Federico Luis Pöhls Fuentevilla[1]
El día 28 de febrero, invitados por la agencia de cooperación alemana (GIZ), participamos en una reunión en la Ciudad de México con representantes del gobierno alemán, de empresas y sindicatos de aquel país, y con integrantes de organizaciones de la sociedad civil alemana y mexicana.
El objetivo de la reunión fue el de actualizar la información sobre el Mecanismo de Reclamación Interempresarial (MRI), en cuya construcción participamos desde el inicio.
La finalidad actual del mecanismo, para su implementación en México, es la de mejorar el acceso a procesos de reparación en el caso de que las empresas automotrices alemanas o las empresas que son parte de su cadena de suministros incurran en violaciones a los derechos humanos de quienes trabajan en ellas o de las personas y comunidades que habitamos en el territorio donde se instalen o ya estén instaladas; es decir ante el incumplimiento de la debida diligencia en derechos humanos en los procesos y procedimientos empresariales.
De acuerdo al Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos, de la ONU, la debida diligencia en materia de derechos humanos se define como “una manera de que las empresas gestionen en forma proactiva los riesgos reales y potenciales de los efectos adversos en los derechos humanos en los que se ven involucradas.”
Y tiene cuatro componentes básicos:
“a) Identificar y evaluar los efectos adversos reales o potenciales sobre los derechos humanos que la empresa haya causado o contribuido a causar a través de sus actividades, o que guarden relación directa con las operaciones, los productos o los servicios prestados por sus relaciones comerciales.
“b) Integrar los resultados de las evaluaciones de impacto en los procesos pertinentes de la empresa, y adoptar las medidas adecuadas conforme a su participación en el impacto.
“c) Hacer un seguimiento de la eficacia de las medidas y procesos adoptados para contrarrestar los efectos adversos sobre los derechos humanos a fin de saber si están dando resultado.
“d) Comunicar de qué manera se encaran los efectos adversos y demostrar a las partes interesadas – en particular a las afectadas – que existen políticas y procesos adecuados.”
Así, sabiendo que las industrias en el mundo no tienden a ocuparse de estos asuntos antes del cálculo de sus ganancias, en Alemania se construyó la Ley de Cadenas de Suministro por la que se obliga a todas sus industrias a cumplir con la debida diligencia en todos los lugares del mundo en donde tengan instalaciones, incluyendo a las que integren su cadena de suministros.
El MRI es un instrumento que desde este año facilitará la aplicación de esta ley, que todas las industrias alemanas instaladas en Tlaxcala y Puebla deberán cumplir ya.
Y si bien esta ley alemana, como cualquier otra allá y en México, no se puede aplicar de manera retroactiva, en la reunión sí se dialogó con representantes de las empresas automotrices y del gobierno alemán, respecto a que el cumplimiento proactivo de la debida diligencia en la Ley y el Mecanismo les exige, como un principio ético pero también ahora como una condición legal, conocer y tomar en cuenta en todos sus procesos de toma de decisiones y de producción la situación en términos de derechos laborales y económicos, derechos ambientales (al agua, al saneamiento, a un medio ambiente sano) y el derecho a la salud en cuestión del acceso a servicios pero también en cuanto al derecho de las personas y comunidades a no ser afectadas ni enfermadas por causa de las mismas empresas.
Esto quiere decir, también, que las empresas alemanas no deberán en adelante esconderse bajo el supuesto de que están cumpliendo con las leyes y normas mexicanas sobre asuntos laborales, ambientales y de salud, aunque sepan que estas leyes nuestras son permisivas y, en algunos casos, hasta violatorias de los derechos humanos individuales y colectivos. Y teniendo claro, también, que en muchos casos esas leyes mexicanas permisivas fueron construidas bajo presión de las mismas empresas y corporativos trasnacionales alemanes y de otros países.
Y ejemplos como este deberían ser tomados en cuenta también por los gobiernos estatales y el federal en México, para ya no ceder ante las presiones de esas empresas trasnacionales en la elaboración de leyes. Por ejemplo, la propuesta de Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del estado de Tlaxcala que está hecha para facilitarle a las industrias el agua que requieran y quitarles la responsabilidad del saneamiento de sus aguas residuales. Y además, para dejar de ofrecerles, como se hace también en Tlaxcala, ventajas competitivas basadas siempre en la violación de los derechos humanos de la población.
[1] Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local. A.C.
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