- La cancelación del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI), proyectado en San Pedro Ecatepec, y la posterior emergencia ambiental declarada en octubre de 2026 por la saturación del sitio de disposición final de Atlangatepec colocaron a Tlaxcala frente a una misma pregunta: ¿qué hacer con la basura cuando los espacios para depositarla están llegando a su límite?. Especialistas llaman a considerar opciones comunitarias más allá de la economía circular, y a restablecer la confianza con la ciudadanía y las responsabilidades de gobiernos, empresas y sociedad.
Al mediodía, Carmen comienza a separar los residuos. Plástico, cartón y papel son algunos de los materiales que pueden recuperarse. “Ya empezamos a separar”, dice mientras se pone los guantes y saca bolsas negras de basura de su chaleco.
En la avenida Independencia, que baja a la capital de Tlaxcala, las personas acostumbran dejar sus desechos para que el camión recolector pase por ellos. Pero antes de que llegue está el trabajo de Carmen, quien se encarga de separar los residuos para aprovecharlos lo más posible antes de su arrivo a un sitio de disposición final.
Carmen es recolectora y tiene más de diez años de experiencia en el trabajo relacionado con los residuos en Tlaxcala. Desde ese oficio conoce una parte del problema que suele quedar fuera de la mirada de miles de personas: la falta de separación desde el lugar donde se genera la basura, dificulta los procesos de recuperación y reciclaje.
Para Carmen, separar los residuos desde el origen es fundamental para facilitar su recuperación y posterior reciclaje, pues no todo lo que se desecha en oficinas, hogares, escuelas e instituciones, tiene que terminar en un sitio de disposición final. Una parte de esos materiales puede recuperarse, reciclarse o aprovecharse, siempre que exista una separación adecuada, organización para su recolección y un destino definido.
La escena que Carmen enfrenta todos los días ocurre a pequeña escala, pero da cuenta de un problema que se extiende por todo el estado. Para dimensionar su magnitud, Marco Antonio Rodríguez Gómez, integrante del equipo nacional de investigación e incidencia de Basura Cero México, retoma cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Según estos datos, Tlaxcala genera aproximadamente 1,476 toneladas de residuos al día, el equivalente a 183 camiones de ocho toneladas.
La generación de residuos tampoco se distribuye de manera uniforme en el territorio. De acuerdo con Rodríguez Gómez, 45 municipios producen alrededor del 39 por ciento del total estatal, mientras que los 15 restantes concentran el 61 por ciento. Además, cinco municipios —Tlaxcala, Huamantla, San Pablo del Monte, Apizaco y Chiautempan— generan casi una tercera parte de los residuos de toda la entidad.
Con esta información, Rodríguez aclara que la crisis no puede atenderse únicamente buscando otro terreno donde depositar los desechos, también obliga a revisar cuánto se genera, qué materiales podrían recuperarse y qué mecanismos existen para evitar que todo termine en el mismo lugar.
Para Rodríguez Gómez, la gestión debe comenzar antes de que los residuos lleguen a los camiones recolectores. La prevención, la minimización, la separación y la recuperación desde el origen son parte de una misma ruta. No se trata solamente de reciclar lo que ya se produjo, sino de reducir lo que se desecha y organizar un sistema capaz de aprovechar los materiales que todavía tienen valor.
Pero esa ruta requiere infraestructura, mercados, coordinación y responsabilidades claras. La separación doméstica pierde sentido si no hay recolección diferenciada, centros de acopio o empresas que reciban los materiales. Y la recuperación de residuos tampoco elimina la necesidad de contar con sitios adecuados para disponer aquello que no puede aprovecharse.
De la economía circular a la emergencia ambiental
La discusión sobre el destino de la basura en Tlaxcala se intensificó en medio de una transición hacia la economía circular, un modelo que, bajo la promesa de mejorar la gestión de los residuos, reducir su generación y aprovechar los materiales mediante la reutilización y el reciclaje, buscaba cambiar la manera en que el país enfrentaba este problema. Sin embargo, mientras se impulsaba esa transformación, el estado seguía sin resolver una necesidad inmediata: dónde depositar las toneladas de basura que se generan todos los días.
El 26 de junio de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunciaron la creación de 15 Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI) en 14 entidades del país, como parte del Plan México. La estrategia contemplaba a Campeche, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Tlaxcala. Su objetivo era atraer inversiones, impulsar actividades productivas y generar empleos mediante incentivos fiscales e infraestructura.
En paralelo, el gobierno federal impulsó una figura distinta: los Polos de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI), orientados a reducir la generación de residuos y mantener los materiales en circulación mediante su reutilización, reciclaje y recuperación. El decreto publicado el 4 de julio de 2025 estableció que estos espacios podrían albergar proyectos públicos o privados de producción sustentable, aprovechamiento de materiales y actividades complementarias de investigación y educación ambiental.
En ese contexto se planteó instalar un PODECIBI en San Pedro Ecatepec, comunidad perteneciente al municipio de Atlangatepec. La propuesta generó resistencia entre habitantes que cuestionaron la información disponible, la falta de claridad sobre las empresas que podrían instalarse y las garantías para evitar posibles afectaciones ambientales. La discusión sobre una nueva infraestructura terminó por abrir otra, más antigua: qué había ocurrido con los residuos que durante décadas llegaron a su territorio y quién se haría cargo de sus consecuencias.
Mientras se discutía esa iniciativa, la infraestructura de disposición final del estado atravesaba sus propias dificultades. En noviembre de 2025 cerraron los sitios de Panotla y Huamantla, dos de los cuatro espacios que recibían residuos en la entidad. La concentración de basura aumentó la presión sobre los lugares que continuaron operando.
El sitio de disposición final Morelos, ubicado en Atlangatepec, se convirtió entonces en el principal punto de recepción de los residuos del estado. En enero de 2026, Senón Torres Márquez, trabajador del lugar, dio a conocer a Escenario Tlaxcala que recibía basura de 55 de los 60 municipios de Tlaxcala. Según su testimonio, el manejo que se estaba realizando permitía estimar que el sitio podría albergar residuos durante al menos cinco años más.
No obstante, la transición hacia el modelo de economía circular contemplaba que el sitio Morelos dejara de operar el 31 de octubre de 2026, como parte de los acuerdos establecidos entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de Medio Ambiente de Tlaxcala. Así, mientras se promovía una nueva forma de aprovechar los residuos, también se acercaba la fecha prevista para cerrar uno de los principales espacios que recibían la basura de los municipios.
La contradicción quedó expuesta: el estado buscaba transitar hacia un modelo que redujera y aprovechara los residuos, pero no tenía resuelta la infraestructura para recibir aquello que no podía recuperarse. La economía circular prometía transformar el sistema, aunque la disposición final seguía siendo una urgencia cotidiana.
El 8 de octubre de 2026, la Secretaría de Medio Ambiente anunció oficialmente la cancelación del PODECIBI en San Pedro Ecatepec. El gobierno argumentó que, aunque el proyecto era viable, su implementación resultaba costosa. La decisión modificó los planes para desarrollar ese modelo de aprovechamiento de residuos en Tlaxcala, pero no resolvió la necesidad de contar con espacios adecuados para recibir la basura que continúa generándose todos los días.
Trece días después, el 21 de octubre, la saturación del sitio de disposición final Morelos, en Atlangatepec, llevó al gobierno estatal a declarar una emergencia ambiental. La medida instruyó a la Secretaría de Medio Ambiente a buscar alternativas mediante acuerdos con ayuntamientos, otras entidades y empresas que contaran con infraestructura para el manejo de residuos. También contempló acciones para evitar que la basura se depositara en barrancas, terrenos baldíos, caminos y otros lugares no autorizados.
La emergencia dejó de ser una advertencia y comenzó a sentirse en la vida cotidiana. Hasta el 22 de octubre, los camiones recolectores habían dejado de pasar en distintas localidades y la basura se acumulaba en las calles. En medio de la contingencia también se reportó el traslado de residuos a barrancas, una práctica que evidencia el riesgo de que la falta de espacios autorizados termine desplazando el problema hacia otros territorios.
Ante la crisis, los municipios comenzaron a reunirse con autoridades estatales para buscar alternativas. Después de años en los que la recolección y disposición de residuos habían seguido una dinámica cotidiana, la emergencia obligó a poner sobre la mesa una responsabilidad compartida: cómo organizar la gestión de la basura y qué hacer con ella cuando los sitios disponibles ya no pueden recibirla.
La declaratoria estableció un marco de actuación para atender la contingencia, pero no representa por sí misma una solución estructural. Encontrar un lugar donde depositar los residuos puede aliviar la urgencia, aunque no responde cuánto se genera, qué parte podría recuperarse, cómo deben organizarse los municipios ni qué infraestructura se necesita para garantizar un manejo adecuado.
La crisis también puso una pregunta frente a las y los tlaxcaltecas: ¿qué nos corresponde hacer como ciudadanía?
La emergencia dejó al descubierto que el problema no consiste solamente en encontrar otro lugar para depositar la basura. También obliga a discutir qué hacemos con ella desde el momento en que la generamos y cómo construir un sistema en el que la responsabilidad involucre a la ciudadanía, los municipios, las autoridades estatales y la industria.
San Pedro Ecatepec: del rechazo a la pregunta por el futuro de la basura
En San Pedro Ecatepec, el anuncio del PODECIBI abrió una discusión que rebasó el proyecto industrial. Para habitantes que llevan décadas conviviendo con un sitio de disposición final, la propuesta significó volver a preguntarse qué ocurre con la basura que llega a su territorio, quién vigila su manejo y qué garantías existen para proteger el entorno.
La comunidad tiene una historia de más de 30 años vinculada a ese sitio. Por eso, la oposición no puede entenderse únicamente como un rechazo a una nueva infraestructura. También expresa una exigencia sobre lo que ya existe: los pobladores piden atender los problemas acumulados y ofrecer información suficiente antes de plantear nuevos proyectos.
Para Ramona García, habitante originaria de San Pedro Ecatepec, la contingencia no comenzó el 31 de octubre. Durante 30 años ha visto cómo el viento dispersa la basura y cómo escurrimientos negros provenientes del Basurero Morelos llegan a las barrancas de su comunidad. Para ella, el problema lleva décadas presente y ha afectado incluso la posibilidad de convivir en espacios abiertos. También señala que nunca se les ha informado públicamente sobre algún proyecto o acción de remediación del sitio.
Sus señalamientos muestran las inquietudes de quienes viven cerca del lugar, aunque no sustituyen estudios técnicos que permitan determinar el alcance de posibles afectaciones ambientales. Hasta ahora, no existen estudios que permitan establecerlas. Precisamente por eso, la exigencia de información y evaluación resulta central: las preocupaciones de la población necesitan respuestas verificables.
Alejandro Cervantes Vázquez, también originario de San Pedro Ecatepec, identifica la falta de comunicación y de congruencia como parte de las razones por las que la comunidad desconfía de las propuestas institucionales. Para él, no basta con convocar a la población a dialogar si antes no se atienden los problemas que los habitantes señalan en el sitio que ya opera.
“Primero es gestionar esto que se haga de forma adecuada […] y entonces en ese momento la gente ya cedería o por lo menos se prestaría a un diálogo”.
Para Cervantes, la confianza requiere que las autoridades demuestren que pueden atender las obligaciones que ya tienen antes de pedir a la comunidad que participe en un nuevo proyecto.
La discusión, sin embargo, no se limita a exigir que el sitio actual funcione mejor. También ha llevado a algunos habitantes a imaginar qué podrían hacer desde la comunidad para reducir los residuos que llegan hasta allí.
Lisbeth Rodríguez, habitante originaria de San Pedro Ecatepec, cuenta que, a partir de la presentación del PODECIBI en su comunidad, comenzaron a estructurar un plan para capacitar a la población, buscar empresas o centros que reciban materiales como PET y cartón, establecer días específicos de acopio e involucrar a las escuelas. La intención es que los recursos obtenidos puedan tener un destino comunitario.
“Nos estamos organizando para hacer el ejemplo de que no queremos basura”.
La propuesta todavía está en una etapa de organización. No se trata de un programa que ya esté funcionando ni de una solución que pueda sustituir las obligaciones de los municipios. Su importancia está en que la discusión sobre los residuos comienza a trasladarse también a las prácticas cotidianas y a la posibilidad de construir acuerdos entre habitantes.
Florencio Nataren, originario de San Pedro Ecatepec, plantea que cada municipio debe hacerse cargo de sus residuos y desarrollar mecanismos de separación, clasificación y reciclaje para reducir la cantidad que llega a los sitios de disposición final. En su reflexión, retoma la responsabilidad municipal establecida en el artículo 115 constitucional.
Las entrevistas realizadas por este medio a los habitantes de San Pedro Ecatepec dejaron un hallazgo importante. Al preguntarles si estarían dispuestos a trabajar con el gobierno de Tlaxcala como aliados, siempre que existieran transparencia, asambleas, información clara y atención a sus demandas, la respuesta fue afirmativa.
La comunidad no plantea necesariamente una negativa absoluta a colaborar con las autoridades ni a participar en iniciativas de economía circular. Su disposición está condicionada a que la participación sea real, que la información se comparta y que los problemas existentes no queden relegados frente a la promoción de nuevos proyectos.
Antes de construir, conocer el territorio
La experiencia de San Pedro Ecatepec deja otra pregunta: ¿qué debe demostrar un proyecto de infraestructura para el manejo de residuos antes de instalarse?
Juan Carlos Olivo Escudero, especialista en gestión ambiental, plantea que cualquier propuesta debe partir de estudios que permitan conocer las condiciones del lugar. Entre los aspectos que deben evaluarse están las características del suelo, su permeabilidad, la distancia respecto de cuerpos de agua, pozos y viviendas, así como los posibles pasivos ambientales existentes.
La evaluación tampoco puede limitarse al terreno donde se instalaría una planta. Es necesario conocer qué residuos llegarían, en qué cantidades, qué procesos recibirían y cuál sería el destino de los materiales que no puedan aprovecharse.
“Primero demuéstrame que estás arreglando el grave pasivo ambiental que tienes”, advierte.
Olivo Escudero subraya que el análisis debe considerar todo el recorrido de los residuos, desde su origen hasta su destino final. “No nada más son los residuos físicos, de dónde vas a poner el aparato, la maquinaria, el dispositivo, sino toda la corriente de residuos que va a llegar ahí y que va a salir de ahí”.
La observación es especialmente importante cuando se habla de economía circular. Una planta no puede evaluarse únicamente por la tecnología que utiliza o por la cantidad de materiales que promete procesar. También debe conocerse qué recibe, qué transforma, qué rechaza y qué impactos puede generar.
La transparencia de esos datos y la participación de las comunidades no son elementos accesorios. Forman parte de las condiciones para evaluar si una infraestructura es viable y si puede operar con legitimidad social.
No hay una sola solución para todos los residuos
La economía circular suele asociarse con el reciclaje y la instalación de plantas industriales. Sin embargo, Nancy Merary Jiménez, investigadora especializada en gestión de residuos, advierte que no debe convertirse en una respuesta única.
“La economía circular no debe ni de plantearse como la única vía”, señala.
La especialista plantea que las alternativas deben responder a las características de cada territorio y a los tipos de residuos que genera. Los materiales orgánicos, por ejemplo, pueden tratarse mediante compostaje comunitario, lombricultura o sistemas de digestión anaeróbica a pequeña escala. En otros casos, reducir empaques mediante la venta a granel o el uso de envases retornables puede evitar que ciertos materiales se conviertan en desechos.
También considera necesario reconocer el trabajo de pepenadores y recicladores, fortalecer su participación y mejorar sus condiciones laborales. La recuperación de materiales puede organizarse mediante centros de acopio municipales, rutas específicas y mecanismos que permitan integrar a quienes ya realizan esa actividad.
Para Merary Jiménez, también es importante mirar experiencias de otros territorios, como Kamikatsu, en Japón; Bogotá, Colombia, y Milpa Alta, en Ciudad de México, donde se han desarrollado distintas formas de aprovechar los residuos: desde la separación comunitaria y el intercambio de objetos, hasta la incorporación de recicladores al sistema público y el compostaje de materiales orgánicos. Aunque cada experiencia responde a condiciones particulares, muestran que es posible construir alternativas sin depender exclusivamente de grandes plantas industriales. Para Tlaxcala, una entidad pequeña, con municipios cercanos y comunidades donde la organización colectiva puede ser una ventaja, estos ejemplos permiten pensar en soluciones graduales y adaptadas a las características de cada territorio.
La investigadora también recuerda que los sitios de disposición final siguen siendo necesarios para recibir los residuos que no pueden aprovecharse. La meta, para ella, no es suponer que todo puede reciclarse, sino reducir al máximo lo que llega a esos espacios y garantizar que el rechazo tenga un destino adecuado.
Una propuesta desde las escuelas: Basura Cero Estratégico en Panzacola
Mientras Tlaxcala enfrenta una crisis por la saturación de sus sitios de disposición final, desde hace dos años, en el Colegio de Bachilleres, plantel 05 Panzacola, en Papalotla, una comunidad escolar trabaja en una pregunta distinta: ¿cómo hacer que llegue menos basura a esos espacios?
La respuesta comenzó a construirse con Basura Cero Estratégico, una iniciativa impulsada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que busca reducir los residuos desde los lugares donde se generan, mediante la separación, el aprovechamiento de materiales y la participación de quienes forman parte de esos espacios. En el COBAT 05, la propuesta ha conseguido reducir alrededor de una tonelada de residuos en un año.
No es un dato menor si se considera que el plantel se encuentra en Papalotla, dentro de una zona sanitaria de emergencia por la contaminación de la cuenca del Alto Atoyac. Es decir, la iniciativa se desarrolla en un territorio que conoce de cerca las consecuencias de la crisis ambiental y donde reducir los residuos también significa cuestionar las prácticas cotidianas de consumo y desecho.
En Tlaxcala, el proyecto fue impulsado por las maestras Lina Silva Pérez y Libia Caridad García Jiménez, con la participación de estudiantes, docentes, personal administrativo y de intendencia. Pero su trabajo no se limita a las aulas: también involucra a la comunidad de Papalotla, al Grupo Cihuatl y al Centro Fray Julián Garcés. Esta articulación permite que la estrategia salga de la escuela y se construya desde distintos espacios de organización y participación comunitaria.
La propuesta parte de que la gestión de la basura no debe comenzar cuando el camión recolector llega a una escuela, un hogar o un municipio, sino desde el momento en que se generan los residuos.
Para llevarla a la práctica, el plantel cuenta con cinco estaciones de separación. Los residuos orgánicos se destinan a compostaje, mientras que materiales como PET, papel, cartón, ciertos tipos de vidrio y aluminio se canalizan al centro comunitario de acopio de Panzacola. Así, separar no consiste solamente en colocar cada material en un contenedor, sino en procurar que tenga un destino y pueda reincorporarse a un proceso de aprovechamiento.
Los resultados se reflejan en las mediciones: el plantel pasó de generar 126 kilogramos de residuos por semana a 92 kilogramos. Son 34 kilogramos menos cada semana y, de acuerdo con los resultados reportados por el proyecto, alrededor de una tonelada menos en un año.
Marco Antonio Rodríguez Gómez, responsable de Basura Cero Estratégico en Tlaxcala, plantea que el propósito es llevar este modelo a los espacios donde se origina la basura. Para ello, la participación de toda la comunidad es indispensable. No basta con que las y los estudiantes separen sus residuos; también deben involucrarse docentes, personal administrativo y quienes realizan las labores de intendencia, pues el manejo de la basura forma parte de las actividades cotidianas de todo el plantel.
Esta participación permite que la separación deje de ser una instrucción aislada y se convierta en una práctica compartida. También hace posible que quienes trabajan diariamente con los residuos identifiquen los cambios: qué materiales se recuperan, cuáles siguen llegando mezclados y qué cantidad de basura puede evitarse.
La experiencia no significa que todos los residuos puedan reciclarse ni que una escuela pueda resolver por sí sola la crisis estatal. Como advirtió Nancy Merary Jiménez, hay materiales que no pueden aprovecharse y que necesariamente tendrán que llegar a un sitio de disposición final. El objetivo es reducir al máximo esa cantidad, no suponer que la basura puede desaparecer.
Basura Cero Estratégico es una propuesta que ya funciona en Tlaxcala y cuyos resultados muestran que intervenir desde el origen puede hacer una diferencia. En medio de una emergencia que obliga a buscar dónde depositar los residuos, el COBAT 05 Panzacola aporta una experiencia concreta: involucrar a la comunidad, articular el trabajo de organizaciones y escuela, modificar las prácticas cotidianas y conseguir que una tonelada menos de basura termine en los sitios de disposición final.
Hacia una gestión integral: gobierno, municipios y ciudadanía ante el reto de los residuos
La experiencia de Panzacola demuestra que es posible reducir los residuos desde los lugares donde se generan. Sin embargo, incluso cuando la ciudadanía separa, composta y recupera materiales, queda una parte que no puede aprovecharse. Esa basura necesita infraestructura para su tratamiento y disposición final, así como autoridades responsables de garantizar que no termine en barrancas, terrenos baldíos o sitios no autorizados. La responsabilidad, por tanto, no termina cuando pasa el camión recolector.
En Tlaxcala, el gobierno estatal había buscado impulsar un modelo de economía circular. Sin embargo, el proyecto enfrentó un escenario complejo. Aunque se trataba de una propuesta novedosa para el país, todavía no existían experiencias de otros polos en operación que permitieran conocer y evaluar sus resultados. Esta falta de referentes también limitaba la posibilidad de contar con evidencia sobre la eficacia del modelo que respaldara su implementación.
A ello se sumaron las preocupaciones de los habitantes por la falta de información suficiente, la poca transparencia sobre las empresas que participarían y las garantías ambientales del proyecto. La oposición comunitaria fue parte de este proceso, pero la cancelación también evidenció los retos institucionales de presentar una infraestructura de esta magnitud y construir confianza desde el principio.
Para el secretario de Medio Ambiente, Pedro Aquino Alvarado, la cancelación no significa que Tlaxcala deba abandonar la búsqueda de un modelo distinto. Por el contrario, considera que la entidad tiene condiciones que podrían convertirla en un referente para replantear la gestión de residuos en el país.
Entre esas ventajas menciona su tamaño territorial, la cercanía entre municipios, las distancias relativamente cortas y su conectividad con mercados e industrias de otras entidades. Estas características permitirían organizar rutas regionales, facilitar el traslado de materiales recuperados y establecer acuerdos con plantas de aprovechamiento sin que todo tenga que procesarse dentro de Tlaxcala. La posibilidad, explica, es construir un sistema que conecte a los municipios con centros de acopio, empresas y mercados capaces de reincorporar los materiales a nuevos procesos productivos.
El funcionario también plantea que el estado puede acompañar a los ayuntamientos en la coordinación de rutas, horarios y alternativas regionales, además de promover centros de acopio y mecanismos para conocer quién genera los residuos, en qué cantidades y cuál es su destino. Para Aquino, la colaboración entre gobiernos, empresas y ciudadanía será indispensable: “Necesitamos aliados para hacerlo porque solos no vamos a poder”.
Esa nueva ruta, sin embargo, no puede depender de una sola iniciativa ni trasladar la responsabilidad a las comunidades. Los municipios deben garantizar los servicios de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final que les corresponden por ley; el gobierno estatal debe coordinar, planear y proporcionar las condiciones para que exista infraestructura adecuada. También se necesita la participación de universidades y especialistas que aporten conocimiento, evalúen las alternativas y ayuden a diseñar soluciones acordes con las características de cada territorio.
La ciudadanía, por su parte, puede contribuir desde sus hogares, escuelas y comunidades mediante la reducción del consumo, la separación de residuos y la organización de iniciativas de aprovechamiento. Pero esos esfuerzos necesitan respaldo: contenedores, rutas diferenciadas, centros de acopio y destinos verificables para los materiales recuperados. No se puede pedir a la población que separe la basura si después todo termina mezclado en el mismo camión o sin un destino adecuado.
La crisis de Tlaxcala demuestra que no basta con encontrar un lugar donde depositar los residuos. Se necesita transformar la manera en que se generan, recolectan, aprovechan y disponen. Para lograrlo, el trabajo debe ser compartido, pero las obligaciones públicas no pueden diluirse: corresponde a las autoridades garantizar un sistema que funcione, con transparencia, infraestructura y continuidad.
Tlaxcala tiene condiciones para intentar una transformación que incluso podría convertirse en un referente para otras entidades. Pero esa posibilidad no depende únicamente de sus características territoriales: requiere que el gobierno estatal y los municipios asuman su responsabilidad, que la academia aporte conocimiento y evaluación, que las empresas participen en el aprovechamiento de materiales y que las comunidades se organicen y encuentren formas propias de reducir y separar sus residuos. Experiencias como Basura Cero Estratégico muestran que es posible comenzar desde las escuelas y los espacios donde se genera la basura. El reto ahora es articular esos esfuerzos, aprender de otras experiencias y construir una ruta que pueda adaptarse a cada municipio.
Cambiar la gestión de los residuos no significa solamente encontrar dónde depositarlos, sino construir colectivamente las condiciones para generar menos basura y aprovechar mejor lo que hoy desechamos.
Esta pieza es el resultado de la beca “Un Polo a Tierra”, Escuela de Periodismo para la Industrialización Verde en México, patrocinada por la organización Periodistas por el Planeta (https://periodistasporelplaneta.com/)
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