Introducción
Durante más de una década, gobiernos de distintos partidos e ideologías han respondido de una manera similar frente a la violencia: la videovigilancia. Miles de millones de pesos en recursos públicos financiaron cámaras, drones y arcos carreteros, distribuidos en calles, avenidas y autopistas de todo el país. La promesa fue que a más tecnología, más seguridad. Pero los datos revelados en estos textos muestran que el objetivo no se ha logrado.
La rentabilidad del miedo es una investigación de POPLab y CONNECTAS basada en el análisis de miles de registros fiscales, contratos públicos, actas corporativas y documentos financieros de Seguritech Privada, el mayor proveedor de tecnología de seguridad para gobiernos en México, que desde 2012 ha recibido más de 52 mil millones de pesos (USD 3.007 millones) en contratos con al menos 37 gobiernos estatales y municipales. Los documentos fueron recibidos por los periodistas a través de fuentes confidenciales y verificados de forma independiente mediante solicitudes de acceso a la información, registros públicos y contraste con fuentes primarias.
Detrás de los números hay personas pidiendo justicia: familias que esperaron meses para que un fiscal revisara grabaciones que ya no existían, buscadoras que describen sistemas efectivos en las demostraciones, pero que fallan cuando se necesitan, y gobiernos que destinaron hasta el 78% de su presupuesto de seguridad a un solo proveedor.
La rentabilidad del miedo es una investigación sobre cómo se gasta el dinero destinado a combatir la violencia, a quién beneficia y por qué es tan difícil saberlo.
Para esta investigación, se buscó a Ariel Picker y a Daniel Esquenazi con el propósito de conocer aspectos puntuales sobre el modelo de negocio de Seguritech, la trayectoria de la empresa, sus contratos con gobiernos estatales y municipales y su visión sobre el sector de seguridad tecnológica en México.
A petición de Esquenazi, se remitieron cuestionarios por escrito; la empresa indicó que sus abogados revisarían las preguntas y, un día después, que un asesor se haría cargo de las respuestas. El compromiso fue entregar la información la noche del martes 2 de junio. Al cierre de esta edición, no se había recibido respuesta. La empresa fue notificada de que su postura, de producirse, se publicaría en una nota posterior.
Cámaras que no sirven
- La expansión de la videovigilancia en México prometía mejorar la seguridad. En la práctica, fallas técnicas, falta de acceso a la información y debilidades institucionales han limitado su impacto, pero no sus utilidades económicas.
Por: Kennia Velázquez, Mónica Cerbón y Arnoldo Cuéllar
“Nos muestran cómo funciona el sistema de vigilancia y todo parece estar bien. Pero cuando necesitas la información, todo falla: cámaras en mantenimiento, grabaciones borradas, ángulos que no sirven”, dice una persona que lleva años investigando la desaparición de un familiar y que también acompaña a decenas de familias en el mismo proceso. La buscadora conoce de cerca lo que ocurre cuando alguien intenta usar el sistema de videovigilancia para encontrar justicia.
En la última década, gobiernos estatales y municipales han invertido miles de millones de pesos en sistemas de videovigilancia como una de sus principales respuestas frente a la violencia. La promesa es que estas tecnologías permitirían prevenir delitos y fortalecer las investigaciones criminales. Sin embargo, pese a la inversión sostenida en estos sistemas, los resultados no se han traducido en mejoras consistentes en seguridad ni en una reducción de la violencia.
En México, esta apuesta tecnológica ha crecido en paralelo a uno de los periodos más violentos de su historia reciente. Desde 2006, con el inicio de la estrategia federal contra el narcotráfico, los homicidios pasaron de cerca de 10 mil casos anuales a un máximo superior a 36 mil en 2020. Aunque en 2023 se registró una ligera disminución, el país se mantiene entre los más violentos del mundo fuera de contextos de guerra declarada.
Para esta investigación, se analizaron los 19 estados en donde opera el grupo Seguritech Privada. En estas entidades se concentraban 67 mil de las 91 mil cámaras instaladas en el país hasta 2024. En 15 de esos 19 estados, los homicidios aumentaron entre 2012 —año en que comenzaron los primeros contratos con el grupo— y 2024, de acuerdo con datos del INEGI. Los casos más extremos son Guanajuato, con un incremento de 490%, y Quintana Roo y Baja California, con aumentos superiores al 320%. Solo cuatro entidades registraron una reducción: Coahuila, Durango, Chihuahua y Ciudad de México. Estos datos muestran que la inversión sostenida en estos sistemas no se tradujo en una mejora consistente en seguridad en la mayoría de los estados analizados.
Este grupo empresarial ha sido contratado por 37 gobiernos estatales y municipales por más de 52 mil millones de pesos (USD 2,944 millones) desde 2012 para la instalación, operación y mantenimiento de cámaras, centros de control y plataformas de análisis de datos. En Querétaro, los pagos al grupo representaron el 86% del presupuesto estatal de seguridad pública durante el periodo analizado. El peso de estos contratos es especialmente visible en municipios pequeños.
En ciudades de Guanajuato, la proporción es aún más extrema: Salvatierra destinó el 65% de su presupuesto de seguridad a contratos con Seguritech; Valle de Santiago, el 78%; Purísima del Rincón y Jaral del Progreso, más del 54%.
En algunos de los casos, los convenios de transferencia revisados para esta investigación condicionaban el uso de los recursos a contratar al mismo proveedor.
Rafael Prieto-Curiel, matemático mexicano que trabajó como analista de pronóstico del crimen en el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México y hoy investiga la dinámica de la violencia en el Complexity Science Hub de Viena, advierte: “Le estamos apostando a la tecnología como si eso fuera a resolvernos los problemas de impunidad, de corrupción de los ministerios públicos, la falta de confianza en las autoridades, la falta de denuncias. Las cámaras por sí solas no funcionan.”
Para Prieto-Curiel, la videovigilancia puede ser una pieza del engranaje, pero no el eje central. Lo ilustra con una metáfora: la capacidad de un barril que siempre está limitada por la duela más corta. “Si tú le metes recursos a cualquier otra de las barras que le sobresalgan, no importa lo que hagas, la capacidad que tiene tu barril sigue siendo la de la barra más chiquita”, explica. En México, dice, ese punto crítico no es la tecnología, sino la impunidad: sin investigación policial, sin reducción de la corrupción en las fiscalías y sin confianza ciudadana en las instituciones, las cámaras no modifican el problema de fondo. “Necesitamos eso, más todo un sistema que cambie.”
La evidencia también muestra limitaciones en su uso para la procuración de justicia. Guanajuato, una de las entidades con mayor inversión en videovigilancia y con 4,281 cámaras en operación, entregó apenas 191 videos para investigaciones judiciales en cinco años, según datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal del INEGI. Es el ratio más bajo entre los estados con infraestructura comparable: Hidalgo, con un número similar de cámaras, entregó 56,870 videos en el mismo periodo; Querétaro, 18,099. En ambos estados los homicidios aumentaron 130% y 95.5% respectivamente del 2012 al 2024.
La familia López —apellido ficticio para proteger su identidad— esperó seis meses a que un fiscal revisara las grabaciones de cámaras en una carretera de Celaya. Buscaban reconstruir el trayecto de un vehículo vinculado a una desaparición. Cuando por fin se revisó el material, no había nada que analizar: varias cámaras no funcionaban y otras habían borrado las grabaciones meses atrás. Las autoridades no explicaron cuántos dispositivos estaban fuera de servicio ni por qué.
POPLab y CONNECTAS tuvieron acceso a documentos financieros y registros internos de Seguritech Privada y Comunicación Segura —otra empresa del grupo— que muestran que, solo en los últimos cinco años, recibieron pagos gubernamentales por más de 32 mil 237 millones de pesos (USD 1,865 millones).
A pesar de ello, la percepción de inseguridad ha aumentado o se mantiene en niveles elevados en varias de estas entidades. En algunos casos, como Guanajuato, creció más de 30 puntos desde 2012; en otros, como el Estado de México, se mantiene cercana al 90%, mientras que en Baja California aumentó 20 puntos y en Querétaro se duplicó, según la ENVIPE 2025.
Los estados donde el grupo empresarial ha sido contratado registran un promedio de 4.21 en el Índice de Paz México, una medición que evalúa la intensidad de la violencia a partir de indicadores como delitos violentos, crimen organizado y eficiencia del sistema judicial, donde una puntuación más cercana a 5 indica menor nivel de paz. En 14 de las 19 entidades analizadas, la situación de seguridad se deterioró tras la implementación de estos sistemas.
Sin embargo, la inversión pública en tecnología de seguridad ha continuado en aumento.
Para el matemático Rafael Prieto-Curiel, los puntos más críticos no han sido atendidos por la apuesta tecnológica: “Tenemos impunidad de 100%, permiso para matar gratis —si tú matas, nada te va a pasar—, prisiones saturadas, nula reinserción social”.
Al mismo tiempo, el eslabón débil sigue siendo la estructura policial. De acuerdo con Jorge Eduardo Cano Anaya, coordinador del programa de gasto público y rendición de cuentas en la organización civil México Evalúa, se ha destinado poco recurso a la profesionalización de las policías, especialmente a las municipales, pues resulta caro “incrementar sus prestaciones para que tengan mayor lealtad hacia los mandos policiales y no caigan en otras ‘nóminas’. Cuando dejamos de ver eso y nos enfocamos solamente en un tema tecnológico, posiblemente estamos dejando de lado que la mayor herramienta para tener una mejor seguridad siempre va a ser el factor humano.»
En 2025, México contaba con alrededor de 274 mil policías y oficiales de tránsito, 2.1 por cada mil habitantes. Pero el mayor problema son los salarios, pues el promedio de 6 mil 620 pesos (USD 370) mensuales es 60 por ciento inferior al sugerido en los estudios de salario digno del propio gobierno federal. Ese mismo año, los pagos realizados a empresas del grupo Seguritech superaron los 5 mil millones de pesos (USD 288 millones), un monto equivalente a cerca de una cuarta parte del costo total de la nómina policial del país.
Mientras el gasto público en tecnología crece, los ciudadanos también asumen costos directos para protegerse. En 2024, el gasto privado en medidas de seguridad alcanzó 78 mil millones de pesos (USD 4.4 mil millones) en los estados donde la empresa tiene presencia, de acuerdo con el INEGI.
Los otros usos de la videovigilancia
Para José Flores, director de comunicación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), organización que acompañó a periodistas y activistas para llevar a juicio las intervenciones ilegales de comunicaciones con el software Pegasus, el despliegue de capacidades tecnológicas se hace bajo una promesa de influir en la disminución del delito, pero su opacidad impide evaluar y saber “si la inversión está siendo bien utilizada o si otras técnicas de prevención y mitigación del delito pudieran ser más efectivas”.
Pero en otros contextos, estos sistemas sí se utilizan, aunque no necesariamente para combatir delitos.
En noviembre de 2024, en Tlaxcala, autoridades estatales utilizaron el sistema de videovigilancia con reconocimiento facial contratado a Seguritech para identificar a activistas feministas que participaron en una protesta. Posteriormente, algunas de ellas fueron investigadas por la fiscalía local, de acuerdo con Escenario Tlaxcala. El gobierno estatal clasificó como reservada la información sobre el funcionamiento y los costos del sistema; sin embargo, los registros financieros revisados para esta investigación documentan pagos por más de 81 millones de pesos (USD 4.5 millones) a la empresa por ese concepto.
En Jalisco, las herramientas de monitoreo también han sido utilizadas para seguir las movilizaciones sociales. El medio local, ZonaDocs, documentó que las cámaras han servido para identificar y procesar a personas que participan en protestas. En ese estado, Seguritech ha recibido al menos mil 343 millones de pesos (USD 75.5 millones) por el mantenimiento del sistema C5 —plataforma que integra cámaras de vigilancia, llamadas de emergencia y bases de datos policiales—, conocido como Escudo Urbano.
En Chihuahua, Seguritech opera el Proyecto Centinela mediante un contrato firmado en 2022 por 4,709 millones de pesos (USD 264 millones), uno de los más cuantiosos de los que se tiene registro, el cual incluye una torre de vigilancia de 20 pisos construida por Seguritech en Ciudad Juárez, en la cual dispondrán de un piso agencias de seguridad norteamericanas como el FBI y la DEA.
El sistema cuenta con alrededor de 10,000 cámaras y lectores de placas. También tiene la capacidad para conectarse a cámaras privadas, lo que ampliaría su alcance hasta 30,000 dispositivos. Pese a su escala, el acceso a las grabaciones enfrenta los mismos obstáculos documentados en otros estados. El abogado Leyver Montejo, asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, relata que en la mayoría de las solicitudes de grabaciones les responden que las cámaras estaban desactivadas o no operaban al momento de los hechos.
Estos casos muestran que la tecnología no solo presenta limitaciones técnicas, sino que su uso depende de decisiones institucionales que no siempre están alineadas con la procuración de justicia.
Para el consultor en seguridad y exfuncionario en áreas de seguridad e inteligencia, Bernardo León Olea, estas tecnologías conllevan tres riesgos estructurales: son muy caras, lo que las convierte en terreno fértil para hacer negocios; sus compras se realizan con amplias excepciones a la transparencia bajo el argumento de seguridad; y permiten acceder a información de muchas personas, lo que abre la puerta a usos distintos de los prometidos. “Cuando no hay controles democráticos, efectivamente es un riesgo”.
Contratos en tiempos de violencia
Administraciones del PAN, PRI, Morena y Movimiento Ciudadano en al menos 19 estados han contratado a Seguritech Privada, algunos desde 2012, apostando por la videovigilancia como respuesta visible frente a la inseguridad. En la mayoría de los casos, los contratos sobrevivieron a los cambios de gobierno.
El análisis de los contratos revela un patrón recurrente: el 97% del monto total fue asignado mediante adjudicación directa, es decir, sin competencia abierta entre proveedores. Las licitaciones públicas representan apenas el 2% de los recursos comprometidos.
La legislación mexicana permite este mecanismo bajo ciertas excepciones, entre ellas los casos en los que la información técnica pueda comprometer la seguridad pública. Sin embargo, este argumento también ha sido utilizado para reservar información esencial que no revela detalles específicos.
Las solicitudes realizadas para esta investigación muestran altos niveles de opacidad. Varias dependencias omitieron datos sobre montos, vigencias contractuales o características de los servicios. Veinte gobiernos reservaron o negaron la existencia de contratos, aunque registros fiscales muestran pagos a Seguritech por al menos 3 mil 577 millones de pesos (USD 202 millones).
Los documentos revisados también evidencian contratos multianuales, ampliaciones de plazo y cláusulas de confidencialidad que limitan el acceso público a la información.
Para José Flores, “es tremendamente irregular que una empresa le diga a un gobierno que tiene que reservar la información; ahí debería deliberar un comité de transparencia bajo el principio de máxima publicidad, ya que es de interés público que sepamos lo que hacen esas tecnologías”.
En algunos casos, los contratos establecen que el proveedor no será responsable por fallas técnicas en equipos considerados “innovadores”, lo que traslada parte del riesgo al Estado. Este tipo de condiciones puede generar dependencia tecnológica y presupuestal, en la que los gobiernos quedan atados a un mismo proveedor durante años, sin que importen los resultados, analizan los especialistas.
Los propios contratos blindan esta opacidad. En Chihuahua, el acuerdo con Seguritech establece que el gobierno “entiende y acepta” que algunos equipos, por su “alta especialidad, novedad e innovación tecnológica”, pueden presentar fallas que no serán consideradas incumplimiento del proveedor. Es decir, el Estado asume por contrato el riesgo de que la tecnología no funcione, sin mecanismos para exigir resultados ni para documentar públicamente las fallas.
Paul Aguilar, coordinador de seguridad digital en la organización Social Tic, subraya un sesgo que encarece los servicios de tecnología sin evaluar sus resultados: “Si los gobiernos no hacen investigación sobre las necesidades de seguridad, entonces el diseño del proyecto queda en manos del proveedor, cuyo objetivo es el beneficio económico: La empresa pasa de ser proveedor de producto a convertirse en analista de seguridad, sin serlo”.
Estado de México y Guanajuato destacan en esta relación comercial. Ambos gobiernos comenzaron a otorgar contratos a Seguritech desde 2012, cuando la empresa aún tenía poca presencia nacional. Con el paso de los años, los acuerdos se renovaron pese a cambios de administración. Para 2025, estas dos entidades concentraban más de 33 mil millones de pesos (USD 1,868 millones) en contratos, más del 63 % de la facturación del grupo en ese periodo.
Al mismo tiempo, acceder a la información generada por estas tecnologías sigue siendo complicado para quienes buscan justicia. Abogados y colectivos de búsqueda reportan obstáculos constantes desde las fiscalías para obtener grabaciones, lo que limita su uso en investigaciones.
“Una jovencita fue recientemente secuestrada en el Boulevard Solidaridad de Irapuato, una vía llena de cámaras, a cuyas grabaciones nunca fue posible acceder”, señala Bibiana Mendoza, buscadora de personas desaparecidas en Guanajuato. La activista cuestionó: “Si los sistemas de videovigilancia no le sirven a los ciudadanos, entonces, ¿a quién le sirven?”.
Y con el tiempo, la tecnología deja de ser una herramienta evaluable de seguridad pública y se convierte en un gasto estructural difícil de revisar o modificar, aunque no se refleje en resultados. “Las encuestas de victimización, que son las más certeras para medir la criminalidad, muestran que este indicador no solo no disminuyó, sino que ha subido. La cifra negra —los delitos que no se denuncian— no se ha movido. La percepción de seguridad, que es el gran indicador, sigue siendo muy alta. La gente no se siente segura”, concluye León Olea.
En 2019, el relator especial para la libertad de expresión de la ONU, David Kaye, propuso regular el uso y adquisición de tecnologías de vigilancia. La propuesta no tuvo eco en México. En ausencia de reglas claras sobre la contratación, operación y supervisión de estos recursos, el modelo ha avanzado sin controles efectivos ni evaluación pública.
Desde el punto de vista de Cano Ayala, es necesario que se realicen auditorías de cumplimiento que justifiquen las contrataciones. “Ver si han cumplido con lo que han prometido, si ha habido un impacto directo en la seguridad pública. Habría que ver si se justifica que se esté manteniendo ese contrato y, sobre todo, si hablamos de varios sexenios, lo más probable es que tuviera que haber una mayor competencia para ver si hay otra empresa que tiene la capacidad de dar el mismo servicio a menor precio”.
Actualmente no hay un regulador de esa industria, como sí pasa con los fabricantes de armamento. “La industria de la seguridad es ante todo un negocio que no le importa la efectividad”, puntualiza el vocero de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, José Flores.
Sin embargo, la crisis de inseguridad no amaina en México. Si bien la autoridad celebra la disminución de la tasa de homicidios, a las organizaciones defensoras de derechos humanos les preocupa el alza de las desapariciones. La extorsión a los negocios paraliza industrias completas en varios estados y los feminicidios y la violencia de género aumentan sus registros, sobre todo por una mayor visibilización. Frente a todo ello, la respuesta preferida de los gobiernos es aumentar el gasto en tecnología.
“El problema no es solo que existan estas tecnologías, sino todo el entorno político y de ganancias alrededor de ellas, porque al final dejan mucho dinero: parece que son el negocio perfecto”, concluye Paul Aguilar.
Para esta investigación, se buscó a Ariel Picker y a Daniel Esquenazi con el propósito de conocer aspectos puntuales sobre el modelo de negocio de Seguritech, la trayectoria de la empresa, sus contratos con gobiernos estatales y municipales y su visión sobre el sector de seguridad tecnológica en México.
A petición de Esquenazi, se remitieron cuestionarios por escrito; la empresa indicó que sus abogados revisarían las preguntas y, un día después, que un asesor se haría cargo de las respuestas. El compromiso fue entregar la información la noche del martes 2 de junio. Al cierre de esta edición, no se había recibido respuesta. La empresa fue notificada de que su postura, de producirse, se publicaría en una nota posterior.
El negocio de la seguridad
- El 95% de los ingresos de Seguritech Privada, el mayor proveedor de tecnología de seguridad, proviene de contratos gubernamentales. El análisis de miles de registros fiscales muestra que una parte sustancial de ese dinero público se destinó a subcontratar empresas del mismo grupo y otras sin presencia verificable y sin historial en el sector, a través de comisiones muy por encima del mercado.
Por: Kennia Velázquez, Mónica Cerbón y Arnoldo Cuéllar
En México, miles de millones de recursos públicos se destinan cada año a medidas para contener el auge delictivo. A la par se ha dado el crecimiento de Seguritech Privada, encabezado por Ariel Zeev Picker Schatz, cuyo éxito empresarial se sustenta en las ventas al sector público de tecnología de videovigilancia para gobiernos estatales, dependencias federales y municipios.
Esa inversión no ha mejorado la percepción de seguridad de los ciudadanos, pero sí ha servido para conformar una red de más de 60 empresas, donde fungen como accionistas familiares, empleados y colaboradores de Picker Schatz, que intercambian recursos y operaciones.
El análisis de flujos financieros y registros corporativos obtenidos por POPLab y CONNECTAS encontró que entre 2021 y 2025, Seguritech Privada y Comunicación Segura tuvieron ingresos por más de 34 mil millones de pesos (USD 1,961 millones). El 95% provenientes de dineros públicos.
Una porción de esos recursos se destinó a varias personas y empresas contratadas como intermediarios, de los cuales no se localizó historial público verificable en el sector mediante los registros consultados.
Algunas de estas entidades recibieron comisiones significativamente más altas que las del mercado, con transferencias que dificultan el rastreo de los beneficiarios finales y hacen imposible determinar si los costos de los contratos con los gobiernos son proporcionales al servicio recibido.
Los mismos registros financieros muestran que, entre 2021 y 2025, el grupo asignó más de 2 mil 400 millones de pesos (USD 139 millones) para cubrir conceptos como “éxito de proyecto”, “gestión”, “consultoría” o “intermediación”, por el pago de comisiones y asesorías vinculadas a contratos públicos.
El mayor receptor de comisiones es Cadval Servicios Estrategias y Proyectos, que acumuló 912 millones de pesos (USD 51 millones) provenientes de múltiples empresas del grupo, bajo el concepto de «comisión por éxito de proyecto» etiquetada con el nombre del contrato gubernamental del que provenía: Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo y al menos otros 20 estados y municipios.
Otro comisionista destacado es Daniel Esquenazi, quien recibió más de 680 millones de pesos (USD 37.5 millones) entre 2021 y 2022. Se trata del propietario de la casa en Houston donde residió durante varios meses el exgobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, cuya administración contrató a Seguritech Privada por más de 4 mil millones de pesos (USD 225 millones).
El flujo entre empresas hermanas
Seguritech Privada funciona como el principal nodo de recepción y dispersión de recursos dentro de la red de empresas vinculadas entre sí por accionistas comunes, entre las que se encuentran empleados de la compañía.
En los mismos años, la empresa subcontrató a 28 compañías hermanas a las que pagó 12 mil 700 millones de pesos (USD 738 millones) por servicios tan disímiles como la adquisición de tornillos y gasolina, arrendamientos, servicios de taxis aéreos o asesorías en proyectos gubernamentales. Por ejemplo, E Pago.com S.A. de C.V. recibió más de 7 mil 200 millones de pesos (USD 415 millones), sin que exista información pública sobre su capacidad operativa.
Dentro de las compañías del grupo se identificaron transferencias por 15 mil millones de pesos (USD 865 millones) en cinco años: capital que circula de una empresa a otra y de regreso.
Además de recibir pagos millonarios, canaliza recursos hacia otras empresas para la ejecución de obras y servicios. Parte de esos flujos llegó a compañías con observaciones fiscales, como Proveedores de Servicios Comerciales y de Construcción Naith, incluida por la autoridad tributaria en la lista de empresas que facturan operaciones simuladas.
Seguritech Privada destinó 3 mil 500 millones de pesos (USD 201 millones) a empresas externas al grupo, para realizar trabajos a gobiernos; algunas de ellas también proveedoras. del sector público, lo que plantea interrogantes sobre los controles que tienen las autoridades para supervisar quién accede a información relacionada con la seguridad.
La legislación mexicana permite subcontratar parcialmente servicios, pero establece que debe existir autorización de las entidades contratantes. En los convenios analizados no fue posible verificar si estas autorizaciones fueron otorgadas, debido a que la información ha sido reservada total o parcialmente bajo argumentos de seguridad pública.
Luis Pérez de Acha, abogado y exintegrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, explicó que distribuir las operaciones de un corporativo entre múltiples empresas es una práctica legal y común en el mundo empresarial, que puede tener ventajas en la gestión administrativa y fiscal. Sin embargo, cuando esa fragmentación se combina con intermediarios sin historial verificable y con flujos de recursos que circulan entre compañías vinculadas, el resultado es un entramado que dificulta identificar quién recibe finalmente el dinero y esconde quién recibe finalmente el dinero.
Para José Flores, de la organización R3D, este tipo de esquemas ha sido documentado desde hace más de una década en la industria de la vigilancia: “Por ejemplo, en las filtraciones de los correos de Hacking Team, aparecían mensajes donde varias empresas intermediarias se ponían de acuerdo para inflar artificialmente el precio”.
En el listado se ubicó a Vozh Consultoría Administrativa y Humana S.C., que recibió de Cadval 27 millones 394 mil pesos (USD 1,5 millones) bajo conceptos como «intermediación de contrato» y «comisión por éxito» en nueve estados, entre ellos Querétaro, Estado de México, Guanajuato, Zacatecas y Oaxaca. La empresa figura en el listado global definitivo de contribuyentes con operaciones simuladas.
El esquema se repite en el caso de Esquenazi, cuya sociedad transfirió cerca de la mitad de las comisiones recibidas —335 millones de pesos (USD 18.4 millones)— a Servicios Integrales TRMG, cuyo certificado fiscal fue revocado por el Servicio de Administración Tributaria, lo que le impide emitir facturas.
En 2022, un bufete de abogados de Florida intentó retirar notas periodísticas del Semanario Zeta de Tijuana que identificaban a Daniel Esquenazi Beraha como ejecutivo de Seguritech Privada con el argumento de que no tenía relación con la empresa. Ese mismo año, su representado cobró más de 600 millones de pesos en comisiones de distintas compañías del conglomerado.
Años después, el exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo fue exonerado de conflicto de interés al habitar una casa en Texas propiedad de Esquenazi, por el gobierno de su sucesora, Libia Dennise García, con el argumento de que el empresario ‘no aparece como apoderado o accionista’ de Seguritech.
Especialistas en el sector señalan que las comisiones convencionales suelen ubicarse por debajo del 3 por ciento. En 23 de 45 pagos que los gobiernos realizaron, las comisiones oscilaron entre el 4 y el 50 por ciento, muy por encima del rango convencional del sector.
El activista anticorrupción, Luis Pérez de Acha, plantea que, en algunos casos, el esquema de subcontratación en capas puede estar asociado a la necesidad de fragmentar los flujos de dinero: “No hay razón de pagar comisiones por arriba de un 10% que ya están fuera de mercado”.
El desglose por estado revela la magnitud del esquema. Las comisiones pagadas por la empresa para contratos con el Estado de México generaron los montos más altos, seguido por Guanajuato, Querétaro y Chihuahua, que en conjunto suman más de 845 millones de pesos (USD 47 millones) por este concepto. Otros pagos de comisiones por más de mil millones de pesos (USD 56 millones) no pudieron asociarse a un contrato público específico, lo que impidió rastrear el origen de esos recursos.
Para Pérez de Acha, los elementos identificados en esta investigación configuran señales de alerta reconocidas por el propio SAT desde hace décadas: un objeto social amplísimo, sin rastro público y flujos de ida y vuelta entre empresas relacionadas son criterios de riesgo. Sin embargo, advierte que llegar a una conclusión definitiva está fuera del alcance de cualquier investigación externa: “Esos puntos ciegos nada más los puede romper la autoridad con la información reservada que tiene en su poder”.
Los registros mercantiles muestran otro patrón en varias de estas empresas que reciben comisiones: los socios fundadores —en algunos casos, personas sin antecedentes empresariales documentados, domiciliadas en localidades rurales o de alta marginalidad— transfieren sus acciones o dejan de figurar en la estructura formal poco tiempo después de la constitución. En su lugar, un grupo reducido de personas aparece de manera reiterada como apoderado, administrador único o representante legal en distintas compañías de la red. Los movimientos fiscales muestran que varias de las empresas que reciben pagos de Cadval y Esquenazi realizan a su vez transferencias entre sí, lo que genera una tercera capa de circulación de recursos.
Otra empresa que es contratada por el grupo es ANEP Serviciospro; recibió más de 114 millones de pesos (USD 6.5 millones) entre 2019 y 2025 por asesorías, cobranza y gestiones en proyectos de siete estados. Tampoco tiene sitio web, presencia en redes sociales ni registro visible en plataformas de contratación pública. Algunos de sus gastos son la revisión ortográfica de un plan estratégico de Seguritech por el que pagó 2.8 millones de pesos (USD 161 mil) y gestiones en Colombia, donde el grupo también opera. Los registros muestran además que un empleado de Picker figura como delegado especial en el acta de asamblea de socios de ANEP.
Para esta investigación se intentó contactar a ANEP Serviciospro, Servicios Integrales TRMG, Proveedores de Servicios Comerciales y de Construcción Naith, Cadval Servicios Estrategias y Proyectos, y Vozh Consultoría Administrativa y Humana S.C. y conocer su postura. Sin embargo, ninguna de estas empresas cuenta con página web, número telefónico, email, dirección física ni ningún otro medio de referencia en registros públicos.
De acuerdo con Rafael Prieto Curiel, exdirector de análisis estratégico del Centro de Atención de Emergencias de la Ciudad de México, la adquisición de este tipo de tecnología se ha convertido en un incentivo político y económico: “¿Son el engranaje que falta para hacer seguridad? Yo creo que no. ¿Se presta a que hagan negocios? Sí”.
Bernardo León, exsecretario de Seguridad de Morelia, afirma que la tecnología “es un medio, no un fin”. Sin embargo, advierte que, en contextos con baja transparencia y falta de controles democráticos, pueden surgir dudas sobre su uso y los posibles beneficios asociados a su contratación: “Y si alguien sale beneficiado, digamos, extralegalmente, y si eso no tiene la transparencia que debería de tener porque es un tema de seguridad, ahí es donde habría que ver”.
El modelo descrito no es exclusivo de Seguritech, pero su escala lo convierte en un caso excepcional. Los mecanismos —subcontratación interna, transferencias cruzadas y comisiones sobre contratos gubernamentales— son legales. Por eso el escrutinio público apunta al fondo: dinero de los contribuyentes destinado a combatir la violencia que no está dando resultados, manejado con un sistema de intermediación que, al multiplicar las capas entre el contrato público y el servicio final, hace imposible determinar si el erario pagó un precio justo por lo que recibió.
Cómo creció el imperio de la vigilancia
Seguritech Privada nació en 1995 como una empresa inmobiliaria que después comercializó sistemas de alarmas vecinales. Fue fundada por Simón Picker Gottlieb, padre de Ariel Picker Schatz. En 2009, tres años después del inicio de la estrategia federal contra el crimen organizado, la empresa incorporó servicios de seguridad para instituciones públicas y privadas. En los años siguientes amplió sus operaciones hacia seguridad industrial, capacitación especializada y soporte técnico para Centros de Comando y Control (C5), plataformas que concentran cámaras de vigilancia, llamadas de emergencia y bases de datos policiales en distintos estados del país.
Para esta investigación se identificaron al menos 63 compañías creadas entre 1995 y 2024 por miembros de la familia Picker Schatz y colaboradores cercanos. Solo 29 de ellas son parte del corporativo Seguritech Integral Security. El resto corresponde a empresas con giros diversos —telecomunicaciones, servicios aéreos, inmobiliarias, turísticos y proyectos agrícolas, como el viñedo Omún en Guanajuato— en las que figuran Ariel Picker, su madre Olga Schatz, el empresario Daniel Esquenazi, entre otros colaboradores del grupo.
También se incluyen sociedades diseñadas para participar en contratos de Asociación Público-Privada en Michoacán y Tamaulipas. En mayo de este año anunció que construirá y operará un C5i en Medellín, Colombia. También hay registro de actividades en otros cinco países latinoamericanos y España.”
El crecimiento de la empresa no ha estado exento de controversias. Desde al menos 2015, reportes de prensa han documentado cuestionamientos sobre contratos otorgados al grupo, incluyendo procesos de adjudicación poco transparentes, incumplimientos en la entrega de equipos y fallas en sus servicios.
En algunos casos, autoridades han iniciado procedimientos administrativos contra la empresa. El Banco del Ejército impuso una multa de 3.2 millones de pesos (USD 181 mil), mientras que el gobierno de Coahuila sancionó a la compañía con 1.9 millones (USD 107 mil). En Chihuahua, autoridades estatales anunciaron reclamaciones por 112.3 millones de pesos (USD 6 millones) relacionadas con retrasos en contratos.
Para esta investigación, se buscó a Ariel Picker y a Daniel Esquenazi con el propósito de conocer aspectos puntuales sobre el modelo de negocio de Seguritech, la trayectoria de la empresa, sus contratos con gobiernos estatales y municipales y su visión sobre el sector de seguridad tecnológica en México.
A petición de Esquenazi, se remitieron cuestionarios por escrito; la empresa indicó que sus abogados revisarían las preguntas y, un día después, que un asesor se haría cargo de las respuestas. El compromiso fue entregar la información la noche del martes 2 de junio. Al cierre de esta edición, no se había recibido respuesta. La empresa fue notificada de que su postura, de producirse, se publicaría en una nota posterior.
Guanajuato, vigilancia sin paz
- A más de una década de contratos millonarios en videovigilancia, Guanajuato combina alto gasto público, opacidad y mecanismos que dificultan la rendición de cuentas, sin que la violencia haya cedido.
Por: Kennia Velázquez, Mónica Cerbón y Arnoldo Cuéllar
En México, la expansión de sistemas de vigilancia ha sido presentada por los gobiernos como una de las principales respuestas frente a la violencia. Sin embargo, el crecimiento de esta industria también ha implicado altos niveles de gasto público, capas de intermediación opacas y resultados limitados en materia de seguridad.
En Guanajuato, uno de los estados más golpeados por la violencia en la última década, la apuesta por la tecnología de seguridad se convirtió en una política pública sostenida a lo largo de tres administraciones.
A través de contratos estatales y municipales, Seguritech instaló centros de control, sistemas de videovigilancia, plataformas de monitoreo y redes de conectividad digital con el objetivo declarado de fortalecer la prevención y “blindar Guanajuato”.
Si bien cada gobernador ofreció un cambio en seguridad, hubo una política persistente: contratar a Seguritech Privada S.A. de C.V. Miguel Márquez contrató en 2012 a la compañía por un arrendamiento de equipo de videovigilancia de 3 mil millones de pesos (USD 231 millones al tipo de cambio de ese año) para proteger al estado de la violencia en las entidades vecinas. Seis años después, su sucesor Diego Sinhue Rodríguez hizo campaña planteando “un golpe de timón” en seguridad para revertir el crecimiento sostenido de la criminalidad e invirtió otros 4.4 mil millones de pesos (USD 233 millones) por un “Servicio Integral de Monitoreo Inteligente”. Finalmente, la actual gobernadora Libia García ofreció “un nuevo comienzo” como eslogan electoral, pero terminó recontratando a la empresa por 4.7 mil millones (USD 243 millones) para dar continuidad a la estrategia de seguridad.
De acuerdo con contratos obtenidos vía transparencia, el gobierno estatal y siete municipios firmaron convenios con el grupo Seguritech Privada por al menos 13 mil 593 millones de pesos (USD 769 millones) entre 2012 y 2025 para seguridad, y 543 millones de pesos (USD 30 millones) adicionales para conectividad digital.
Pero estos no fueron los únicos ingresos de la empresa en Guanajuato. Siete municipios reservaron la información de sus convenios bajo el argumento de que divulgar cualquier dato relacionado con los montos o condiciones de contratación pondría en riesgo la seguridad pública.
Documentos financieros y registros internos revisados por POPLab y CONNECTAS muestran que, solo entre 2021 y 2025, 17 municipios y el Ejecutivo estatal realizaron pagos por 6 mil 405 millones de pesos (USD 362 millones) a la empresa, equivalentes a cerca del 20 por ciento de los ingresos del grupo en ese periodo. Estos pagos fueron documentados a través de comprobantes fiscales verificados, algunos de los cuales corresponden a gobiernos que respondieron no tener contratos con Seguritech, o que reservaron esa información.
Mientras la infraestructura crecía, también lo hacía la violencia. En 2012 —año en que comenzaron los contratos con Seguritech—, Guanajuato tenía una tasa de homicidios de 12 por 100 mil habitantes. Los años siguientes mostraron una tendencia sostenida al alza hasta alcanzar 81.12 en 2020. El sistema de vigilancia, donde ya se habían invertido más de 460 millones de dólares, no se tradujo en una reducción de la violencia: la inseguridad se desbordó.
Aunque en 2024 la cifra descendió a 4.035, el estado se mantiene entre los más violentos del país, según datos del INEGI. De acuerdo con la organización Causa en Común, Guanajuato es la segunda entidad con mayor número de «atrocidades» —término con el que la organización agrupa masacres, feminicidios, ataques a poblaciones y otras formas de violencia extrema—, solo detrás de Sinaloa, donde se registra una guerra abierta entre organizaciones criminales.
La inversión sostenida en videovigilancia, cuya cuantía la ubica como la estrategia central para atender esta crisis, no se ha traducido en una reducción de la violencia, sobre todo por la ausencia de medidas complementarias.
“No es un tema de tecnología, es un tema de que la gente no siente la confianza de ir a una agencia del Ministerio Público y denunciar. Y cuando se denuncia, no se investiga por falta de capacidad de la Fiscalía, que está superada por el número de delitos que se cometen; es un cuello de botella gigantesco”, reflexiona el exsecretario de Seguridad de Morelia y quien ha trabajado como asesor de seguridad del municipio de León, Bernardo León Olea.
Esta tendencia también se refleja en el Índice de Paz México (IPM), elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, que evalúa la intensidad de la violencia en las entidades a partir de indicadores como homicidios, delitos violentos, crimen organizado y la eficiencia del sistema judicial. En esta medición, los puntajes cercanos al 1 indican un estado pacífico; una puntuación próxima al 5 señala menor nivel de paz. Guanajuato pasó de un índice de 3.856 en 2021 a 4.403 en 2025, lo que refleja un deterioro en sus condiciones de seguridad.
En teoría, la expansión de sistemas de vigilancia debía prevenir la violencia y fortalecer las investigaciones criminales. En la práctica, el acceso a esa información suele fallar. Familiares de personas desaparecidas y sus representantes legales consultados para esta investigación describieron un patrón recurrente: cuando solicitan a los fiscales que requieran las grabaciones del trayecto de sus seres queridos, el trámite puede tardar meses. Al concretarse, la respuesta habitual es que las cámaras no funcionaban o que el video ya no existe.
En 2024, el abogado Iván L. solicitó las grabaciones de un arco carretero en un punto de acceso entre Jalisco y Guanajuato para una causa penal. La respuesta fue que la cámara estaba descompuesta y no había sido reparada en meses.
De acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal, entre 2020 y 2024 Guanajuato contaba con 4,281 cámaras en operación, pero en ese mismo periodo se entregaron solo 191 videos para causas penales.
Para esta investigación se solicitaron al gobierno estatal y a los municipios indicadores sobre resultados, impacto y desempeño de los sistemas de videovigilancia. El Ejecutivo respondió que esta información corresponde a los gobiernos municipales, mientras que estos no la proporcionaron al considerarla reservada por motivos de seguridad pública.
Bernardo León señala que el problema se agrava en Guanajuato por la falta de resultados proporcionales al nivel de inversión.
La “cifra negra”, determinada en las encuestas de victimización del INEGI como el porcentaje de delitos que no se denuncian, alcanza el 90 por ciento. El 87 por ciento de la población se siente insegura y, en promedio, cada habitante gastó en 2024 alrededor de 3 mil pesos (USD 173) en medidas de protección. El costo per cápita del delito asciende a 7,257 pesos (USD 420), considerando pérdidas materiales y afectaciones a la salud.
Para el consultor independiente, “la mayoría del delito es muy local. Y la tecnología te sirve mucho, pero lo que no puedes perder de vista es para qué lo quieres. En Guanajuato, el problema siempre ha sido ese: hay un desenfoque muy grande de los resultados versus los procesos. En las instituciones de seguridad y justicia de Guanajuato resulta impresionante la cantidad de certificaciones y premios que tienen; es algo enorme. Pero cuando ves los resultados en términos de reducción de la victimización, de menos crimen, mejor percepción de seguridad, no se ha visto”.
Contratos y opacidad
La información financiera del grupo Seguritech Privada a la que POPLab y CONNECTAS tuvieron acceso muestra que el presupuesto invertido en contratos de seguridad no se limita a la instalación de infraestructura. Al menos 253 millones de pesos (USD 14 millones) fueron distribuidos por la empresa como pago de comisiones vinculadas a contratos estatales y municipales en Guanajuato, a través de empresas y personas relacionadas con la red del grupo.
El análisis de contratos disponibles indica que Guanajuato es uno de los principales clientes del grupo. De al menos 25 contratos identificados en el estado y varios municipios, 19 fueron adjudicados de manera directa. En los restantes, la información disponible no permite determinar el mecanismo de asignación.
En León, el gobierno municipal adjudicó directamente un contrato a Seguritech tras declarar desierta una licitación. La Contraloría municipal señaló en una auditoría que no justificó que fuera la mejor oferta. Las observaciones no fueron corregidas.
En Dolores Hidalgo, las autoridades informaron que no localizaron el contrato en sus archivos, aunque confirmaron un pago adjudicado de manera directa por 86 millones de pesos más IVA (USD 4.9 millones).
Una revisión comparativa muestra cláusulas contractuales más restrictivas que en otros estados. Algunas disposiciones reducen la responsabilidad del proveedor en contextos de violencia. Por ejemplo, si entre el 5 o 7 por ciento de la infraestructura es dañada, el proveedor no está obligado a reinstalar equipos ni continuar operaciones. También se establece que fallas derivadas de tecnología “innovadora” no constituyen incumplimiento.
Además, varios contratos incluyen cláusulas de confidencialidad de hasta diez años, lo que limita el acceso público a la información. En algunos casos, los municipios deben notificar al proveedor cuando terceros solicitan datos, permitiéndole intervenir para mantener su clasificación como reservada.
“La cláusula de confidencialidad, por donde lo veas, está mal”, señala Iván Benumea Gómez, coordinador del programa de justicia fiscal de la organización civil Fundar. “La ley prohíbe que se clasifique información con base en acuerdos privados”. Los contratos también establecen condiciones que favorecen al proveedor en caso de terminación anticipada. Los gobiernos deben cubrir gastos no recuperables, inversiones y costos asociados, lo que incrementa el costo de salida.
Tanto el gobierno estatal como los municipios utilizaron argumentos similares para reservar información, basados en supuestos riesgos derivados de hackeos o ataques a instalaciones policiacas que se publicaron en notas periodísticas. También se ocultaron los montos argumentando que revelarlos permitiría a grupos criminales identificar zonas sin cobertura de cámaras.
Tras revelarse que el exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo residía en una casa en Texas propiedad de Daniel Esquenazi —gestor comercial y comisionista de Seguritech que cobró más de 600 millones de pesos en comisiones (USD 34.7 millones)—, la presión pública llevó a la actual administración estatal a publicar los contratos reservados desde 2012. Sin embargo, las cláusulas relacionadas con responsabilidades del proveedor fueron ocultadas en las versiones públicas.
En algunos municipios, los contratos con Seguritech se financiaron con recursos transferidos por el gobierno estatal con esta finalidad explícita. En Guanajuato capital, un convenio entre el municipio y el Ejecutivo estatal establece que los fondos deben destinarse a contratar a la empresa. En San Luis de la Paz, el propio contrato con Seguritech señala que el recurso proviene del gobierno estatal y es de uso exclusivo para la contratación del sistema de videovigilancia. Para esta investigación se solicitó al gobierno del estado una relación de todos los convenios celebrados con municipios que implicaran transferencias extraordinarias de recursos. La respuesta fue que no existían. Sin embargo, las dependencias consultadas no tienen atribuciones en materia presupuestal, y la Secretaría de Finanzas no fue requerida.
Para los gobiernos municipales, especialmente los más pequeños, la contratación implica asumir gastos elevados. Dependiendo del caso, los pagos a la empresa representan entre el 26 por ciento (San Miguel de Allende) y el 78 por ciento (Valle de Santiago) del presupuesto de seguridad pública local en los periodos en que se realizaron los pagos.
Los contratos establecen compromisos de largo plazo con márgenes limitados de supervisión, y la información generada por los sistemas de vigilancia sigue siendo inaccesible para quienes buscan justicia o verdad.
A más de una década del inicio de estos contratos, el modelo en Guanajuato combina altos niveles de gasto público, limitada transparencia y mecanismos contractuales que dificultan la rendición de cuentas, sin que ello se traduzca en una reducción de la violencia.
Más allá de la seguridad: naves industriales, viñedos y obra pública
La relación entre el grupo Seguritech y los gobiernos de Guanajuato no se limitó a los contratos de videovigilancia. Empresas vinculadas a Ariel Picker obtuvieron terrenos públicos a precios por debajo del mercado, infraestructura construida con recursos estatales y obra pública orientada a embellecer desarrollos privados del consorcio. El parque aeroespacial Skyplus recibió condiciones gubernamentales favorables y obras a cargo del estado en Guanajuato Puerto Interior en 2014. El viñedo Omún en Dolores Hidalgo fue desarrollado con apoyo del exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, que invirtió al menos 120 millones de pesos (USD 6,9 millones) en la remodelación del poblado aledaño, habitado por 800 personas.
A lo largo de tres administraciones, la relación comercial con Seguritech se renovó sin que ningún gobierno la sometiera a evaluación pública ni a competencia abierta entre proveedores.
Para especialistas en contratación pública consultados para esta investigación, los beneficios obtenidos por empresas vinculadas al grupo en terrenos, infraestructura y obra pública configuran una relación que va más allá de la de cliente y proveedor.
En 14 años, Guanajuato sigue siendo uno de los estados más violentos del país. La inversión en tecnología de vigilancia creció. La rendición de cuentas, no.
Para esta investigación, se buscó a Ariel Picker y a Daniel Esquenazi con el propósito de conocer aspectos puntuales sobre el modelo de negocio de Seguritech, la trayectoria de la empresa, sus contratos con gobiernos estatales y municipales y su visión sobre el sector de seguridad tecnológica en México.
A petición de Esquenazi, se remitieron cuestionarios por escrito; la empresa indicó que sus abogados revisarían las preguntas y, un día después, que un asesor se haría cargo de las respuestas. El compromiso fue entregar la información la noche del martes 2 de junio. Al cierre de esta edición, no se había recibido respuesta. La empresa fue notificada de que su postura, de producirse, se publicaría en una nota posterior.
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