Tlaxcala, Tlax.- Este 13 de agosto, familiares y amigos de Jorge, Mario, Sergio, Hugo, José María y Oswaldo —privados de su libertad desde 2002 tras ser acusados de secuestro— se reunieron en las inmediaciones de Ciudad Judicial en Apizaco. A más de 22 años de los hechos, exigieron justicia, la resolución de su caso y la liberación de 3 de ellos, quienes siguen esperando una respuesta clara del sistema judicial.
En México, mientras autoridades afirman tener “otros datos”, colectivos, activistas, familiares y amigos sostienen que la realidad en el combate a la delincuencia es distinta, ya que personas inocentes son señaladas como culpables y sometidas a procesos judiciales largos y burocráticos, sin garantía plena de derechos humanos. Así ocurrió en 2002.
En agosto de ese año, en el Estado de México y el entonces Distrito Federal, agentes ministeriales de la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala, vestidos de civil y fuera de su jurisdicción, detuvieron a Jorge Hernández, Mario, Sergio, Hugo, José María Ramos y Oswaldo Rodríguez. Fueron presentados como una banda de secuestradores llamada “Los Kempes”. Hoy a 23 años de estos sucesos, tres de ellos, siguen privados de la libertad a pesar de las incongruencias que han habido en las investigaciones.
De acuerdo con información emitida por la organización Siuat Yoltechikatli por los Derechos Humanos, para justificar la detención de Sergio, Jorge, Ricardo, Oswaldo, Cirilo y Hugo, los agentes colocaron droga entre sus pertenencias. Aunque la versión oficial aseguró que fueron encontrados en posesión de cocaína, por falta de pruebas, la narrativa fue desacreditada y los detenidos absueltos de delitos contra la salud, evidenciando la ilegalidad del arresto.
Las consecuencias fueron distintas para cada uno: Oswaldo estuvo 14 años en prisión, Hugo ocho meses, José María falleció en 2013 durante su reclusión tras un deterioro de salud relacionado con actos de tortura; pero Sergio, Jorge y Ricardo permanecen en prisión sin haber podido defenderse.
De acuerdo con información de distintos medios, José Guadalupe Ríos Martel -ex presidiario- declaró que personal de la Procuraduría de Tlaxcala en ese entonces le ofreció dinero para integrar una banda de secuestradores, en los que estaban incluidos Sergio, Jorge, Ricardo, Oswaldo, Cirilo y Hugo. También señaló que autoridades del Estado de México lo amenazaron para que cumpliera órdenes.
Para el caso de Oswaldo, fue grabado admitiendo culpabilidad bajo coacción. El 25 de marzo de 2008, fueron sentenciados con base en pruebas fabricadas, condenados a multas y a 77 años de prisión.
Tras 23 años de recursos legales, quejas ante comisiones de derechos humanos y denuncias públicas, un tribunal federal declaró ilícitas varias pruebas y ordenó su exclusión, reiniciando el procedimiento contra Mario, Jorge, Oswaldo y Sergio. Hugo fue liberado por falta de pruebas, pero dejó el país por amenazas; José María falleció en prisión; Oswaldo obtuvo su libertad en 2016, con su padre aún encarcelado.
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En 2022 se emitieron órdenes de aprehensión contra los policías ministeriales señalados por tortura y fabricación de pruebas. Algunos se han amparado. El caso volvió a Tlaxcala para la ejecución de la orden de libertad, pero familiares denuncian que jueces y personal judicial protegen a los ministeriales y no dan seguimiento.
Actualmente, siguen abiertos dos procesos: el primero, por la acusación de secuestro, con pruebas reunidas y cargos desestimados, pendiente de resolución judicial; el segundo, por tortura, en el que los jueces se han excusado reiteradamente al conocer a los acusados.
Ante estos hechos de tortura, violación a derechos humanos y falta de pruebas, hoy sus familiares y amigos, exigen justicia y su liberación.
