Octavio Rosas Landa R. [1]
Existen pocos casos en México en los que la impunidad empresarial y la injusticia social y ambiental prohijada por el Estado sean tan graves como en la cuenca Atoyac-Zahuapan. En ella, miles de industrias de muy distintos ramos de la producción (muchas de ellas trasnacionales y otras más de capital mexicano), descargan ilegalmente miles de toneladas anuales de sustancias químicas tóxicas, metales pesados, hidrocarburos, solventes, pinturas, adhesivos, agentes mutagénicos y compuestos orgánicos volátiles y persistentes. Estas sustancias (de suyo mortíferas) se combinan en los cauces de los ríos y afluentes con las descargas de aguas residuales domésticas de decenas de municipios de los estados de Puebla y Tlaxcala, lo cual implica que todos los sistemas municipales de saneamiento (donde existen) están colapsados y que las autoridades locales han adoptado una conducta que es ―al mismo tiempo― expresión del sometimiento y de la depredación del poder político del municipio. No es casual entonces, que en el territorio de la cuenca, donde habitan más de dos millones de personas, muera una persona de cáncer cada seis horas y que en la cuenca también se encuentren algunas localidades agrupadas entre el 5% peor en enfermedad renal crónica y entre el 0.02% de las que mayor número de abortos espontáneos registran en el país.
Al agravio se agrega el insulto que las autoridades están llevando a cabo ―por tercera vez en 13 años―, una simulación que costará millones de pesos en la construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales inadecuadas para el tipo de contaminantes presentes en los ríos y arroyos, pero que sí servirá para engrosar las cuentas bancarias de las empresas privadas elegidas para recibir fondos públicos que, por lo visto, sobran en las arcas federales, ahora que ya se va el catastrófico gobierno de Peña Nieto. Incluso, la CNDH, que emitió la Recomendación 10/2017 que hablaba de la violación grave de los derechos humanos de los pobladores de la cuenca, “está evaluando” si pide al Senado de la República hacer comparecer a las autoridades que ni siquiera entienden qué significa el hecho de que se les haya señalado como violadoras de derechos humanos y mucho menos comprenden qué significa el concepto de reparación del daño y la garantía de no repetición.
Mientras las autoridades declaran que “las acciones están en marcha” para el saneamiento de la cuenca y que “ya está próximo a firmarse” el acuerdo para poner en marcha el Plan de Saneamiento de la cuenca Atoyac-Zahuapan, que fue promesa de campaña de todas y todos los candidatos locales en Puebla y en Tlaxcala, la Conagua de Ramírez de la Parra pergeñó un “convenio” para la colaboración interinstitucional de 18 páginas (como el número de meses que han pasado desde la emisión de la Recomendación de la CNDH), en el que no se definen modalidades ni mecanismos para la participación de la sociedad civil (que fue la que dio origen a la queja de la que derivó la Recomendación) y que habla, entre otras muchas perlas, de un mecanismo de seguimiento que sólo operará por medios electrónicos (claro, porque para sanear una cuenca sólo se requiere intercambiar correos electrónicos esporádicamente).
En la cuenca Atoyac-Zahuapan no se cumple aquello de que la comedia es igual a tragedia más tiempo. La tragedia de las enfermedades y las muertes sólo se perpetúa y las comunidades siguen insistiendo y construyendo para que esta situación comience a solucionarse para restituir la justicia a los enfermos, a las familias y a las comunidades agraviadas por décadas de abandono institucional, impunidad corporativa e invisibilización jurídica.
Pensando en ello, varias organizaciones de la cuenca, como la Coordinadora por un Atoyac con Vida, el Consejo Ciudadano por la Dignificación de Ixtacuixtla, la Red de Jóvenes en Defensa de los Pueblos y el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local hemos convocado al Segundo Foro Comunitario por el Saneamiento de la Cuenca Atoyac-Zahuapan, el cual servirá para informar, no sólo de la gravedad de la situación actual de depredación ambiental y de salud de las comunidades ribereñas, sino para construir un plan de acción que permita trabajar para exigir al gobierno federal entrante que, en vez de sumarse a la cadena de impunidad forjada en los últimos 36 años, garantice a las víctimas de la destrucción territorial del país, un ámbito mínimo de acceso a la justicia, que les ha sido negada sistemáticamente.
La cita es en la Secundaria Técnica 49 “Bicentenario de la Independencia”, de San Felipe Ixtacuixtla, el próximo sábado 25 de agosto, a partir de las 9 de la mañana. Ninguna justicia saldrá de las autoridades, si no se refuerza la exigencia social. Es por los enfermos y por los niños. Ojalá estemos a la altura, porque el gobierno ha dado amplias muestras de que no lo está.
[1] Facultad de Economía, UNAM. Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C.
