la titular del organismo era enviado para dialogar con propietarios de negocios clausurados sobre su posible reapertura.
Durante el transcurso de esta mañana, Javier Serrano fue despedido. Este medio le buscó para obtener una declaración al respecto, pero respondió que no podía dar información porque llegó a un acuerdo con la dependencia para ser reintegrado.
